2016 IUDICIUM -...

IUDICIUMREVISTA DE DERECHO PROCESAL

DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA

DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

SEGUNDO

SEMESTRE

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IUDICIUM: REVISTA DE DERECHO PROCESAL

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

DIRECTOR

DR. LORENZO BUJOSA VADELL

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca. España.

DIRECTORES ADJUNTOS

D.WALTER REIFARTH MUÑOZ

Secretario fundador de la Asociación Iberoamericana de la Universidad de Salamanca. España.

Dª. LAURA GALLEGO HERRÁEZ

Presidenta fundadora de la Asociación Iberoamericana de la Universidad de Salamanca. España.

SECRETARIO DE DIRECCIÓN

DR. FEDERICO BUENO DE MATA

Profesor acreditado a Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca. España.

ASESOR EDITORIAL

D. PABLO RAMOS HERNÁNDEZ.

Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad en

Universidad de Salamanca.

Vicepresidente fundador de la Asociación Iberoamericana de la Universidad de Salamanca. España.

COMITÉ DE REDACCIÓN

DR. MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTEDocente en Universidad Autónoma de Lisboa. PORTUGAL

DR. ROBERTO WESLEY ZAPATA DURÁNDocente en Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. MÉXICO

DR. JULIO CÉSAR CORDÓNDocente en Universidad Rafael Landívar. GUATEMALA

DR. ENRIQUE LETELIER LOYOLADocente en Universidad de Antofagasta. CHILE

DR. JUAN CAMILO SALAS CARDONADocente en Universidad de Estrasburgo. FRANCIA

D. ABRAHAM BALZERDocente en Universidad de Costa Rica. COSTA RICA

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL

DR. EDUARDO OTEIZADocente en Universidad Nacional de la Plata. ARGENTINA

DR. JAIRO PARRA QUIJANOPresidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. COLOMBIA

D. CARLOS COLMENARES URIBEDocente en Universidad Libre Seccional Cúcuta. COLOMBIA

Dª. DIANA MARÍA RAMIREZ CARVAJALDocente en Universidad Católica del Oriente COLOMBIA

DR. JOÃO BRAGA Docente en Universidad Federal de Pernambuco. BRASIL

DR. ALEXANDRE FREIRE PIMENTELDocente en Universidad Federal de Pernambuco.BRASIL

D.ªANDREA MEROIDocente en Universidad Nacional del Rosario. ARGENTINA

D. FERNANDO MOREIRA GONÇALVESJuez en Justicia Federal. BRASIL

COMITÉ ASESOR

DR. FERNANDO MARTÍN DIZProfesor Titular (Acred. Catedrático) Universidad de Salamanca

DR.ª ISABEL HUERTAS MARTÍNProfesora Titular Derecho Procesal. Universidad de Salamanca

DR.ª INMACULADA SÁNCHEZ BARRIOSProfesoraTitular Derecho Procesal. Universidad de Salamanca

DR.ª MARTA DEL POZO PÉREZProfesora Contratada Doctor Derecho Procesal (Acred. Titular). Universidad de Salamanca

DR. ADÁN CARRIZO GONZALEZ CASTELLProfesor Contratado Doctor Derecho Procesal. Universidad de Salamanca

DR.ª ALICIA GONZÁLEZ MONJEProfesora Asociada Derecho Procesal. Universidad de Salamanca

IUDICIUM: REVISTA DE DERECHO PROCESAL

Asociación Iberoamericana de la Universidad de Salamanca

Domicilio Electrónico en España

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Edita:

Ratio Legis

Paseo de Francisco Tomás y Valiente, n.º 14, local 3

Tel.: (34) 923 227 037

37007 Salamanca

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ISSN:

2530-5158

IUDICIUM: REVISTA DE DERECHO PROCESAL, es publicada en formatos electrónicos (pdf, epub y mobi) que están

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Algunos derechos reservados. Publicada bajo los términos de la licencia:

Reconocimiento-No comercial-Sin obra derivada.

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ÍNDICE

1. ARTÍCULOS DOCTRINALES DE DOCENTES Y PROFESIONALES

Um estudo de teoria geral do processo: admissibilidade e mérito no julgamento dos recursos ........................................................................................................................... 15ADA PELLEGRINI GRINOVER y JOÃO FERREIRA BRAGA (Brasil)

Procedimiento adecuado a las necesidades del caso concreto .............................................. 39OMAR SUMARIA BENAVENTE (Perú)

O meio ambiente, o princípio da precauçao e o sistema processual brasileiro ..................... 59VISCIJUDITH FERNANDES MOREIRA (España)

La teoría de las cargas probatorias dinámicas en el Derecho uruguayo ............................... 81LEANDRO IGLESIAS y LUCÍA LONG (Uruguay)

Adecuaciones procesales penales indispensables para ajustarse en Cuba al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ...................................................................... 99DEINIER ROS ÁLVAREZ y YANIER SENÉN ROQUE RODRÍGUEZ (Ecuador)

2. ARTÍCULOS DE ESTUDIANTES

El deber de motivación en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos .......................................................................................................... 115GUSTAVO GERMÁN RAPALINI y MARÍA J. PIEDRALBA BRINER (Argentina)

Uma nova perspectiva aos limites da intervenção do judiciário nas políticas públicas ........ 127DÉBORA COSTA FERREIRA (Brasil)

La prueba: un derecho de la defensa y una carga del Ministerio Público ............................. 153JUAN ALCAPIO VILCHE, NOLVIA COLLAO COLLAO, ALEXANDRA DÍEZ TORRES, CRISTÓBAL GRISOLÍA JORQUERA, JEANN LÓPEZ MOHAMED, KATHERINNE MENESES HERRERA, ÁLVARO QUAAS ROJAS, CÉSAR QUIROGA MIRANDA, NICOLÁS PÉREZ CASTRO, PAULA VÁSQUEZ MAGALHAES (Chile)

Incidente de resolução de demandas repetitivas: juízo comparativo com os principais institutos de resolução massificada de conflitos ................................................................... 175MARCELO AUGUSTO KOYCHI NAKASHOJI PEREIRA (Brasil)

3. COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

Declaración de abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado y sobreseimiento del procedimiento de ejecución hipotecaria. Comentario a la sentencia nº 705/2015, de 23 de diciembre, del Tribunal Supremo ........................................................................... 205JESÚS CONDE FUENTES (España)

PRESENTACIÓN

IUDICIUMREVISTA DE DERECHO PROCESAL

DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

La creación de una revista sobre temas procesales de actualidad -entre los que van de suyo incluidoslos intemporales- no puede ser más que calificada en estos tiempos que corren como un valiente atre-vimiento. Muchos han sido los proyectos planteados que ni siquiera vieron la luz, muchos los que fe-necieron nada más nacer, y algunos otros los que a duras penas se mantuvieron unas pocas temporadasy no siguieron adelante. Lo que quedan son muy honrosas excepciones a las que se quiere unir la Re-vista que ahora mismo está naciendo. Para ello tiene justificados argumentos que voy a tratar de resumiren esta especie de “exposición de motivos”.

El origen de esta idea está justamente en una alineación de los astros y en un principio estructural quecaracteriza al área de conocimiento de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca. Ambos es-trechamente conectados, tal vez por una inefable conexión de causalidad, o quizás con mayor realismo,de casualidad. La alineación de los astros tiene que ver con la monumental experiencia de los concursosde semilleros de estudiantes de Derecho procesal que organiza cada año el Instituto Colombiano deDerecho Procesal. Allí nuestra Universidad ha tenido la fortuna de ser honrosamente representada enocasiones muy reiteradas, y de esas “semillas” interesadas en nuestra especialidad procesalista nacióla propuesta de la creación de una asociación que formalizara la red de estudiantes que se iban cono-ciendo en las diversas ciudades que hemos ido visitando. Por supuesto, colombianos y no colombia-nos.

De esta interacción singular entre estudiantes de distintos países latinoamericanos y de los respectivosprofesores que durante el año entrenamos las mentes de esta dinámica juventud surgió la idea de lacreación de la Asociación de estudiantes Iberoamericana de la Universidad de Salamanca, la cual a suvez aprovechó el acendrado criterio de los profesores de Salamanca de dar un especial protagonismoa los jóvenes en los proyectos que emprendemos, para proponer en esta ocasión ni más ni menos quela organización de un instrumento de intercambio de resultados de investigación en el que de maneracombinada, aunque no revuelta, se mostraran a la comunidad científica tanto los avances de juristasya consagrados como estudios de investigadores noveles, siempre con el debido asesoramiento y conlos filtros que requiere la necesaria acreditación o indexación internacional.

Desde el principio la estructura apareció clara: una primera sección con los artículos de abogados li-tigantes, jueces, profesores universitarios, en suma: procesalistas con experiencia investigadora y conenseñanzas novedosas para los interesados iberoamericanos en el Derecho Procesal, que actúan de al-guna forma apadrinando a quienes inician con aires frescos y fuerzas imbatibles sus respectivas carreraspara hacer avanzar los conocimientos procesalistas. De ahí la segunda sección doctrinal, en la que losiniciados en esta tarea adictiva de preguntarse por los problemas y las soluciones sobre las mil y unacuestiones que ofrece nuestra área jurídica pueden mostrar sus opiniones y sus argumentos. Y comolos más mayores, someterse también al leal escrutinio público.

Una revista procesalista de relevancia internacional no puede desechar, además, otra razón de ser im-portante, a pesar de la facilidad de comunicaciones y de la fluidez en la obtención de información através de la red de redes. De hecho, el exceso de datos que suministra en pocos segundos cualquierbuscador de Internet hace necesaria una rigurosa selección de las novedades normativas o jurispru-denciales, que, comentadas con perspectiva crítica, puedan incidir positivamente en una mayor apro-ximación entre juristas que en sus respectivos países deben afrontar asuntos por lo general y en esenciano tan distintos de unos países a otros. Por ello, los estudiantes que me encomendaron la gozosa tarea

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de coordinar sus planteamientos, vieron necesario completar los estudios doctrinales con otras seccio-nes en las que puedan exponerse de manera sintética algunas novedades legislativas significativas, al-gunas sentencias que puedan marcar nuevas rutas en temas procesales que nos preocupan a todos, otambién la recensión de nuevas obras que aportan visiones innovadoras de nuestra disciplina.

Por todo ello, en el momento de inauguración de este canal intercontinental que une mentes y conducepasiones hacia la profundización en el conocimiento jurídico, no es preciso recordar las dificultadesprácticas que este grupo de estudiantes apasionados han enfrentado para llegar a esta primera meta.Es la hora, más bien, de señalar que estamos sólo en un primer paso de lo que pretendemos sea unalarga aventura de cooperación entre juristas de latitudes muy diversas, pero todos ellos con el mismopropósito de aprender, reflexionar, discutir en buena lid si es preciso, sobre esta apasionante materia ala que llamamos Derecho Procesal.

Lorenzo M. Bujosa VadellDirector

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ARTÍCULOS DOCTRINALES DE DOCENTES

Y PROFESIONALES

REVISTA DE DERECHO PROCESAL



Um estudo de teoria geral do processo: admissibilidade e mérito no julgamento dos recursos

Un estudio de la teoría general del derecho procesal: admisibilidad y mérito en juicio de los recursos

ADA PELLEGRINI GRINOVERJOÃO FERREIRA BRAGA




RESUMO

O presente trabalho analisa o sistema recursal brasileiro, especialmente a definição, objeto, compe-tência, natureza e efeitos do exame de admissibilidade e de mérito, a relação existente entre eles e asimplicações verificadas. São avaliados, também, os requisitos de admissibilidade previstos pela legis-lação e a interpretação dos tribunais.

PALAVRAS-CHAVE:

Direito Processual; sistema recursal; admissibilidade; mérito; relação; análise.

RESUMEN

En este trabajo se analiza el sistema de apelaciones brasileño, especialmente la definición, objeto, com-petencia, naturaleza y finalidad del examen de admisibilidad y fondo, la relación entre ellos y sus im-plicaciones. También se evalúan los requisiitos de admisibilidad establecidos por la ley y lainterpretación de los tribunales.

PALABRAS CLAVE:

Derecho Procesal; sistema de apelaciones; admisibilidad; mérito; relación; análisis.

ABSTRACT

This paper analyzes the Brazilian appellate system, especially the definition, object, competence, natureand purpose of the examination of admissibility and merits, the relationship between them and the im-plications verified. Are also evaluated the admissibility requirements laid down by the law and the in-terpretation of the courts.

KEYWORDS:

Procedural law; appeals system; admissibility; merit; relationship; analysis.

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E JUÍZO DE MÉRITO

Todo recurso –como, aliás, qualquer ato postulatório– está sujeito a exame sob dois aspectos: o primeirodestina-se a aferir se estão satisfeitos os requisitos prévios necessários à apreciação do conteúdo dapostulação; o segundo, a examinar os fundamentos desta, para acolhê-la ou rejeitá-la.

Denomina-se juízo de admissibilidade aquele em que se declara a presença ou ausência dos referidosrequisitos; e se chama juízo de mérito aquele em que se apura a existência ou inexistência de funda-mento para o que se postula: no caso dos recursos, a revisão da decisão impugnada, visando à sua re-forma, invalidação, esclarecimento ou integração.

Só se passa ao juízo de mérito se o de admissibilidade for positivo: assim, muito embora o juízo demérito do recurso se revista de maior importância, por dizer respeito ao fundo da impugnação, de ad-

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missibilidade lhe é logicamente anterior. A questão relativa à admissibilidade é necessariamente pre-liminar à questão de mérito: a apreciação desta fica excluída se a primeira for decidida negativamente.

