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Dr. Wilson Merino Sánchez OJUEZ NACIONAL
CORTE NACIONAL DE
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JUICIO No. 1537-2013
Recurso: Casación
Delito: Tránsito
VOTO SALVADO DR. WILSON MERINO SÁNCHEZ
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y
TRÁNSITO.
Quito, 12 de septiembre del 2014; las 10h05.-
VISTOS: Se examina en sede de casación el fallo emitido por la Tercera Sala de
Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha1, de fecha 30 de
julio de 2013, las 10h332, el cual rechazó los recursos de apelación interpuestos
por los acusadores particulares Carlos Gustavo Bastidas Cornejo y Miriam Liliana
Touma Bastidas, y por los ciudadanos Rubén Germán Cárdenas Saltos3 y
Rubén Germán Cárdenas Espinoza y se confirmó en todas sus partes la sentencia
dictada por el Juzgado Tercero de Tránsito de Pichincha4, la cual declaró la
culpabilidad del casacionista, como autor y responsable del delito de tránsito
tipificado y sancionado en el artículo 127, b, c, d y e de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, imponiéndole la pena de cuatro
años de prisión y la multa de trecientos treinta y seis remuneraciones básicas
unificadas del trabajador en concepto de daños y perjuicios a pagar a los
‘En adelante Sala ad quem.2 Fs. 59~66 del expediente de instancia.
En adelante casacionista o recurrente.“En adelanteiuez a quo.
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acusadores particulares. Al ser el estado del recurso el notificar la resolución
debidamente motivada, este Tribunal de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y
Tránsito de la Corte Nacional5 hace las siguientes consideraciones:
PRIMERO: JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y VALIDEZ DEL RECURSO.
1.1. JURISDICCIÓN.- La Corte Nacional de Justicia tiene jurisdicción en todo el
territorio nacional6, encargada de administrar justicia; potestad conferida el
26 de enero del 2012 por el Consejo de la Judicatura a los nuevos jueces y
juezas que integran las Salas Especializadas7.
1.2. COMPETENCIA.- Medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está
distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados8. Bajo esta
premisa, este Tribunal, de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar,
Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, es competente
para resolver los recursos de casación y revisión, conforme a lo dispuesto
en los artículos 184.1 y 76.7k, de la Constitución de la República, artículos
184 y 186.1 deI Código Orgánico de la Función Judicial (reformados
mediante la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de la Función
Judicial, publicada en el Suplemento del R. O. No. 38 de 17 de julio de
2013); artículo 359 y siguientes del Código de Procedimiento Penal; y,
En adelante tribunal casacional6 Artículo 182 inciso final de la Constitución de la República y 172 del Código Orgánico de la Función Judicial.
El inciso 1 del artículo 182 de la Constitución de la República, manifiesta: “La Corte Nacional de Justicia estaráintegroda par juezas y jueces en el número de veinte y uno, quienes se organizarán en solos especializados, y serándesignadas para un período de nueve aflos”8Articulo 156 del Código orgánico de la Función Judicial.
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JUSTICIAVerdad, Sesuridad y Paz
lIÍurnani,~ Kamaynrnnsa, Kasikmantu
acorde al artículo 5 de la Resolución No. 04-2013 de la Corte Nacional de
Justicia de 22 de julio de 2013.
1.3. VALIDEZ.- Este recurso de casación, ha sido tramitado conforme las
normas procesales del Capítulo IV, Título IV, Libro IV, del Código de
Procedimiento Penal, artículos 349 al 358; de igual forma se ha aplicado lo
que dispone el artículo 76.3 de la Constitución de la República, por lo que al
no existir vicios que lo invaliden, se declara válido lo actuado.
SEGUNDO: INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL CASACIONAL.
Por el sorteo realizado9, le ha correspondido conocer el presente recurso a
este Tribunal de Casación, integrado por los doctores Wilson Merino Sánchez,
Juez Nacional, Alejandro Arteaga García y Edgar Flores Mier10, Jueces y Conjuez
Nacionales de la Corte Nacional de Justicia.
TERCERO: HECHOS.
3.1. ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ACTUACIONES
PROCESALES.
Del inicio de instrucción fiscal, así como de la formulación de cargos, se
establece que: según el parte policial, elaborado por el señor suboficial Segundo
Sorteo realizado el 29 de noviembre del 2013, las 09h16, en la Secretaria de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial yTránsito.10 Actúan en la presente causa los Conjueces doctores Alejandro Arteaga García y Edgar Flores Mier, en reemplazo de los
doctores Jorge Blum Carcelén y Ximena Vintimilla Moscoso, respectivamente, quienes se encontraban con licencia
oc
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JUSTICIAVerdad, Seguridad y Paz
fliurnan la, Kamayznan ra, Xasikrnan a
de Policía, Manuel Salazar Jaya, se ha tenido conocimiento de un accidente de
tránsito, consistente en un estrellamiento, rozamiento y atropello con muerte,
ocurrido en la calle Leonardo Tejada y Gonzalo Endara Crown, de esta ciudad de
Quito, provincia de Pichincha, el día 12 de mayo de 2011, las 20h15
aproximadamente, por parte del vehículo tipo Jeep, marca Chevrolet, con placas
PYC-774, conducido por el ciudadano Rubén German Cárdenas Espinoza; y el
automóvil de marca Toyota, con placas PQU-219, conducido por Carlos Marcelo
Bastidas Touma (fallecido)11.
Fiscalía habiendo recabado elementos de convicción como son: la autopsia
médico legal de Carlos Marcelo Bastidas Touma, realizada por el médico legista
Robinson Toapanta Jerez, quien determinó que la muerte fue causada por un
suceso probable de tránsito, con este elemento de convicción fiscalía formuló
cargos contra el ciudadano Cárdenas Espinoza Rubén German ante el Juez
Quinto Adjunto de Transito, iniciándose la instrucción fiscal.
Con fecha 17 de junio de 2011, ante el mismo juzgado adjunto de tránsito, (la fiscalía habiendo receptado versiones de testigos que indican que el conductor
causante del accidente era un hombre de unos 30 0 35 años de edad, resolvió
vincular al proceso al ciudadano Rubén German Cárdenas Saltos.
Concluida la instrucción fiscal, en base al dictamen acusatorio sustentado y
presentado por la fiscalía, en audiencia oral y publica de juzgamiento, se ha
desarrollado la etapa de juicio, donde se ha evacuado toda la prueba presentada
por los sujetos procesales y una vez concluida esta etapa, el Juez Tercero de
“Antecedentes esgrimidos por los jueces de mayoría del presente tribunal casacional.
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Illuman ta, Karnayn,anta, Kasikn,anta
Transito de Pichincha, con fecha 18 de diciembre de 2012, las 09h24, dictó
sentencia’2, declarando la culpabilidad del procesado RUBEN GERMAN
CARDENAS SALTOS, como autor y responsable del delito de tránsito, tipificado y
sancionado en el artículo 127 literales b),c),d) y e) de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, y le impone la pena de prisión de
CUATRO AÑOS, además del pago de TRESCIENTAS TREINTA Y SEIS
remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, a pagarse a los
acusadores particulares Carlos Gustavo Bastidas Cornejo y Minan Liliana Touma
Bastidas, por concepto de danos y perjuicios ocasionados con motivo del
accidente de tránsito y fallecimiento del hijo de los acusadores particulares; con
relación al señor RUBEN GERMAN CARDENAS ESPINOZA, se confirma su
inocencia. De esta sentencia por no encontrarse conformes los procesados, así
como los acusadores particulares, interpusieron recursos de apelación.
La Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, con fecha 30 de julio de 2014, a las 10h33, dictó sentencia
desestimando y rechazando los recursos de apelación interpuestos por los
acusadores particulares, y procesados, en consecuencia ratificándose la sentencia
expedida en el presente proceso por el Juez a quo, discordante con esta
sentencia, el casacionista, interpuso recurso de casación; recurso, que le compete
a este Tribunal casacional resolver.
CUARTO: ARGUMENTOS Y FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO.
4.1.- INTERVENCIÓN DEL RECURRENTE.
12 Fs. 2731-2779 deI proceso sustanciado ante el Juez a quo.
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Iflurnania, Kamayrnania, Kasikman la
El doctor Marco Terán Duque, abogado defensor del casacionista, supo
manifestar que el recurso extraordinario de casación se basa en cinco puntos, a
saber.
1. Violación de los artículos 76.3 de la Constitución de la Republica y 106
de la Ley de Transporte Terrestre; por cuanto, su defendido fue condenado
únicamente por ser hijo del conductor del vehículo vitara que participó en el
accidente que motiva este proceso, en el considerando quinto de la sentencia
impugnada hace referencia al informe técnico, pues se indica que el automotor fue
conducido por Cárdenas Espinosa quien abandonó el lugar del accidente. Esto, a
criterio del casacionista, refleja que la Sala ad quem omitió señalar quien fue el
participante uno, es decir, quien conducía el vehículo del cual se dice es el
causante del accidente.
Manifiesta, que se vulneró el principio de legalidad penal, basado en un
derecho penal de autor, no se le juzga por una acción y omisión, sino que se le
pena por un presunto delito culposo con base de ser hijo del conductor del
vehículo. Esta es la contravención de la sentencia en relación al aspecto
constitucional y legal.
2. Violación del artículo 143 del Código de Procedimiento Penal, por
contravenir expresamente su texto. Esta norma prescribe que de probarse la
existencia del delito, la admisión de culpabilidad libre y voluntaria dará al
testimonio del acusado el valor de prueba contra él. En la parte expositiva de la
sentencia recurrida señala que el Juez de flagrancia autorizó el allanamiento del
departamento donde estaba el presunto autor del delito, se hace el allanamiento,
sZ-1
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IIIun,anta, Kamayman Fa, Kagikrnan a
pero no se hace el barrido completo, pues van los militares, timbran la puerta y
sale el dóctor Cárdenas y se identifica como el causante del accidente. El señor
Cárdenas admitió su culpabilidad e indicó como se dieron los hechos; sin embargo
el Tribunal tomó tal declaración en contrario para fundamentar una incriminación y
atribuirle a quien no conducía el vehículo una responsabilidad, se hizo una omisión
y tergiversación de la prueba evacuada en la fase de juzgamiento.
