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SONDEOS, VOTOS Y VOCES, APORTES PARA UN DEBATE POLÍTICO Y TÉCNICO * . BELÉN ALONSO. CONICET, UBA – [email protected] DANIEL CABRERA. UBA, UNLAM – [email protected] MA. EUGENIA TESIO. UTDT, UBA – [email protected] ABSTRACT Desde 1983 en adelante, representantes políticos de distintas orientaciones y partidos políticos han presentado al Congreso Nacional algo menos de medio centenar de proyectos legislativos con el propósito de regular o limitar la publicación de resultados de encuestas electorales. ¿Cuáles son los supuestos que nutren los fundamentos de dichos proyectos? ¿Por qué ven necesaria la regulación? ¿Qué entienden que deben proteger? ¿Y a quiénes? Estos interrogantes son parte de las cuestiones que pondremos en juego en este trabajo. Al mismo tiempo, los profesionales de los sondeos replican las críticas que se hacen públicamente y defienden su labor experta pero... ¿Qué lugar ocupa la autocrítica sobre aquello que producen y con lo que trabajan a diario? ¿Qué opinan a propósito de una legislación que regule los sondeos y su difusión? ¿Cómo entienden que debe ser el proceso? ¿Qué reflexiones les merece la temática de la probable influencia de las encuestas sobre el público? ¿Cómo evalúan el tratamiento político que se le da a las encuestas? ¿Cuáles serían sus recomendaciones técnicas a la hora de elaborar una propuesta integral de legislación? En una coyuntura donde la reforma política sigue estando olvidada, donde se pretende que las encuestas compitan con la voz del pueblo, la preocupación por articular ambas instancias se vuelve insoslayable. Con dicha finalidad, recogiendo el guante de quienes ven en las encuestas un instrumento de manipulación de voluntades, la propuesta del presente trabajo consiste en generar un espacio de debate donde se recreen tanto la posición política como la posición técnica. 1er Congreso Latinoamericano de WAPOR "Opinión pública, conflicto social y orden político” Colonia del Sacramento, Uruguay, Abril 12-14 de 2007 * Versión preliminar.

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SONDEOS, VOTOS Y VOCES,

APORTES PARA UN DEBATE POLÍTICO Y TÉCNICO*.

BELÉN ALONSO. CONICET, UBA – [email protected] DANIEL CABRERA. UBA, UNLAM – [email protected] MA. EUGENIA TESIO. UTDT, UBA – [email protected]

ABSTRACT

Desde 1983 en adelante, representantes políticos de distintas orientaciones y partidos políticos

han presentado al Congreso Nacional algo menos de medio centenar de proyectos legislativos

con el propósito de regular o limitar la publicación de resultados de encuestas electorales. ¿Cuáles

son los supuestos que nutren los fundamentos de dichos proyectos? ¿Por qué ven necesaria la

regulación? ¿Qué entienden que deben proteger? ¿Y a quiénes? Estos interrogantes son parte de

las cuestiones que pondremos en juego en este trabajo.

Al mismo tiempo, los profesionales de los sondeos replican las críticas que se hacen

públicamente y defienden su labor experta pero... ¿Qué lugar ocupa la autocrítica sobre aquello

que producen y con lo que trabajan a diario? ¿Qué opinan a propósito de una legislación que

regule los sondeos y su difusión? ¿Cómo entienden que debe ser el proceso? ¿Qué reflexiones les

merece la temática de la probable influencia de las encuestas sobre el público? ¿Cómo evalúan el

tratamiento político que se le da a las encuestas? ¿Cuáles serían sus recomendaciones técnicas a la

hora de elaborar una propuesta integral de legislación?

En una coyuntura donde la reforma política sigue estando olvidada, donde se pretende que las

encuestas compitan con la voz del pueblo, la preocupación por articular ambas instancias se

vuelve insoslayable. Con dicha finalidad, recogiendo el guante de quienes ven en las encuestas un

instrumento de manipulación de voluntades, la propuesta del presente trabajo consiste en generar

un espacio de debate donde se recreen tanto la posición política como la posición técnica.

1er Congreso Latinoamericano de WAPOR

"Opinión pública, conflicto social y orden político” Colonia del Sacramento, Uruguay, Abril 12-14 de 2007

* Versión preliminar.

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I. ENCUESTAS: UN INSTRUMENTO PARTICULAR

Si bien algunos antecedentes del método de encuesta pueden ser rastreados desde el siglo XIX, su

contemporáneo desarrollo está directamente vinculado al auge de la teoría estadística -en

particular, a las técnicas de muestreo- aplicándose por primera vez en Estados Unidos en 19301.

A pesar de la preponderancia que tuvo en su lugar de origen, su éxito y aceptación2 se extendió a

otros países caracterizados por tradiciones en investigación social de corte cualitativo como, por

ejemplo: Inglaterra, Alemania, Francia y Japón.

La encuesta se caracteriza por ser un procedimiento científico útil para recabar información -

actitudes, creencias, opiniones, etc.- referida a diferentes tópicos sociales, políticos, culturales y

comerciales, sobre la base de mediciones cuantitativas acerca de un grupo de sujetos -muestra-

que pretende ser representativo de un universo mayor, dentro de parámetros y márgenes de error

controlados (Kuechler, 1998). Gracias a su asiento estadístico, ha logrado convertirse en uno de

los instrumentos más potentes en las ciencias sociales para establecer descripciones con datos

empíricos, a partir de su aplicación en pequeñas muestras correctamente seleccionadas, que

pueden representar actitudes, opiniones y comportamientos de grandes poblaciones. Su

versatilidad instrumental aparece como cualidad distintiva ya que, en cuanto a sus aplicaciones,

variadas son las posibilidades de su utilización tanto en el campo académico, político como

comercial-empresarial.

Sin embargo, como sostiene Nöelle-Neumann (1970) “nos ori en tamos entre lo verdadero y lo falso” [la

negrita es nuestra]. De allí que debamos reconocer que, como toda técnica que indaga la realidad

social, ésta puede ser de gran utilidad para estudiar bajo determinados enfoques algunas de sus

características, pero no quiere decir que carezca de defectos o limitaciones. La encuesta se

presenta específicamente como una fotografía -es decir, en un tiempo y lugar determinado- de

la/s opinión/es sobre un tema particular de una población específica; por ende, sus resultados

son estimaciones -aproximaciones- y no certezas, debido a que es en sí misma un corte reducido

y estático no sólo de un proceso dinámico sino también de un grupo social más amplio, lo cual la

1 George Gallup fue uno de los primeros en llevarla adelante, utilizándola tanto para estudios comerciales como políticos-electorales. Mientras que en el campo de la psicología social comenzó a usarse con mayor frecuencia dentro de estudios sobre la segunda guerra mundial.

2 Entre algunos de los indicadores que nos permiten establecer esta aseveración podemos mencionar que: por un lado, en 1949-1950, en las tres revistas científicas líderes en materia de sociología, el 24.1% de todos los artículos utilizaban encuestas. Situación que se profundizó para 1964-1965, donde ya se utilizaban en el 54.8% de todos los artículos. Tendencia que se mantuvo en 1979-1980, siendo del 55.8%. Y, por otra parte, en cuanto a revistas de ciencia política, en 1949-1950, utilizaban encuestas el 2.6% de los artículos; para 1964-1965, el 19.4% y para inicios de los ‘80, el 35.0% (Presser, 1985).

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hace endeble y, por lo tanto, restringe su capacidad como insumo para que los investigadores

realicen predicciones (Monzón y Rospir, 1992; De Bouza, 1998) 3.

Dentro del variado mundo de los sondeos, aquí nos interesa un tipo particular de ellos: la

encuesta política, de opinión, especialmente electoral o preelectoral. La misma se enmarca dentro

del proceso de comunicación política4 que se lleva adelante en el período previo al acto

eleccionario. Este particular tipo está encaminado, principalmente, a vencer en la batalla de la

definición de la agenda (Mc Combs y Shaw, 1972), estrechamente vinculada con los procesos de

tematización (Luhmann, 1978) y orientado no por una cuestión de contenidos (“qué pensar”) sino

de temas (“sobre qué pensar”) (Cohen, 1963).

Asimismo, tiene como objetivo central describir el escenario social, político-electoral y la gama de

juicios de los votantes, así como proporcionar un background informativo para la totalidad de los

actores. Y, aunque se viven como una metáfora de las elecciones, hay que destacar que no son la

misma cosa. Siguiendo a Ibáñez Alonso (1982), las encuestas de este tipo más que metáfora son

metonimia de una elección, ya que se trata de algo formalmente parecido pero conceptualmente

diferente. Esta primera percepción genera desplazamientos incorrectos de rasgos y características

de una -la elección- a otra -la encuesta-. Entonces, con el fin de poner cada cosa en su lugar, se ve

la necesidad de discernir claramente entre lo que cada una puede ofrecer: la elección otorga

representatividad política y la encuesta representatividad estadística (Muñoz Alonso, 1989), pero no a la

inversa.

Sin embargo, muchos de sus detractores observan algo más, que pareciera operar en las sombras:

consideran que la revelación de resultados influye directamente en las decisiones individuales,

limitando la libre conciencia en la toma de decisiones, llegando incluso a “manipular”. Esta

3 Asimismo, debemos reconocer que en el proceso de la encuesta existe la acumulación de errores (no muestrales o sesgos) cuya minimización depende de la toma de decisiones adecuada y de controles permanentes en todas las etapas de su aplicación. Estos controles tienden a garantizar la adecuación y coherencia del cuestionario, la validez de indicadores e índices, la significación de la muestra, la idoneidad de los encuestadores, la coherencia de los libros de códigos, la adecuación de los métodos de procesamiento. Más allá del empeño, existe un conjunto de elementos que escapan al control técnico y que juegan un papel muy importante para la eficacia de los resultados de las encuestas asociado directamente a las pericias y aptitudes de quien investiga.

4 Siguiendo a Wolton (1995), entendemos que la comunicación política hoy día abarca el estudio del papel de la comunicación en la vida política, en el sentido que integra los medios de comunicación, los sondeos, la investigación política de los mercados, la propaganda, entre otros, con especial interés en los períodos de campaña. Esta definición viabiliza la perspectiva dinámica del intercambio de discursos políticos entre un gran número de actores, con la idea fuerza de que la política contemporánea no puede ser entendida sin su organización en torno a la comunicación política, asociada a los medios, las encuestas, el periodismo, entre otros.