Quando a admissibilidade é negada pelo órgão ad quem, diz-se que ele não conhece do recurso. Nocaso contrário, que conhece do recurso. Neste último caso, duas hipóteses podem ocorrer: o órgão adquem entende que o recurso, além de admissível, é fundado, e nesse caso lhe dá provimento; ou entendeque, embora admissível, é infundado, e lhe nega provimento.

A distinção entre conhecimento e provimento dos recursos é relevante: se o recurso não é conhecido,estabiliza-se a decisão do juízo a quo. Mas se o recurso é conhecido, ainda que improvido pelo mérito,a decisão do órgão ad quem substitui sempre a decisão impugnada.

Por isso não é de boa técnica falar-se na “manutenção da decisão recorrida” pelo órgão ad quem.

Daí surgem diversas consequências, no que respeita à competência para a ação rescisória e a revisãocriminal. Exemplifique-se com o Supremo Tribunal Federal, competente para processar e julgar asações rescisórias e as revisões criminais de seus julgados (art. 102, I, j, CF): se o recurso extraordináriointerposto contra a decisão não for conhecido, a competência para a ação rescisória e a revisão criminalé do tribunal a quo; se conhecido, ainda que não provido, a competência é do próprio Supremo TribunalFederal.

2. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E JUÍZO DE MÉRITO: OBJETO.

O juízo de admissibilidade tem por objeto os requisitos necessários para que se possa legitimamenteapreciar o mérito do recurso, dando-lhe ou negando-lhe provimento. Esses requisitos nada mais sãodo que os pressupostos e as condições necessárias ao julgamento do fundo da impugnação, podendoser analisados em simetria com os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, o juízo deadmissibilidade versa sempre sobre questões processuais atinentes à interposição.

Por sua vez, objeto do juízo de mérito é o próprio conteúdo da impugnação à decisão recorrida. É pos-sível que o objeto do recurso se circunscreva a uma questão resolvida, no juízo a quo, como preliminarda questão de mérito, discutindo-se, por exemplo, a presença ou ausência de um pressuposto processualou de uma condição da ação. Por isso, o mérito do recurso não corresponde ao mérito da causa, po-dendo versar sobre questões processuais anteriores à decisão ou dela emergentes.

3. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: COMPETÊNCIA, NATUREZA E EFEITOS.

Em princípio, a competência para o primeiro juízo de admissibilidade é do próprio órgão perante oqual se interpõe o recurso. Ao revés, também em linha de princípio, a este não se reconhece compe-tência para examinar o mérito do recurso. O órgão de interposição não pode indeferir o recurso porentendê-lo infundado: nítida é a linha divisória entre os dois juízos.

Mas há limites para a competência do órgão a quo quanto ao juízo de admissibilidade. Em primeirolugar, circunscreve-se ela à aferição da existência ou inexistência dos requisitos no momento da inter-posição do recurso. Não estão sujeitas a seu controle as causas de inadmissibilidade supervenientes aorecebimento do recurso, exceção feita – onde caiba – à deserção. Em qualquer outro caso, vindo afaltar algum requisito depois de admitido o recurso, mesmo que antes da subida, não se lhe poderánegar seguimento e só ao órgão superior competirá a declaração de inadmissibilidade.

Há exceções a essa técnica, tal como ocorre, por exemplo, com os embargos de declaração. No processocivil, também caberá ao juízo prolator do ato decisório, num primeiro momento, a competência paraexaminar o mérito do recurso, v.g., nos casos previstos nos arts. 285-A, § 1.º, e 296 do CPC.

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No processo civil, a teor do disposto no art. 518, § 2.º, do CPC, apresentadas contrarrazões à apelação,é facultado ao juízo de primeiro grau o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

Em segundo lugar, o órgão da interposição não poderá jamais subtrair do órgão ad quem o juízo deadmissibilidade: assim, se o sistema não contemplar recurso, ou remédio análogo, da decisão que re-jeitar o recurso por inadmissível, não poderá ele ser assim declarado pelo órgão a quo.

Isso porque a competência do órgão de interposição para o juízo de admissibilidade não exclui a com-petência do órgão ad quem para a mesma matéria. E não apenas com relação às eventuais causas su-pervenientes de inadmissibilidade, posteriores à interposição, mas também no que tange à revisão dojuízo positivo de admissibilidade pelo órgão recorrido, não atingido pela preclusão. Resulta daí que,enquanto o mérito dos recursos é, em regra, objeto de uma única apreciação, o juízo de admissibilidadesubmete-se, em geral, a duplo controle – na instância inferior e na superior.

A competência para o duplo controle da admissibilidade deve ser

exercida de ofício. Mas, no órgão ad quem, o juízo de admissibilidade, se positivo, pode e costumamesmo ser implícito, deduzido da circunstância de ter-se passado a examinar o mérito do recurso. Aocontrário, se o juízo de admissibilidade for negativo, a decisão deverá sempre ser explícita e funda-mentada.

A natureza do juízo de admissibilidade, positivo ou negativo, é essencialmente declaratória. A exis-tência ou inexistência dos requisitos de admissibilidade é anterior ao pronunciamento e não é ocasio-nado por este.

O efeito geral do juízo de admissibilidade é o de permitir, se positivo, a passagem para o julgamentodo mérito ou de impedi-la, se negativo.

Mas o juízo positivo de admissibilidade, na jurisdição inferior, não

basta para assegurar ao recorrente o juízo do mérito, seja porque podem intervir causas supervenientesde inadmissibilidade, seja porque não fica preclusa a reapreciação da matéria pelo órgão ad quem.

Ao contrário, se o juízo de admissibilidade é positivo no órgão ad quem, o efeito imediato é o deensejar a passagem para o exame do mérito do recurso. O órgão ad quem conhece então do recurso,para dar-lhe ou negar-lhe provimento pelo mérito. Negativo o juízo de admissibilidade na instânciasuperior, a decisão será de não conhecimento.

4. JUÍZO DE MÉRITO: COMPETÊNCIA E EFEITOS

Como visto, o juízo do mérito do recurso é da competência exclusiva do órgão ad quem, salvo deter-minação legal expressa.

Vencido o juízo de admissibilidade pelo conhecimento do recurso, abrem-se duas possibilidades: ouse lhe nega provimento, por entender-se infundada a impugnação, ou se lhe dá provimento. Nesteúltimo caso, podem ocorrer duas hipóteses: o órgão superior reforma a decisão recorrida, ou a anula.

Reforma-a, quando reconhece o error in iudicando (ou seja, quando a decisão recorrida não aplicoucorretamente o direito material). Anula-a, ao verificar a presença do error in procedendo (ou seja,quando a decisão recorrida não apreciou corretamente questões processuais).

No primeiro caso –reforma da decisão, pelo mérito da causa– o objeto do juízo recursal coincide como objeto do juízo de grau inferior – assim, não podendo subsistir duas decisões com o mesmo objeto,a segunda substitui a primeira, nos limites do conhecimento do órgão ad quem.

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Na hipótese de provimento do recurso para anular a decisão recorrida, por error in procedendo, o jul-gamento do juízo ad quem não coincide com o da jurisdição inferior nem o substitui: o que existe é asua cassação, para que o próprio órgão a quo profira nova decisão.

Sendo o recurso julgado em seu mérito, a decisão recorrida jamais passa em julgado. Evidente a cir-cunstância quando o recurso é provido; mas mesmo quando o órgão ad quem nega provimento à im-pugnação, “confirmando” a decisão recorrida, o que pode passar em julgado é sempre e só opronunciamento do órgão ad quem, que substitui o da jurisdição inferior, no que foi objeto do conhe-cimento do tribunal.

5. OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS: A CLASSIFICAÇÃO TRADI-CIONAL

A doutrina processual penal fala genericamente em requisitos ou pressupostos de admissibilidade dosrecursos. E muito embora em obras mais recentes se utilize a expressão condições e pressupostos dosrecursos, estabelecendo um paralelo com as condições da ação e os pressupostos processuais, na sis-tematização dos referidos requisitos ainda se encontra a repartição clássica em pressupostos objetivose pressupostos subjetivos.

Assim, é a seguinte a classificação tradicional dos requisitos de admissibilidade dos recursos penais,divididos em pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos:

A) pressupostos objetivos dos recursos: a) cabimento; b) adequação; tempestividade; d) regularidadeprocedimental; e) inexistência de fato impeditivo ou extintivo.

Alguns englobam a previsão e a adequação na categoria do cabimento.

B) pressupostos subjetivos: a) interesse em recorrer (falando alguns em sucumbência); b) legitimaçãoaos recursos.

Mas esse modelo não leva em consideração a verdadeira natureza do direito de recorrer, que nada maisé do que uma modalidade do direito de ação e de defesa, enquadrado na tutela constitucional do devidoprocesso legal.

6. A NOSSA CLASSIFICAÇÃO: A) CONDIÇÕES DA AÇÃO E CONDIÇÕES DOS RECURSOS

Dada a natureza do direito de recorrer, pode-se estabelecer um paralelo entre as condições da ação eas condições dos recursos. Assim como para o exercício do direito de ação é necessário o atendimentode condições, sem as quais não se pode exigir o provimento jurisdicional, também para o exame domérito do recurso é preciso que se cumpram as condições de exercício do direito recursal. O recurso,é certo, não instaura nova relação processual, tratando-se apenas de outra fase da mesma relação abertacom a demanda. Mas o direito à fase impugnativa, como desdobramento do próprio direito de ação,também se sujeita a condições de admissibilidade.

Trata-se das mesmas condições exigidas para o exercício do direito de ação, quais sejam: a) a possi-bilidade jurídica (ou interesse-adequação), entendida como previsão, pelo sistema, do recurso utili-zado; b) o interesse em recorrer, visto como necessidade (ou utilidade) e, eventualmente, maisadequação; c) a legitimação ao recurso.

O primeiro, na classificação tradicional, é considerado pressuposto objetivo dos recursos; e os doisúltimos, pressupostos subjetivos.

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7. SEGUE: B) PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Além disso, como ocorre para o processo em geral (entendido como relação processual mais procedi-mento), o procedimento recursal também se subordina a requisitos para a constituição de uma faseprocedimental válida (ou seja, com viabilidade para desenvolver-se regularmente). Trata-se dos pres-supostos recursais, correspondendo aos pressupostos processuais.

No enfoque mais restrito, os pressupostos para a constituição válida da relação processual são: a) ademanda, regularmente formulada; b) a capacidade de quem a formula; c) a investidura do juiz.

Transportando esses pressupostos para o procedimento recursal, bastará substituir o elemento “de-manda” pelo de “interposição do recurso”. E se verá, então, que o que a doutrina tradicional indicacomo alguns dos “pressupostos objetivos dos recursos” nada mais é do que o primeiro pressuposto re-cursal: com efeito, a tempestividade e a regularidade procedimental estão compreendidas no pressu-posto do recurso regularmente formulado. O cabimento (previsão mais adequação) pertence, aocontrário, à categoria das condições da ação, enquadrando-se a previsão na possibilidade jurídica e aadequação no interesse em recorrer.

Para completar o rol dos pressupostos objetivos dos recursos da classificação tradicional, ainda faltaaquele que a doutrina indica com a expressão de inexistência de fatos impeditivos ou extintivos.

É que, numa visão mais ampla dos pressupostos processuais, estes abrangem outros requisitos que, anosso ver, nem sempre dizem respeito à instauração válida da relação processual.

Tomando emprestado, dessa classificação mais abrangente, o pressuposto correspondente à ausênciade fattos impediitivos ou extintivos, fica preenchida a categoria clássica dos pressupostos objetivos.

8. NOSSA SISTEMATIZAÇÃO: CONDIÇÕES DOS RECURSOS E PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Em síntese, a sistematização dos requisitos de admissibilidade do julgamento do mérito dos recursos,elaborada levando em conta a construção científica do processo, conduz a uma nova classificação, queé a seguinte:

A) Condições de admissibilidade dos recursos: a) possibilidade jurídica (previsão no ordenamento);b) legitimação; c) interesse em recorrer (utilidade mais adequação).

B) Pressupostos recursais para a constituição de uma fase procedimental válida: a) a investidura dojuiz; b) a capacidade de quem formula o recurso; c) a regularidade formal da interposição do recurso.E, numa visão mais abrangente, d) a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos.

Não consideramos a competência pressuposto processual, nem recursal, porquanto se trata de requisitode conhecimento por parte de determinado juiz ou tribunal; mas a demanda, assim como o recurso, seinterpostos com observância de todas as exigências acima e mais das condições da ação ou recursais,serão conhecidos, por este ou aquele juiz ou tribunal.

É para esses requisitos de admissibilidade, compreendendo condições e pressupostos, que o juízo deadmissibilidade deve atentar. Passemos a examiná-los em separado.

9. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO E DOS RECURSOS

Assim como o exercício regular do direito de ação é submetido a condições, da mesma forma o direitode recorrer sujeita-se a condições de exercício. São elas: a) a possibilidade jurídica de recorrer; b) alegitimação para recorrer; c) o interesse em recorrer.

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10. POSSIBILIDADE JURÍDICA (CABIMENTO)

Vimos que a possibilidade jurídica, com relação ao exercício do direito de ação, é em regra conceituadaem termos negativos, como exclusão, a priori, pelo ordenamento, do pedido ou da causa petendi, for-mulado pelo autor. E a tendência, no processo civil, é descartar essa condição da ação, subsumindo-ano interesse de agir,

Mas o requisito parece indispensável para o processo penal, pois, numa visão mais ampla, a possibi-lidade jurídica pode ser considerada em termos positivos: o pedido é juridicamente possível nos casosem que o sistema expressamente o prevê. Nessa postura, por exemplo, para determinados tipos de de-mandas –como na rescisória cível ou na revisão criminal–, a possiibilidade jurídica corresponde às hi-póteses legais de cabimento.