3. Violación de los artículos 166 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre
y 105 del Código de Procedimiento Penal. La primera disposición en su parte
pertinente señala que el reconocimiento médico se practicará según lo establecido
en el Código de Procedimiento Penal, y el Código a su vez estable que, son
peritos los que deben practicar esta clase de experticias. En la etapa de
instrucción fiscal interviene el doctor Baca, quién manifestó que la lesión de
Cárdenas Espinosa es producto de un accidente de tránsito a consecuencia del
cinturón de seguridad.
A su entender, quien conducía el vehículo era Cárdenas Espinosa. En
conclusión, la Sala ad quem dio prevalencia al certificado pedido a un médico
particular, mismo que se pidió únicamente para que sea ingresado a la audiencia
de calificación de flagrancia.
4. Contravención expresa del artículo 252 del Código de Procedimiento
Penal, que dispone la certeza de la existencia del delito y la culpabilidad del
acusado se obtendrá de las pruebas de cargo y descargo que aporten los sujetos
procesales. Cuando se produce el accidente, de la cuchara donde el doctor
Cárdenas se estrella, sale del lugar y es perseguido por dos acompañantes de la
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aCORTE NACIONAL DE
JUSTICIAVerdad, Seguridad y Paz
III irnanla, KamaymanLa, Kasikmanta
víctima, quienes solicitaron al guardia de Sierra del Moral que le detengan a la
persona que en ese momento venia perpetrando el accidente, y el guardia lo
entregó al militar de la garita uno; particular que se puede observar en las cámaras
de seguridad.
5. Violación del artículo 127 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Transito y Seguridad Vial. Esta norma sanciona a quienes ocasionen un accidente
de tránsito del que resultare muerta una o más personas. Al realizar la
reconstrucción, y ahí los miembros de la seguridad presidencial identificaron que
Rubén Cárdenas conducía el vehículo, tanto así que el mismo informe dice que el
vehículo fue conducido por Cárdenas Espinosa; particular omitido por la Sala ad
quem; la Fiscal que investigó el delito estuvo en la escena de los hechos y emitió
dictamen abstentivo para Cárdenas Saltos y dictamen acusatorio para Cárdenas
Espinosa, en consulta el Fiscal Provincial, revocó tal dictamen, y considera que
eran dos quienes conducían el auto.
La Sala aplicó el artículo 127 de errónea manera y por tanto hay una (violación a la ley en dicha sentencia. Cuando se revoca el dictamen se debía
hacer una nueva audiencia, ya que eso señala la ley en el artículo 226 inciso
tercero del Código de Procedimiento Penal. No se hace tal audiencia, y se juzga a
dos personas por un mismo delito, y a partir de ello se desvirtúa a Cárdenas
Espinosa, vulnerando el derecho a la defensa.
Con este antecedente, y al considerar que se han demostrado las
infracciones a la ley en la sentencia, solicita se case la sentencia recurrida y en su
lugar se expida ratificación del estado de inocencia de su defendido.
Dr. Wilson Merino SanchezJUEZ NACIONAL a
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JUSTICIAVerdad, Seguridad y Paz
Iflunianta, Kamnysnanta, Kasikrna,, a
4.2.- INTERVENCIÓN DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR
En representación de la parte acusadora, el doctor Cesar Muñoz, dijo que el
casacionista no se ha sujetado a lo dispuesto en el artículo 349 del Código de
Procedimiento Penal; el procedimiento es acusatorio, en donde fiscalía realizó la
investigación de los hechos e investigó la acción penal. No se puede basar en
conjeturas y suposiciones de parte procesal, y donde queda la investigación de las
autoridades y el principio dispositivo de la ley. Este caso es muy sui generis
porque cuando se produce el accidente, el causante del mismo abandonó la
escena del delito culposo, y no puede ser aprehendido esa noche, y se requiere
de una orden de allanamiento por parte del juez para que el presunto autor sea
sacado de su domicilio, y es ahí cuando el padre del sentenciado se auto inculpa.
Eh la investigación existen evidencias de que el presunto responsable es el
Cárdenas Saltos, y por ende se produce la audiencia de vinculación.
La Sala ad quem, no conoció la situación jurídica de Espinosa como
acusado, no se tomó en consideración al haberse ratificado su inocencia, por ende
deja de ser parte procesal, con lo cual el único procesado pasa a ser su hijo. La
sentencia se emite con absoluta certeza de la culpabilidad del procesado y por
tanto determina la pena para el casacionista, misma sentencia que es apelada. La
Corte de apelación con absoluta objetividad y buena fe procesal emitieron su
resolución que es completamente motivada, donde recoge los hechos y
fundamentos, principios y derechos, para con ello tener una validez jurídica plena.
Considera, que los elementos de tipo penal se han cumplido en su totalidad,
y no existe mínima posibilidad de haber violado el principio de legalidad, como
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CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA1/erd1d, Seguridad y Paz
JiJun,an,a. Kamayznon la, Kasikmanta
señala el casacionista. El debido proceso tampoco se ha violado, pues no se negó
al sentenciado de presentar sus pruebas y argumentos. La justicia ha observado el
debido proceso y ha cumplido todos los requerimientos legales.
4.3.- INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.
En representación del Fiscal General del Estado, el doctor Luis Alfredo
Zuñiga, en lo principal manifestó que el recurso de casación es extraordinario,
formal y técnico, en el cual exclusivamente hay que demostrar los errores in iure
de la sentencia impugnada. De igual forma, es un recurso limitado y especial en el
cual se deben cumplir ciertas obligaciones.
Manifiesta, que el casacionista ha identificado la sentencia, y los hechos los
ha expuesto en forma clara y precisa, aun cuando en ciertos momentos ha
examinado la prueba misma que es inadmisible según la ley. De igual manera ha
indicado las normas violadas, como, cuando y en qué sentido se produjo la
infracción, por lo que fiscalía confirma que se violaron los requerimientos del
artículo 349 deI Código de Procedimiento Penal, de conformidad con los artículos
antes mencionados.
Por otra parte, es criterio de la fiscalía, que la sentencia recurrida
contraviene disposiciones contenidas en los artículos. 76.7,a de la Constitución de
la República, en concordancia con el artículo 130.4 del Código Orgánico de la
Función Judicial y artículos 304-A, 309 y 312 deI Código de Procedimiento Penal,
es decir, carece de motivación. Por ello, solicita que el recurso de casación sea
Qe!4Dr. WiIson Merino Sánchez ¿71
JUEZ NACIONAL y
CORTE NACIONAL DE
JUSTICIAVerdad, Seguridad y Paz
Iliurnanta, Kamaymanta, Kasikmanta
declarado procedente y que se adecue la sentencia de conformidad con los
presupuestos facticos.
QUINTO: CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL
CASACIONAL.
5.1.- DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN.
La casación es una institución jurídica, concebida para asegurar el respeto
a los derechos individuales y a las garantías de igualdad ante la ley, inviolabilidad
de la defensa, debido proceso, entre otras: “(...) la afectación de derechos o
garantías fundamentales se convierte en la razón de ser del juicio de
constitucionalidad y legalidad que a la manera de recurso extraordinario, se
formula contra la sentencia. O lo que es lo mismo, lo que legitima la interposición
de una demanda de casación es la emisión de una sentencia penal de segunda
instancia en la que se han vulnerado derechos o garantías fundamentales.
Precisamente por ello se ha presentado también una reformulación de las
causales de casación, pues éstas, en la nueva normatividad, sólo constituyen
supuestos específicos de afectación de tales garantías o derechos”13.
“ Fundamento esgrimido por la Corte de Justicia de Colombia, en la sentencia No. C.-590-2005. Ahora bien, Ecuador alser un Estado constitucional de derechos y justicia, la prerrogativa fundamental es el derecho a la igualdad, esto quieredecir todas las ciudadanas y ciudadanos son iguales ante la ley erradicando cualquier clase de discriminación; bajo estaperspectiva, la importancia del recurso extraordinario de casación frente a la unificación de la jurisprudencia, la garantíadel principio de legalidad en una dimensión amplia, acompañada de la protección efectiva de los derechosfundamentales —constitucionales- bajo el principio de la prevalencia del derecho sustancial, donde en materia penal, nosolo el procesado es el destinatario de su esfera de acción, sino las partes y los intervinientes en la actuación procesal.
Dr. Wilsort Merino SánchezJUEZ NACIONAL
4*CORTE NACIONAL DE
JUSTICIAVerdad, Seguridad y !~,z
Illun,an,a. Kamaymanta, Kc,sikmanta
Está prevista como un medio de impugnación de fallos violatorios de la
normatividad sustantiva y adjetiva; establecida, con el fin de garantizar la
corrección sustancial y la legalidad formal del juicio previo exigido por la
Constitución de la República; así como, y en tratándose de materia penal, el
mantenimiento del orden jurídico penal por una más uniforme aplicación de la ley
sustantiva.
El recurso de casación, como un recurso extraordinario, a diferencia de los
recursos ordinarios que se ejercen en las instancias, tiene finalidades específicas
determinadas en la ley (violación de la ley), ya por: i) contravención expresa de su
texto; u) indebida aplicación; y/o, iii) errónea interpretación); circunscritas a que en
los cuestionamientos, sobre la legalidad de las sentencias, pretenda la reparación
de los yerros en el fallo recurrido.
En cuanto a las “causales” para que opere este recurso extraordinario, aquellas
han sido descritas por este órgano jurisdiccional de la siguiente forma:
“a) Error de omisión, que es al que se refiere el mentado artículo al indicar la
contravención expresa del texto de la ley, y que se configura cuando, dada una
circunstancia fáctica por probada, el juzgador no aplica la norma jurídica
correspondiente; b) Error de pertinencia, referido por el artículo 349 ejusdem, como
indebida aplicación de la ley, que se presenta cuando establecida una circunstancia
fáctica probada, el juzgador aplica para su resolución una norma jurídica que no
tiene como supuesto de hecho a ésta; y, e) Error de interpretación, en el que el
Bajo este paradigma constitucional, es importante sefialar quela Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsitode la Corte Nacional de Justicia, ejerce el examen de legalidad de las sentencias judiciales impugnadas, así como elcontrol constitucional, al caso concreto, para establecer si lo resuelto en ellas por las juezas o jueces, se ajusta o no a loordenado por la ley, la Constitución de la República, incluso los tratados internacionales.