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percepción, que tienen algunos, induce a comparar las encuestas con un arma de doble filo al

ejemplificar que “los sondeos de opinión equivalen a aviones de reconocimiento que pueden convertirse en

bombarderos en pleno vuelo” (Dader, 1992a: 489).

En esta línea, y partiendo de la base de que la encuesta es un instrumento particular, el presente

trabajo gira en torno del interrogante acerca de si la actividad de preguntar la opinión sobre un

tema ‘X’ a un grupo de ciudadanos a través de un procedimiento sistematizado-estandarizado y

científico es, en principio, un acto “inocente” para retratar la realidad. O, si por el contrario, es un

procedimiento que permite adquirir conocimiento de tendencias electorales y estadísticas,

respecto de preferencias de candidatos que, finalmente, influyen de manera decisiva en el

accionar de los votantes. Aquí la regulación de encuestas y la difusión de sus resultados

encuentran su asidero. Es a partir de esta preocupación que, desde distintas líneas políticas, los

diputados y senadores de la Nación han presentado casi un centenar de proyectos a fin de

“resguardar la democracia” y “preservar a la ciudadanía”. En contraposición, son los especialistas

en encuestas políticas quienes desde su lugar de ejecutores e, incluso, asesores y analistas, dan su

opinión acerca del lugar que le cabe a los sondeos en el proceso de conformación del

comportamiento electoral de la ciudadanía.

En este trabajo examinamos, contrastamos y analizamos ambas caras de la moneda: por un lado,

la voz de los representantes políticos a través de sus proyectos en la materia y, por otro, la visión

de los expertos. Para ello, el corpus de archivo con el que trabajamos está compuesto por 79

proyectos (de ley, reglamentación y comunicación) presentados en ambas Cámaras del Congreso

de la Nación Argentina entre 1983 y 2006 que nos permiten reponer las voces políticas. Además,

una serie de entrevistas semiestructuradas a profesionales y especialistas argentinos de primer

nivel5, que no sólo tienen a las encuestas como insumo principal en sus investigaciones sino que

son observadores críticos de los procesos políticos de nuestro país6.

5 Agradecemos especialmente a Abel Ayala, Alejandro Bermejo, Carlos Fara, Rosendo Fraga, Carlos Guzmán Heredia, Manuel Mora y Araujo, Heriberto Muraro, Ricardo Rouvier, Enrique Zuleta Puceiro y a los directivos de Gallup.

6 Ambos corpus serán trabajados como bloques que refieren, uno a la mirada política y otro a la mirada experta. Sobre el corpus de archivo legislativo queremos destacar que la relevancia de citar el material desde 1987 hasta la fecha tiene que ver con que nos permite reponer diacrónicamente las opiniones. Además, entendemos que en muchos casos, los proyectos más actuales no dejan de ser más que copias de los anteriores, incluso sin cita previa. En el caso particular de los consultores, su citación mantiene el anonimato debido a la explícita solicitud de algunos de ellos.

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II. VOCES POLÍTICAS

La rehabilitación de los procesos electorales en Argentina ha traído, a la par de otros efectos, la

aceptación y valoración positiva respecto del conocimiento sobre qué opinan y qué perciben los

ciudadanos acerca de los diversos temas de la agenda pública. Con los años y tras la realización

continua de elecciones, tanto la elite dirigente como la sociedad en su conjunto fueron

descubriendo la conveniencia de prestar mayor atención a la opinión pública, que aparecía como

prescriptora de pautas de acción y orientadora de toma de decisiones (Adrogué, 1998). En este

escenario, la encuesta adquiere protagonismo debido a que su utilización asume rasgos políticos.

Dicha situación, en ciertos casos, despierta pasiones y, en otros tantos, desconfianza. En los

primeros, dando lugar a un mercado consolidado de estudios de opinión en Argentina que va más

allá de los puntuales períodos eleccionarios. En los segundos, insistiendo en la necesidad de

poner en marcha mecanismos de control y regulación para este tipo de investigaciones

conjuntamente con la difusión de sus resultados7.

A partir de la vuelta a la democracia en nuestro país se han presentado en ambas Cámaras del

Congreso de la Nación numerosos proyectos que, de algún modo, instan a la regulación de

encuestas y de la divulgación de sus resultados. Si bien el primero recién data de 1987, las cifras

han venido in crescendo a lo largo de los años.

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS POR AÑO (absolutos)

5

3

2

4

66

4

6

8

7

3

5

44

2

5

0

2

1

2

00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1983-8

6

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Cantidad de proyectos

7 Esto se ve coadyuvado porque en Argentina no existen organizaciones que se dediquen a auditar los procesos de encuesta y, por ende, que verifiquen su calidad.

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El gráfico nos muestra una relativa fluctuación en el volumen de presentaciones de proyectos, sin

distinción de Cámara, al tiempo que pone de manifiesto que la mayor afluencia se dio entre 1998

y 1999. Quizá esto se deba a que uno de los ejes distintivos de la campaña presidencial para la

elección del 24 de octubre de 1999 fue la reforma política que, entre sus puntos centrales de

debate, contemplaba esta cuestión8 pero, a pesar de ello y de manera más diluida, las mayores

concentraciones son en años cercanos a experiencias eleccionarias. No obstante, la persistencia a

lo largo de las dos décadas en la presentación de proyectos sobre la temática, demuestra que la

cuestión de esta particular regulación no es de reciente agenda.

De todos los proyectos analizados, la mayoría (76%) son propuestas que provienen de la Cámara

Baja. También, casi todas (95%) corresponden a iniciativas de Ley. Como cualidad distintiva

general se observa que son proyectos que carecen de tecnicismo y sólo proponen ceñir bajo el

nombre genérico de encuesta a todo aquello que involucre la preparación, difusión y publicación de

sondeos de opinión, muestreos, relevamientos, información sobre procesos electorales y/o

consultas populares, operaciones de simulación de votos y/o cualquier otro elemento de

sociología electoral que puedan servir para dar forma a la opinión pública:

“…se entiende por ‘Sondeo de opinión’ el hecho de formular cierto número de preguntas previamente determinadas a cierto número de personas consideradas en su conjunto como representativas de una determinada población, de tal modo que la distribución de las respuestas obtenidas mediante el sondeo conduzca a estimaciones válidas para el total de la población de referencia” (1999/87)

“Debemos entender por encuesta o sondeo de opinión el hecho de formular cierto tipo de preguntas previamente determinadas a cierto número de personas consideradas en su conjunto representativas de una determinada población, de tal modo que la distribución de las respuestas obtenidas conduzca a estimaciones validas para el total de la población en referencia, lo cual se equipara a la simulación de votaciones hechas en el momento” (125/06)

Con respecto a quién ejecuta la encuesta, con más o menos detalle, en algunos proyectos se

plantea:

“Defínase como encuestador a toda persona físicas o de existencia ideal dedicada a realizar en forma habitual o esporádica las actividades que precedentemente se denominan encuestas” (1338/94; 3266/93; 2002/95)

8 El proyecto genéricamente denominado Reforma Política incluía un conjunto de temas interconectados que iban desde el financiamiento de la actividad de los partidos políticos, la duración de las campañas electorales y la existencia de organismos de control, hasta la selección del candidato a Presidente a través internas abiertas, la modernización de los padrones electorales y la revisión del sistema electoral mismo (Alonso, 2004).

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“Se entiende por empresa encuestadora de opinión, a toda persona física o ideal que realice encuestas de opinión mediante métodos científicos, destinados a ser publicados por los medios de comunicación masivo” (2480/93)

Otros legisladores hacen hincapié en temas que tiene que ver con precisiones como, por ejemplo,

lo que entienden por medición de opinión pública o publicación. Respecto de la primera, ésta es

asociada directamente con todos los estudios -cualitativos como cuantitativos- que puedan servir

para la formación de opinión pública (3598/94). En cuanto a la segunda, se la considera el hecho

de hacer públicos por cualquier medio de comunicación social los resultados del sondeo

(1999/87). Aunado a lo anterior, y en contraposición, implícitamente aparecen ideas asociadas a

lo que se entiende por opinión pública.

Por ende, podemos establecer que predominan concepciones atómicas sobre el término, que

pueden ser incluidas dentro de una “larga lista de definiciones de urgencia” que se caracterizan por su

alta heterogeneidad y que remiten al sentido coloquial de la expresión, por lo que también suelen

llamarse concepciones intuitivas o populares (Dader, 1990b). No obstante, una lectura más detallada

permite reconocer una opinión pública manipulada (Habermas, 1990) a merced de quien/es se

propusieran alentar sus pasiones. De tal suerte, se sostiene una concepción pesimista (Adrogué, 1998)

que sólo parece poder ser superada mediante una legislación encaminada a informar

adecuadamente al ciudadano así como dotarlo de un espacio racional para la libre discusión y

conformación de opiniones y decisiones.

Dentro del conjunto de proyectos de Ley analizados puede hacerse una división en tres grandes

grupos según determinadas características. Primero, aquéllos que sólo establecen lapsos

restringidos de difusión de resultados de encuestas, con sus correspondientes sanciones, que

denominaremos de Veda . Segundo, un conjunto que, en mayor o menor medida, presenta una

batería de elementos en forma de tiempos, requisitos, sanciones y otros mecanismos de control

más complejos, que llamaremos de Reglamentac ión . Por último, un pequeño grupo que avanza

aún más sobre éste último proponiendo la creación de comisiones, registros y otros organismos

en torno a las encuestas que mencionaremos como de Reglamentac ión Avanzada . Estos tres

tipos se han dado simultáneamente y sin ningún patrón durante las dos décadas relevadas.

Más allá de los mencionados perfiles, un punto en común que aparece indistintamente como una

de las principales demandas de regulación es el lapso permitido para la difusión de resultados. La

veda es una de las consignas mínimas en la que hacen hincapié casi todos los proyectos, desde los

más antiguos hasta los más contemporáneos. De hecho, en muchos de los casos pareciera que la

meta final de las iniciativas únicamente fuera reglar la difusión. Los tiempos propuestos para

poner límite a la divulgación de resultados oscilan entre un mes a cuarenta y ocho horas previas a

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los comicios. Sin embargo, según lo demuestran los proyectos, parece apropiado para los

Legisladores un marco de silencio eleccionario circunscrito, sobre todo, entre los quince y siete

días.