Assim ocorre com a possibilidade jurídica, ao menos para o processo penal, aplicada aos recursos, aqual também se identifica com o seu cabimento.

Como visto, na classificação tradicional o cabimento é considerado pressuposto recursal objetivo.Estaexigência corresponde à previsão legal do recurso. Só há possibilidade de utilização da via recursalquando o ordenamento contempla certo meio de impugnação para atacar a decisão. Desse modo, apossibilidade jurídica de recorrer prende-se à recorribilidade da decisão.

Sendo irrecorrível a decisão, por não caber dela qualquer recurso, haverá impossibilidade jurídica deinterpô-lo. Assim, é irrecorrível a última decisão, uma vez esgotadas as vias recursais juridicamentepossíveis, ocorrendo entãao a preclusão e a coisa julgada formal (que acarreta a preclusão máxima,como conseqüência dos recursos definitivamente preclusos).

Também são irrecorríveis os meros despachos (que nem decisões são, por não versarem sobre questõescontrovertidas), como atos judiciais que servem exclusivamente para impulsionar o processo.

As decisões interlocutórias são de regra recorríveis por agravo no processo civil e irrecorríveis no pro-cesso penal, ressalvadas as hipóteses do art. 581 CPP ou de leis especiais, em que cabe o recurso emsentido estrito ou o agravo. A impossibilidade jurídica de recorrer, nos casos de irrecorribilidade dasinterlocutórias, faz com que seu conteúdo possa ser reexaminado por ocasião do recurso cabível quese seguir, por não ocorrer preclusão em função mesmo da irrecorribilidade.

11. A LEGITIMAÇÃO PARA RECORRER

Assim como a legitimidade para agir é condição para o regular exercício do direito de ação, a legiti-mação ao recurso também é condição de admissibilidade deste.

Por razões óbvias de conveniência, a lei limita o círculo dos possíveis recorrentes. Surge assim o pro-blema da legitimidade para recorrer –analogamente ao que ocorre no tocante à propositura da ação–,impondo-se verificar se quem interpôs o recurso está habilitado a fazê-lo.

No processo civil, a teor do disposto no art. 499 do CPC, são legitimados a recorrer a parte, o terceiroprejudicado e o Ministério Público. O art. 577 do CPP prescreve que o recurso pode ser interpostopelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Mas, com relação ao réu, no processo penal, há que notar que é ele legitimado autonomamente aos re-cursos, e não apenas na pessoa de seu procurador ou defensor, também investido de legitimação autô-noma e concorrente (ou disjuntiva) para recorrer. Ou seja, o CPP ainda outorga ao réu capacidadepostulatória, podendo ele interpor os recursos, independentemente da intervenção de seu advogado,constituído ou nomeado.

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A inovação do CPP, em relação aos esquemas normais da capacidade postulatória e da legitimação,explica-se mercê de diversas circunstâncias: a relevância social do direito de defesa, de que o direitode recorrer é uma das manifestações, facilitando-se então a interposição do recurso diretamente peloréu (quando preso, pode ele ter dificuldades de comunicar ao advogado sua vontade de recorrer); ofato de que, no processo penal, o direito de defesa se desdobra em duas facetas, quais sejam a defesatécnica e a autodefesa, abrigando o art. 577 CPP as duas vertentes.

Claro é que a legitimação autônoma do acusado e do defensor – constituído ou nomeado –pode levara uma divergência quanto à manifestação da vontade de recorrer. Como dirimir o conflito? O problema,na verdade, é de interesse-utilidade.

Tem-se dito que o advogado tem melhores condições de avaliar as possibilidades de êxito de um re-curso, mas também se reconhece que é o acusado que sofre os efeitos da decisão penal e, às vezes, ainterposição do recurso pode não lhe ser conveniente.

Pense-se, por exemplo, na demora no julgamento da apelação, que poderá impedir a imediata progres-são no regime prisional; ou, ainda, no benefício da unificação de penas, concedida na base de conde-nação anterior.

Por isso mesmo, a jurisprudência era dividida a respeito do assunto.

No sentido da prevalência da manifestação técnica do defensor, RT 609/353, 617/287, 629/391; RTJ80/497, 79/422. Em posição oposta, que privilegia a vontade do réu, RT 588/291, 610/368, 611/353.A Súmula 705 do STF consolidou esse último entendimento: “A renúncia do réu ao direito de apelação,manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este inter-posta”.

No processo civil, a legitimidade do Ministério Público, como visto, é reconhecida tanto nos casos emque ele interage como parte, como nas espécies em que desempenha a função de fiscal da lei. Nesteúltimo caso, inclusive, a legitimidade do parquet não está condicionada à vontade da parte que ensejoua sua intervenção no feito. Da mesma forma, torna-se necessário remodelar alguns conceitos proces-suais, em se tratando de recurso à iniciativa do Ministério Público, agindo como custos legis. É o casodo interesse. Quando atua como fiscal da lei, o interesse do órgão ministerial sagra-se na busca pelatutela à ordem jurídica, não havendo que se exigir sucumbência propriamente.

Algumas considerações merece a legitimação aos recursos do Ministério Público no processo penal.Pode ele recorrer como parte parcial e como órgão da justiça. Exatamente por isso é legitimado aosrecursos que interpuser em benefício do réu, quando o seu interesse em recorrer tomará por base a uti-lidade da decisão em relação à correta aplicação da lei.

Como se vê, as questões da legitimação aos recursos e do interesse em recorrer se entrosam, o que temlevado alguns autores a recusarem a distinção entre as duas condições de admissibilidade ou a negaremautonomia ao requisito do interesse em recorrer, visto como simples fundamento ou razão de ser da le-gitimação. Contudo, a melhor doutrina preserva a distinção conceptual entre os dois requisitos.

12. PROCESSO PENAL: LEGITIMAÇÃO DO OFENDIDO, SUCESSORES E OUTROS.

Além das partes, legitimadas pelo art. 577 CPP, os arts. 598 e 584, § 1.o, CPP, por sua vez, legitimamà interposição da apelação e do recurso em sentido estrito o ofendido ou seus sucessores, ainda quenão se tenham habilitado como assistentes. Se o ofendido tiver ingressado no processo como assistente,já passou a figurar como parte (ainda que com poderes mais restritos no processo penal). Mas se in-tervier no processo no momento de recorrer, passará a integrar a relação jurídica processual a partir da

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interposição do recurso, numa figura semelhante à do terceiro prejudicado, igualmente legitimado aosrecursos no processo civil (art. 499, caput e § 1.o, CPC).

Sobre a admissibilidade dos recursos do assistente há duas Súmulas do STF: a Súmula 208 impede oassistente de recorrer extraordinariamente de decisão concessiva de habeas corpus; a Súmula 210, aocontrário, admite o extraordinário se a decisão recorrida tiver como conteúdo os referidos nos arts.598 e 584, § 1.o, CPP.

Observe-se que por ofendido se entende o sujeito passivo da infração penal. Por isso, tem sido reco-nhecida a legitimação à assistência (e aos recursos) de certas entidades, como a família, que figuramcomo sujeito passivo de ilícitos penais: no caso, nos crimes contra a família.

São, ainda, legitimadas aos recursos outras pessoas que podem ingressar no processo como assistentesde acusação: assim, o administrador judicial e qualquer credor habilitado nos crimes falimentares; aComissão de Valores Mobiliários – CVM e o Banco Central, nos crimes contra o sistema financeiro(art. 26, parágrafo único, da Lei 7.492/86); os corpos intermediários (associações e entidades e órgãosda administração pública, direta ou indireta), assemelhados ao ofendido pelo art. 80 do Código de De-fesa do Consumidor, podendo intervir como assistentes nos processos atinentes a crimes e contraven-ções que envolvam relações de consumo; as associações de titulares de direito de autor, nos processospelos crimes do art. 184 do Código Penal, quando praticados em detrimento de qualquer de seus asso-ciados (art. 530-H do CPP, na redação dada pela Lei 10.695/2003).

Fora dos esquemas da assistência, ainda é legitimado aos recursos, no tocante às medidas assecuratóriasdo Cap. VI do Título VI do Livro I do CPP, o lesado (que nem sempre é o ofendido) ou mesmo terceiraspessoas, como o possuidor de boa-fé que perde o bem em virtude de decisão em incidente de restituição,ou que não tem admitidos os embargos apresentados com fundamento no art. 130, II, CPP.

13. INTERESSE EM RECORRER

A noção de interesse, no processo, repousa sempre, em nosso entender, no binômio adequação maisnecessidade ou utilidade.

Para o exercício do direito de ação, adequação é a relação existente entre a situação lamentada peloautor ao vir a juízo e o provimento jurisdicional concretamente solicitado, que deve ser apto a corrigiro mal de que o autor se queixa, sob pena de não ter razão de ser. Analogamente, com relação ao direitode recorrer, o recurso interposto deve ser adequado a assegurar a utilidade visada pelo recorrente. Issoimporta em que o recorrente lance mão do recurso adequado às hipóteses de cabimento, pois a cadatipo de decisão cabe um tipo de recurso, embora a regra seja mitigada pelo princípio da fungibilidade.

É por isso que a classificação tradicional dos requisitos recursais coloca a adequação ao lado do cabi-mento, como pressupostos objetivos dos recursos.

Vê-se daí que, com relação aos recursos, o interesse-adequação se confunde com o cabimento.

A necessidade de tutela jurisdicional indica a impossibilidade de se obter a satisfação do direito materialsem a intervenção do Estado-juiz – e isso se aplica tanto ao exercício do direito de ação, como ao exer-cício do direito de recorrer.

A utilidade significa a possibilidade, por intermédio do direito de ação ou do direito de recorrer, de seconseguir situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a existente antes do exercício daação ou, no caso de recurso, da emergente da decisão recorrida.

Vejamos, em separado, o interesse-necessidade e o interesse-utilidade.

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14. INTERESSE EM RECORRER: A NECESSIDADE

O interesse-necessidade implica a exigência de se lançar mão do recurso, para atingir-se o resultadoprático que o recorrente tem em vista.

Suponha-se que a denúncia tenha sido acolhida, condenando-se o réu, mas que este, logo após a sen-tença, tenha reconhecida em seu favor causa extintiva da punibilidade. Nessas circunstâncias, o réualcançará, sem necessidade de apelar, vantagem prática igual à que poderia esperar do julgamento daapelação. Se, não obstante, apela, o recurso deve considerar-se inadmissível, por falta de interesse-ne-cessidade.

O sistema processual penal brasileiro não prevê, como ocorre em outros ordenamentos, a possibilidadede o réu, cuja punibilidade foi declarada extinta, pretender sentença absolutória (art. 61 CPP).

Outro exemplo de ausência de interesse-necessidade configurar-se-ia na hipótese de sentença juridi-camente inexistente, que por natureza não tem idoneidade para revestir-se da autoridade de coisa jul-gada; a rigor, o recurso não é necessário, pois a declaração da inexistência jurídica da decisão podeser feita a qualquer tempo, decorrendo de simples petição nos autos. Mas, como visto, a doutrina maisprudente entende que, no caso, se pode recorrer, por razões de ordem prática, porque a declaração dainexistência pode ser obtida por intermédio do recurso. Trata-se de uma mitigação do princípio do in-teresse-necessidade, para atender ao resultado prático que também se poderia atingir por outras viasprocessuais.

14. INTERESSE EM RECORRER: A UTILIDADE

O interesse de agir, em matéria recursal, tem sido identificado com o fato de ter ficado vencido o re-corrente, aludindo-se à sucumbência, ao gravame, ao prejuízo, ou à circunstância de a decisão não teracolhido seu pedido, ou de haver acolhido o da parte contrária.

Mas já se demonstrou, com excelentes argumentos, que esses conceitos são parciais, não abrangendotodo o universo do interesse-utilidade.

Com efeito, o último critério – pela decisão que desacolheu o pedido ou acolheu o da parte contrária– seria aplicável apenas às sentenças de mérito e às decisões de outra natureza proferidas em respostaà iniciativa das partes, não servindo para os inúmeros casos em que o órgão judicial resolve de ofícioalguma questão sobre a qual deva manifestar-se independentemente de pedido expresso (exemplifi-que-se com a incompetência absoluta).

O critério do gravame ou prejuízo causado pela decisão impugnada tem ainda em seu desfavor o fatode tratar-se de ótica retrospectiva, que confronta a situação da sentença com as expectativas das partes.No exemplo acima dado, da incompetência absoluta, não se identifica, pelo menos aparentemente,nem prejuízo determinado, nem pedido que se possa confrontar com o que foi decidido.

Por tudo isso, a postulação de um conceito unitário do interesse em recorrer exige uma ótica antesprospectiva que retrospectiva, em que se dá ênfase à utilidade, entendida como proveito que a futuradecisão seja capaz de propiciar ao recorrente. Esta visão permite abranger todas as hipóteses, quer setrate de recurso das partes, quer de terceiros, quer do Ministério Público, como fiscal da lei ou órgãode justiça.

O parágrafo único do art. 577 CPP afeiçoa-se a esse entendimento, quando proclama que não se ad-mitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão – observando-seapenas a estreiteza do termo parte, num sistema processual em que o ofendido também é legitimado

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ao recurso (arts. 598 e 584, § 1.o, CPP) e em que o MP pode recorrer em benefício do réu, não comoparte parcial, mas em suas vestes de órgão da justiça.

15. O INTERESSE-UTILIDADE: A VANTAGEM PRÁTICA

A ocorrência da utilidade deve ser aferida do ponto de vista prático. O processo não pode servir depalco para a solução de questões acadêmicas.

Já se decidiu faltar o interesse quando o recurso se destina exclusivamente a obter uma declaração decaráter doutrinário, mesmo que seja a pretexto de poder valer em outra jurisdição: RT 532/384.