Dr. Wilson Merino SánchezJUEZ NACIONAL
4.CORTE NACIONAL DE
JUSTICIAVerdad, Seguridad y Paz
¡llaman a, Kamayn,orzta, Kasikman tu
juez selecciona correctamente la norma y la adecúa al caso, pero al interpretar el
precepto le atribuye un sentido que no tiene o le asigna efectos distintos o
contrarios a su contenido, en definitiva, confunde el sentido y alcance de la norma
aplicada.” 14
5.2. ANÁLISIS DEL CASO.
Queda claro que Ecuador al ser un Estado Constitucional de Derechos y
Justicia, la prerrogativa fundamental es el derecho a la igualdad, esto quiere decir
todas las ciudadanas y ciudadanos son iguales ante la ley erradicando cualquier
clase de discriminación; bajo esta perspectiva, la importancia del recurso
extraordinario de casación frente a la unificación de la jurisprudencia, la garantía
del principio de legalidad en una dimensión amplia, acompañada de la protección
efectiva de los derechos fundamentales —constitucionales- bajo el principio de la
prevalencia del derecho sustancial, donde en materia penal, no solo el procesado
14 (CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito. Ponencia de la
Dra. Gladys Terán Sierra. Resolución Nro. 942-2013, mediante la cual se resuelve el recurso de casación signado con elNro. 508-2013).
El tema medular de la casación es la violación de la ley ya sea por: i) contravención expresa de su texto; lo cual implicala comparación de la narración con el supuesto fáctico. Hay que señalar que cuando se alega esta causal, lo que elrecurrente indica es que una norma del ordenamiento jurídico no ha sido aplicada por el juzgador; es por ello, que eneste sentido, se debe hacer una comparación entre la narración de los hechos que hace el juzgador y el supuesto fácticode la norma, si ambos coinciden y la norma jurídica no fue considerada para resolver, se encontrará configurado el error;u) indebido aplicación (error de pertinencia); la indebida aplicación es el yerro que comete el juzgador al aplicar unanorma jurídica cuyo supuesto de hecho no corresponde a la narración fáctica de la conducta que se intenta juzgar en elfallo. Al igual que el error anterior, se debe hacer una contraposición de estos dos elementos, si la norma jurídica no seadecua a la narración del juzgador, y pese a esto, él la ha aplicado para resolver, la vulneración se habrá configurado; y,iii) errónea interpretación (error de interpretación propiamente dicho); que implica el análisis del sentido y alcance de lasconsecuencias jurídicas de la norma; este yerro a diferencia de los anteriores, no se provoca en la adecuación de lanarración fáctica que hace el juzgador con el supuesto de hecho de la norma; cuando el recurrente alega esta causal, seacepta que la norma utilizada por el juez es la correcta, empero, se impugna la manera en la que éste ha interpretado elsentido y alcance de sus consecuencias jurídicas.
Dr. Wilson Merino SánchezJUEZ NACIONAL a
CORTE NACIONAL DE
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illurnanta, Kamay,nanta, Kasikmanta
es el destinatario de su esfera de acción, sino las partes y los intervinientes en la
actuación procesal15.
Bajo este paradigma constitucional, es importante señalar que las Salas de
lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, ejercen el examen de legalidad de las
sentencias judiciales impugnadas, con un aliciente el control constitucionai16, al (caso concreto, para establecer si lo resuelto en ellas por las juezas o jueces, se
ajusta o no a lo ordenado por la ley, la Constitución de la República, incluso los
tratados internacionales. La casación a más de ser protectora del principio de
legalidad, es protectora de las garantías fundamentales, en este sentido la Corte
de Justicia de Colombia en su sentencia C-590-2005, señaló:
“C) la afectación de derechos o garantías fundamentales se convierte en la razónde ser del juicio de constitucionalidad y legalidad que, a la manera de recurso
extraordinario, se formula contra la sentencia. O lo que es lo mismo, lo que
legitima la interposición de una demanda de casación es la emisión de una
sentencia penal de segunda instancia en la que se han vulnerado derechos o
garantías fundamentales Precisamente por ello se ha presentado tambien una (‘~ Ponencia ‘Recurso extraordinario de casación en el sistema Latinoamericana”, esgrimida por el Dr. Javier Zapata Ortiz,
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en la ciudad de Quito, el 22 de marzo de 2013, en el SeminarioInternacional “Recurso extraordinario de casación en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia”
Con relación al control constitucional el único intérprete es la Corte Constitucional según lo establece los artículos 429y 436 de la Constitución de la República. No obstante aquello, no puede sino entenderse que es máximo a relación aotros intérpretes como bien lo establece el artículo 429 de la norma suprema. Al respecto Agustín Grijalva manifiestaque ningún órgano puede ser máximo en relación a nada o a nadie. De hecho la Constitución de la Republica hacereferencia a otros intérpretes, así, el artículo 11.5 que trata el principio de efectividad al señalar que “en materia dederechas y garantías constitucionales, las servidoras y las servidores públicos administrativas y judiciales deberán aplicarla norma en la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia”. De igual manera, el articulo constitucional 426 serefiere a la aplicación directa de la Constitución por parte de todas las personas, autoridades e instituciones, eincluyendo las juezas yjueces. Ver más en Agustín Grijalva, Santiago Andrade, Claudia Storini, LA NUEVA CONSTITUCIÓNDEL ECUADOR Estodo, derecho e instituciones, Universidad Andina Simón bolívar, sede Ecuador, Corporación editoraNacional, Quito Ecuador, 2009, p.272-275.
Qc~Dr. Wilson Merino Sánchez
JUEZ NACIONAL
CORTE NACIONAL DE
JUSTICIAVerdad, Seguridad y Paz
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reformulación de las causales de casación, pues éstas, en la nueva normatividad,sólo constituyen supuestos específicos de afectación de tales garantías oderechos...”
En este sentido, es importante para este Tribunal casacional, señalar que
una de las garantías básicas del derecho constitucional al debido proceso es la
motivación, el cual debe ser entendido como aquella justificación razonada que
hace jurídicamente aceptable una decisíón judicial. Bajo este parámetro: “la
progresividad del derecho de las partes y la obligación constitucional de los jueces
de motivar los fallos, plantea la naturaleza que tiene este deber fundamental. No
se trata de contabilizar una simple fundamentación que puede resultar suficiente
con la aplicación mecánica de la ley, sino de analizar si dicha exigencia radica en
una necesidad política propia de la justificación de los actos de un poder del
Estado, o significa establecer una garantía constitucional que forma parte de un
conjunto de mayor contenido en el principio del debido proceso.”17
La Constitución de la República, con relación a este derecho es clara en
señalar que: “las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No
habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios
jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se
encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. La servidoras o
servidores responsables serán sancionados”8.
“ Oswaldo Alfredo Gozaini. El Derecho Procesal Constitucional, El Debido Proceso, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos
Aires (ARG), 2004, pag.428.IB Articulo 76.7,1 de la Constitución de la República.
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lliumanza, Kamaysnan,a, Kasikman ta
Por todo ello, la motivación, no es solo un problema de comunicabilidad, va
más allá del cumplimiento estricto de los requisitos formales de la ley, pues no es
suficiente el uso impecable de la lógica formal, si este encubre un razonamiento
incomprensible; tampoco lo es señalar la norma si no se explica el por qué se
considera aplicable, pues en la debida motivación de la sentencia se materializa el
principio de la tutela judicial efectiva19.
El contenido de la sentencia impugnada omite y se aparta de la finalidad o
función que tiene la motivación de las sentencias, que básicamente está orientada
en dar a conocer al justiciable las razones por los que se les niega o restringe su
derecho, en garantizar al justiciable que la solución conferida en el presente caso,
es consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento jurídico. Significa
entonces que los jueces Ad quem al emitir la sentencia impugnada incumplieron
con su obligación de interpretar y aplicar las normas del ordenamiento jurídico
conforme a los preceptos y principios constitucionales.
Por otro lado, la falta de motivación acarrea nulidad de lo actuado por los
administradores de justicia, nulidad, que en el ámbito procesal, ha sido entendida
como una “sanción” a aquellas actuaciones que no guardan conformidad con las
normas jurídicas que regulan su ejecución; en la visión de un proceso-fin, tal
concepción se asienta, teniéndola como una institución que encuentra su
fundamento de existencia en sí mismo; lo cual, hay que reparar, riñe con el actual
paradigma constitucional, que toma como basamento de su perspectiva procesal,
a la tutela judicial efectiva que se encuentra reconocida en el artículo 75 de la
Constitución de la República; derecho que a su vez se encuentra recogido en el
19 .Sentencia expedida por la Corte Constitucional en el Caso No. 0047-12-EP
4Dr. Wilson Merino Sánchez
JUEZ NACIONAL
CORTE NACIONAL DE
JUSTICIAVerdad, Seguridad y Paz
lliumanta. Kamayrnanta, Kasikn,anta
artículo 23 deI Código Orgánico de la Función Judicial, como un principio rector
de la Función Judicial20.
Ahora bien, acorde a los artículos 169 de la Constitución de la República y 18
del Código Orgánico de la Función Judicial, el sistema procesal es un medio para
la realización de la justicia; es por ello, que desde la visión de un proceso-medio,
la nulidad se la concibe, ahora, ya no sólo como una sanción, sino como un
mecanismo para enmendar cualquier violación normativa, que haya causado un
perjuicio a los legítimos derechos de los cuales se ven asistidos los sujetos
procesales.
Sobre la base de lo indicado, en el análisis supra, y al considerar que la
sentencia en análisis hace un resumen de lo realizado por el Tribunal a quo, de lo
señalado por los testigos de cargo y descargo dentro del proceso para finalmente
manifestar que el casacionista fue el culpable del delito de tránsito, se evidencia
que los jueces del Tribunal ad quem, al expedir la sentencia recurrida vulneraron
la normativa constitucional del artículo 76.7,1 (motivación) y la normativa legal del
artículo 130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo cual le compete a
este Tribunal casacional enmendar el error de los jueces de la Sala ad quem.