La intención de intervenir que se refleja en las distintas propuestas, va más allá de la mera

delimitación temporal. Entre los de Reglamentac ión se avanza por sobre el marco de difusión,

inmiscuyéndose en el proceso mismo de la realización de las encuestas. Al respecto, sus textos

establecen:

“Artículo 1°.- Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de la presente ley regulan la preparac ión y di fus ión , por cualquier medio de comunicación social, de todo tipo de sondeo de opinión, encuesta, muestreo, operaciones de simulación de voto, relevamiento y/o cualquier otro elemento de sociología electoral que esté directa o indirectamente relacionado a un acto político electoral de carácter nacional, provincial o municipal que pueda servir para formar opinión pública” (5031/92)

“Artículo 1°.- La preparac ión , di fus ión y publ i cac ión de encuestas de opinión, muestreo, operaciones de sociología electoral que puedan servir apara formar opinión pública, se regirán por la presente ley” (1066/94)

“Artículo 1°.- Las disposiciones de la presente ley regirán la obt enc ión y di fusión por cualquier medio que sea, de sondeos de opinión, encuestas, consultas populares, muestreos o actos de simulación de voto relacionados con un acto electoral nacional, provincial o municipal” (2002/95) [En todos los casos, la negrita es nuestra]

A pesar de la buena performance que vienen demostrando los consultores de opinión pública,

pareciera que sus productos siguen generando desconfianza, al menos en varios de los firmantes

de los proyectos. De allí que se pretenda cierta estandarización técnica de ejecución y

presentación a través de una serie de dispositivos que garanticen la calidad del proceso y de sus

resultados, así como maximizar su transparencia. Entre los requisitos obligatorios reiterados en

las propuestas a la hora de la mencionada preparación, difusión y publicación, podemos

encontrar tres ejes temáticos; el primero que trata sobre el procedimiento/organización de la

encuesta9; el segundo, sobre la encuesta en términos técnicos (ficha técnica)10 y el tercero, sobre

datos institucionales11.

9 -Finalidad y objeto del sondeo de opinión así como también la población a la que se refiere.

-Número de personas que hayan participado en él a título de encuestadores.

-El nombre y la calidad de quien/es haya/n realizado el sondeo.

-Reproducción de las preguntas escritas, incluidas las respuestas posibles que figuren en el cuestionario o que se hayan comunicado verbalmente a los preguntados.

-Fecha/s de realización de la encuesta.

10 -Dimensión de la muestra inicial (Población) y número de personas efectivamente interrogadas.

-Método de muestreo.

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Pareciera que el escenario pre-electoral debiera ser más transparente y en el caso de las encuestas

confluyen tanto quienes las ejecutan como quienes las divulgan. A propósito, los proyectos más

recientes son más voluntaristas y menos prescriptivos: “Restándole centralidad a los medios de

comunicación, pretendemos crear e spac ios de re f l exión y evaluac ión en los que, eliminando elementos que

puedan resultar distorsivos, pueda reducirse la incidencia de las encuestas o sondeos preelectorales en el período en el

cual los ciudadanos terminan de definir su voto” (332/05).

En relación con quiénes serían los responsables de llevar adelante el control del cumplimiento de

la norma, el conjunto de proyectos de Reglamentac ión sugieren a la Cámara Nacional Electoral o

la Justicia Electoral, debido a que son consideradas “competente para entender en las cuestiones que se

susciten con motivo de la aplicación de la presente ley” (91/89; 5031/92), es decir,“será competente para

entender en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de esta ley y para imponer las sanciones que se prevén”

(2002/95). A su vez, otros proyectos promueven diferentes organismos de control como por

ejemplo la Secretaría de Información Pública (3598/94), el Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos -INDEC- (1999/87; 1317/91), o la justicia ordinaria (3691/91), entre otros.

En cuanto al grupo de proyectos más ambiciosos (de Reglamentac ión Avanzada), podemos

decir que su eje está puesto en el impulso creador de diferentes instancias auditoras de la

preparación, difusión y publicación de las encuestas. Un ejemplo de ello es establecer al interior

del Congreso Nacional una Comisión Bicameral de Control Parlamentario de Encuestas Políticas

la que “tendrá como objetivo principal velar porque los datos e informaciones de las encuestas definidas en el

artículo 1° que sean de objeto de publicación y difusión no contengan falsificaciones, ocultaciones o modificaciones

-Clasificación de la muestra según la dimensión del municipio, barrio o unidad territorial considerada con mención del número de municipios, barrios o unidades territoriales.

-Composición de la muestra de las personas efectivamente interrogadas, en función de su sexo, edad, nivel de ingresos y pertenencia socio-profesional, etc.

-Margen de error y nivel de confianza.

-Distribución en porcentajes de las respuestas dadas a las preguntas, con referencia -para cada pregunta-, al porcentaje de las personas que no hayan contestado, así como las bases sobre las que se hayan calculado los diversos porcentajes.

-Tipo de encuesta: entrevistas personales en lugares públicos, entrevistas personales en el domicilio de la persona, entrevistas telefónicas, encuestas por escrito, etc.

11 -Nombre / Denominación del organismos o empresa, pública o privada, o en su caso nombres, apellidos, documentos de identidad, domicilios y títulos de especialización de las personas físicas, que hayan realizado la encuesta.

-Denominación de la identidad, o datos de filiación de la persona física, que haya encargado la realización de la misma.

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deliberadas; así como también por el correcto cumplimiento de las especificaciones a que se refiere el artículo 2° y

demás funciones que le atribuye la presente ley” (3503/88 y 3097/91 - Art. 4° y 5° respectivamente para

ambos). Dicha Comisión sería la encargada de elaborar un código de ética, así como establecer

normas de calidad y procedimientos científico-técnicos de carácter obligatorio para las empresas y

organismos que realicen sondeos (Ídem: Art. 12 y 13 respectivamente en ambos).

Otro ejemplo es el del proyecto que sistematiza un propuesta de Ley de Encuestas de Opinión

(2480/93). En su Título II, nominado “De la Comisión de Encuestas de Opinión” se detallan el

origen, la composición, las facultades y las atribuciones de la Comisión de Encuestas de Opinión.

Esta Comisión también es interna al Congreso pero habilita la participación no sólo de diputados

y senadores sino también de dos representantes del Consejo de Profesionales en Sociología de la

Capital Federal y uno de Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas -ADEPA- (2480/93:

Art. 2°). La misma estaría a cargo, entre otras funciones, de establecer los requisitos de

elaboración de los sondeos, controlar y verificar todos y cada uno de los procedimientos,

programar y difundir en los medios, requerir la documentación, así como crear y actualizar un

Registro de empresas y organismos que lleven adelante este tipo de estudios (2480/93: Art. 4°).

Las instancias de control se encuentran directamente asociadas a las sanciones, un amplio número

de ellos especifican y detallan los pasos a seguir en esta línea. Las penas se fijan con miras al fiel

cumplimiento de los tiempos y requisitos pautados por los proyectos que describiéramos

anteriormente. En casi todos los casos asientan la obligatoriedad de las rectificaciones en relación

con la divulgación, las cuales deberán contar con cualidades similares a las de su primera difusión.

A su vez, se establecen correctivos de otro tipo, algunos de carácter económico-monetario, otros

vinculados a la matrícula o registro y otros que incluyen la prisión. En muchos casos, estas

enmiendas pueden ser simultáneas, según los criterios establecidos por el órgano de control

correspondiente.

Hay ciertos casos -fundamentalmente el de los grupos de proyectos más reglamentistas- que

manifiestan detalles destacables. Estas peculiaridades tienen que ver con diferentes miradas en

torno del objeto en cuestión, remitiendo a nuevas exigencias para quienes realizan encuestas

plasmadas en la propuesta normativa. Entre ellas, podemos rescatar -por un lado- que, en defensa

de los derechos de quienes participan en las encuestas, hay quienes promueven contemplar la

decisión de los potenciales encuestados de participar o no en el estudio, proteger su anonimato y

no tergiversar los fines a que son destinadas las mismas (3097/91; 1066/94). Por otro, con el fin

de fortalecer la transparencia del procedimiento, se deberá conservar bajo su responsabilidad por

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un período de al menos dos años toda la documentación sobre la cual se realizó el informe final

(3266/93).

También aparecen particularidades vinculadas a cuestiones técnicas de las muestras, como por

ejemplo el caso del proyecto 2002/95, donde se especifica que ninguna encuesta nacional puede

realizarse sobre un muestreo inferior al 0.5 por mil de los ciudadanos habilitados para el

escrutinio, debiendo estar representados todos los distritos electorales del país en forma

proporcional a la que componen el padrón electoral nacional señalándose en la encuesta el

número de casos de cada uno de las jurisdicciones.

Los sondeos de bocas de urnas han tenido un tratamiento discontinuo como foco de

reglamentación, aunque con mayor predominancia en los últimos tiempos. Del conjunto total de

proyectos de ley analizados, aproximadamente la mitad tiene en consideración este tipo de

encuesta como objeto de cuidado. La pauta que prevalece, sin distinción, es la necesidad de

ponerle coto a lo que dicen y difunden las urnas al momento del comicio. Situación que aparece

reglada inconstantemente a lo largo de las dos décadas analizadas. En tanto, se muestra como

permanente objeto de limitación recién a partir de 1998, lo que viene de la mano con el incipiente

y actual uso de este tipo de mediciones en nuestro país.

El silogismo principal que sostienen los diferentes fundamentos a lo largo del tiempo -más allá de

las características propias de cada iniciativa- puede resumirse en la creencia en una potente

influencia de los medios de comunicación que, combinada con la abierta difusión de encuestas y

sondeos de opinión, produce fuertes inclinaciones -“manipulación” desde la perspectiva de

amplia mayoría de los legisladores- a la hora de decidir el voto, principalmente el de los indecisos.

