CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

se encuentra ratificado en la actual Constitución de la República, de manera

concreta la disposición contenida en el 76, numeral 7, literal 1), pues tanto la

Fiscalía General como el Ex - Presidente de la Corte sin mayores elem¡;ntos de

convicción y en evidente ánimo de persecución penal (político), exhibió una

motivación insuficiente, y sobre todo, impertinente al tratamiento jurídico que debía

aplicarse a los hechos y conductas en juzgamiento, y no adecuada a la real y

auténtica temática ideológica que informa la tesis y presupuestos del tipo penal del

peculado. Es pertinente dejar consignado que es obligación de los operadores de

justicia en cualquier grado que este sea motivar sus resoluciones, lo que en el

caso sub judice no acontece, pues tanto la Fiscalía al formular su acusación y

solicitar también la orden de prisión en contra de los imputados, como el Ex -

Presidente de la Corte Suprema al acoger las solicitudes violaron el principio de

motivación contemplado en la ley y Constitución de la República y que de acuerdo

con la docirina mayoritaria consisie en: "ia exieriorización por parie del juez o

tribunal de la justificación racional de determinada conclusión jurídica", según lo

señala Fernando Díaz Cantón, citado por Julio B. Maier.

11.2. En lo relacionado con el accionar de los sindicados DANIEL RODRlGUEZ

GALARZA, GLORIA MAGDALENA AVlLA AGUILAR y MARÍA DEL CAR~·1EN

MORLA, su actuar no se subsume en el tipo penal previsto en el Art. 257

del Código Penal, ya que estos no tenían el dominio del hecho y no se

les puede atribuir ningún juicio de reproche porque con su actuar no

lesionaron ningún bien jurídico tutelado por el derecho penal.-

DECIMO SEGUNDO.- RESOLUCiÓN:

Un requisito para la procedencia y validez de la sentencia de condena, es que en

la misma se haga una valoración analítica y crítica de la acusación fiscal pues !o

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CORTE NACIONALOE

JUSTICIA

contrario sería convertir a la judicatura en dependiente de la fiscalía. La ley exige

que la acusación fiscal entregue los resultados de su actividad como titular de la

investigación a cuyo cargo recae la carga de la prueba o el onus probandi, los

mismos que deben estar referidos a las finalidades de dicha etapa que se

contraen a determinar la existencia jurídica del delito, así como la intervención de

los acusados en el delito que es objeto del proceso. El juez no puede limitarse a

hacer una mera descripción de los actos procesales practicados en la etapa del

• juicio, como ocurre en más de una ocasión, con grave quebranto del derecho a la

defensa, pues corresponde al juzgador evaluar la· prueba de acuerdo con las

reglas de la sana crítica. En esta etapa del proceso penal, el juzgador que es

además juez de garantías penales de acuerdo con la Constitución de 2008, debe

analizar la prueba de manera prolija, es decir, de manera cuidadosa y esmerada,

para concluir si la etapa del juicio cumple o no con las finalidades que prevé la ley

procesai penal. Solamente la certeza y lejos de cualquier duda razonable,hace

viable y legítima una sentencia condenatoria, fuera de. esta posibilidad, la única

opción coherente con la vigencia plena de un Estádo de Derecho, es la

absolución. En el presente caso, lo que si se encuentra probado es que los

administradores de Filanbanco SA tenían la obligación de presentar un balance

• con sus respectivos anexos que refleje lasituación financiera del banco, con corte

al 2 de diciembre de 199B, y como se. manifiesta en el auto de llamamiento a

plenario: "esta disposición no fue cumplida por los administradores de Filanbanco."

Igualmente se encuentra probado en el proceso que la administración de

Filanbanco ha llevado una contabilidad irregular, que podría calificarse de ilegal,

lo cual se advierte del Informe de Auditoría Externa de Price Waterhouse Coopers,

que consta en el oficio remitido al Ec. Miguel Dávila Castillo, de 15 de enero de

1999. Que igualmente se encuentra probado en autos que los procesados

ROBERTO ISAIAS DASSUM y WILlANS ISAIAS DASSUN, Presidente Y

Vicepresidente del Directorio de Filanbanco, JUAN FRANCO PORRAS Gerente

General y Representante Legal de Filanbanco SA" GASTÓN GARCíA

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CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

GONZÁLEZ Auditor Interno de Filanbanco S.A., y LEONARDO NAVAS

BANCHÓN Contador General de Filanbanco S.A., tipos penales medios, para

susbsumir su conducta en el tipo penal fin que es el peculado en general, por lo

tanto, adecuaron su conducta como autores a las hipótesis típicas que prevé el

artículo 257 del Código Penal, esto es, peculado y en calidad de cómplices los

señores JORGE EGAS PEÑA y LUIS JÁCOME HIDALGO, En base de las

consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA

CONSTITUCiÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelvo, en mérito de la

prueba actuada, la misma que ha sido analizada de acuerdo con las reglas de la

sana crítica, declarar la culpabilidad en calidad de AUTORES responsables del

delito de peculado previsto y sancionado en el Art. 257 del Código Penal a:

ROBERTO ISAIAS DASSUM, WILLlAM ISAíAS DASSUM, JUAN FRANCO "'O""R'S ,..."',.....,..0' .. G"R-í " ro._ .. ,..,:. ......... 1 .... _ .......... __ ,.".rA _ _ ...... ~,.....Ir..'" r' ri Jo\. , uA~ I t"- M. vlA UVI"L.J-\L..t:L., .... c.vr'-I-\nuv ."RV M;::J D.I-\l'IvnUI''II,

ANTONIO ARENAS C., cuya edad y generales de ley obran del proceso, a

quienes se condena a la pena de OCHO AÑOS DE RECLUSiÓN MAYOR

ORDINARIA, sin atenuantes que considerar por la a!arma seda! que ha causado

el delito cometido por los encartados. En cuanto a los sindicados JORGE EGAS

PEÑA Y LUIS JÁCOME HIDALGO, de lo analizado se desprenden que han

colaborado en forma indirecta y secundaria en la consumación del delito, por lo

que su grado de participación en el delito de peculado, es el de CÓMPLICES, en

ORDINARIA. Con costas, daños y perjuicios. Todos los sentenciados quedan en

interdicción, mientras dure la condena; así como, se suspenden sus derechos de

ciudadanía, por el mismo tiempo. Por tanto, gírese las correspondientes Boletas

Constitucionales de Encarcelamiento y ofíciese al señor Comandante General de

la Policía Nacional, así como al señor Jefe Nacional de la Policía Judicial, a fin de

que procedan a su localización y captura. En relación a los sindicados:

BOANERGUES PEREIRA ESPINOZA, DANIEL RODRIGUEZ GALARZA,

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