SEXTO: RESOLUCIÓN
En mérito de lo expuesto, al tenor de los fundamentos jurídicos y
constitucionales, este Tribunal de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial
y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
20 Análisis esgrimido en la causa No. 0435-2013, expedido por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.
Dr. Wilson Merino SánchezJUEZ NACIONAL
CORTE NACIONAL DE
JUSTICIAVerdad, Seguridad y Paz
Iflurnanta Kamaymanta Kazíkmanta
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE
LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA’~ de conformidad con el
artículo 76.7,1 (motivación) de la Constitución de la República y la normativa legal
del artículo 130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, declara:
1. LA NULIDAD CONSTITUCIONAL de lo actuado por los jueces de la Sala
ad quem, a partir de la audiencia pública, oral y contradictoria de
fundamentación del recurso de apelación, de fecha 17 de junio de 2013 a
(fojas 44 en adelante del proceso de instancia).
2. Se dispone devolver el expediente al Tribunal de origen para los fines
legales consiguientes
origen. HÁGASE SABER,
Dr. Al ja dro Arteaga
CO UEZNA
3. Devuélvase el proceso
CÚMPLASE Y PUB ‘mUE:
Voto
U
Dr. Edgar Flores MierCONJUEZ NACIONAL PONEN
DRil \ACI N4L DE
JIJSTICIA. Juicio Penal No. 1537- 2013
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR.- SALA ESPECIALIZADA
DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO.- Quito, 12
de septiembre de 2014, a las 10h05.
VISTOS:
De la sentencia dictada por la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha, que confirma en todas sus partes la sentencia
dictada por el Juzgado Tercero de Tránsito de Pichincha, en donde se le declara
culpable al procesado Rubén Germán Cárdenas Saltos, como autor y responsable
del delito de tránsito tipificado y reprimido en el artículo 127, literales b),c),d) y e)
de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y se le
impone la pena de prisión de CUATRO AÑOS, además del pago de
TRESCIENTAS TREINTA Y SEIS remuneraciones básicas unificadas del
trabajador en general, a pagarse a los acusadores particulares los señores Carlos
Gustavo Bastidas Cornejo y Minan Liliana Touma Bastidas, por concepto de
daños y perjuicios ocasionados con motivo del accidente de tránsito y
fallecimiento del hijo de los acusadores particulares en mención. Interpone
recurso de casación el sentenciado, y una vez que se ha dado el trámite legal
correspondiente y encontrándose la causa en estado de resolver para hacerlo se
considera:
PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución N° 03-2013 de 22
de julio de 2013, integró sus seis Salas Especializadas conforme lo dispone el
artículo 183 del Código Orgánico de la Función Judicial, sustituido por el artículo 8
de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 38, de 17 de julio de 2013. La
Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, tenemos
competencia para conocer el presente proceso según los artículos 184.1 de la
Constitución de la República del Ecuador, y 9 de la Ley Reformatoria invocada.
Por lo expuesto, avocamos conocimiento de la causa, por sorteo realizado, la
doctora Ximena Vintimilla Moscoso, como Jueza Ponente, según el artículo 141
del Código Orgánico de la Función Judicial; quien por licencia concedida, actúa en
su remplazo el doctor Edgar Wilfrido Flores Mier, Conjuez Nacional, conforme se
desprende del oficio No. 1481-SG-CNJ-lJ de fecha 13 de agosto del 2014,
suscrito por el doctor Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de
Justicia; además integran el Tribunal, el señor doctor Wilson Merino Sánchez
Juez Nacional y el señor doctor Alejandro Arteaga García, Conjuez Nacional en
reemplazo del señor doctor Jorge Blum Carcelén Juez Nacional.
SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.
El recurso de casación ha sido tramitado conforme la norma procesal del artículo
349 del Código de Procedimiento Penal, y lo dispuesto en el artículo 76.3 y 77 de
la Constitución de la República del Ecuador, por lo que se declara su validez al no
haberse verificado la existencia de violaciones de procedimiento que puedan
afectar su eficacia procesal.
TERCERO: ANTECEDENTES DE LA CAUSA.
Del inicio de instrucción fiscal, asf como de la formulación de cargos, se dice que:
según el parte policial, elaborado por el señor suboficial Segundo de Policía,
Manuel Salazar Jaya, se ha tenido conocimiento de un accidente de tránsito,
consistente en un estrellamiento, rozamiento y atropello con muerte, ocurrido en
la calle Leonardo Tejada y Gonzalo Endara Crown, de esta ciudad de Quito,
provincia de Pichincha, el día 12 de Mayo del 2011, a eso de las 20h15
aproximadamente, por parte del vehículo tipo Jeep, marca Chevrolet, con placas
PYC-774, conducido por el señor Rubén Germán Cárdenas Espinoza; y el
automóvil de marca Toyota, con placas PQU-219, conducido por el señor quien
en vida se llamó Carlos Marcelo Bastidas Touma; fiscalía habiendo recabado
elementos de convicción como son: la autopsia médico legal del occiso Carlos
Marcelo Bastidas Touma, realizada por el médico legista Robinson Toapanta
Jerez, quien determina que la muerte fue causada por un suceso probable dVc1~.zji~
tránsito, con este elemento de convicción fiscalía ha formulado cargos contra elÓ ~
señor Cárdenas Espinoza Rubén Germán ante el doctor Gregorio López Granizo,
Juez Quinto Adjunto de Tránsito, iniciándose la instrucción fiscal. Con fecha 17 de
junio de 2011, ante el mismo juzgado adjunto de tránsito, la fiscalía habiendo
receptado versiones de testigos que indican que el conductor causante del
accidente era un hombre de unos 30 0 35 años de edad, resuelve vincular al
proceso al señor Rubén Germán Cárdenas Saltos.
Concluida la instrucción fiscal, en base al dictamen acusatorio sustentado y
presentado por la fiscalía, en audiencia oral y pública de juzgamiento, se ha
desarrollado la etapa de juicio, donde se ha evacuado toda la prueba presentada
por los sujetos procesales y una vez concluida esta etapa, el Juez Tercero de
Tránsito de Pichincha, con fecha 18 de diciembre del 2012, las 09h24, dicta
sentencia declarando la culpabilidad del procesado RUBÉN GERMÁN
CÁRDENAS SALTOS, como autor y responsable del delito de tránsito, tipificado y
sancionado en el artículo 127 literales b),c),d) y e) de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y le impone la pena de prisión de
CUATRO AÑOS, además del pago de TRESCIENTAS TREINTA Y SEIS
remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, a pagarse a los
acusadores particulares los señores Carlos Gustavo Bastidas Cornejo y Minan
Liliana Touma Bastidas, por concepto de daños y perjuicios ocasionados con
motivo del accidente de tránsito y fallecimiento del hijo de los acusadores
particulares; con relación al señor RUBEN GERMÁN CARDENAS ESPINOZA, se
confirma su inocencia. De esta sentencia por no encontrarse conformes los
procesados, así como los acusadores particulares, interponen sendos recursos de
apelación.
La Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, con fecha 30 de julio del 2014, a las 10h33, dicta sentencia
desestimando y rechazando los recursos de apelación interpuestos por los
acusadores particulares Carlos Gustavo Bastidas Cornejo y Miriam Liliana Touma
Bastidas, y por los procesados Rubén Germán Cárdenas Saltos y Rubén Germán
Cárdenas Espinoza, en consecuencia ratificándose la sentencia expedida en el
presente proceso por el Juez Tercero de Tránsito de Pichincha, discordante con
esta sentencia, el procesado Rubén Germán Cárdenas Saltos, interpone recurso
de casación para ante la Corte Nacional de Justicia por considerar que en la
sentencia impugnada se ha violado la Ley, contraviniéndose en su texto.
CUARTO: ARGUMENTOS Y FUNDAMENTACION DEL RECURSO DE
CASACIÓN EN AUDIENCIA ORAL, PÚBLICA Y CONTRADICTORIA:
Según lo dispuesto en el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal, se llevó
a cabo la audiencia oral, pública y contradictoria, en ¡a que el concurrente
expreso:
4.1.- DEL RECURRENTE.
El doctor Marco Terán Duque, abogado defensor del acusado y recurrente Rubén
Germán Cárdenas Saltos, en resumen ha expuesto: Son cinco los cargos que el
compareciente presenta en contra de la sentencia expedida por la Tercera Sala
de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Primer cargo.- Violación del Art. 76.3 de la Constitución de la República y Art.
106 de la Ley de Transporte Terrestre. Mi defendido ha sido condenado
únicamente por ser hijo del conductor del vehículo vitara que participó en el
accidente que motiva este proceso, en el considerando quinto de la sentencia que
motiva este impugnación donde se hace referencia al informe técnico, pues se
indica que el carro fue conducido por el señor Cárdenas Espinosa quien
abandona el lugar del accidente. Esto refleja que la Sala deliberadamente omite
señalar quien es el participante uno, es decir, quien conducía el vehículo del cual
se dice es el causante del accidente. Existe la violación al principio de legalidad
penal, basado en un derecho penal de autor, no se le juzga por una acción y
omisión, sino que se le pena por un presunto delito culposo con base de ser hijo
del conductor del vehículo. Esta es la contravención de la sentencia en relación al
aspecto constitucional y legal.
Segundo cargo.- Violación del Art. 143 del Código de Procedimiento Penal, por
contravenir expresamente su texto. Esta norma prescribe que de probarse la
existencia del delito, la admisión de culpabilidad libre y voluntaria dará al
testimonio del acusado el valor de prueba contra él. En la parte expositiva de la
sentencia dice que el Juez de flagrancia autoriza el allanamiento del
departamento donde estaba el presunto autor del delito, se hace el allanamiento,
pero no se hace el barrido completo, pues van los militares, timbran la puerta y
sale el doctor Cárdenas y se identifica como el causante del accidente. El señor
Cárdenas admite su culpabilidad e indica cómo se dieron los hechos, sin embargo
el Tribunal toma tal declaración en contrario para fundamentar una incriminación y
atribuirle a quien no conducía el vehículo una responsabilidad, se hace una
omisión y tergiversación de la prueba evacuada en la fase de juzgamiento, es
precisamente en ese momento en donde la Sala contraviene el texto del Art. 143
del Código de Procedimiento Penal.