“Así es como las encuestas no sólo sirven para ir conociendo la tendencia del electorado. También influyen en la determinación de la conducta de los votantes. (…) Los modernos instrumentos de sociología electoral, entre los que se destacan las encuestas o sondeos de opinión, combinados con los medios de comunicación masiva, pueden formar -o de formar - la opinión pública en determinados sentidos” (3503/88)

“La mali c i osa manipu lac ión de estas encuestas electorales tergiversará la decisión de los electores impedidos, en tal caso, de ejercer el legítimo derecho que tienen a una información correcta” (3266/93)

“Se procura, de este modo, asegurar que el proceso de formación de la opinión pública no se encuentre vi c iado o en torpecido por e lementos t endenc iosos o engañosos , contribuyendo a que, como resultado del proceso eleccionario, puede efectivamente manifestarse la opinión del público u opinión del pueblo, claramente caracterizado por los sentimientos e ideas de la ciudadanía” (1234/06) [En todos los casos, la negrita es nuestra]

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La observación más generalizada de esta influencia puede ser vinculada a la idea de efecto del carro

vencedor o efecto bandwagon, la cual supone pensar que la difusión de resultados hace caer la balanza

del voto -esencialmente, el de los indecisos- en favor del candidato o partido que es señalado por

los medios con mayores probabilidades de resultar ganador (o mejor posicionado) en el proceso

eleccionario12. En el caso de una elección esto se puede cristalizar en una apuesta a ganador que,

desde la perspectiva de los legisladores, no sólo es discursiva sino también efectiva:

“…la creciente influencia de los medios masivos de comunicación, en especial de la televisión, combinada con la difusión de encuestas y sondeos de opinión sobre las preferencias del electorado en relación a los candidatos, produjeron a su vez fuertes inclinaciones que tendieron a resolver –por vías de estas influencias- el voto indeciso, traducido muchas veces en ‘voto útil’, circunstancia en que el elector tendía a no ‘perder’ el voto ante el publicitado resultado de las encuestas, votando por el candidato que éstas indicaban como el de mayor perspectiva de triunfo” (3691/91)

“La adhesión al probable vencedor se produciría cuando la información ofrecida por los sondeos de alta credibilidad predice la victoria de un partido o candidato y como consecuencia de tal información muchos indecisos o simpatizantes de otros grupos votarán a favor del ganador pronosticado. La razón o factores contribuyentes a este efecto pueden ser diversas: los militantes del partido mejor situado en las encuestas podrían redoblar su entusiasmo en las últimas actuaciones de campaña conquistando nuevos adeptos…” (1066/94)

No obstante, lo que se desprende del conjunto de proyectos y de sus respectivos fundamentos es

una concepción de la cuestión estrechamente ligada a relaciones causales de estímulo -respuesta

propia de teorías de efectos poderosos de los medios (Lasswell, 1927) o de las metáforas de la

aguja hipodérmica y de la bala, o bullet theory (Wolf, 1994), en donde el simple conocimiento a través

del medio, o bien la exposición al medio, conduce a la acción: en este caso, a la determinación del

voto.

“…De allí la importancia que las mismas tienen, ya que la influencia que ejercen los medios de difusión hoy en día en las sociedades modernas inducen opinión cuando las mismas son manipuladas en un sentido.” (1338/94)

“Las gravitaciones de la divulgación es de un nivel que llega a distorsionar la definición de los electores y capta sin ninguna base sólida la de los votantes indecisos.(…) Se comprobó, además, que el resultado electoral se sustenta once por ciento (11%) del total en la influencia de los resultados de sondeos y encuestas.” (4313/97)

“Así, la sociedad llega a considerar los datos proveídos por encuestas electorales como una predicción cierta de lo que seguramente sucederá –no obstante su margen de error-

12 Esta situación es proclive a ser pensada en términos de la denominada espiral del silencio (Noëlle-Neumann, 1995) en donde el temor al aislamiento opera en favor de la percepción mejor vista que es, en última instancia, la que determina la intención declarada, aun por omisión, más allá de la interna opinión del sujeto.

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sugestionando e influenciando notoriamente en la elección de los ciudadanos, pues distorsiona la apreciación que aquéllos tendrían de la realidad…” (472/01)

“No obstante, está comprobado que la anticipación de los resultados influye en la determinación de la conducta de los votantes. La experiencia indica, en este sentido, que un sector importante de la población no tiene definida su posición en materia electoral con antelación al comicio.” (1084/02 y 1243/06)

Todo esto se suma a dos fuertes convicciones que tienen los legisladores: por un lado, que

muchos datos e informaciones que salen a la calle son de dudosa confiabilidad técnica; y, por

otro, al manejo tendencioso que los medios y los políticos hacen de la información que dan las

encuestas. Ambos elementos vendrían a contaminar el proceso electoral.

“…Se hace entonces necesario legislar al respecto a efecto de evitar maniobras malintencionadas con supuestos ‘estudios de opinión’ y preservar la ac t i vidad de quienes real izan inves t i gac iones s erias con la me todología corre c ta.” (1999/87)

“…resulta evidente la necesidad que, más allá de los éxitos alcanzados, las encuestas de opinión cumplan con algunos requi si tos mín imos que garant i c en su val idez… (…) Por otra parte, la ri guros idad c i en tí f ica en este campo resulta imprescindible para permitir mayor transparencia de la opinión pública, ya que en ciertos casos se realizan y difunden encuestas que carecen de las menores normas de cientificidad, las cuales pueden inducir a una imagen errónea sobre el estado de la opinión pública.” (3097/91)

“Otra cuestión que parece quebrar la debida equidad social es la fal ta de so lvenc ia t écni ca y moral de muchos de los encuestadores para responder eventualmente, por los perjuicios que su mala práctica puede generar. Ello deja sin garantías mínimas a quienes pueden sufrir daños de enorme extensión.” (2002/95) [En todos los casos, la negrita es nuestra]

Paralelamente, esta misma “inconsistencia técnica o metodológica” puede vincularse con un

manejo indiscriminado y político partidario de los resultados, al punto de equipararlas con

mecanismos y estrategias de propaganda política proselitista.

“Los denominados ‘sondeos de opinión’ son, sin duda, el elemento novedoso incorporado recientemente como manera indirecta de hacer propaganda política procurando inducir al electorado a través de la publicación de resultados obtenidos mediante presunta metodología científica” (1999/87)

“Junto con la publicidad por medios audiovisuales, los sondeos o encuestas de opinión son la herramienta más eficaz de estrategia política” (5031/92)

“Algunos pensadores como Norberto Bobbio reconocen que las clases dirigentes, a través de la televisión y de la prensa escrita, pueden manipular a la opinión pública. En este sentido es necesario crear normas que controlen la difusión de las mediciones de opinión pública en los medios…” (3598/94)

“Cuando estos instrumentos son utilizados con fines políticos, producen un fuerte impacto sobre el ciudadano promedio, influyendo en el proceso de la campaña electoral y pudiendo beneficiar o perjudicar a los participantes de la contienda política, quienes

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se encuentran en un total estado de indefensión frente a este tipo de herramientas” (1084/02)

También aquí aparece el lugar que le compete a los medios de comunicación en este

escenario multidiscursivo, siendo reconocidos como actores no inocentes del

proceso.

“...se omite a las empresas televisoras, radiales y electrónicas tales como Internet y correos electrónicos, las cuales deberían estar contempladas dentro de esta limitación, así como especificar la respectiva sanción dado que provocarían -en caso de incumplir ese artículo- la misma distorsión en la decisión del elector (...) es de conocimiento público que los medios de comunicación en nuestro país responden a intereses de grupos económicos...” (1252/06)

Lo anteriormente expuesto contribuye, según los legisladores, a la decadencia de nuestro sistema

democrático, el cual aparece como un demos debilitado (Sartori, 1998) que pretende sostenerse a

través de la (des)información que ofrecen los medios. De tal suerte el ciudadano se convierte

involuntariamente en video-dependiente y sondeo-dependiente (Ídem).

“La consolidación del proceso institucional requiere el establecimiento de reglas que confieran la mayor transparencia y claridad de la información por parte de los medios de comunicación. (…) La trascendencia que reviste el ejercicio de los derechos políticos justifica nuestra preocupación, para que no se perturbe ni desoriente al elector en los momentos previos al comicio.” (91/89)

“Largas luchas ha librado el país para librarse del yugo del fraude, enquistado durante tantas décadas en nuestro sistema político. Ahora, en este período constitucional -que todos queremos preservar- vemos la agresión que sufre el sistema democrático con nuevas técnicas de condicionamiento de la opinión o determinación de los ciudadanos. La herramienta para el cambio de la voluntad, es el flagelo de la encuesta. En defecto; sus mensajes directos o elípticos, logran masificar la opinión pública e inclinar la balanza de las simpatías electorales hacia determinados candidatos (…) Se vulnera a priori el inapelable fallo de las urnas… (…)…la aparición de este nuevo fenómeno político, para el fraude electoral…” (3062/91)

“Una democracia fuerte, sólida y transparente en su funcionamiento, sólo es posible si detrás de ella existen mecanismos y leyes electorales que aseguren que el derecho a sufragio se realice en plena libertad y sin que la voluntad de los mandantes se vea impedida, obstaculizada o tergiversada por procedimientos de persuasión poco transparentes” (2480/93)

Con la implementación de los proyectos convertidos en Ley se pretende garantizar la libre

decisión del electorado que, alejado de influencias engañosas que dan vida a una opinión pública

manipulada (Habermas, 1990) podrá participar autónomamente bajo su juicio y conciencia. El

resultado previsto, entonces, es una opinión pública crítica (Ídem) que aparece reactualizando la

mejor tradición clásica liberal que arguye que de la discusión pública y racional sale la luz.

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“Resguardar las garantías que deben existir durante las campañas electorales en una democracia moderna es asegurar que la emisión del voto será libre y sin condicionamientos…” (5031/92)

“Es que ningún país democrático se puede permitir el lujo de desproteger la garantía del juego limpio y libre de todas las opiniones durante los procesos electorales.” (1897/96)

“Se procura, de este modo, asegurar que el proceso de formación de la opinión pública no se encuentre viciado o entorpecido por elementos tendenciosos o engañosos, contribuyendo a que, como resultado del proceso eleccionario, pueda efectivamente manifestarse la opinión del público u opinión del pueblo, claramente caracterizada por los sentimientos e ideas de la ciudadanía.” (1084/02)

“El presente proyecto de Ley pretende regular este impacto en el electorado creando una franja de neutralidad en cuanto a la difusión de encuestas y sondeos de opinión...” (332/04)

Podemos concluir, entonces, que son tres los núcleos que dan vida al conjunto de fundamentos:

la idea de una opinión pública manipulada; la desconfianza en la aplicación técnica-metodológica

durante el proceso de investigación por encuestas, así como en la difusión de resultados; y el uso

indebido de los mismos. Todos ellos aparecen -en mayor o menor grado en todos los proyectos-

simultáneamente, configurando entre sí una trama argumentativa en pos de establecer asidero

para el coto y la regulación.