Daí se tiram importantes conclusões. A primeira é a de que só se admite recurso, em regra, contra odispositivo, e não contra a motivação. Isso quer dizer que é irrelevante que o juiz se tenha apoiado,total ou parcialmente, em argumentos diversos dos sugeridos pelo litigante, a favor do qual, no entanto,decidiu. Nesse sentido, v. Ac. TJRJ, 27.04.1981, Ap. 15.738, DO III, 05.08.1982, p. 64.

Ressalvam-se porém os casos, excepcionais, em que o sistema legal atribui importância prática à mo-tivação, como acontece, no processo penal, para a sentença que absolve por falta ou insuficiência deprovas, o que pode gerar pedido de indenização.Nesse sentido, TAPR, 4.a Câm., Ap. 150143-7, j.24.05.2001, RT 800/698.

Há situações análogas no processo coletivo, em que a parte ré poderá ter interesse em recorrer da sen-tença de improcedência, em razão dos fundamentos (arts. 18 da Lei n. 4.717/1965 e 16 da Lei n.7.347/1985).

O mesmo critério de aferição da utilidade prática leva a concluir pela inadmissibilidade do recurso emque as razões de impugnação só se relacionam com um dos fundamentos da decisão impugnada,quando os outros sejam bastantes para justificá-la. Com efeito, ainda que conhecido e provido o recurso,a conclusão da decisão impugnada subsistiria pelos outros fundamentos, não produzindo o recursoqualquer vantagem prática.

Quanto ao recurso extraordinário, a Súmula 283 do STF estabelece: “É inadmissível o recurso extraor-dinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso nãoabrange todos eles”. E o TFR, em Ac. de 24.04.1974, decidiu não conhecer do agravo que apenasatacou um dos fundamentos da sentença, pois de seu provimento não resultaria proveito ou vantagempara o recorrente, subsistindo a sentença pelo segundo de seus fundamentos (MS 71.039, DJU26.08.1974, p. 5.903).

16. O INTERESSE-UTILIDADE COM RELAÇÃO AO MP NO PROCESSO PENAL

Já foi dito que o MP, no processo penal, pode recorrer como parte parcial e como órgão da justiça, oufiscal da lei. Neste caso, a utilidade da nova decisão descansa na vantagem para a correta aplicação dalei, inclusive quando o recurso vier a beneficiar o réu. Reconhecendo o interesse do MP para recorrerem benefício do réu, v. RT 567/334; JTACrSP 59/346 e 67/210. No mesmo sentido, STF, 2.a Turma,HC 80.933-2-MG, rel. Min. Nelson Jobim, j. 14.08.2001, RT 796/531.

Há quem diga que o MP não pode recorrer em favor do acusado, se a matéria é de prova e o que sediscute é a justiça ou injustiça da decisão no plano fático. Não compartilhamos dessa opinião, pois ajustiça da decisão também é questão de ordem pública, tendo o MP, nos termos do art. 127, caput, CFe do art. 257 CPP interesse na defesa da ordem jurídica, que compreende não só a legalidade mas tam-bém a justiça das decisões judiciárias.

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Tem-se afirmado que a amplitude que se deve atribuir ao interesse do MP em recorrer em benefício dadefesa não deveria ir a ponto de admitir-se recurso que vise ao reconhecimento de nulidade relativaque só à defesa interesse, pois o art. 565 CPP obsta expressamente a que qualquer das partes aleguenulidade referente a formalidade que só interesse à parte contrária. No entanto, o MP tem interesse naconstituição de um título válido, e nem sempre poderá discernir claramente, a priori, se se trata de nu-lidade absoluta ou relativa. Assim, não estando o MP convencido tratar-se de nulidade relativa, sanadapela falta de alegação do interessado, pode e deve o promotor postular o reconhecimento de víciosque impliquem ofensa ao direito de defesa.

17. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E PRESSUPOSTOS DOS RECURSOS

Assim como ocorre para o processo em geral, que se subordina a requisitos para a constituição de umarelação processual válida, a constituição da relação procedimental atinente aos recursos também sesujeita a pressupostos necessários para que possa nascer e desenvolver-se validamente.

Os pressupostos processuais (e dos recursos) são: a) a investidura do juiz; b) a capacidade de quemformula o pedido (ou o recurso); c) a regularidade formal deste pedido (ou da interposição deste re-curso). E, numa visão mais abrangente: d) a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos. Não con-sideramos a competência pressuposto processual, nem recursal, porquanto se trata de requisito deconhecimento por parte de determinado juiz ou tribunal; mas a demanda, assim como o recurso, se in-terpostos com observância de todas as exigências acima e mais das condições da ação ou recursais,serão conhecidos por este ou aquele juiz ou tribunal.

18. INVESTIDURA DO JUIZ OU TRIBUNAL

A investidura do juiz, ou tribunal, que corresponde à sua qualidade de órgão jurisdicional, mais do quepressuposto de validade, pode ser considerada pressuposto de existência da relação processual (ou darelação procedimental da fase recursal). Sem juiz natural, constitucionalmente investido de jurisdição,não pode haver exercício da jurisdição, e a relação processual ou procedimental será, mais que nula,inexistente.

No entanto, o pressuposto da investidura do juiz assume menor relevância prática, como requisito au-tônomo para a existência da relação recursal, uma vez que a fase dos recursos se insere na mesma re-lação jurídica processual que se instaurou com a propositura da ação. Portanto, se houver vício deausência de investidura, em regra este já terá ocorrido no ajuizamento da demanda, colhendo eviden-temente todos os atos sucessivos, mas apenas como consequência do vício inicial.

Não se pode desprezar, porém, a possibilidade de o pedido ter sido formulado perante juiz investidode jurisdição e o recurso interposto ou remetido para tribunal constitucionalmente incompetente. Sepor este for julgada a impugnação, a relação procedimental do recurso será, mais que inválida, inexis-tente.

Pense-se, por exemplo, nos casos em que, nos termos do permissivo constitucional (art. 109, §§ 3.o e4.o, CF), a causa da competência da Justiça federal é processada e julgada, em primeiro grau, pela Jus-tiça estadual, por não ser a comarca sede de vara do juízo federal, com recurso para o Tribunal RegionalFederal. Em matéria penal, isso ocorre com a lei antitóxicos. Se, na hipótese, o recurso for julgadopelo Tribunal de Justiça, haverá vício de jurisdição e inexistência de relação recursal.

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21. CAPACIDADE PROCESSUAL NOS RECURSOS. CAPACIDADE DE SER PARTE

Para a regularidade da relação recursal, os legitimados aos recursos devem gozar de capacidade pro-cessual. Esta distingue-se em: a) capacidade de ser parte; b) capacidade de estar em juízo; c) capacidadepostulatória.

A capacidade de ser parte é a capacidade jurídica, ou capacidade de gozo, regulada pela lei civil (art.2.o CC). Assim, todo homem é capaz de direitos e deveres processuais, isto é, de ser sujeito da relaçãoprocessual, e tem, pois, capacidade de ser parte. Também têm capacidade de ser parte as pessoas jurí-dicas, porquanto dotadas de capacidade jurídica, além de certas massas patrimoniais, a que o Códigode Processo Civil dá caráter e denominação de pessoas formais (art. 12, III, IV e V, CPC, regulando amassa falida, a herança vacante ou jacente e o espólio).

O Código de Defesa do Consumidor criou mais uma pessoa formal, no art. 82, III, conferindo legiti-mação e capacidade de ser parte às entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta,ainda que destituídos de personalidade jurídica, desde que especificamente destinados à defesa dos di-reitos e interesses protegidos pelo CDC. Esse dispositivo, e essa capacidade de ser parte, têm relevânciapara o processo penal, uma vez que o art. 80 CDC legitima tais entidades à propositura da ação penalsubsidiária da pública, bem como à assistência do MP, daí defluindo sua legitimação e sua capacidadede ser parte com relação aos recursos.

22. SEGUE: A CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO

A capacidade de estar em juízo diz respeito à aquisição e perda da capacidade pela pessoa, tanto físicacomo jurídica. Assim, se a pessoa não for capaz, haverá necessidade de representação ou assistênciapelos pais, tutores ou curadores, na forma da lei. Quanto às pessoas jurídicas, sua capacidade de estarem juízo depende da representação de seus órgãos, na forma da lei ou do respectivo estatuto.

Assim também no processo penal: a capacidade de estar em juízo –e de recorrer– do menor de 18 anos,na queixa-crime, dependerá da representação do pai ou tutor.

O legislador processual penal de 1941 não previu, é evidente, a possibilidade de ser a pessoa jurídicaré no processo penal, como atualmente admite o art. 3.o da Lei Ambiental 9.605, de 12 de fevereiro de1998, que não contém nenhuma norma a respeito. Assim, encontram plena aplicação integrativa noprocesso penal as regras do art. 12, VI e VIII, do CPC, que rezam:

“Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...)VI – as pessoas jurídicas, por quem os respectivos estatutos designarem, ou,não os designando, por seus diretores;(...)VIII – a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou adminis-trador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil (art. 88,parágrafo único);(...)”.

Caso se entenda aplicável o art. 3.o da Lei Ambiental à pessoa jurídica de direito público –e esta é umaquestão de interpretação que respeita à responsabilidade penal–, encontrar-se-á no inc. I do art. 12, doCPC, a regra de representação da União, Estados, Distrito Federal e Territórios por seus procuradores;e, no inc. II, a do Município, por seu Prefeito ou procurador.

A capacidade de estar em juízo do Ministério Público exerce-se por intermédio dos seus promotores eprocuradores, nos termos do art. 129, § 2.o, CF, que afirma que as funções do parquet só podem serexercidas por integrantes da carreira.

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23. SEGUE: A CAPACIDADE POSTULATÓRIA

Não bastam a capacidade de ser parte e a capacidade de estar em juízo. Ainda é necessário que a parteintegre a relação processual por intermédio de quem tenha capacidade postulatória. Por direito depostular em juízo entende-se o direito de agir e falar em nome das partes.

O ius postulandi é, em regra, reservado ao advogado, regularmente habilitado perante a Ordem dosAdvogados do Brasil, na forma de seu Estatuto (Lei 8.906, de 04.07.1994). Tanto que hoje a Consti-tuição Federal considera a advocacia, pública e privada, como função essencial à justiça (arts. 133 e134 CF).

Avulta a indispensabilidade do advogado no processo penal, pela circunstância de que a defesa técnica,irrenunciável, é essencial em matéria criminal, onde não pode haver imposição da pena sem processo,nem processo sem efetiva defesa técnica.

Todavia, com relação especificamente aos recursos penais, deve-se observar que o art. 577 CPP outorgaao réu legitimação concorrente e autônoma aos recursos, investindo-o igualmente de capacidade pos-tulatória (ver, retro, n. 44). Isso quer dizer que o acusado pode interpor o recurso, independentementeda intervenção do advogado. Mais do que isso, vale como interposição qualquer manifestação de von-tade de recorrer, sobretudo em se tratando de sentença condenatória. Assim, se o réu, intimado da sen-tença, diz ao oficial de justiça de sua intenção de recorrer, basta a consignação dessa manifestação davontade para considerar-se interposto o recurso. Não se pode considerar essa prática em conflito como disposto no art. 133 CF, pois somente visa a facilitar o exercício da autodefesa que, como reiterada-mente afirmamos, é, ao lado da defesa técnica, uma faceta do direito de defesa penal. Muito emboraos arts. 589 e 601 CPP permitam que os recursos subam à superior instância sem razões, entendemosque estas não podem ser dispensadas, em caso de oferecimento do recurso diretamente pelo réu, quesó tem capacidade postulatória para a interposição, devendo ela ser integrada pela capacidade postu-latória do advogado para arrazoar e acompanhar o recurso.

22. A REGULARIDADE FORMAL DA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS

Todo processo desenvolve-se através da prática sequencial e ordenada de atos processuais, rumo à so-lução final e definitiva da controvérsia. Os recursos também devem ser interpostos segundo a formalegal, sob pena de não serem conhecidos. A regularidade formal da interposição é pressuposto proces-sual para o conhecimento do recurso, tanto quanto a correta formulação do pedido é pressuposto parao conhecimento deste.

Todavia, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual estas não podem sufocar as fi-nalidades do processo, visto cada vez mais em seu caráter de instrumento posto a serviço do direitomaterial, impõe que a regularidade formal seja entendida com o possível elastério e sem rigorismos.E isso vem sublinhado no que diz especificamente com os recursos, pelos quais fica resguardado oprincípio maior do duplo grau e do controle das decisões judiciárias.

À luz dessas considerações devem ser interpretadas as normas legais que estabelecem a forma de in-terposição dos recursos.

No processo civil, o recurso deverá ser interposto perante o juízo que prolatou a decisão contra a quala parte se insurge, com exceção do agravo de instrumento, que deverá ser protocolado diretamente notribunal (art. 524 do CPC). Deverá a parte, no momento da interposição do recurso –ato pelo qualanuncia sua discordância com os desígnios do pronunciamento judicial–, apresentar, em simultâneo,as razões do inconformismo – declinando os motivos pelos quais divisa necessária a reforma ou a nu-lidade do julgamento impugnado. É o que se depreende da leitura de diversos dispositivos do Código

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de Processo Civil, nos momentos em que a formalidade da iniciativa recursal é disciplinada (v.g., arts.514, 524, 536 e 541 do CPC).

Cumpre assinalar que, no processo civil, os atos de interposição e de fundamentação do recurso nãopoderão, em regra, ser cindidos, como é possível processo penal (art. 600, § 4.º, do CPP). No processocivil, aditamentos à fundamentação inicial do recurso serão permitidas se, interpostos embargos dedeclaração por uma das partes e apelação pela outra à primeira decisão, houver, com o julgamento dosaclaratórios, a aplicação de efeitos modificativos, circunstância que ensejará a possibilidade de se pro-mover a complementação das razões de apelação tecidas logo após a sentença embargada.