Tercer cargo.- Violación de los Arts. 166 de la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre y Art. 105 del Código de Procedimiento Penal. La primera disposición en
su parte pertinente señala que el reconocimiento médico se practicará según lo
establecido en el Código de Procedimiento Penal, y el Código a su vez estable
que, son peritos los que deben practicar esta clase de experticias. En la etapa de
instrucción fiscal interviene el doctor Baca, y dice que la lesión del señor
Cárdenas Espinosa es producto de un accidente de tránsito a consecuencia del
cinturón de seguridad. Esta prueba evidencia que quien conducía el vehículo era
el señor Cárdenas Espinosa. En conclusión, este cargo debe prosperar porque la
Sala da prevalencia al certificado pedido a un médico particular, mismo que se
pidió únicamente para que sea ingresado a la audiencia de calificación de
flagrancia.
Cuarto cargo.- Contravención expresa del Art. 252 del Código de Procedimiento
Penal, que dispone la certeza de la existencia del delito y la culpabilidad del
acusado se obtendrá de las pruebas de cargo y descargo que aporten los sujetos
procesales. Cuando se produce el accidente, de la cuchara donde el doctor
Cárdenas se estrella, sale del lugar y es perseguido por dos acompañantes del
occiso, y dichos señores solicitan al guardia de Sierra del Moral que le detengan a
la persona que en ese momento venía perpetrando el accidente, y el guardia lo
entrega al militar de la garita uno, y hay cámaras de seguridad. El doctor Rubén
Cárdenas Espinosa fue aprehendido en una persecución permanente, por eso es
delito flagrante. Entonces si aplicamos las reglas de la sana crítica, quien estaba
conduciendo el vehículo era el señor Cárdenas Espinosa. Ninguno de los que
declara manifiesta que fue el señor Cárdenas Saltos. Las cámaras de seguridad
indican también que quien sube de la cuchara a su domicilio es el señor Cárdenas
Saltos. Nadie identifica al señor Cárdenas Saltos a excepción de la señora Abad y
el señor Uribe.
Quinto cargo.- Violación del Art. 127 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial. Esta norma sanciona a quienes ocasionen un accidente
de tránsito del que resultare muerta una o más personas. Al hacerse tal
reconstrucción se llamó a todos los partícipes, y ahí los miembros de la seguridad
presidencial identifican que Rubén Cárdenas conducía el vehículo, tanto así que
el mismo informe dice que el vehículo fue conducido por el señor Cárdenas
Espinosa. La sentencia omite esto, la Fiscal que investigó el delito estuvo en la
escena de los hechos y emitió dictamen abstentivo para el señor Cárdenas Saltos Ey dictamen acusatorio para el señor Cárdenas Espinosa. Ello sube en consulta
donde el Fiscal Provincial, y él revoca tal dictamen, ya que para él eran dos
quienes conducían el auto. Como consecuencia de tal revocatoria, el Juez de la
causa pide precisar que la acusación de la Fiscalía y el Fiscal menciona que
actúa bajo su criterio, la Sala aplica el Art. 127 de errónea manera y por tanto hay
una violación a la ley en dicha sentencia. Cuando se revoca el dictamen se debía
hacer una nueva audiencia, ya que eso señala la ley en el Art. 226 inciso tercero
del Código de Procedimiento Penal. No se hace tal audiencia, y se juzga a dos
personas por un mismo delito, y a partir de ello se desvirtúa al señor Cárdenas
Espinosa, con ello vulnerando el derecho a la defensa garantizado
constitucionalmente. Por esas consideraciones, demostradas las infracciones a la
ley en la sentencia, solicito se case la sentencia recurrida y en su lugar se expida
ratificación del estado de inocencia del recurrente.
4.2.- DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR.
El doctor César Muñoz, abogado defensor del acusador particular Carlos Gustavo
Bastidas Cornejo, en lo principal dice:
El recurrente no se ha sujetado a lo dispuesto en el Art. 349 del Código de
Procedimiento Penal, en donde el recurso de casación únicamente puede ser
interpuesto cuando la sentencia contenga una violación a la ley. De esto,~
hemos escuchado referencia alguna para sustentar tal recurso. Por algo el
procedimiento es acusatorio, en donde fiscalía realiza la investigación de losC)
hechos, y el fiscal investiga la acción penal. No podemos basarnos en conjeturas
y suposiciones de parte procesal, y dónde queda la investigación de las
autoridades y el principio dispositivo de la ley. Este caso es muy sui generis
porque cuando se produce el accidente, el causante del mismo abandona la
escena del delito culposo, y no puede ser aprehendido esa noche, y se requiere
de una orden de allanamiento por parte del juez para que el presunto autor sea
sacado de su domicilio, y es ahí cuando el padre del sentenciado se auto inculpa.
La fiscal del caso inicia la instrucción fiscal en base a que el señor se declara
culpable.
En el curso de la investigación existen evidencias de que el presunto responsable
es el señor Cárdenas Saltos, y por ende se produce la audiencia de vinculación.
La Corte Provincial ya no conoció la situación jurídica del señor Espinosa como
acusado, no se lo tomó en cuenta al haberse ratificado su inocencia por parte del
Juez de primera instancia, y por ende deja de ser parte procesal, con lo cual el
único procesado pasa a ser su hijo el señor Cárdenas Saltos. Las investigaciones
y evidencias determinan que se vincula al señor Cárdenas Saltos, esto determina
que al producirse el juicio se ratifique la inocencia del señor Cárdenas Espinosa y
condena a su hijo el señor Cárdenas Saltos a cuatro años de prisión, cumpliendo
el Art. 127 de la Ley de Tránsito, al ser exactamente el tipo penal que se adecua a
su conducta. Esta sentencia se emite con absoluta certeza de la culpabilidad del
procesado y por tanto determina la pena para el señor Cárdenas Saltos, misma
sentencia que es apelada. La Corte Provincial con absoluta objetividad y buena fe
procesal se tomó su tiempo para dictar esta sentencia apelada por el sentenciado.
Sentencia que es completamente motivada, donde se recogen todos los hechos y
fundamentos, principios y derechos, para con ello tener una validez jurídica plena.
La Corte observa todo ello a fin de tener una sentencia válida, pues la inocencia
de un acusado fue ratificada. En la sentencia casada se habla del nexo causal, ya
que se ha comprobado la existencia del delito y su responsable.
Se dice que se ha violado la ley de cinco maneras, y se dice que los jueces han
inculpado al hijo del señor Cárdenas siendo éste inocente. Pues eso no es así, la
justicia no acusó a otra persona ajena a la que cometió el delito. Que se ha
violado el principio de legalidad, no hay delito no hay pena sin juicio previo. Hay
delito, hay pena, hay acción y hay la culpa, los elementos de tipo penal se han
cumplido en su totalidad, y no existe mínima posibilidad de haber violado el
principio de legalidad. El debido proceso tampoco se ha violado, pues en qué
momento se ha negado el derecho al hoy sentenciado de presentar sus pruebas y
argumentos, no existe tal. La justicia ha observado el debido proceso y ha
cumplido todos los requerimientos legales.
Se dice que se ha violado el Art. 252 del Código de Procedimiento Penal, pero no
se entiende por dónde se puede violar tal artículo, ya que simplemente se ha
culpado al responsable del hecho. Que se ha violado el derecho al testimonio del
procesado, conforme el Art. 143 del Código de Procedimiento Penal, pero de
todas las pruebas se ha llegado a determinar que el señor no es responsable de
un hecho, pues lo único que ha querido el padre ha sido que se deje en libertad a
su hijo, ustedes deben estar claros que el recurrente no ha justificado ninguna
violación de orden legal en la sentencia ni en el proceso. La ley establece
claramente la pena de tres a cinco años al responsable de un accidente de
tránsito con causa de muerte, y el juzgador a discrecionalidad ha interpuesto
cuatro años de pena, y la Corte ratifica en toda su extensión la sentencia subida
en grado, por cuanto no hay indebida aplicación o error en la aplicación de su
texto, no hay tal. Desde un principio la tipificación penal fue precisa y acertada,
por tanto no hay errónea interpretación ni indebida aplicación de la norma. Es por
esto que, al tener claro el panorama, no existe la posibilidad de una violación a la
ley y por ello solicitamos que se inadmita el recurso y se rechace el mismo, ya
que no cumple con los requisitos establecidos en el Art. 349 del Código de
Procedimiento Penal.
4.3. DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.
El doctor Luis Alfredo Zúñiga, como delegado del señor Fiscal General del
Estado en lo principal dice:
El recurso de casación es un recurso extraordinario y es un recurso formal y
técnico, en el cual exclusivamente hay que demostrar los errores in iure de la
sentencia impugnada. De igual forma, es un recurso limitado y especial en el cual
‘pse deben cumplir ciertas obligaciones. El recurrente ha identificado la sentencia, y~~jlos hechos los ha expuesto en forma clara y precisa, aun cuando en ciertos imomentos ha examinado la prueba misma que es inadmisible según la ley. De
igual manera ha indicado las normas violadas, cómo, cuándo y en qué sentido se
produjo la infracción, por lo que fiscalía confirma que se violaron los
requerimientos del Art. 349 del Código de Procedimiento Penal, de conformidad
con los artículos antes mencionados.
Por otra parte, es criterio de la fiscalía, que la sentencia contraviene disposiciones
contenidas en los Arts. 76, numeral 7, literal l de la Constitución, en concordancia
con el Art. 130, numeral 4 del Código de la Función Judicial y Arts. 304-A, 309 y
312 del Código de Procedimiento Penal, es decir, no es una sentencia
debidamente motivada ni argumentada. Por ello, solicita que el recurso de
casación interpuesto sea declarado procedente y que se adecue la sentencia de
conformidad con los presupuestos fácticos.