En síntesis, el conjunto de proyectos analizados, en mayor o menor profundidad y más allá de las

características inherentes a cada uno, responde a una misma intención: establecer un marco

normativo que siente criterios comunes y obligatorios para la investigación por encuestas, al

tiempo que ponga límites a la difusión de sus resultados. Para ello, algunos han previsto el

camino de la veda, otros han asumido la importancia de los procedimientos técnicos y las

instancias de auditorias específicas. En todos los casos, parecen estrategias para un pretendido

resguardo de la democracia y la garantía de transparencia que el proceso electoral requiere.

III. VOCES EXPERTAS

A fin de cotejar las voces políticas con otras expertas, los profesionales consultados respondieron

una serie de preguntas que podrían agruparse en tres ejes temáticos que nos permiten repensar

algunos supuestos que atraviesan las propuestas legislativas. El primero de ellos se relaciona con

la importancia de las encuestas, sumado a las ventajas y desventajas, como instrumento técnico y

en tanto insumo para la predicción electoral. El segundo intenta recuperar su mirada sobre el

poder, los efectos y el impacto otorgados a las encuestas así como el lugar de los medios y los

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políticos en su uso, difusión y circulación. El último pretende evaluar la posibilidad crítica y

necesaria de una legislación sobre encuestas en Argentina.

A propósito del valor de la encuesta, en general, las respuestas fueron laudatorias en su rol de

instrumento o insumo. La caracterizaron como “indispensable”, “insustituible”, “vital” (Expertos 8, 7

y 1, respectivamente), que permite acceder a información que sirve de base para el análisis, la

interpretación y el diagnóstico de las variables relevantes del objeto de indagación. En esta línea,

entre sus ventajas, señalaron que la encuesta disipa prejuicios y dogmas, permite un acceso

inmediato al estado de la opinión pública y torna viable un dimensionamiento del escenario que

se investiga, mejorando la comprensión de los fenómenos sociales y políticos. A lo que se suma

su cualidad de representatividad estadística que objetiviza los datos obtenidos.

Su utilización en gran escala posibilita acercar a los políticos -a través de la mediatización de los

expertos- la mirada del público con una perspectiva objetiva que “generalmente [es] diferente de la de

sus dirigentes” y “habitualmente [está] ausente en los políticos”. Sin embargo, señalan que la encuesta no

es la única herramienta de la que se valen los consultores. Varias disciplinas abonan a la

interpretación de los fenómenos (la historia, el derecho, el análisis de medios, los sistemas

electorales, entre otros) y no se puede prescindir de preguntas iniciales, hipótesis, como tampoco

“sustituye la inteligencia” (Experto 2).

A su vez, “una encuesta en sí misma no dice casi nada” (Experto 3), ya que se trata de una fotografía,

un corte temporal, que da cuenta solo de un momento del estado de situación de la opinión

pública: lo más valioso es una serie de sondeos que permita la comparación y, especialmente, la

complementación con estudios cualitativos. Estos equilibran las debilidades intrínsecas de las

encuestas, que no pueden dar cuenta, por ejemplo, del proceso de formación de una opinión, ni

de su circuito de circulación.

“… un consultor que no interprete los resultados de una encuesta dentro de un marco más amplio -por ejemplo, atendiendo al hecho de que el público puede ser ambiguo o contradictorio- correrá el riesgo de equivocarse mucho. Además, lo que vale en nuestro oficio no es una encuesta sino la sucesión de mediciones a lo largo del tiempo (…) es una foto, en tanto lo que en política vale es ‘la película’…” (Experto 3)

Los expertos reconocen claramente las limitaciones técnicas de la encuesta: que se basa en una

muestra, que las respuestas de los entrevistados no siempre son veraces, que las opiniones son

cambiantes y que resulta casi imposible escrutar emociones, énfasis y matices. Todas variables

que están latentes, particularmente, en períodos de elecciones de representantes. Incluso, que en

la confección del instrumento hay un mundo insondable que es “lo que no se pregunta”.

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“… a menudo los entrevistados responden buscando ‘quedar bien’ según criterios de prestigio cultural o normas morales que realmente no comparten” (Experto 3)

“La limitación más grande es que lo que no se pregunta, no se registra. La segunda es que no se puede registrar el circuito de formación de la opinión, más cercano a la realidad en los focus. Si bien existen preguntas abiertas, nunca se obtiene la riqueza de un estudio cualitativo, dado que es muy complejo repreguntar. Al haber mayoría de opciones cerradas se pierden matices, énfasis y emociones” (Experto 7)

A pesar del conjunto de limitaciones, las potencialidades de la encuesta hacen de ella un insumo

para la predicción electoral:

“…son el método menos impreciso para anticipar lo que ocurrirá” (Experto 6)

“…más de cincuenta años de uso significa que para algo sirven” (Experto 5)

“…los resultados conseguidos sobre actitudes políticas son superiores [a los obtenidos en otras áreas de estudio]” (Experto 9)

En sintonía y en torno de las cuestiones que se conjugaron en el segundo eje, hay un acuerdo

extendido en que el impacto de las encuestas en el público no es tal, al menos, en los términos

planteados por los políticos. Por ende, no son de ninguna manera fuente de manipulación como

lo sugieren los proyectos analizados, básicamente porque depende de múltiples factores. Algunos

consideran que mucho tienen que ver las cualidades del receptor, sea este el futuro votante o el

candidato:

“Las notas sobre encuestas que se publican en los medios corresponden a uno de los géneros periodísticos más tediosos que cualquiera pueda imaginar. Basta con advertir que esas notas están cargadas de porcentajes y gráficos estadísticos. Además: mucha gente está convencida de las encuestas están amañadas. Sólo s e in t eresan por e l las los c iudadanos bi en in formados los cuales, por definición, tienen criterios propios para elegir candidatos. Los más sens ible s a l as notas sobre encues tas son los po l í t icos , que dan por sentado que ellas afectan a los electores” (Experto 3)

“Porque la mayoría de los e le c tores no se int eresa en la po l í t i ca, y por lo tanto no registra fácilmente esa información. No hay evidencia empírica que permita confirmar la influencia de las encuestas…” (Experto 7)

“Porque la mayoría de los votantes no conoce los re su ltados de encues tas , y cuando los conoce no los codi f i ca demasiado bi en . Las encuestas son parte de un clima de opinión que se forme en toda elección (con o sin encuestas) acerca de quiénes pueden ganar y quiénes no. El votante medio no toma mayormente en cuenta las encues tas ; no es cierto que vote a ganador, o a perdedor, o lo que sea; la mayoría vota a quien le parece la mejor opción en cada momento” (Experto 6) [En todos los casos, la negrita es nuestra]

Sin tener efectos poderosos, la mitad de los expertos afirma que la encuesta ayuda, al menos en

parte, a decidir el voto. Y agregan que las características del escenario electoral también influyen,

ya que se vincula con lo que está en juego y con cuántos son los participantes para “repartir el

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premio”. Incluso esto es particularmente notorio con la parafernalia de campaña que se explota de

manera diferente, según se trate de una elección nacional o local, o se compita por cargos

ejecutivos o legislativos.

“Creo que en el único caso en que una encuesta electoral puede tener algún efecto sobre el electorado es en aquellos e s cenarios e le ctorale s donde la e le c ci ón t iende a po larizarse . (…) En otros escenarios, mi experiencia de más de 23 años haciendo medición electoral me dicen que la encuesta sola no incide” (Experto 1)

“…depende de muchas c i rcunstancias , de l t ipo de e le c c i ones de que se t rat e . En el estado actual del arte, resulta difícil aunque no imposible establecer reglas generales pero se cuentan con muy valiosos avances a partir de la generalización de casos particulares. (...) En general, la publicación de una encuesta es un hecho político que incide en proporciones variables según los casos…” (Experto 9)

“…puede decirse que depende, que a veces si y en otras ocasiones no. Una cosa es una e le cc i ón pres idencial y o t ra para e legi r diputados . Hay un fenómeno ya estudiado y que la traducción en inglés es ‘carro ganador’. Y que hay un puñado de electores que se suben al carro ganador en los últimos días...” (Experto 2) [En todos los casos, la negrita es nuestra]

Por el contrario la otra mitad de los consultados no ve vínculo alguno entre la decisión electoral y

la difusión de encuestas. Para ellos, la propia experiencia desestima tal afirmación:

“Nada demuestra esto, porque en 1983 cuando se dijo que la quema del cajón de Herminio Iglesias el 30 de octubre en la 9 de Julio le hizo perder las elecciones al peronismo no es cierto. Lo que ocurrió en ese entonces que la sensación térmica del quien cree que va a ganar se confundió con el quien va a votar” (Experto 1)

“No, para nada, se ha demostrado que un porcentaje muy elevado del electorado, decide su voto por lo menos 45 días antes de las elecciones, las encuestas no influyen…” (Experto 5)

Sin embargo, aducen que esta percepción poderosa es una construcción ficticia que parte de los

mismos medios de comunicación ya que “Son los medios los que dicen que las encuestas son un poderoso

factor de influencia, pero en realidad ese factor de influencia lo administran los mismos medios” (Experto 10); es

más, “es de sentido común en los medios -porque tienden a creerse muy poderosos en todo- y entre los políticos y los

militantes, porque viven pendientes de la opinión pública porque le temen” (Experto 6). No obstante, el

acuerdo es generalizado, los votantes o electores no piensan así de sí mismos, “la gente en general -

de acuerdo a los resultados de las encuestas- rechaza esa tesis: no cree que las encuestas le afecten” (Experto 3).

Como bien es sintetizado por algunos de los entrevistados, el impacto de ningún modo es lineal.

Primero, porque poca gente se fija en las encuestas, salvo aquellos más interesados que son los

que tienen y buscan mayor información y formación política -serían los más predispuestos

políticamente (Lazarsfeld, 1944)-. Luego, porque debería darse una serie de encuestas coincidentes

en el escenario para que la gente advirtiese tal concomitancia. En definitiva, ninguno cree que la

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sola publicación de una encuesta indicando que alguien va primero, o que se presume ganador,

pueda volcar automáticamente votos a su favor. Por el contrario, algunos advierten que a veces

esta situación logra derramar votos para el más débil, especialmente en comicios polarizados, en

los que los más afectados son los partidos menos potentes, que no consiguen generalmente la

atención mediática y pierden la posibilidad de acrecentar sus votos al no poder utilizar las

encuestas a su favor.