O art. 578 CPP dispõe que o recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelorecorrente ou por seu representante. É ainda do Código a previsão de que o termo seja assinado a rogo,na presença de duas testemunhas, se o réu não puder ou não souber assinar (art. 578, § 1.o).

Assim, no processo penal. em primeiro grau, não é necessário consignar na interposição as razões derecorrer e o recurso pode subir sem razões, a teor dos arts. 589 e 601 CPP. Mas existem julgados quereputam as razões peça essencial para a defesa, não considerando, porém, sua falta como motivo denão conhecimento, e sim determinando a devolução dos autos para que sejam elaboradas (RT 439/413,545/382).

Em segundo grau, porém, o recurso será sempre interposto por petição, sendo escrita sua forma e nãosendo conhecido se desacompanhado de razões. É o que se verá na análise dos recursos em espécie.

Nada impede que a “petição” a que alude o art. 578 seja apresentada por meio de telex ou telefax. Sese tivesse que buscar fundamento legal explícito para a faculdade, estaria ele no art. 374 CPC, aplicávelpor analogia. Tem-se entendido, no entanto, que o original deve ser autenticado, implicando reconhe-cimento da assinatura (nesse sentido, JSTJ 12/211 e 13/105).

21. A TEMPESTIVIDADE COMO REQUISITO INERENTE À REGULARIDADE FORMAL

Recurso regularmente formulado é, ainda, o recurso tempestivamente interposto. Diz-se tempestivo orecurso quando oferecido dentro do prazo estabelecido em lei, sendo o prazo processual uma distânciatemporal entre os atos do processo, cujos marcos são o início do prazo (dies a quo) e seu término (diesad quem).

Na classificação tradicional, a tempestividade é considerada pressuposto objetivo do recurso. Trata-se, em nossa visão, de pressuposto recursal atinente à regularidade da interposição que, numa outraótica, se liga à preclusão.

22. SEGUE: OS PRINCÍPIOS ATINENTES À TEMPESTIVIDADE E AOS PRAZOS

Os prazos processuais em geral, e os recursais em particular, sujeitam-se a dois grandes princípios: oda inteireza dos prazos e o de sua interpretação em benefício do recorrente.

O princípio da inteireza dos prazos indica a necessidade, no caso concreto, do efetivo conhecimentode seu termo a quo, de modo a preservá-los em sua plenitude. Isso compreende a plena observânciada adequação e da congruência dos prazos para a garantia maior do contraditório e do direito de defesa,indicando a exigência de os prazos serem contados sempre de modo a não serem reduzidos e man-tendo-se como pedra basilar para a contagem o inequívoco conhecimento do dia em que começarama fluir.

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Na Alemanha e na Itália, as respectivas Cortes Constitucionais tomaram firme posição em defesa desseprincípio, que resulta do art. 6.o, inc. 3.o, alínea b da Convenção Européia dos Direitos do Homem,que assegura expressamente ao acusado “o direito de dispor de tempo e das facilidades necessárias àpreparação de sua defesa”.

Especificamente com relação aos recursos e à sua tempestividade, o princípio da interpretação emfavor do recorrente visa a preservar a garantia do duplo grau e do controle das decisões judiciárias,impondo que qualquer dúvida a respeito da tempestividade seja sempre dirimida em favor da admis-sibilidade, de modo ser assegurado o reexame da decisão impugnada.

No sentido do texto, RTJ 89/799 e 106/1.179; RT 573/366. Também o STJ vem assentando que, nadúvida, se decide a favor da admissibilidade do recurso, em conseqüência do princípio da pluralidadede graus de jurisdição (REsp. 13.491, MG, DJU 21.10.1992, p. 14.572). Tem-se afirmado, também,que se o réu, ao ser intimado da sentença, manifesta em tempo hábil o desejo de apelar, não será con-siderado intempestivo o recurso porque só assinou o termo após o decurso do prazo (STF, RT 662/370).

25. SEGUE: OS PRAZOS E SUA CONTINUIDADE

O prazo para a interposição de cada recurso é previsto na lei processual. Os prazos recursais são con-tínuos e peremptórios, nos exatos termos dos arts. 178 do CPC e 798 CPP, não se interrompendo porférias, domingo e feriado, salvo casos de impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial opostopela parte contrária (art. 180 do CPC –com a particularidade de que as férias, em regra, suspendem ocurso do prazo, a teor do disposto no art. 179 do CPC– e § 4.o do art. 798 CPP).

A Emenda Constitucional n. 45/2004, que acrescentou o inciso XII ao art. 93 da CF, reza: “a atividadejurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau,funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente”.

26. SEGUE: TERMO INICIAL DO PRAZO

O termo inicial do prazo, no CPC, vem previsto nos incisos do art. 506 (I - da leitura da sentença emaudiência; II - da intimação às partes, quando a sentença não for proferida em audiência; e III - da pu-blicação do dispositivo do acórdão no órgão oficial); para o processo penal, no art. 798, § 5.o, CPP,correspondendo: a) à intimação; b) à audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiverpresente a parte; c) ao dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou des-pacho (rectius, decisão).

Para o Ministério Público, os dispositivos mencionados devem ser combinados com o previsto nosarts. 188 do CPC, que assim preconiza: “Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e emdobro para recorrer quando a parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público”; e 800, § 2.o, CPP,que dispõe que “os prazos do Ministério Público contar-se-ão do termo de vista, salvo para a interpo-sição dos recursos”. Admite-se, assim, que o início do prazo recursal, para o MP, é o da intimação(letra a do art. 798, § 5.o,) ou do dia em que manifeste nos autos ciência inequívoca da decisão (letrac do mesmo artigo). Essas regras, segundo a jurisprudência, também se aplicam no processo civil.

A praxe tem sido a remessa dos autos ao Ministério Público a fim de que tome conhecimento da deci-são, sendo o termo a quo o do dia em que vier a lançar nos autos a sua ciência. No caso de divergênciaentre essa data e a da certidão do escrivão que refere intimação em outro dia, deve prevalecer a primeira,em homenagem ao princípio da solução da dúvida sobre a tempestividade em favor da admissibili-dade.

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A exemplo, veja-se o acórdão proferido no Recurso Especial 1.349.832/RS, Rel. Min. Eliana Calmon,DJe 24/5/2013: “A prerrogativa da intimação pessoal só é conferida aos Procuradores Federais, Ad-vogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional, Defensores Públicos e membros do MinistérioPúblico, não se aplicando aos Procuradores Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios”).

No processo penal, quanto ao réu e seu defensor, para garantia da amplitude de defesa, faz-se necessáriaa intimação de ambos, fixando-se o termo a quo no dia da segunda intimação.

27. SEGUE: TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO

As regras dos arts. 506 do CPC e 798 CPP dizem respeito ao início do prazo. Este, no entanto, não seconfunde com o início da contagem do prazo. O ponto inicial do prazo é aquele em que foi feita a in-timação; a contagem, que é outra coisa, obedecerá a regras diversas. Assim, a teor do art. 798, § 1.o,CPP, não se computa, no prazo, o dia do começo, mas se conta o do vencimento (regra do início dacontagem do prazo). Para o processo civil, não se computa o dia do começo e se inclui o do vencimento,na forma das disposições contidas no art. 184 do CPC. No âmbito cível, prepondera, ainda, a disposiçãocontida no art. 184, § 2.º, segundo a qual: “Os prazos somente começam a correr do primeiro dia útilapós a intimação (art. 240 e parágrafo único)”.

Por sua vez, a Lei 1.408, de 09.08.1951, com a redação determinada pela Lei 4.674, de 15.06.1965,estabelece que os prazos judiciais que se iniciarem ou vencerem aos sábados serão prorrogados por 1(um) dia útil.

Exemplifique-se com intimação feita na segunda-feira, sendo o prazo de cinco dias: começando a con-tagem na terça (por excluir-se o dia do começo), o prazo terminará no sábado, prorrogando-se, então,para o primeiro dia útil seguinte.

Veja-se, agora, a hipótese de a intimação ocorrer na sexta ou no sábado.

A jurisprudência pátria já havia proficuamente trabalhado em torno da neces-sidade inconteste do pleno conhecimento, pelo recorrente, do início do prazo,acabando por encontrar seu coroamento na Súmula 310 do STF:

“Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito deintimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira ime-diata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primero diaútil que se seguir”.

Assim, no caso de intimação na sexta-feira, este dia será o do início do prazo; mas a contagem doprazo só se iniciará na segunda-feira se for dia útil. Tratando-se de um prazo de cinco dias, a contagem,iniciada na segunda, vencer-se-á na sexta-feira.

Se, porém, a intimação pela imprensa ocorrer no sábado, dia em que não circula o Diário Oficial, oconhecimento do dies a quo só ocorrerá na segunda-feira; e, sendo este o início do prazo, o primeirodia de contagem será a terça, vencendo - se o prazo no sábado e prorrogando-se então para a segunda-feira seguinte.

28. SEGUE: O BENEFÍCIO DO PRAZO EM DOBRO

De se notar, ainda, quanto à contagem dos prazos, o benefício concedido pela Lei 7.871, de 08.11.1989,que acrescentou o § 5.o ao art. 5.o da Lei 1.060, de 05.02.1950, estabelecendo que, nos Estados onde aassistência judiciária seja organizada e por eles mantida, o defensor público, ou quem exerça cargo

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equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as instâncias, con-tando-se-lhes em dobro todos os prazos. Assim, em observância às dificuldades inerentes à preparaçãoda defesa dos necessitados – econômica ou mesmo juridicamente carentes, como o revel – e na buscada par condicio e da igualdade real, a lei concedeu aos integrantes das defensorias públicas o benefíciodo prazo em dobro, o qual abrange, evidentemente, a dilatação do prazo para recorrer.

Para o STJ, “aos advogados do Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdadede Direito da USP, entidade conveniada com o Estado de São Paulo, visandoà prestação de assistência judiciária gratuita, enquanto prestantes da referidaassistência às pessoas carentes, contam-se em dobro todos os prazos” (RSTJ54/174).

29. SEGUE: PRAZOS PEREMPTÓRIOS, ÔNUS DO RECORRENTE E PRECLUSÃO TEMPORAL

Cumpre lembrar que, nos termos do disposto no art. 798 CPP, os prazos recursais não apenas são con-tínuos, como ainda peremptórios: a interposição do recurso dentro do prazo representa um ônus parao recorrente, sendo certo que a intempestividade acarreta preclusão temporal, levando ao não conhe-cimento da impugnação.

Por isso, a intempestividade dos recursos, além de caracterizar falta de pres-suposto recursal inerente à regularidade formal da interposição, liga-se ao pro-blema da preclusão temporal, que constitui, por sua vez, ocorrência de fatoimpeditivo da relação procedimental, também ligado aos pressupostos recur-sais.

No processo civil, ainda que seja permitida convenção entre as partes ao propósito de obterem dilaçãode prazos, tal medida não se aplica aos prazos peremptórios (na forma do disposto no art. 182 do CPC),entre os quais se encontram os prazos para oferecimento de recursos.

Mas o ônus do recorrente é de apresentar sua manifestação de vontade dentro do prazo, não sendo pre-judicado o recurso se a omissão da administração pública retardar seu processamento. Por isso, a teordo art. 575 CPP, não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários,não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo (note-se que por “funcionários”não se entendem apenas os servidores da Justiça, mas também outros como, por exemplo, o diretor doestabelecimento penal a que o réu entregou tempestivamente petição de recurso). Essa regra, emboranão expressa, também se aplica ao processo civil.

Dentro dessa linha de pensamento, a jurisprudência tem entendido que a exi-gência do art. 578, § 2.o, CPP, no sentido de a petição, com o despacho do juiz,ter que ser entregue ao escrivão até o dia seguinte ao último do prazo, tem ape-nas a finalidade de garantir a seriedade no tempestivo ajuizamento do recurso(RT 556/420). No mesmo sentido dispôs a Súmula 428 do STF: “Não fica pre-judicada a apelação entregue em cartório no prazo legal, embora despachadatardiamente”.

Onde existir protocolo, valerá a data deste para a comprovação da interposição do recurso.

Questão interessante, com reflexos na tempestividade, é suscitada pela interposição do recurso viatelex ou telefax.

Quanto à tempestividade do recurso interposto via telefax, depois de alguma indecisão, acarretada pelasuposta falta de autenticidade e pela possibilidade de o texto apagar-se, firmou-se o entendimento de

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que o recurso se considera interposto na data da chegada ao cartório, ficando porém o recorrente sujeitoa apresentar o original.

A propósito, a Lei 9.800, de 26 de maio de 1999, permite às partes a utilização de sistema de transmis-são de dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a prática de atos processuais que depen-dam de petição escrita (art. 1.º). Nesse caso, de acordo com o que dispõe o art. 2.º do mesmo diploma,a utilização desses meios não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entreguesem juízo, necessariamente, até cinco dias da data do seu término. Nos atos não sujeitos a prazo, os ori-ginais deverão ser entregues, necessariamente, até cinco dias da data da recepção do material (parágrafoúnico).

V. ainda Resolução n. 179, de 26 de julho de 1999, do Presidente do STF, ePortaria n. 4.911/00, de 8 de maio de 2000, do Presidente do TJSP.

Lembre-se, ainda, que a dúvida em torno da tempestividade do recurso se soluciona em favor do re-corrente, como garantia da possibilidade de revisão da decisão que lhe é desfavorável.