QUINTO: CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE LA SALA DE LO PENAL.
5.1.- La casación al ser un medio de impugnación extraordinario, está sometido a
restricciones para su procedencia, se ha configurado en interés de la ley para un
control de legalidad de la sentencia impugnada. En tal virtud, el recurso de
casación constituye un instrumento protector de los derechos humanos y de las
garantías constitucionales de los sujetos procesales, teniendo como objeto
alcanzar la justicia y recuperar la paz social. Asimismo, la casación constituye una
manifestación del ejercicio del derecho de impugnación, garantizado en el artículo
76.7.m de la Constitución de la República, en relación con el artículo 8.2 literal h)
de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
que señala: “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a
las siguientes garantías mínimas: “. . .derecho de recurrir del fallo ante juez o
tribunal superior”, norma que guarda concordancia con el artículo 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece: “Toda persona
declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la
pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme lo
prescrito por la ley”.
En la casación penal hay que tener en cuenta que lo que procede es el examen
de la sentencia recurrida, para determinar posibles violaciones en ella a la ley, ya
por haberse contravenido expresamente a su texto, ya por haberse hecho una
falsa aplicación de la misma; ya, en fin, por haberla interpretado erróneamente,
como dispone el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal. El recurso de
casación es especial y extraordinario, el mismo que tiene como objeto de estudio
la sentencia impugnada, sin relación con la prueba actuada, impidiendo una
nueva apreciación de las pruebas que han sido consideradas por el juzgador en la
sentencia, sin que tampoco pueda realizarse un nuevo estudio del proceso, como
ha sido el criterio mantenido por la jurisprudencia de la Ex Corte Suprema y actual
Corte Nacional de Justicia. No obstante, cuando el juzgador comete errores de
derecho en la valoración de la prueba, procede su corrección.
5.2. Los objetivos del recurso de casación se contraen a tres: el imperio de la ley,
es decir la aplicación correcta; la uniformidad de la jurisprudencia, para que los
jueces den igual interpretación a igual ley y en iguales circunstancias; y, la
rectificación del agravio inferido a una de las partes procesales. Sin dejar de
mencionar que a través del recurso de casación, el Estado vela por la aplicación
correcta del derecho, sin que importe el interés del agraviado, sino el interés del
Estado para la vigencia efectiva de los derechos y garantías establecidos en la
Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de derechos
humanos.
5.3. La sentencia no es simplemente un documento suscrito por el juez sino el
resultado de una génesis que tiene lugar en dos planos diversos: el objetivo, que
es propiamente el proceso considerado en sentido jurídico, integrado por las
varias etapas que la ley contempla, y el subjetivo, que corresponde a la
operación mental efectuada por el fallador, en cuyo fondo lógico hay un silogismo
que tiene como premisa mayor la norma general y abstracta de la ley, por premisa
menor los hechos controvertidos y por conclusión la parte resolutiva del fallo, que
se constituye en mandato concreto, obligatorio para quienes fueron partes dentro
del proceso.
1)1SEXTO: ANALISIS DEL CASO CONCRETO.- —JI
6.1. En el presente caso, la defensa del recurrente Rubén Germán Cárdenas
Saltos, principalmente alegó lo siguiente:
6.1.1. Violación del artículo 76.3 de la Constitución de la República y el artículo
106 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
argumentando que se ha condenado al proceso por el solo hecho de ser hijo del
conductor del vitara causante del accidente. Al respecto debemos señalar que por
principio el orden jurídico penal es un medio de represión de los derechos y
libertades de las personas justificado sólo en tanto sea necesario para posibilitar
la convivencia social. De ello, se impone la necesidad de introducir una serie de
límites y controles al ius puniendi del Estado, orientados a evitar cualquier
arbitrariedad o exceso del mismo. Precisamente uno de esos límites es el
principio de legalidad que en esencia significa que no puede sancionarse ninguna
acción u omisión (conducta) ni imponer ninguna pena que no se encuentre
previamente recogida en la Ley, conforme lo dispone el artículo 76.3. de la
Constitución de la República1, en relación con los artículos 2 deI Código Penal y
Procedimiento Penal ( hoy Art. 5.1 COIP), lo cual comporta que a través de este
principio se proporcione seguridad jurídica para los ciudadanos, puesto que tienen
conocimiento de las normas prohibitivas e imperativas, de las sanciones y del
procedimiento adecuado para imponerlas, lo que conlleva a una dimensión
política de las normas, garantizando la legitimación democrática de las
disposiciones que determinan infracciones y penas, esto es, que son el resultado
de la expresión de la voluntad general de los ciudadanos a través de sus
representantes (Asamblea Nacional); en definitiva, el principio de legalidad
responde al aforismo “nullum crimen, nulla poena, sine previa lege”, lo cual
significa que no existe delito ni pena sin previa ley.
En materia penal conforme a este principio de legalidad, solo la ley crea
infracciones (delitos y contravenciones), y solo podrá considerarse aquel hecho
que la ley declare infracción expresamente, por lo tanto, la infracción descrita y la
pena deben constar en la ley, ya que es la única manera de garantizar su
aplicación y evitar la arbitrariedad judicial. Beling sostiene que, para que una
‘Art. 76.3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión, que al momento de cometerse, noesté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará unasanción no prevista por la Constitución o la ley.
norma responda al principio de legalidad, ella debe ser: escrita, para que no
queden dudas acerca de su contenido; estricta, significa que debe prescribir
concretamente la conducta que es delito (este es un medio para evitar la
analogía); y, previa, debe ser anterior al hecho delictivo. Esto significa que la
aplicación de la ley será solo al caso al que ella se refiere.
Ya en el caso en concreto podemos señalar que no existe violación al principio de
legalidad, ya que el tribunal ad-quem sanciona al recurrente Rubén Cárdenas
Saltos, por considerar que su conducta se adecua al tipo penal descrito en el
artículo 127 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, vigente a la fecha de ocurridos los hechos (12 de mayo de 2011), norma que
ha sido dictada con anterioridad a la ocurrencia de los hechos, donde no sólo se
establece el supuesto hipotético, sino también la consecuencia jurídica, esto es, la
pena. Por lo tanto, es improcedente lo alegado por la defensa sosteniendo como
fundamento que el procesado ha sido sentenciando por el solo hecho de ser hijo
del conductor del vitara, argumento que nada tiene que ver con el principio de
legalidad.
6.1.2. Que se ha violado el artículo 143 del Código de Procedimiento Penal,
puesto que es el doctor Rubén Cárdenas Espinoza quien admite ser el culpable
del delito de tránsito que se le imputa a su hijo, testimonio que el legislador le ha
dado la categoría de prueba plena y que, sin embargo la Corte ha considerado
este testimonio como prueba en contra del hijo. Al respecto, es necesario dejar
constancia que conforme al artículo 77.7.c de la Constitución de la República2,
nadie puede autoincriminarse, derecho que también lo recoge el artículo 81 del
Código de Procedimiento Penal, y si de hecho ello ocurre, ningún juez queda
liberado de practicar los actos procesales tendientes al esclarecimiento de la
verdad3, en este caso, es en base a la prueba aportada por los sujetos procesales
que el juzgador ha resuelto, según se desprende de los considerandos séptimo y
noveno de la sentencia que se impugna. No debemos olvidar que por mandato
constitucional la carga de la prueba le corresponde al Estado a través del fiscal y
por lo mismo, no se puede admitir que para el cumplimiento de ese mandato se
2 Art. 77.7.c. Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar
su responsabilidad penal.Art. 115 CPP. Si el procesado al rendir su testimonio, se declare autor de la infracción, ni la Jueza o Juez de
Garantías Penales ni el Tribunal de Garantías Penales quedarán liberados de practicar los actos procesalesde prueba tendientes al esclarecimiento de la verdad.
qq,.exija y se tolere que el procesado se autoincrimine expresa o tácitamente pa
entregar al proceso elementos para su propia condena. De tal manera que
señalado por la defensa del recurrente, es improcedente.
6.1.3. Violación de los artículos 116 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial y 105 del Código de Procedimiento Penal,
argumentando la defensa que la sentencia impugnada considera como una de las
pruebas para sancionar al procesado Rubén Cárdenas Saltos, el certificado
médico previo dado por el doctor Espinoza y no el informe pericial presentado por
el doctor Baca, dejando de aplicar estos artículos. Sin embargo, lo dicho por la
defensa del recurrente no se ajusta a la realidad, pues revisada la sentencia se
puede verificar que el tribunal ad-quem analiza los testimonios de los médicos
doctores: Eduardo Espinoza Chimbo y Simón Baque Hernández, confrontándolos
y luego de una deducción lógica llega a establecer que las lesiones descritas en el
informe pericial presentado por el segundo de los nombrados, no guardan lógica
ni coherencia con la lesión causada por el uso del cinturón de seguridad si se
hallan localizadas en la parte derecha del examinado doctor Rubén Cárdenas
Espinoza. En tal virtud, no existe violación a las disposiciones invocadas por el
recurrente por parte del tribunal ad-quem.
6.1.4. Contravención expresa del artículo 252 del Código de Procedimiento Penal,
ya que la sentencia dentro de los puntos 6.10, 6.12 y 6.3, que hacen referencia a
los testimonios propios del personal militar que estaba de guardia en el domicilio
del señor Presidente de la República, el día 12 de mayo de 2011, fecha en la que
ocurrió el accidente de tránsito materia de esta causa, señalan que el responsable
es el señor Cárdenas Espinoza, hecho que no es considerado por los juzgadores.
Al contrario de lo expuesto por el recurrente, los señores jueces de instancia,
analizan la prueba en su conjunto y dan sus razones para considerar éstos
testimonios como no creíbles y contradictorios, siendo potestad jurisdiccional de
ellos la valoración de la prueba.