En todo el juego electoral, ciertamente, ellos también perciben que los medios de comunicación

no son un elemento más. Esto se debe a que acuerdan que los medios son partícipes necesarios

del proceso:

“Sin los medios no hay ningún impacto, porque el público conoce las encuestas a través de los medios” (Experto 6)

“si no participaran no habría noticia. Para que una encuesta tenga algún impacto, deben reunirse dos premisas: una, la encuesta y dos, el medio para difundirlo. Si no fuera por los medios una encuesta puede pasar desapercibida. Es más, se publican una proporción ínfima de encuestas y resultados...” (Experto 2)

Si bien reconocen su preeminencia como eslabón en la cadena comunicativa, advierten -al igual

que los políticos- que los medios no son un actor meramente pasivo y transmisor sino que

“…asumen en general estrategias propias. Son actores políticos no neutrales y en cada elección se fijan estrategias

que una campaña debe conocer y asumir como uno más entre los diversos problemas a tener en cuenta...”

(Experto 9). Al punto que algunos llegan a pensar que operan según sus conveniencias: “de

acuerdo a los intereses económicos que tengan en la campaña de determinados candidatos. Nada más que eso.

Interés económico para darle espacios a encuestas que favorezcan a sus clientes. No importan la seriedad o lo

trucho de la encuesta” (Experto 10).

En este punto recalcan la importancia de lo que los medios hacen con los resultados de las

encuestas. En general, son dos las cualidades reconocidas por la mayoría sobre el tratamiento que

los medios les dan a las mismas. Primero, la existencia más o menos manifiesta de la propia

intencionalidad política que tiene el mismo medio, llegando incluso a presuponer -como lo hacen

algunas miradas políticas- que “es aquí donde el resultado de una encuesta puede ser usado para la

manipulación pública y eso es ajeno a nuestra tarea de investigadores sociales” (Experto 1). Segundo,

adicionan que al manejo intencionado se le debe agregar el descuido y la falta de profesionalidad

en la difusión técnica de la información transmitida por el estudio:

“Los medios carecen por lo general de capacidad de análisis propio de la calidad de las encuestas: las reproducen o no según conviene a sus estrategias comunicacionales, a sus compromisos con las campañas y a sus tomas de posición” (Experto 9)

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“Tienden a no entender demasiado bien la naturaleza de una encuesta. Muchos ni siquiera saben leer los cuadros estadísticos” (Experto 6)

“Existe muy poco profesionalismo en la lectura de las encuestas, y un gran maltrato a la hora de difundirlas. Lo peor es cuando las comparan, porque no tienen idea de las diferencias metodológicas, y pueden decir barbaridades” (Experto 7)

“En general presentan los resultados de las encuestas como si se tratara de una competencia deportiva y sólo interesara quién va ganando, omitiendo que ellas están afectadas por errores de muestreo e ignorando mucha información de valor acerca de la realidad política que brindan las encuestas’” (Experto 3)

De allí que se establezca una dialéctica en tensión entre encuestadores, analistas y medios que

disputan un terreno común. Y en esta disputa se cuela la decisión del voto. Probablemente, esta

atención desmedida sobre la capacidad decisoria de las encuestas se base en la incapacidad de un

debate político serio: “Nadie discute hoy, por ejemplo, plataformas, porque son todas similares ya que han sido

definidas en función de las encuestas. Los debates entre analistas pasan por lo general por las encuestas. A medida

que se aproximan las elecciones, las encuestas son tanto o más importantes que los discursos y análisis que hacen

los propios candidatos e incluso que las propias campañas publicitarias…” (Experto 9).

En esta tarea de interpretar, analizar y usar los resultados de los sondeos, los consultores también

son fuertemente críticos con los políticos a quienes, del mismo modo que les sucede a los

periodistas, les cuesta admitir la ductilidad sobre las potencialidades del instrumento y sobre lo

que puede efectivamente ofrecerles, quedando presos de lo que imaginan:

“En general hacen una lectura muy simplificada, y ponen excesivo interés en la intención de voto, cuando lo importante es el escenario. Tienden a descreer de los datos cuando nos los favorecen, o no están dentro de lo que imaginaban. Son pocos los que tienen una lectura fina de los resultados” (Experto 7)

“Las miran con ansiedad, les importa más el pronóstico y el efecto de su publicación, que su contenido como diagnóstico y tendencia” (Experto 4)

“La calidad del uso y lectura que hacen los políticos de las encuestas depende mucho de quiénes integran su círculo de asesores. En general, han aprendido que ellas generan pronósticos generalmente razonables y las respetan. El político que dice que él no requiere de encuestas porque conoce mejor que nadie lo que piensa la gente de su distrito es ya una especie en extinción” (Experto 3)

A propósito de la necesidad de la legislación que plantean los políticos con el fin de regular la

confección y difusión de sondeos (tercer eje), la opinión experta está divida. Casi en la misma

proporción se inclinan a favor, se manifiestan en contra o tienen dudas al respecto.

Quienes ven la necesidad de una regulación justifican su opinión desde distintos ángulos. Por un

lado, están aquellos que responden aludiendo a la seriedad con que trabajan los consultores y, por

lo tanto, consideran que “sería una forma de defender el espacio de aquellos que trabajamos con seriedad”

(Experto 1), considerando que la legislación sería una herramienta clave para resguardar los

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productos realizados responsablemente. Por otro, algunos expertos orientan sus argumentos a la

cuestión de la difusión de las encuestas, insistiendo en la necesidad de hacer respetar la veda de

48 horas ya establecida en la Ley Electoral Nacional buscando, a su vez, la manera de regular la

divulgación en nuevos medios como Internet.

Definitivamente, la veda es un tema de preocupación reiterado, tanto entre los expertos como

entre los legisladores. Ambos atribuyen la responsabilidad del incumplimiento de la

reglamentación existente a los medios de comunicación. En esta línea, su recomendación a la

hora de una propuesta integral de legislación es un llamado a, al menos, cumplir lo ya

establecido:

“Me parece que la veda de 48 horas ac tual e s corre c ta y lo que hay que hacer e s cumpli r la. ...Es un problema de los medios no de la consultoras, son ellos quienes deben cumplir la veda.” (Experto 2)

“... en nuestro caso nosotros respetamos a rajatabla la veda de 48 horas antes de las elecciones. En realidad lo que hay que reglamentar e s la di fus ión (...) La cuestión es la publicación para evitar influencias” (Experto 2)

“Solo reglamentar la misma limitación de la veda política y tres horas posteriores al cierre del comicio, dado que la gente sigue votando en muchas mesas un rato más” (Experto 4) [En todos los casos, la negrita es nuestra]

Por ello, mayoritariamente, evalúan que una potencial regulación debería centrar su atención en

esta cuestión: la de controlar la publicación y difusión de las encuestas en los medios pero no

entrometerse en cuestiones de elaboración de los sondeos. La tendencia de los consultados es a

creer que el problema radica en la imprecisa difusión que los medios hacen de las encuestas

electorales:

“Prohibiendo la publicación o comunicación de cualquier encuesta que no aclare origen, ficha técnica y fecha de realización, por lo menos” (Experto 1)

“Una normativa relacionada con los medios y no con los encuestadores. ...Lo que hay que evitar es que dentro de las 48 horas previas, las encuestas puedan ser vistas..., en tonces lo que hay que evitar e s que s e di fundan” (Experto 2)

Por su parte los consultados que descreen de la necesidad de una legislación argumentan que el

Estado no debe entrometerse en cuestiones que no le competen, es decir, “...que no legisle sobre lo

que no sabe” (Experto 5) y que, además, “ya existe una reglamentación” (Experto 3) que pocas veces se

cumple. Otros responden que una regulación semejante “atentaría contra la libertad de expresión”

(Experto 8), mientras que algunos sostienen que sería una herramienta para que los políticos

ejerzan un domino aún mayor sobre la opinión pública:

“En sociedades donde los partidos han pasado a jugar un rol muy secundario, casi inexistente, desplazados por los candidatos y sus equipos de campaña, la s

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regu lac iones buscan re forzar e l dominio sobre la opin ión públ i ca” (Experto 9)

Aquellos que manifiestan sus dudas sobre la necesidad de legislar, se debaten entre -por un lado-

la posibilidad de que la nueva normativa otorgue mayor transparencia a la difusión de encuestas

“serias” y -por otro- que no sirve de nada implementar una nueva regulación cuando no se

respeta la existente. De todos modos, “aceptan que se regule la difusión” aunque no la elaboración y

ejecución de las encuestas.

“Por un lado, es indudable que se difunden encuestas poco serias y sin filtrado de ningún tipo. Por otra parte, todos los intentos de regulación conocidos son simplificaciones burocráticas, posiblemente inútiles...” (Experto 6).

Otro aspecto sobre el cual se hizo hincapié, sumado al control en la difusión, es el de calidad de

las encuestas a divulgar. La distinción entre los consultores que trabajan con seriedad y

profesionalismo y quienes lo hacen de manera irresponsable es una preocupación que se pone de

manifiesto de manera constante. Para ponerle fin a este problema, muchos proponen la

conformación de un acuerdo entre los medios y los investigadores sobre las condiciones que

debería tener una encuesta para poder ser difundida y publicada.

“Que no se haga ninguna ley y que los princ ipale s medios de l paí s y la s asoc iac iones de inves ti gadores re conoc idas e labo ren un conjunto de normas de cumplimiento vo luntario acerca de qué condiciones debe cumplir una encuesta para ser publicada” (Experto 3)

“...Podría establecerse un organismo en el cual deberían depositarse las bases de datos de las encuestas destinadas a su publicación. A esta base de datos solo podrían acceder los que, invocando un interés legítimo, cuestionen formalmente, a través de un procedimiento sumario, la validez de esas encuestas. Un medio no podría di fundir una encues ta cuya base de datos no haya s ido previamente depos i tada por la consultora que la ha efectuado” (Experto 9)

“Creo que, de existir, la legislación solamente s e debería r e fe r i r a los contro le s de cal idad de las encues tas y no a otros aspectos” (Experto 8)

Para el caso de que hubiera una legislación que regulara la difusión de las encuestas, los expertos

opinaron que se beneficiarían desde los profesionales de la disciplina hasta los políticos y partidos

de menor peso, que siempre están en desventaja respecto de los mayoritarios, pues no tienen

recursos suficientes para contratar estos servicios:

“...equilibraría las posibilidades, porque el que puede contratar hasta el final y publicar en los medios generalmente son los políticos con mayores recursos. Sería más equitativo entre políticos y partidos” (Experto 2).