30. SEGUE: A INADMISSIBILIDADE COMO CONSEQUÊNCIA DA INTEMPESTIVIDADE

Aferida a intempestividade do recurso, o próprio órgão jurisdicional a quem competiria recebê-lo devenegar-lhe seguimento, impedindo que seja processado e remetido ao tribunal ad quem. Somente noscasos de agravo e de carta testemunhável, o recurso, mesmo intempestivo, terá seguimento, porquanto,excepcionalmente, não compete ao juízo a quo o exame da admissibilidade das referidas impugnações(art. 528 CPC e art. 642 CPP).

33. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS

Existem certos fatos que, uma vez consubstanciados, impedem ou extinguem o exercício das vias re-cursais, não podendo o recurso ser conhecido se algum deles ocorrer, caracterizando-se a ausência deum pressuposto recursal.

São fatos impeditivos do conhecimento dos recursos a preclusão e a renúncia. E são fatos extintivos adesistência e a deserção.

Não consideramos fato impeditivo do conhecimento do recurso o não recolhimento à prisão nos casosem que a lei o exige, devendo ser outra a interpretação a ser dada aos dispositivos em tela.

34. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS: A PRECLUSÃO

A preclusão, do ponto de vista objetivo, conceitua-se como um fato impeditivo destinado a garantir oavanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para fases anteriores do procedimento.Subjetivamente, a preclusão representa a perda de uma faculdade ou direito processual e as causasdessa perda correspondem às diversas espécies de preclusão.

Três são as espécies de preclusão: a) temporal, quando oriunda do não exercício da faculdade, poderou direito processual no prazo determinado; b) lógica, quando decorrente da incompatibilidade da prá-tica de um ato processual com relação a outro já praticado; c) consumativa, quando a faculdade já foivalidamente exercida.

A preclusão temporal, com relação aos recursos, ocorre quando decorre in albis o prazo para recorrer,bem como quando a impugnação é intempestiva. Pode-se dizer, assim, que a tempestividade é pressu-

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posto recursal positivo, como requisito inerente à regularidade formal da interposição dos recursos(supra, n. 59); e, ao mesmo tempo, em seu aspecto negativo – a intempestividade –, acarreta a preclusãotemporal, enquadrando-se, sob esse ângulo, em outro pressuposto processual, qual seja a existênciade fato impeditivo.

A preclusão consumativa, no campo dos recursos, consubstancia-se quando já houve interposição vá-lida da impugnação. A questão liga-se à problemática da unirrecorribilidade das decisões e da varia-bilidade dos recursos.

Finalmente, a preclusão lógica decorre da prática de um ato processual incompatível com a interposiçãodo recurso. É o caso da renúncia, que se passa a examinar.

35. SEGUE: PRECLUSÃO LÓGICA E RENÚNCIA

A renúncia é a manifestação de vontade de não recorrer, acarretando preclusão lógica quanto à inter-posição do recurso. Trata-se de um fato impeditivo que se caracteriza como espécie de outro – a pre-clusão lógica.

A renúncia ao recurso é questão ligada à voluntariedade e disponibilidade destes, mas sofre limitaçõesno processo penal.

34. AUSÊNCIA DE FATOS EXTINTIVOS: A DESISTÊNCIA

A desistência é a manifestação de vontade de retirar o recurso já interposto. Tanto quanto a renúncia,importa em ato de disponibilidade, decorrente do princípio da voluntariedade dos recursos, que tambémhá de ser contido nos devidos parâmetros para o processo penal: v., retro, n. .

35. SEGUE: A DESERÇÃO

A deserção é um caso de extinção das vias recursais que impede o conhecimento do recurso em virtudeda ocorrência de determinado ato, negativo ou positivo, da parte.

A lei processual civil refere-se à deserção no caput do art. 511, qualificando-a como a sanção processuala ser aplicada ao recurso que, apresentando, não traz a comprovação do prévio pagamento das custase dos portes de remessa e de retorno. No âmbito do processo civil, vige a regra do preparo imediatoou simultâneo, a qual impõe que a prova de realização do preparo ocorra no momento em que o recursoé protocolado.

São dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelos Estadose Municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

Apesar do rigor quanto ao controle do preparo, a legislação processual civil estabelece que, na hipótesede incompletude do valor recolhido a esse título, seja o recorrente intimado a promover a respectivacomplementação no prazo de cinco dias. É o que se depreende do disposto no art. 511, § 2.º, do CPC.

É possível, ainda, verificar traços de relativização à regra do preparo imediato, nos casos em que aparte recorrente alegar, comprovadamente (incidindo, na espécie, as regras estatuídas no art. 333, inc.I, do CPC), a ocorrência de justo impedimento. No ponto, incide o art. 519, c/c o art. 183, ambos doCPC.

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A lei processual penal prevê dois casos de ‘deserção: a deserção por falta de pagamento das custas ea deserção por fuga.

A deserção por fuga vem prevista no art. 595 CPP para o caso de réu condenado, sem direito a apelarem liberdade, que foge após a interposição do recurso. Mas essa espécie de deserção, como se verá,vulnera os princípios constitucionais e não pode mais prosperar.

O art. 806, § 2.o, CPP contempla a deserção por falta de pagamento de custas, compreendendo o preparodos recursos.

No entanto, ficou assentado na jurisprudência do STF que “nas ações penaispúblicas o processamento dos recursos interpostos independe do pagamentode custas” (RTJ 109/536, Informativo STF 46, 26.02.1997).

36. A INADMISSIBILIDADE COMO CONSEQUÊNCIA DOS FATOS IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS

Aferida a ocorrência de fatos impeditivos e extintivos, o próprio órgão jurisdicional a quem competiriareceber o recurso deve declarar sua inadmissibilidade e negar-lhe seguimento, impedindo seja proces-sado e remetido ao órgão ad quem.

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Adequacy test of the judicial process to the court caseProcedimiento adecuado a las necesidades del caso concreto

OMAR SUMARIA BENAVENTE1

VICEPRESIDENTE INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL (PERÚ)

1 Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en Derecho Procesal, Universidad Nacional de Ro-sario, Argentina. Doctorando en Derecho Procesal Contemporáneo, Universidad de Medellín, Colombia. Vicepresidentedel Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro de la International Association of Procedural Law. Inter-american Bar Association, International Conference of Evidence Law and Science Evidence, Instituto Panamericanode Derecho Procesal, Instituto Vasco de Derecho Procesal, Instituto Colombo Venezolano de Derecho Procesal.




RESUMEN

El escenario actual de la constitucionalización del derecho procesal a través de la tutela jurisdiccionalo del debido proceso por el que el derecho procesal deja de ser una herramienta adjetiva al derechomaterial sino que adquiere sustantividad propia como un conjunto de garantías que tiene todo ciudadanoen el proceso y se resume en el derecho a que se haga justicia a través de una sentencia. De esta formaeste concepto del derecho a la tutela jurisdiccional desarrolla nuevas herramientas para el juez, quienen una actitud más valorativa que de subsunción, aplicando más principios que reglas, y teniendo comoobjeto la sentencia, puede adecuar las vías procedimentales al caso concreto para mantener el equilibrioentre la “seguridad” y la “eficacia”, y sin sacrificar uno u otros y de esta manera poder llegar razona-damente a la sentencia a través de la vía procedimental adecuada al caso concreto.

PALABRAS CLAVE:

proceso; tutela jurisdiccional; cognición; tutela anticipada; adecuación; justicia.

ABSTRACT

The current stage of the constitutionalisation of procedural law through judicial oversight or due pro-cess , by which the procedural law longer tool adjective to the substantive law but takes proper nounsas a set of guarantees every citizen in process and summarizes the right to justice for a judgment de-velops new tools to the judge, who held a more positive attitude than subsumption rules applying mostprinciples, and having as object the sentence, can adapt procedural routes the concrete for balance bet-ween “security “ and “ efficiency” case, without sacrificing either reasonably reach others throughproper procedural way to case the object of the process.

KEYWORDS:

judicial protection; cognition; early care; adecuacy tesy; justice

I. EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL Y EL PROCESO

1. La “constitucionalización” del derecho procesal a través del derecho a la tutela jurisdiccional

En la evolución hacia la Edad Contemporánea se produce el fenómeno de la “constitucionalización”del derecho y por ello el auge de las Constituciones, siendo este el concepto que legitima la autoridada través de los estados constitucionales. A la par de la evolución de este Derecho hacia la Constitución,se da también una transformación del Derecho Procesal enfocado hacia el concepto de “tutela juris-diccional”, que se convierte en la “nueva unidad de análisis del derecho procesal” (SUMARIA BENA-VENTE, Introducción al sistema de la tutela jurisdiccional, 2013), el cual se eleva a la categoría dederecho fundamental y se constitucionaliza en el marco del Estado Constitucional. Sin duda, este esel elemento central en torno al cual se estructura el actual Derecho Procesal que está moldeado por elrol que juega la Constitución y por la manera como hoy se concibe.

La presencia de la Constitución como norma fundamental viene a replantear algunos de los postuladoscentrales del Estado de Derecho, entendido como un Estado que se estructuró en torno y a partir de laLey. Una Constitución que condiciona la producción de las demás normas del sistema y que como talse presenta como una “norma suprema” exige al mismo tiempo, una reconfiguración de las relacionesentre legislación y jurisdicción, al tiempo que robustece la imagen del juez en desmedro de la omni-

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potencia del legislador (GRANDEZ, 2010). Indicaba G. ZAGREBELSKY que este cambio del Estado deDerecho al Estado Constitucional no es sólo un cambio de rótulo sino más bien un “auténtico cambiogenético” (ZAGREBELSKY, 2011) en que el Estado basado en la Ley viene a replantearse sus roles ypremisas básicas.

En este actual constitucionalismo los jueces reivindican el máximo de exigencias de racionalidad enel sometimiento del poder al Derecho, convirtiéndose al mismo tiempo, en garantes de un espacio irre-ducible propio también del Estado Constitucional. El neo constitucionalismo se legítima y legítimatambién a la actuación de los jueces a partir de la defensa de los derechos fundamentales; que lleva almáximo los niveles de exigencia y control del poder por parte del Derecho en un modelo político enel que se genera una doble sujeción del “derecho al Derecho”. Del “derecho” contenido en la legislaciónal “Derecho” de los valores y los principios constitucionales, de manera que “todos los poderes públi-cos y privados, deben resultar funcionales a los derechos fundamentales” (FERRAJOLI, 1996, pág. 24)

En esta visión del Estado Constitucional, insistir en la autonomía del derecho procesal es, hoy, comosi el físico se preocupara por la demostración de la divisibilidad del átomo, de esta forma la evoluciónde la naturaleza y del objetivo puramente técnico del sistema procesal, es al mismo tiempo, afirmaciónde su permeabilidad a los valores tutelados por el ordenamiento político – constitucional y jurídicomaterial, los cuales buscan su efectividad a través de aquel, y realizan su inserción en el universo axio-lógico de la sociedad a la que se destina, formándose así el concepto de “tutela jurisdiccional” comoderecho y como valor constitucional.

De esta manera, una Constitución transformadora que pretende condicionar de modo importante lasdecisiones de la mayoría, pero cuyo protagonismo fundamental no corresponde al legislador sino alos jueces que implica mas principios que reglas, más ponderación que subsunción, omnipresencia dela Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los conflictos mínimamente relevantes, en lugarde espacios exentos a favor de la opción legislativa o reglamentaria; omnipotencia judicial en lugar deautonomía del legislador ordinario; y por, último una coexistencia de una constelación plural de valores,a veces contradictorios entre ellos (PRIETO SANCHIZ, 2002)

Hasta este punto queda algo claro, en la metodología del neo constitucionalismo se verifica la necesidadde incorporar a la tutela jurisdiccional como un derecho en el marco de la Constitución, toda vez queimplica un valor de contenido objetivo y subjetivo.

El derecho a la tutela jurisdiccional resulta sin duda clave para la consolidación de un auténtico Estadode Derecho, como soporte básico de todos los principios que conforman esta noción (acceso a la ju-risdicción, garantías del proceso, respuesta del órgano jurisdiccional motivada y fundamentada quesea susceptible de ser eficaz), e instrumento de articulación de las garantías individuales con las queaquella se proyectan en el ámbito de los procesos jurisdiccionales. (RUIZ-RICO RUIZ & CARAZO LIÉ-BANA, 2013)

Tal como expone A. LORCA NAVARRETE el derecho procesal se ha transformado en un sistema de ga-rantías que tiende a lograr la tutela judicial efectiva que establece de esta manera un compromiso cons-titucional y una naturaleza dinámica de esta disciplina (LORCA NAVARRETE, 2009) que en cierta maneraes producto del denominado fenómeno de la “constitucionalización” de las garantías procesales enlos textos fundamentales, como efecto de la “constitucionalización” de los derechos fundamentalesde la persona, y dentro de ellos, de una tutela de las garantías mínimas que debe reunir todo procesojudicial (PICO I JUNOY, 2012). El derecho procesal se convierte así en el sistema de garantías que haceposible la función jurisdiccional hacia la realización de una tutela jurisdiccional efectiva, en oposición,a la teoría de la “instrumentalidad” del proceso como instrumento necesario para la satisfacción jurí-dica. (LORCA NAVARRETE, 2009)

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Es así, que el proceso o el derecho procesal en sí mismo, deja de ser derecho adjetivo o instrumentala un derecho material, sino que a través del reconocimiento de estas garantías constitucionales del de-recho a la tutela jurisdiccional y al debido proceso, obtiene una sustantividad propia.