6.1.5. Violación del artículo 127 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Transito y Seguridad Vial, ya que al decir de la defensa, al hacerse la
reconstrucción de los hechos con todos los partícipes, donde han comparecido los
militares, se ha podido constatar que quien conducía el vehículo era el doctor
Germán Cárdenas, sin embargo la sentencia toma en cuenta esta diligencia
cuando habla de la causa basal, la causa concurrente y omiten decir quién era el
conductor o el participante uno. Además, el fiscal se abstiene de acusar y por
consulta sube al fiscal provincial, quien acusa al ingeniero Cárdenas, siendo éste
un dictamen de escritorio y el otro dictamen fruto de la investigación de los
hechos, pese a ello, cuando se revocó debió cumplirse con lo dispuesto en el
artículo 226, inciso 3ro del Código de Procedimiento Penal, convocándose a una
nueva audiencia, vulnerándose el derecho de defensa. También sostiene que la
sentencia adolece de falta de motivación, pues a criterio de la defensa todos los
antecedentes son exculpatorios y sin embargo condena al ingeniero Cárdenas por
el contrato de compraventa del vehículo. Como se anotó anteriormente, el
Tribunal de Apelación ha llegado a la certeza de la existencia material de la
infracción y la responsabilidad penal del procesado Germán Rubén Cárdenas
Saltos, en base al estudio de toda la prueba, siendo prohibido para este Tribunal
de Casación volver a valorarla por expresa disposición del inciso final del artículo
349 del Código de Procedimiento Penal. Criterio que ha sido ratificado por la
Corte Constitucional, al decir que: “.. .al momento de resolver el recurso se debe
analizar únicamente la sentencia objetada por el recurrente, sin que los jueces
tengan competencia para ana/izar temas de mera legalidad que ya fueron
resueltos y discutidos en /as instancias inferiores, como por ejemplo e/ análisis de
informes pericia/es, o la procedencia y valoración de pruebas, ya que si esto fuera
así se desconocería la independencia interna de los jueces y tribunales de
garantías pena/es garantizada en la Constitución de la República. .
Es por tanto ajeno a la casación penal, pretender que el Tribunal de la Sala vuelva
a analizar la carga probatoria que fue motivo de revisión exhaustiva por parte de
la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, a quien le correspondió valorar en base a las reglas de la sana crítica
las pruebas de cargo y de descargo presentadas en la audiencia de juzgamiento
por parte de los sujetos procesales, como dispone el Art. 86 del Código Adjetivo
Penal, razón por la cual este Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal
Militar, Penal Policial y Tránsito, no tiene facultad jurídica para referirse al análisis
de la prueba en el recurso de casación.
‘~ Sentencia N~ OO1-13-SEP-CC. Caso N~ 1647-11-EP. Fecha: 06 de febrero de 2013.
1”
Debemos dejar constancia según se desprende de ¡a sentencia impugnada, que ~
los juzgadores han valorado ¡a prueba, a la luz de la sana crítica, confrontando los (1testimonios rendidos en la etapa de la prueba con los hechos, entendiéndose la
valoración de la prueba como “la operación mental que tiene por fin conocer el
mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido. Cada medio
de prueba es susceptible de valoración individual, y en ocasiones puede bastar
uno para formar la convicción del Juez, pero lo ordinario es que se requiera
varios, de la misma o distinta clase para llegar a la certeza de los hechos
discutidos en el proceso contencioso’6. De ahí que cuando se habla de la
valoración de la prueba se comprende un estudio crítico en conjunto, tanto de los
varios medios aportados, por una parte, para tratar de demostrar sus afirmaciones
de hecho (Fiscalía), como de los aportados por el procesado para desvirtuar u
oponer otros hechos. Para valorar la prueba, el juez debe hacerlo a través de la
( sana crítica, que se conoce como la “fórmula legal para entregar al ponderado
arbitrio judicial la apreciación de las pruebas ante los peligros de la prueba tasada
y por imposibilidad de resolver en los textos legales la complejidad de las
situaciones infinitas de probanzas.. .evita también la arbitrariedad de que el
juzgador puede hacer uso para absolver a un delincuente o para condenar a un
inocente’6. Si los aspectos de la jurisdicción y competencia, son básicos para que
el proceso penal tenga validez, si las formas de iniciar los procedimientos juegan
papel preponderante para la procedencia del enjuiciamiento y para determinar las
responsabilidades derivadas de la acusación - de parte del fiscal o de acusación
particular (debido proceso)-, no podemos desconocer que la prueba es lo
verdaderamente fundamental en un proceso penal más aún cuando el juez no ha
( hecho una correcta subsunción con el tipo penal, vulnerando las reglas de la sana
crítica. Para ello el legislador ha liberado al juez de la prueba legal
predeterminada, al establecer que la prueba será apreciada de acuerdo a la sana
crítica, con lo cual al decir del doctor Andrés F. Córdova “el juez en estos casos
libera, su conciencia en relación con las responsabilidades de la sentencia, si solo
ha de aplicar las reglas señaladas por la ley, a las que el juez debe obediencia;
pero, si consideramos que el fin del juicio no es la tranquilidad de la conciencia del
juez, sino el descubrimiento de la verdad, para aplicar a ella sí, las reglas
establecidas en la ley, y reprimir el delito, o absolver al delincuente, y el sistema
5ii de la Corte Suprema de Justicia. Consejo Nacional de la Judicatura. Tomo 1. pág.199.6 Prontuario de Resoluciones N~ 3 de la ex Corte Suprema, pág. 360
legalista tan definido en tiempos pasados, no llena con este objetivo primordial y
único en esta clase de enjuiciamiento, veremos que el criterio judicial es más
justo y más razonable”7. De allí que el juez, ha de tener presente ante todo la
lógica, el criterio sano y razonable, no una apreciación arbitraria, sino teniendo en
cuenta la responsabilidad que significa la sana crítica como método para la
valoración de la prueba.
En el presente caso, los juzgadores han llegado a la certeza que el procesado
Rubén German Cárdenas Saltos, es responsable del delito de tránsito tipificado y
sancionado por los artículos 127, con la concurrencia de las agravantes
contempladas en los literales b), c) y d) del articulo 121 de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
En cuanto a que debió convocarse a una nueva audiencia cuando el fiscal
provincial revocó el dictamen abstentivo, se evidencia que la actuación del fiscal
provincial y la revocatoria del dictamen del fiscal inferior, en nada afecta el
derecho de defensa ya que el procesado Rubén Germán Cárdenas Saltos, ha
contado con la defensa técnica y con el tiempo necesario para su ejercicio en
todas las etapas del proceso, inclusive dentro de esta etapa de impugnación.
6.2. Es obligación del recurrente en casación precisar, en forma clara y concreta,
la violación a la ley en la sentencia. Esta observación respecto de la interposición
del recurso de casación, exige precisar que la correcta formulación del recurso
obliga una mínima actividad técnico-jurídica que permita identificar con precisión
la causal invocada que luego, por el principio dispositivo (Art. 168.6 de la
Constitución de la República8 y Art. 19 del Código Orgánico de la Función
Judicial9) debe ser fundamentada por el casacionista quien pretende enervar el
Derecho Procesal Penal Ecuatoriano- Pág. 140.8 Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones,
aplicará los siguientes principios:6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo
mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.Art. 19.- PRINCIPIOS DISPOSITIVO, DE INMEDIACION Y CONCENTRACION.- Todo proceso judicial se promueve por
iniciativa de parte legitimada. Las juezas yjueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto delproceso yen mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley.Sin embargo, en los procesos que versen sobre garantías jurisdiccionales, en caso de constatarse la vulneración dederechos que no fuera expresamente invocada por los afectados, las juezas y jueces podrán pronunciarse sobre talcuestión en la resolución que expidieren, sin que pueda acusarse al fallo de incongruencia por este motivo.Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las juezas yjueces que conozcan de la causa. Se propenderáa reunir la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos, para lograr la concentración que contribuya a laceleridad del proceso.
ir’¿LO
valor de la sentencia impugnada, determinando la modalidad de la infracción en,q ~
cualquiera de las formas previstas en el Art. 349 del Código de Procedimiento1-”
Penal.
6.3. El recurrente a través de su defensor ha sostenido que a la sentencia le falta
motivación, criterio que ha sido acogido por el delegado del señor Fiscal General
del Estado dentro de la audiencia de fundamentación del recurso de casación,
que dicho sea de paso sorprende su actuación, ya que si fiscalía consideraba que
la sentencia no está motivada entonces la pregunta que surge es por qué no la
impugnó y se conformó con su contenido?, la respuesta queda en la persona
delegada por la fiscalía; además que la intervención del delegado del señor Fiscal
General del Estado, es incongruente, pues por una parte habla de nulidad
procesales, señala que en casación no se puede volver a valorar la prueba; y, que
finalmente se acepte el recurso y se case la sentencia. En la especie respecto a la
motivación en reiterados fallos esta Sala, ha manifestado que la motivación
constituye una obligación de los órganos jurisdiccionales, una garantía del debido
proceso, que asegura a los justiciables conocer las causas por las que la o el
juzgador aceptó o negó las pretensiones planteadas por los sujetos procesales,
por lo tanto no puede ser vista como una formalidad, sino como un derecho. La
Corte Constitucional para el periodo de transición, sobre la motivación ha dicho:
Como parte esencial de los principios que forman parte del derecho al debido
proceso se encuentra la motivación de las sentencias, puesto que con ellos se
configura el accionar conforme a la Constitución y Derecho por parte de las
diversas autoridades públicas, quienes son las primordialmente llamadas a velar
por el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales. En la especie,
este principio de motivación se articula simbióticamente con el derecho a una
tutela judicial efectiva, y obviamente aquello contribuirá a garantizar la seguridad
jurídica dentro de un estado constitucional, con el objeto de que quienes acuden a
los diversos órganos jurisdiccionales no queden en la indefensión, y de generar la
confianza debida en el sistema jurídico ecuatoriano; empero, aquello no significa
exclusivamente a acceder a los órganos jurisdiccionales, sino que una vez
ejercitado aquel derecho, los jueces y las juezas deben guiar sus actuaciones
diligentemente en aras de alcanzar la tan anhelada justicia, y es precisamente a
través de la motivación de las resoluciones judiciales cuando los jueces yjuezas
determinan que sus actuaciones se han producido con apego a la Constitución y
las leyes que rigen un caso en concreto”10.
De su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto del estándar
mínimo que debe cumplir una resolución para ser considerada debidamente
motivada, ha señalado: “El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten
los órganos internos que pueda afectar derechos humanos deben estar
debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias.