“A las empresas que no dibujan los resultados, a los dirigentes que no tienen dinero, a los votante por el principio de transparencia” (Experto 7).

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Por otra parte, los mayores perjudicados serían los profesionales de las encuestas que trabajan de

manera irresponsable, los medios de comunicación, los políticos y partidos mayoritarios que tiene

el suficiente respaldo para financiar encuestas constantemente ya que la supuesta legislación

equilibraría el juego político.

Sin importar su opinión a favor o en contra de una futura legislación, los aspectos positivos que

más destacan de ella es que protegería la tarea de aquellos profesionales que trabajan con

seriedad:

“Favorece una libre competencia de las consultoras dentro de la ética y la legalidad. Despejaría de sospechas a las consultoras...” (Experto 7)

“... las consecuencias serían positivas, porque (...) los colegas que hacen abusos de los desagregamientos exagerados, (...) no podría hacerlos al tener que aclararlo previamente en la ficha técnica” (Experto 1)

Por otro lado, otros manifiestan que ayudaría a balancear el escenario entre los políticos, en

cuanto a una hipotética posibilidad de utilizar datos de encuestas para captar votos.

Algunos consideran que no existe ninguna consecuencia negativa ya que consideran que su

trabajo está bien hecho. Pero otros creen que sería una medida antidemocrática y que atentaría

contra la libertad de expresión:

“Cualquier restricción afe c ta la l ibertad de expres ión y el supuesto daño no lo justifica” (Experto 4)

“Daría trabajo a burócratas innecesarios y restringiría la difusión de información que el público valora. Sería antidemocrát i co” (Experto 6)

“Un fac tor más de manipu lac ión de la opin ión públ i ca y de control del libre flujo informativo” (Experto 7)

“... creo que l imi taría la l ibertad de expres ión y quedarían en poder de unos pocos en lugar de dar acceso a esa información a toda la ciudadanía” (Experto 10)

Las respuestas de los expertos manifiestan un acuerdo corporativo sobre la importancia de los

sondeos. Algo similar, pero argumentado de manera más confusa, sucede con los efectos del

instrumento. Si bien la mayoría de ellos considera que el efecto que estas tiene sobre el votante

no es poderoso tal como lo plantean los políticos, algunos observan que sí colabora en la decisión

del voto. Vale decir, no transforma pero sí ayuda. En este punto, reiteran la creencia en que los

medios de comunicación tienen un rol más que transmisor de los resultados de los sondeos. Aquí

se encuentran con los políticos al afirmar que, de cierta manera, la información difundida puede

ser manejada discrecionalmente. Es sobre este eje y este actor ante el cual reclaman mayor

atención. Y aunque ante la posibilidad de una nueva legislación que regule la elaboración y

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difusión de los sondeos hay opiniones encontradas, la mayoría destaca controlar la difusión y,

sencillamente, hacer cumplir la legislación existente.

IV. SONDEOS, VOTOS Y VOCES: APORTES PARA UN DEBATE

Como cierre de este estudio preliminar creemos oportuno traer a colación algunas observaciones,

y discutir tres ideas centrales que sobrevuelan ambas voces encontradas. En primer término, el

lugar de la encuesta; en segundo, su verdadero impacto y, por último, la real necesidad de

legislación. Ideas que, a su vez, están atravesadas por otros tres supuestos: el de la desconfianza

técnica-metodológica; el del uso político (en un sentido peyorativo13) de las encuestas y de sus

resultados; y el de la manipulación de la opinión pública.

Ciertamente, hay un acuerdo de ambas partes en que la encuesta en general, y la preelectoral en

particular, constituyen un instrumento científico de relevancia en el proceso de comunicación

política propio de las democracias contemporáneas. Situados en el combate electoral, tal

importancia se encuentra asociada a que sus virtudes técnicas permiten la obtención de

información vital no sólo para la definición de políticas de gestión sino también para el diseño de

campañas, así como para la adquisición informativa de la ciudadanía en su conjunto. En esta

línea, los expertos distinguen claramente la existencia de dos instancias frecuentemente

confundidas: por un lado, el proceso de realización de una encuesta y, por otro, el proceso de

divulgación y uso de la misma. Distinción que no es tan clara entre los políticos, que solapan

ambas instancias, confundiendo a quienes efectúan el estudio con los que lo difunden.

En cuanto al primer momento, la mirada de los consultores acuerda por completo en que el

correcto trabajo de investigación por encuesta -y con las limitaciones propias de la técnica,

algunas de ellas señaladas por los expertos entrevistados- permite conocer opiniones, demandas,

actitudes y percepciones del público, dando forma a una descripción de una porción de la

realidad de manera estática -representación estadística, según Muñoz Alonso (1989)-. Esta es la

instancia científica y técnica por excelencia que, en manos peritas e idóneas, se caracteriza por un

trabajo permanente de toma de decisiones y controles en todos y cada uno de los tramos del

proceso.

13 Decimos peyorativo porque se presume que hay un malintencionado uso de las encuestas (por ejemplo, se piensa en mentiras y tergiversación de resultados para favorecer tal o cual candidato, entre tantas otras posibilidades). Son muy variadas las formas en que pueden explotarse políticamente los datos también en manos de medios, periodistas, científicos, entre otros actores. Pensar que el mal uso es sólo de los

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En lo que hace a su calidad, vale recordar la existencia de códigos internacionales que establecen

tales parámetros para este tipo de estudios, por ejemplo, el de la World Association for Public Opinion

Research (WAPOR) o el de la European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR), entre

otros. A partir de ello, los legisladores a través de sus iniciativas podrían promover el cuidado del

miramiento de las pautas ya determinadas mundialmente antes que establecer sus propios

criterios tal si se basaran en su propia expertise. O bien, como plantean los técnicos, podrían

ahondar en el terreno del cumplimiento efectivo de lo ya dispuesto en la legislación vigente.

Asimismo, los profesionales reconocen que trabajar con la encuesta supone saber de sus

potencialidades y limitaciones, lo que permite tener conocimiento de sus posibilidades científicas

a la hora de abordar la compleja realidad social. De allí que no se pretenda de ella lo que es

incapaz de dar, por ejemplo, predicciones. Ya que, como bien precisan varios de ellos, las

encuestas no predicen ni pronostican, simplemente estiman y describen a partir de fundamentos

científicos propios de la estadística. El que realiza la prognosis es aquel que interpreta, no la

encuesta (Archenti, 1995; Jorrat, 1995). La encuesta sólo aporta datos de un espacio y tiempo

reducidos, convertidos en “estatuas de sal”, en “fotografías”: “cuando la encuesta mira el mundo, el

mundo se detiene y la encuesta queda fija” (De Bouza, 1998). Entonces, debe quedar claro que los

sondeos nunca mienten o dicen la verdad, tampoco yerran sobre el futuro, sencillamente porque

no se orientan a ello, no es su finalidad.

En torno del segundo momento -el de difusión y uso de las encuestas y sus resultados-, éste

parece ponerse en el centro de la preocupación de los expertos. Al respecto, advierten -por un

lado- el manejo que los medios de comunicación hacen de los resultados de las encuestas y -por

otro- el rol que ocupan los políticos en el uso de las mismas. Sabido es que ambos actores

-medios y dirigentes políticos- no son inocentes al momento de esgrimir los datos resultantes de

los sondeos. Es importante señalar que, de la misma manera, los legisladores cuestionan el

manejo que los medios hacen de los resultados de los sondeos pero deslindándose de su propia

responsabilidad.

En el caso de los políticos, las encuestas les aportan información clave para elaborar estrategias

de gobierno, imagen de gestión, temas de relevancia pública, etc.; en tanto, su uso preelectoral

remite a ver posicionamientos, temas de conflictos, demandas actuales; en fin, un conjunto de

cuestiones que permiten diseñar estrategias de campaña. En este marco, la predicción sobre el

políticos sería caer en un reduccionismo y esto es bien observado tanto por los consultores como por los legisladores.

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voto no es lo más importante ya que es el mismo dato que se pretende cambiar o, al menos,

considerar, constituyéndose en un valioso insumo para operar en la realidad.

En el caso puntual de los medios, éstos forman parte del conjunto de actores relevantes en el

proceso de la construcción de significados en torno de las praxis sociales y políticas (agente de

socialización). Por lo tanto, no es extraño que éstos lleven a la práctica la presentación parcial de

resultados o su publicación en forma aislada o descontextualizada, restringiendo así la

información no sólo sobre los alcances y las limitaciones del método, sino también

convirtiéndose en intérpretes de un instrumento que desconocen, provocando la alteración o la

incorrecta transmisión de los resultados. Ya que, acordando con Gómez (1982), “los pronósticos

constituyen noticia, en cambio los problemas técnicos de la encuesta no son objeto de interés periodístico”.

El vínculo entre encuestas, medios y políticos es complejo. Sabido es que los medios en muchas

oportunidades no actúan por sí mismos. Existen múltiples operaciones de prensa impulsadas

desde el ámbito político, como parte de estrategias electorales en busca de ampliar su electorado,

entre otras razones. Al respecto, y al plantear los lineamientos de una futura legislación, diversos

expertos argumentaron que la misma equilibraría la competencia electoral. Así, el límite a la

difusión de resultados colaboraría con aquellos partidos que cuentan con menores recursos para

realizar sondeos hasta última hora.

Más allá del objetivo mediático, aunque ni el periodista ni el lector estén dispuestos a perder

tiempo con complejidades técnico-estadísticas, tanto expertos como políticos consideran

necesario -con el objeto de establecer la solvencia del estudio como también esclarecer la

información al público- que ciertos elementos propios de la ficha técnica sean presentados

obligatoriamente.

Las creencias en torno de este segundo punto -difusión de encuestas- se encuentran

estrechamente ligadas a las concepciones que se tienen respecto de las influencias de los medios

sobre los ciudadanos dando forma a lo que denominan la opinión pública manipulada que

imaginan los políticos. Según los expertos, si bien es innegable que la publicación de resultados

afecta el comportamiento electoral, de ningún modo el efecto es unívoco, ni definitivo, como

tampoco puede ser considerado la única influencia, ni una fuente manipuladora en la decisión del

votante.