2. El pro actione, el antiformalismo y la razonabilidad como presupuestos de La “efectividad” delderecho a la tutela jurisdiccional

El derecho a la tutela jurisdiccional, establecido en distintos ordenamientos legales a nivel constitu-cional2 constituye el eje fundamental de la nueva concepción del proceso mediante la afirmación deun conjunto de garantías que tiene como fin que esta se concrete en la realidad. En este aspecto, J.GONZÁLES PÉREZ indica que “El derecho a la tutela jurisdiccional es el derecho de toda persona aque se le “haga justicia”; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por unórgano jurisdiccional, a través de un proceso con unas garantías mínimas” (GONZÁLES PÉREZ, 2001,pág. 24).

Emana de esta definición que el derecho a la tutela jurisdiccional, para llegar a ser efectiva implicauna gradualidad que a su vez es el contenido de distintas garantías, que se originan y desarrollan “en”y “a través” del proceso en sus distintas etapas. En la proyección de este derecho sobre la actividad ju-risdiccional se ha sostenido que el derecho a la tutela jurisdiccional tiene un contenido complejo queincluye, entre otros, la libertad de acceso a los jueces y tribunales, el derecho a obtener un fallo deestos y “a que el fallo se cumpla” (ORTELL RAMOS, 2008, pág. 41)

La “efectividad” radica en que si bien el derecho a la tutela jurisdiccional no se reduce a un meroacceso a la jurisdicción, como bien se ha indicado, se debe entender que desde el punto inicial se debenobservar las garantías que debe proporcionar el Estado al ciudadano a través del proceso, y no sólouna calidad “finalista” en cuanto al resultado. Es decir, el derecho a la tutela jurisdiccional para quesea efectiva, debe estar presente a través de todo el itinerario procesal desde la materialización delejercicio del derecho de acción a través de la demanda, hasta la obtención de la resolución y de todoslos efectos que ello implique que incluye la etapa de ejecución.

Por ello, para la lograr el propósito de la “efectividad”, el “derecho a la tutela jurisdiccional” tienecomo soporte un sustento teórico definido por la conjunción del principio del “pro actione” o “favoractionis” (a favor del ejercicio del derecho de acción), el cual puede formularse “como aquel que im-pide interrumpir el desarrollo normal de la acción ejercitada, si no es en base a un causa expresamenteprevista en la Ley e interpretada en el sentido más favorable a su desarrollo normal hasta el fin y que(CHAMORRO BERNAL, 1994, pág. 276) obliga a resolver un litigio de una vez por todas, si cabe hacerloo dicho de otro modo, no debe cerrarse al ciudadano la vía para el ejercicio de un derecho si una in-terpretación lógica de la norma permite otras alternativas” (CHAMORRO BERNAL, 1994, pág. 314) yque va de la mando con el principio del antiformalismo, la razonabilidad y la obligación y protecciónde este derecho a la tutela jurisdiccional en cualquiera de sus manifestaciones a través del juez y delEstado en general.

En esta perspectiva el principio “pro actione” establece dos ejes para la interpretación del acto procesal,primero desde una dimensión objetiva en el sentido que exista una causa expresamente establecida enla ley para restringir el derecho de acción, y en segundo lugar, una dimensión subjetiva en la que se

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2 Constitución Política del Perú. “Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:(…)3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional

obliga al juez a una interpretación más favorable para el ejercicio del derecho de acción (SUMARIA BE-NAVENTE, El principio pro cautela y la anotación de la demanda en los Registros Públicos, 2015).

Este principio tiene como fin facilitar no sólo el acceso al ciudadano a la tutela jurisdiccional sino tam-bién a su fin lógico que orienta al juzgador que ante la presencia de dudas en la forma prescrita parael acto procesal y la finalidad de este, no se debería impedir o restringir el ejercicio del derecho de ac-ción, o en todo caso aplicar sanciones graduales o racionales favoreciendo siempre el ejercicio del de-recho de acción a través del proceso.

Así, ante la ausencia o deficiencia de norma procedimental, Luiz Guilherme MARINONI indica que “siel deber del legislador de establecer un procedimiento idóneo se considera incumplido en un deter-minado caso concreto, el juez, a pesar de esto, obviamente no pierde su deber de prestar la tutela ju-risdiccional efectiva. Por tal razón, el juez tiene el deber de interpretar la legislación a la luz delderecho fundamental a la tutela jurisdiccional, estando obligado a extraer de la regla procesal, siemprecon la finalidad de efectivamente tutelar los derechos, su máxima potencialidad, en tanto – y esto noprecisaría ser dicho – no sea violado el derecho de defensa” (MARINONI, Derecho fundamental a laTutela Jurisdiccional efectiva, 2007, pág. 232)

Siendo ello así, los requisitos procesales deben ser estatuidos, regulados e interpretados dentro del es-quema del favorecimiento del proceso o favor actione o pro actione. El Tribunal Constitucional haafirmado a favor de la restricción aplicativa de las reglas de acceso a la justicia, y de su necesaria in-terpretación conforme al principio “pro actione”. (STC. Exp. 1003-1998-AA/TC). Sin embargo, unainadecuada regulación o interpretación de los requisitos procesales puede ser tal que actúe en desmedrodel derecho a la tutela jurisdiccional, perjudicando específicamente el derecho de acceso a la jurisdic-ción.

Finalmente, dentro del contenido constitucional del derecho a la tutela jurisdiccional, el juez debe tenerpresente en general el principio de “razonabilidad” o test de proporcionalidad en sentido amplio o testde igualdad (RUBIO CORREA, 2011, pág. 23), que se ha convertido en la herramienta de mayor impactoque ha tenido la dogmática constitucional, y en consecuencia, también en el derecho procesal, comoinstrumento para determinar cuando la restricción de un principio puede considerarse justificada a laluz de los otros principios y tiende a la necesidad de asegurar la supremacía del contenido de las normasrelativas a derechos fundamentales frente a la regulación legislativa.

Este principio de razonabilidad está compuesto a su vez de tres sub principios o criterios que son lanecesidad, la adecuación o idoneidad y la proporcionalidad en “estricto sensu” (CIANCIARDO, 2004,pág. 93):

a) La adecuación o idoneidad exige que una medida tenga un fin y lo segundo es que esa medidasea adecuada para lograr ese fin, por lo tanto, la adecuación tiene un doble control respecto delobjetivo de la medida y que sea capaz de lograr ese objetivo.

b) Por su parte el juicio de necesidad o “dispensabilidad”, examina si la medida adoptada por el le-gislador es la menos restringentes de las normas ius fundamentales de entre las igualmente efi-caces. Se exige en consecuencia la alternativa menos gravosa o restrictiva de derechos.

c) Finalmente, el juicio de proporcionalidad en estricto sensu, se realiza una vez determinada laadecuación y la necesidad de la medida legislativa y consiste en establecer si la medida guardaun relación razonable con el fin que se procura alcanzar (CIANCIARDO, 2004, pág. 62)

En otras palabras, una medida debe ser idónea fáctica o empíricamente para promover el fin constitu-cional que se persigue, lo que constituye la “idoneidad” o “adecuación”, y se trata de una evaluaciónde la relación “medio” a “fin”, exigiéndose que exista una relación de “causalidad”.

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En segundo lugar, una medida debe ser necesaria en el sentido que no exista ninguna medida que,siendo igualmente eficaz para promover el fin de que se trata, es menos restrictiva con otros bienes ofinalidades constitucionales, con ello se pretende comparar la medida adoptada o propuesta con otrasmedidas alternativas posibles que sean igualmente idóneas para promover el fin que se persigue.

Y finalmente, una medida debe promover un bien que parezca de mayor valor en las circunstanciasconcretas, es decir, debe ser proporcionada en razón que promueve un valor que parece importantecon relación a otros bienes o valores relevantes (RAMOS ROMEU, 2006, pág. 126)

II. LA ADECUACION DEL PROCEDIMIENTO AL CASO CONCRETO

1. La adecuación del procedimiento hacia la actividad jurisdiccional concreta a través del proceso

Todos lo señalado hasta llega a la conclusión que el derecho procesal actual se ha constitucionalizadoa través de la tutela jurisdiccional y obtiene una sustantividad propia como un conjunto de garantíasque se deben dar en y a través del proceso. Este derecho a la tutela jurisdiccional se concreta en el de-recho a que se haga justicia a través de una sentencia, la que constituye el objeto del proceso.

En la actividad jurisdiccional para llegar al objeto del proceso, dentro de este marco valorativo y endonde la persona es el fin supremo de todo ordenamiento legal, la herramienta de la actividad juris-diccional, es decir, el proceso, se debe adecuar al objeto de este, que se constituye en la sentencia, in-virtiendo la perspectiva clásica en que la sentencia se adecua al proceso.

Luego, en la actividad jurisdiccional, y siempre dentro del marco de la tutela jurisdiccional se puedendar los siguientes problemas en cuanto al proceso como herramienta y la sentencia como objeto:

1. Que la herramienta, es decir, el procedimiento, con relación al objeto que se pretende alcanzar,al que se entiende por la sentencia, lesione la contradicción o defensa, y se tramite en un procesosumario lo que sería materia de un debate lato a través de un proceso plenario en virtud que losefectos pretendidos son la plenitud material

2. Que el objeto del proceso, la sentencia, no necesite de un proceso plenario que por su mismocontenido no resultaría eficaz por lo que se podría adecuar su producción a una vía rápida o su-maria.

3. Que, no haya forma procedimental para el tipo de sentencia que se desea obtener, por lo que eljuez debe adecuar una forma efectiva para el tipo de tutela que se pretende.

Al primer y segundo supuestos de problemas de adecuación al caso concreto que se presentan se de-nominarán “adecuación funcional o formal interna”, mientras que al tercer supuesto se le denominara“adecuación intrínseca o formal externa”.

2. La adecuación funcional o formal interna del procedimiento al caso concreto

En esta primera situación, la actividad jurisdiccional está dirigida ya sea a una actividad declarativa onormativa y el objeto del proceso obedece a una cognición plena, y para determinar si adecua el objetoa una vía más lata o más corta se debe encontrar en el mismo equilibrio del sistema de tutela jurisdic-cional, entre la seguridad jurídica y la eficacia a través de la resolución del “conflicto ejecutivo endoprocesal.

Así, en la actividad jurisdiccional cognitiva que concluye con el “accertamento” o la declaración ju-dicial de certeza, y que se realiza a través del proceso, se produce siempre un daño, denominado “dañomarginal de inducción procesal”, el cual se genera por la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional

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para satisfacer una pretensión, en razón que esta actividad no es inmediata, debiendo esperar a la con-clusión del mismo, y el tiempo que ello implica, para conocer si se tiene derecho o no a la satisfacciónde lo pedido.

Este daño marginal de inducción procesal se genera desde el momento inicial de la actividad jurisdic-cional, en razón que el acreedor-demandante se ve obligado de acudir al proceso ante la falta de coo-peración del deudor-demandado; y dado que esta actividad no es inmediata. El daño marginal deinducción procesal se caracteriza “por ser una consecuencia directa e inmediata de la simple perma-nencia, durante el tiempo correspondiente al desarrollo del proceso, del estado de insatisfacción delderecho o de la concreta situación lesiva existente desde el inicio del proceso” (ANDOLINA, 2008, pág.32)

De esta forma el “daño marginal”3 se incrementa por cada unidad de tiempo que demora el proceso yse produce a consecuencia que la situación inicial del bien jurídico lesionado nunca será la misma quela situación del mismo bien jurídico en el momento final del proceso.

Al respecto, se procuran respuestas técnicas y dogmáticas para la reducción de este “daño”. Las pri-meras, de origen técnico, tienden a reducir formalmente plazos y etapas del proceso, que son las quegeneralmente optan los legisladores en ara de una supuesta “eficiencia” es decir la producción de for-mas sumarias de conocimiento. Sin embargo, llega un punto de concentración del proceso en el cualya no se puede reducir más el tiempo, con el peligro de desnaturalizarlo y violar principios fundamen-tales a este.

En la segundas, es decir, las soluciones dogmáticas, se pretende una adecuación del proceso de acuerdoa la resolución del conflicto ejecutivo endo procesal para asegurar el equilibrio entre “seguridad” y“eficiencia”.

2.1. Configuración del conflicto ejecutivo endo procesal

Para llegar a este tipo de respuestas, se debe identificar que al interior del proceso sucede un conflictoejecutivo de doble dimensión, por un lado de una dimensión cuantitativa de carácter concreto y parti-cular, y por otro de una dimensión cualitativa, de carácter abstracto y general, respondiendo el primeroa los intereses en juego de las partes y, en el segundo con relación a los valores que opta el Estado.

a) Dimensión cuantitativa del conflicto ejecutivo endo procesal: conflicto de intereses

En la dimensión cuantitativa de este conflicto, esta por un lado el “interés de una urgencia desatisfacción inmediata” de parte del demandante, que implica en un aspecto primario materialel interés en la producción de una modificación de la realidad empírica o la consecución del bienque afirma ser objeto de su derecho que involucra luego en un aspecto procesal el interés poranticipar lo más posible la ejecución forzada respecto del evento conclusivo de la cosa juzgada.

Por el otro lado el “interés de una cognición plena” antes de afectar su patrimonio de parte deldemandado, por el que se entiende el interés primario material en la conservación de la situaciónconcreta preexistente a la introducción del proceso, o el mantenimiento, dentro de su propia

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3 Este daño es distinto del que se produce por la pérdida del bien o la disminución de su valor para los cuales existen losmecanismos clásicos de resarcimiento o reparación como la indemnización o el pago de intereses. Si se quisiera hacerun símil con algún término económico este “daño marginal de inducción de procesal” sería el equivalente del “costode oportunidad” que se entiende como “el sacrificio que se incurre al tomar una decisión. Siempre que esta se vea su-jeta a dos opciones, lo cual una de ellas debe cumplirse” con relación a “la utilidad máxima que podría haberse ob-tenido de la inversión en cualquiera de sus usos alternativos”.

esfera jurídico patrimonial del bien reivindicado por el actor (ANDOLINA, 2008) y por ello devieneen el interés procesal en diferir lo más lejos posible la etapa de ejecución con el objeto de obtenerun espacio más amplio para el ejercicio “preventivo” del derecho defensa (ANDOLINA, 2008).