En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido
debidamente tomadas en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de
pruebas ha sido analizado. Así mismo, la motivación demuestra a las partes que
éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles,
les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen
de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación
es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 de la Convención para
salvaguardar el derecho a un debido proceso”. ~
Por otra parte, la sentencia constituye un proceso de valoración jurídica, y de
selección de las normas aplicables al caso, es así que la sentencia debe ser
razonada y fundamentada, y debe decidir con claridad los puntos materia de la
controversia, en este sentido, debe existir la respectiva conformidad entre los
elementos fácticos, y la norma jurídica en la que se sustenta la resolución.
Igualmente, al ser la sentencia un proceso lógico e integral, esta debe guardar la
respectiva armonía y congruencia entre sus partes descriptiva, motiva y
resolutiva.
Al ser los jueces los únicos autorizados constitucionalmente para en nombre del
pueblo administrar justicia12, la sentencia es una declaración soberana del Estado,
que consiste en el pronunciamiento de fondo relacionado con el conflicto de
intereses surgido en el interior de la sociedad, “...en la pretensión de realizar el
valor superior de la justicia, por medio de un juez, único o colegiado, que sanciona
al responsable y restablece el derecho en lo posible, protege a la víctima o
‘° Sentencia N~003-10-SEP-CC. Registro Oficial 117 de 27 de enero de 2010.“Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Apizt Barbera y otros vs Venezuela, 5 de agosto de 2008, párrafos 77y 78.
“Véase articulo 167 Constitución de la República del Ecuador.
lA~QULtkLt~
absuelve, todo para mantener el orden público y, por ende, la vigencia ~ 1,Jto
institucional”13 U
El articulo 76.7.1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que:
“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones
de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá
las siguientes garantías básicas:
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
1) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivados. No
habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios
jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a
los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos
que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las
servidoras o servidores responsables serán sancionados”.
En efecto, esta obligación aparte de constituirse en un requisito esencial, o en
palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ser parte de las
garantías del debido proceso, es una causal de nulidad de los actos que no hayan
sido motivados. Pero, al hablar de la motivación, no solamente se refiere a la
vinculación de hechos con normas jurídicas, sino que esta va más allá. El Código
Orgánico de la Función Judicial, menciona que:
“Art. 130.- FACULTADES JURISDICCIONALES DE LAS JUEZAS Y
JUECES. - Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las
atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, ,los
instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto
deben:
4. Motivar sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución no se
enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Las resoluciones o
fallos que no se encuentren debidamente motivados serán nulos”.
La motivación no se agota con la sola mención de las disposiciones jurídicas
relacionadas a los hechos sometidos a juzgamiento, sino que por mandato
constitucional resulta necesario e imprescindible explicar la pertinencia de
Orlando O. Rodriguez Ch. Casación y Revisión Penol. Editorial Temis SA. Bogotá-Colombia. Año 2008. Pág. 84.
aplicación de estas disposiciones al caso en concreto. La motivación de una
resolución judicial, debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica, por el
contrario no motivar constituye un error de garantía que afecta el debido proceso,
que necesariamente conduce a declarar la nulidad de todo o en parte de la
sentencia. La sentencia si bien está constituida por tres partes: la expositiva,
donde se hace constar los antecedentes fácticos del proceso; la considerativa,
donde el juzgador analiza el debate dialéctico de argumentos y contraargumentos,
de afirmaciones e informaciones, razones de hecho y de derecho; y, la parte
resolutiva, donde se concreta y singulariza las pretensiones de los sujetos
procesales. Todo esto por el principio de unidad integral, inescindible de la
sentencia, necesariamente tiene que tener el respaldo de unas consideraciones
en las que se den las razones de orden constitucional, legal y jurisprudencia que
las apoyen, formando un todo y de manera coherente.
La sentencia debe ser el resultado de una confrontación de tesis, de un
ponderado análisis de razones que lleguen a la conclusión que se determinan en
su parte resolutiva. No responder los argumentos de los sujetos procesales
implica una vía de hecho susceptible de tutelarse a través del derecho de la
impugnación. Vale decir que es de esencia del derecho de defensa que la
motivación opere en todas las fases del proceso y eso incluye en la resolución de
los recursos. De allí que, los jueces en la sentencia deben referirse a todos los
hechos y asuntos planteados dentro del proceso por los sujetos procesales, para
no ser arbitrarios, ni justificar sus actuaciones como poder de sí mismos;
respetando el principio de contradicción o el de impugnación, aplicando la
coherencia y uniformidad que debe guardar la resolución.
En este contexto la garantía constitucional de la motivación exige de las y los
juzgadores un esfuerzo argumentativo jurídico, sólido y suficiente, que permita
determinar con absoluta claridad las razones lógicas y jurídicas por las cuales se
ha adoptada la resolución respectiva, pero siempre considerando las pretensiones
de los sujetos procesales. En el caso sub judice el Tribunal de Apelación ha
analizado en extenso, según se desprende de los considerandos sexto, séptimo,
octavo y noveno de su resolución, cumpliendo con ello con el principio de
motivación prescrito en el Art. 76.7.1, de la Constitución de la República, por lo
mismo resulta improcedente la alegación hecha por parte del procesado y
apoyada por la fiscalía. o cG
6.4. El recurrente no ha dado una explicación lógica jurídica sobre la violación de
normas que se hayan aplicado en la sentencia y que conlleven a que el juzgador
tenga la certeza que se ha incurrido en la violación de la ley, en cualquiera de las
formas determinadas en el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal. Para ello
es necesario recordar que la doctrina y la jurisprudencia, consideran ~ la casación
no como un recurso constitutivo de instancia, vale decir que el Tribunal de
Casación puede pronunciarse sólo sobre las cuestiones de Derecho; dicho en
otras palabras, la casación es más limitada, pudiendo basarse sólo en una
incorrecta interpretación de la ley por parte de los órganos inferiores y nunca
revisar los hechos de la causa, criterio que es recogido en nuestro país en la
disposición del Art. 349 del Código de Procedimiento Penal.
Por los pedidos del recurrente, es necesario señalar las importantes diferencias
que existen entre el recurso de casación y el de apelación; el primero, dada su
naturaleza y la excepcionalidad se presenta ante el órgano jurisdiccional de mayor
importancia jerárquica; mientras que el segundo se puede revisar el derecho y los
hechos del juicio, siendo constitutivo de instancia; la casación solo se refiere al
derecho y no constituye instancia. La apelación es un recurso judicial ordinario, en
cambio el de casación es extraordinario; la casación no es instancia, en
consecuencia, no se pueden revisar los hechos ni mucho menos abrirse o
agregarse pruebas; por el contrario, la apelación sí constituye instancia; la
casación tiende a proceder en el sólo interés de la ley, pudiendo incluso
declararse de oficio; no así la apelación que se reduce a los intereses de las
partes.
El recurso de casación es un mecanismo procesal que persigue el respeto a la
normativa sustantiva. Constituye un juicio de derecho en el cual se debaten
básicamente los vicios que la parte recurrente imputa al fallo definitivo, aunque
por lo dispuesto en la parte final del Art. 358 del Código de Procedimiento Penal,
compete también a la Sala la acción oficiosa cuando sea necesario suplir una
fundamentación omisa o deficiente, sin que esto ocurra en el caso concreto.
6.5. El recurrente Rubén Germán Cárdenas Saltos, a través de su defensa
técnica, dentro de la audiencia de fundamentación del recurso de casación no
demostró que el juez de instancia haya incurrido en alguna de las causales
señaladas en el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal, teniendo en cuenta
que la fundamentación es la carga procesal más exigente impuesta al recurrente
como requisito esencial de la impugnación, por su amplitud, complejidad y
trascendencia. Requiere el desarrollo y razonamiento sometidos a una lógica
jurídica clara y completa y al mismo tiempo, a los principios primordiales que la
doctrina de casación ha elaborado. Sin fundamentación, sin razonar las
infracciones denunciadas no existe una efectiva impugnación. La fundamentación
de la infracción debe hacerse en forma clara y precisa, sin incurrir en
imputaciones generales, vinculando el contenido de las normas que se pretenden
infringidas, con los hechos y circunstancias a que se refiere la violación, lo que
debe realizar la defensa es un análisis y clara explicación de la pertinencia de la
causal invocada vs las normas presuntamente infringidas, lo cual no ha ocurrido
como queda dicho, más bien ha pretendido la defensa que se vuelva a valorar la
prueba conforme se desprende del contexto de su intervención en la audiencia de
fundamentación del recurso.
SÉPTIMO: RESOLUCIÓN.-
Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal de la Sala Especializada de
lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia,
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, de conformidad con lo que dispone el Art. 358 del Código de
Procedimiento Penal, declara improcedente el recurso de casación planteado por
Rubén Ge Zn Cárdenas Saltos. Se ~ ‘ena - dev.Iución del proceso al tribunal
de origen~~ 1~s fines legales pe me - . JLr1!i3a~~1r
Dr.Ed’~ FI!CONJUEZ
tie - ~ hez.
UEZ ACIONA’[~OTO ~ALVAD’~
• . Alejandri’ Arteaga Garc a.CONJ EZ NACIONAL
\1q —
CERTIFICO:
Dra. Martha larroel VillegasSECRETARIA RELATORA ENCARGADA
En esta fecha, ci partir de las diez once horas treinta minutos , se notifica
con la sentencia que antecede al señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO en el
Casillero Judicial No. 1 201j”~i Rubén German Cárdenas Saltos en el Casillero
Judicial No. 373,..—” 4103’~ y correos electrónicos
[email protected]; [email protected]
perteneciente al doctor Marco Terán Luque, a Caños Gustavo Bastida
Cornejo y Minan Liliana Touma en el casillero Judicial No. 608 y al correo
electrónico [email protected], perteneciente al doctor
Patricio Muñoz Hidalgo. a la Defensoría Pública Penal el casillero Judicial
No 5711. Quito, 12 deseptiembre de 26(4. Certifico:
Dra. Martha Villar 1 VillegasSECRETARIA RELATORA ENCARGADA
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