La presunción de los profesionales entrevistados se distingue de la de los políticos debido a que

aquellos entienden la relación medio/difusión – público/audiencia sobre la base de lo que

Gómez y Langer (1997) denominan la dimensión comunicativa de los procesos electorales. Ésta remite a

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que los agentes sociales llevan delante una construcción simbólica de significados a partir de la

distribución pública de los conocimientos en el escenario político, en donde el lenguaje y la

imagen forman parte constitutiva del vínculo representativo. Los actores y los hechos políticos (y

las encuestas son uno entre tantos) construyen y reconstruyen significados recíprocamente. De

allí que las consecuencias mediáticas de esta construcción simbólica de significados y su

distribución pública afectan la percepción de los electores. Pero este condicionamiento debe dar

cuenta de que la dimensión comunicativa de los procesos electorales refiere a una influencia de

los medios de comunicación en términos de efectos cognitivos14 (Saperas, 1987). Es por ello que

los mensajes de los medios condicionan pero no determinan la forma en que los individuos

analizan, perciben y organizan su realidad. Por lo tanto, no serían objeto de efectos poderosos y

no se daría de manera inmediata.

En consecuencia, resulta fundamental comprender lo inapropiado que es pensar -como se

desprende del análisis de los proyectos legislativos- que las posturas de los ciudadanos puedan ser

manipuladas hacia un sentido determinado ya que, como opinan los expertos -y como lo

demuestran estudios recientes- sus comportamientos pueden ir desde la pretensión de consolidar

a la mayoría (“carro vencedor”, “furgón de cola”, “bandwagon”, “efecto Panurgo”) hasta beneficiar

al perdedor (“efecto David” o “underdog”) o bien, tomar decisiones electorales circunstanciales

como el “voto táctico” o “voto útil”, entre otras.

La idea de los electores manipulados, que se aloja en los proyectos legislativos, encuentra

antecedentes en los argumentos esgrimidos con el fin de concebir a la representación como una

tarea eminentemente racional, que debe estar necesariamente alejada de las pasiones y de los

apresuramientos propios de las mayorías populares, que debe procurar la defensa de los derechos

de las minorías y que se apoya en la creencia de verdades inmutables que sólo pueden ser

interpretadas por una minoría selecta de individuos. Los expertos -o, al menos, algunos de ellos-

parecen asumir posturas contrarias, más afectas a orientarse principalmente conforme la voluntad

popular expresada a través del voto mayoritario.

En otras palabras, elitistas y populistas (Adrogué, 1998)15. Estas corrientes, originadas ambas en los

padres federalistas estadounidenses derivaron, por lo menos en dicha región, en enfoques

14 Los efectos cognitivos aludirían a las consecuencias sobre los conocimientos públicamente compartidos que son desencadenadas por los medios, entendiendo que estos últimos presentan una capacidad mediadora entre la realidad y los individuos, por un lado, y entre las instituciones públicas y las personas, por otro (Mc Combs y Shaw, 1972). 15 En la faz institucional, por ejemplo, los elitistas prefirieron mandatos prolongados y reeligibilidad de los legisladores, elección indirecta del presidente y de los senadores, mandatos no imperativos, asambleas

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disímiles respecto de la opinión pública. Los pesimistas (elitistas) describían a la opinión pública

como volátil, impredecible, inestable e irracional, con escaso impacto en los decisores políticos, y

se basaban en una configuración del ciudadano sin interés ni tiempo para informarse

políticamente, dependiente casi exclusivo de su estado de ánimo y que, para colmo, respondía al

azar cuando se sometía a una encuesta. Por el contrario, los optimistas (populistas) advertían una

opinión pública estable, que cuando cambia lo hace gradualmente, racional y con preferencias

basadas en un sistema de valores y creencias que, eventualmente, podía reemplazar una hipotética

desinformación, y que debía influir en la toma de decisiones.

Finalmente, el análisis realizado hasta aquí pone de manifiesto la existencia de una dinámica

estructura tripartita. Expertos, políticos y medios juegan un rol clave, atribuyéndose los primeros

mutuas responsabilidades -al menos en los casos aquí tratados- sobre el mundo de las encuestas

preelectorales. De un lado, los expertos ven las dificultades que tienen los políticos y los medios

para utilizar de manera apropiada la información que les brinda el instrumento. Del otro, los

políticos le atribuyen una cuota importante de la responsabilidad al trabajo de los propios

expertos. Y, en ambos casos, usan como chivo expiatorio a los medios, atribuyéndoles el mal

manejo de los datos.

Resta por decir que lo que está ausente en ambas voces estudiadas es un reclamo auténtico y

sólido por que se de un debate que trascienda los meros resultados estadísticos y las virtudes

“mágicas” de la encuesta en pos de otro que tenga por núcleo propuestas políticas reales. Dado

que, en definitiva, es lo que debería ser la esencia de la elección de los votantes.

poco numerosas, ejecutivos unipersonales y con poder de veto; los populistas, por su parte, se inclinaban por una alta rotación en los cargos, elecciones directas, legislaturas numerosas, revocabilidad de los mandatos, proporcionalidad en la distribución de los cargos, unicameralismo.

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Anexo

Listado de Proyectos Analizados

Fecha/Año Origen Nº Proyecto

Tipo de Proyecto

Firmantes

Diputados De Ley Macaya 1987 Diputados 1999-d-87 De Ley Fappiano - Damau

1988 Diputados 3503-d-88 De Ley De la Sota - D'Alessandro Diputados 3293-d-89 De Ley Gentile 1989 Diputados 0091-d-89 De Ley Estévez Boero Diputados 0442-d-91 De Ley Estévez Boero Diputados 3062-d-91 De Resolución Avila Gallo Diputados 3097-d-91 De Ley Cavallari Diputados 1317-d-91 De Ley Argañarás, Ortiz y Seguí

1991

Diputados 3691-d-91 De Ley Simón Lázara Diputados 2388-d-92 De Ley Machicote 1992 Diputados 5031-d-92 De Ley Rodríguez Sañudo Senadores 1311-s-93 De Ley Verna Diputados 2480-d-93 De Ley Orgaz, Seguí y Meneghini Diputados 3266-d-93 De Ley Piotti 1993

Diputados 0314-d-93 De Ley Estévez Boero (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0442-D-91).

Diputados 4390-d-94 De Ley Ortiz, Maldonado y Galante Diputados 3598-d-94 De Ley Maidana - Juncosa Diputados 1338-d-94 De Ley Closs

1994

Senadores 1066-s-94 De Ley Solari Yrigoyen

Diputados 0391-d-95 De Ley Estévez Boero (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0314-D-93).

Diputados 2002-d.95 De Ley Muñoz Senadores 0471-s-95 De Ley Verna (REPRODUCCIÓN 1993) Diputados 4928-d-95 De Ley Arguello

1995

Diputados 5117-d-95 De Ley Orgaz Senadores 1897-s-96 De Ley Maglietti y otros Diputados 3919-d-96 De Ley Baylac Diputados 3384-d-96 De Ley Aramburu Diputados 3970-d-96 De Ley Bullrich

1996

Diputados 7031-d-96 De Ley Nieva Diputados 0309-d-97 De Ley González, Dragicevic, Robles y otros

Diputados 1062-d-97 De Ley Estévez Boero (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0391-D-95).

1997

Diputados 4313-d-97 De Ley Bortolozzi de Bogado Diputados 0962-d-98 De Ley Aramburu Diputados 1579-d-98 De Ley Nieva Senadores 0890-s-98 De Ley Maglietti (REPRODUCCIÓN 1995) Diputados 2513-d-98 De Ley Garré Diputados 3944-d-98 De Ley Gómez Diez Diputados 4127-d-98 De Ley Maqueda

1998

Diputados 6684-d-98 De Ley Mouriño Diputados 0638-d-99 De Ley Carrara Senadores 0932-s-99 De Ley Humada Senadores 0961-s-99 De Ley Yoma

Diputados 0966-d-99 De Ley Estévez Boero (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 1062-D-97).

Diputados 5791-d-99 De Resolución Valdovinos

1999

Diputados 5897-d-99 De Ley Camaño

Page 32: ELÉN C ALONSO ONICET,UBA– mb alons@fi e rt .c DANIEL U …josemramon.com.ar/wp-content/uploads/Alonso-Cabrera-y-Tesio-Son… · de la Nación Argentina entre 1983 y 2006 que nos

32

Fecha/Año Origen Nº Proyecto

Tipo de Proyecto

Firmantes

Senadores 1032-s-99 De Ley Molinari Romero Senadores 1155-s-99 De Ley Romero Diputados 0327-d-00 De Ley Folloni Diputados 0976-d-00 De Ley Garre Diputados 1126-d-00 De Ley Camaño Diputados 1398-d-00 De Ley Ferrero Diputados 2755-d-00 De Ley Roma

2000

Diputados 7319-d-00 De Ley Mouriño Senadores 0147-s-01 De Ley Yoma (REPRODUCCIÓN 1999) Senadores 0472-s-01 De Ley Humada (REPRODUCCIÓN 1999) Diputados 4126-d-01 De Ley Hernández

2001

Diputados 5829-d-01 De Ley Raimundi Senadores 1084-s-02 De Ley Maqueda y otros Diputados 0344-d-02 De Ley Ferrero Diputados 1226-d-02 De Ley Tulio Diputados 1611-d-02 De Ley Conte Grand Diputados 1967-d-02 De Ley Garre

2002

Diputados 2027-d-02 De Ley Camaño

Senadores 0693-s-03 De Comunicación Falco

Diputados 0093-d-03 De Ley Lugo De González Cabañas Senadores 1242-s-03 De Ley Curletti Diputados 1636-d-03 De Ley Capello, Mario Osvaldo Diputados 1651-d-03 De Ley Raimundi, Carlos Alberto

2003

Diputados 3721-d-03 De Ley Santilli, Diego Cesar Diputados 0293-d-04 De Ley Mínguez Diputados 2351-d-04 De Ley Mínguez

Senadores 3235-s-04 De Comunicación Curletti

2004

Senadores 0198-s-04 De Ley Perceval y Pichetto

Diputados 6032-D-2005 De Ley Castro, Conte Grand, Polino y García 2005

Senadores 0332-s-05 De Ley Curletti Senadores 1252-s-06 De Ley Basualdo, Negre de Alonso y Rodríguez Saa Senadores 1234-s-06 De Ley Perceval 2006 Diputados 3276-d-06 De Ley Basualdo y Baigorri