Ambos intereses son contrarios entre sí y la mayor o menor intensidad de un ellos servirá comopresupuesto para la adecuación de la vía procedimental

B) Dimensión cualitativa del conflicto ejecutivo endo procesal: conflicto de valores

En la dimensión cualitativa del conflicto ejecutivo endo procesal entran en juego dos valoresfundamentales que opta el sistema jurisdiccional que se encuentran ligados al equilibrio procesal,estando por un lado el valor “tempestividad” en la actuación jurisdiccional que constituye alproceso como un instrumento tendiente a la ruptura de una determinada situación de praxis,como la exigencia de una pronta ejecución anterior a la formación de la cosa juzgada, en tanto,que la solución que se llegaría por el procedimiento de cognición sería sólo de carácter instru-mental y el objetivo a alcanzar con la tutela jurisdiccional solo se podría dar en sede ejecutivaadecuándose de esta forma a lo real, a lo concreto deviniendo la exigencia de operar lo mas pre-cozmente posible los efectos de la ejecución sobre el proceso de cognición (ANDOLINA, 2008),y que se proyecta en forma general hacia el interés de actor en detener la producción del dañomarginal.

Frente al valor “estabilidad” de la situación jurídica del status quo inicial del proceso, que setraduce como la exigencia de esperar el definitivo actuar del ordenamiento jurídico de modo quela ejecución no produzca desestabilización en la formación de la cosa juzgada que no haga ne-cesaria la inversión de etapas, y que se refleja el interés del demandado por evitar el daño de unaejecución que sucesivamente podría considerarse injustificada. (ANDOLINA, 2008)

2.2. Resolución del conflicto ejecutivo endo procesal para la determinación de la adecuación

Entonces resulta evidente que entre los valores abstractos de estabilidad y tempestividad de un lado,y los intereses opuestos de los protagonistas del proceso, del otro, se establece una relación a determinarque es la resolución del conflicto ejecutivo endo procesal, es decir, favorecer o no el adelanto de laejecución a través de una forma sumaria de cognición o hacer prevalecer una cognición plena.

En el desarrollo de ese conflicto, se puede llegar a través de la resolución discrecional por parte deljuez o la solución legal que la ley prevé a través de un itinerario lógico-jurídico en el cual se determinanen tres episodios (ANDOLINA, 2008):

a) Formación de un juicio de previsión en orden al resultado del proceso de cognición, en el cualse evalúa la probabilidad de que el proceso pueda concluirse con la formación de una cosa juz-gada ya sea en forma positiva o negativa. Este juicio se realiza por el juez de modo concreto yparticular a través de la probabilidad de confirmación en las sucesivas fases del proceso utilizandotodos los medios de juicio y de prueba que el magistrado tenga a su disposición. Y por parte dellegislador determinara esta previsión respecto a tipos estadísticos o de resistencia a la sucesivaverificación por el cual señalará una forma determinada.

b) Formulación de una valoración comparada de los elementos estructurales del conflicto ejecutivo,que también opera también en modo concreto y particular y en modo abstracto y general. El juezconfronta los intereses en juego, mientras que el legislador confronta los valores asumidos.

c) Formación de un juicio de predominio en favor de una u otra instancia, o bien en favor de un in-terés, en donde si el juez determina el predominio del conflicto en favor de un interés especialpuede adecuar la vía al interés predominante, mientras que si el legislados verifica los valores y

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opta por alguno de ellos expide la norma que atribuye a la figura procedimental de declaraciónde certeza.

De esta forma las situaciones en la cuales se pueden adecuar la vía procedimental a efectos de unacognición plena o plenaria rápida o una cognición sumaria, responden cuando el grado de intensidaddel “interés de urgencia” del demandante prima sobre el grado de intensidad del “interés de cogniciónplena” del demandado, o viceversa. En este caso la solidez de la prueba denota una particular debilidaddel interés en la cognición plena y completa y que hace presumir que este sería recesivo respecto delinterés opuesto.

Por otro, lado el peligro en la demora denota simplemente una particular intensidad del interés de ur-gencia, y consecuentemente hace presumir (pero solamente presumir) que este último es dominanterespecto del interés opuesto del demandado, facilitando la adecuación a la vía más corta. Sin embargo,para que la adecuación pueda ser concedida es necesario que esta presunción esté concretamente ve-rificada, es necesario, que el interés de urgencia (como producto de su propia particular intensidad, oa causa de su particular debilidad del interés por una cognición completa) se demuestre efectivamentepredominante respecto del opuesto interés del demandado.

El profesor Ovidio BAPTISTA DA SILVA explica que los conceptos “damnum irreparabile” y “pericullumin mora”, ambos generados en le Edad Media, servían para la distinción entre la satisfacción anticipada,en un proceso sumario, y la forma de tutela otorgada contra el estado peligroso sin implicar satisfaccióndel derecho protegido (BAPTISTA DA SILVA, 1993, pág. 26).

En la hipótesis en que se tutelaba sobre la base del “pericullum in mora” se sumarizaba formalmenteel proceso para la obtención de una tutela satisfactiva; al contrario contra el “damnun irreparabile”,la tutela se orientaba en otorgar una garantía jurisdiccional ante un estado de emergencia, surgido enrazón de circunstancias extraordinarias, protegiendo el derecho sin que la providencia judicial lo rea-lizase anticipadamente.

En resumen, en el caso de periculum in mora se daba tratamiento sumario a la causa urgente, mientrasque en la hipótesis de damnun irreparabile, la protección era acordada como respuesta jurisdiccionala un hecho externo y ocasional a la demanda determinando circunstancias de emergencia a ser inves-tigadas en cada caso en concreto.

De acuerdo a su origen, estos conceptos de “pericullum in mora” y “damnum irreparabile” de loscuales la doctrina moderna se la vale para definir la tutela cautelar (fomus boni iuris y pericullum inmora), no definen en absoluto la cautelaridad.

En dicho sentido, el primer presupuesto, el “fomus boni iuris” es asimilado en todas las formas detutela cognitiva sumaria determinando que el juez trate el derecho litigioso de manera verosímil, detal manera que este presupuesto es genérico para cualquier tipo de tutela sumaria. En cuanto al “peri-cullum in mora”, determina la aceleración del proceso, dado que la urgencia deriva de la propia lentitudprocesal cognitiva, que justifica un tratamiento diferenciado a través de una sumarización formal, peroque continua siendo cognitiva. (BAPTISTA DA SILVA, 1993)

En conclusión, esta ponderación de intereses y valores que se realiza al interior y en el desarrollo delproceso, es el denominado “conflicto ejecutivo endo procesal”. Es en estos casos es que la ley permiteal juez precisar una ponderación de los intereses opuestos de las partes, con el propósito de llegar auna vía procedimental adecuada, teniendo en consideración el grado de certeza y probabilidad, y losvalores adoptados en la legislación.4

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4 Código Procesal Civil. Artículo 51°, inciso 1); artículo 475, inciso 3); artículo 486, inciso 8); artículo 546, inciso 6)

Esta posibilidad de aceleración del proceso cognitivo a formas sumarias o adecuación interna formalya se halla presente en el derecho anglosajón a través del juicio sumario y el “striking out”.

Con relación al juicio sumario, la Civil Procedural Rules (CPR) en su modificatoria de 1998, establecenen el artículo 24.2 que “El tribunal puede dictar sentencia sumaria en contra de un demandante o undemandado por la totalidad de una demanda o sobre un tema particular, si a) se considera que i) el de-mandante no tiene posibilidades reales de éxito en la demanda o cuestión que la motiva, o ii) que eldemandado no tiene posibilidad real de éxito en la defensa que opone contra la demanda; y b) no hayotra razón por la cual ese caso no debería ser analizado y decidido en juicio” (ANDREWS, 2013, pág.46).

Así a través del procedimiento sumario se permite al demandante o demandados (de acuerdo al cambiointroducido en la CPR de 1998) obtener una sentencia definitiva favorable si pueden demostrar que lademanda o defensa de su oponente carece de “una posibilidad real de éxito” a través de un procesoabreviado y concentrado, que tiene como fin evitar a las partes las demoras, gastos y molestias que su-pone llevar el caso a una audiencia de juicio.

Normalmente es una parte la que solicita el juicio sumario aunque el Tribunal puede iniciar de oficiola audiencia de juicio sumario, el cual sirve para comprobar los fundamentos de hecho o de derechoque fundamentan la defensa o parte de ella. Es este aspecto se considera que “Si el tribunal consideraque dispone de todos los elementos necesarios para la adecuada resolución de la cuestión y que laspartes han tenido una adecuada oportunidad para incorporar todos sus argumentos entonces de “tomarel toro por los cuernos” y decidir”5

3. La adecuación intrínseca o formal externa del procedimiento como fundamento de la tutela di-ferenciada, anticipada, urgente o específica

Sin embargo, el derecho a la tutela jurisdiccional no se agota en las manifestaciones clásicas de tutelacognitiva plenaria y sumaria, sino que actualmente se habla una tutela diferenciada, que se manifiestaen una tutela “urgente” o “anticipada”, en la cual el objeto de la tutela judicial no es el ejercicio de laactividad jurisdiccional para la obtención, ejecución o conservación de un título, es decir, en donde nohay actividad declarativa o normativa, sino que se relaciona directamente con el derecho material le-sionado y que exige una respuesta inmediata del órgano jurisdiccional para inhibir o prevenir un mayordaño.

De esta manera el surgimiento de nuevas situaciones jurídicas, la inexistencia de técnicas procesalesidóneas para la prestación de la tutela inhibitoria y de remoción del ilícito, la morosidad del procedi-miento común de conocimiento y el uso distorsionado de la tutela cautelar, son el sustento de la tutelaurgente y anticipatoria.

Se debe entender que este tipo de tutela “diferenciada” debe ser excepcional, y restringida sólo paraderechos de carácter infungible, que no admiten una prestación sustituta como la indemnización, dadoque la sola violación del referido derecho material, en virtud de su naturaleza, implica su inexistenciapor lo que el órgano jurisdiccional debe restituir su inmediata vigencia, muchas veces suspendiendo,limitando o prescindiendo de principios básicos del proceso como el contradictorio, dualidad de posi-ciones, pluralidad de parte, derecho de defensa.

Señala Omar Cairo (CAIRO ROLDÁN, 2014), citando a Juan José Monroy (MONROY PALACIOS, 2004)que en esta tutela diferenciada o específica se da el efecto de “sumarización material o cognitiva. La

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5 ICI Chemical Polymers Ltd. Vs. ETT Formation Ltd. (2007) EWCA Civ 725

“sumarización” cognitiva hace referencia a la posibilidad de que se dicten resoluciones de actuacióninmediata, sin llegar a un conocimiento pleno del conflicto, y pueden ser “vertical” u “horizontal”.

La “sumarización cognitiva vertical” se refiere a los casos en los que el juez para expedir una resoluciónescuchando a las dos partes pero sin agotar todo el material probatorio y sin haber atendido plenamentea la posición de ambos. Esta cognición se divide, según los grados de profundidad cognitiva a los queha llegado el juez, ya sea plena, sumaria o superficial. La “sumarización cognitiva o material horizon-tal” se da cuando el juzgador solo ha escuchado a una de las partes, por lo que puede ser parcial ocompleta.

En contraposición a una “sumarización formal o procedimental” que tiene relación con la concentraciónde actos procesales y de los plazos, propia de los procedimientos cognitivos especiales o sumarios.

La actividad jurisdiccional en los procesos propios de una tutela urgente no está dirigida a la obtencióndel “título”, sino a la remoción o prevención del ilícito que impide el libre el ejercicio del derecho le-sionado o amenazado, por lo que la técnica procesal adecuada no es la herramienta clásica de tutelacognitiva sino un mecanismo adecuado para que “en función de las circunstancias del caso, a dar sa-tisfacción a una necesidad que exige una expeditiva y desembarazada respuesta jurisdiccional” (PEY-RANO, 2000, pág. 20)

No se trata de una tutela residual, ni opcional, sino de un mecanismo especial y específico propio deldesarrollo de la concepción de los derechos fundamentales. El proceso cognitivo declarativo nació aconsecuencia de una situación de liberalidad y a fin de proteger los intereses de una clase específicaen sus relaciones comerciales, en sentido contrario, la tutela diferenciada nace a consecuencia de laconstitucionalización de los derechos fundamentales.

Este tipo de tutela especial, diferenciada o específica, corresponde a una afectación de derechos denecesaria de protección inmediata a través de un técnica procesal urgente, la cual se aparta del conte-nido abstracto del derecho de acción y deviene más bien en un contenido concreto por el cual la acti-vidad jurisdiccional está determinada en un actuar concreto a través de una sentencia de fondo, por loque los requisitos exigidos no constituyen “requisitos de procedibilidad” sino “requisitos de fondo”para la actividad jurisdiccional concreta.

En síntesis la “urgencia” como presupuesto para una tutela de urgencia pueden originar distintas víasprocedimentales para la satisfacción más rápida (aceleración del proceso) o inmediata (tutela urgente)distintas del clásico procedimiento cognitivo, dependiendo de la forma de sumarización material, enforma vertical u horizontal o de una sumarización procedimental, y que pueden ser los procesos cog-nitivos sumarios, las medidas cautelares, las medidas cautelares auto satisfactivas y los procesos ur-gentes:

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Sin embargo estás técnicas de sumarización por carácter de la urgencia son distintas entre sí dado quetienen ciertas particularidades:

a) Procesos urgentes y procesos sumarios:

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PROCESOS URGENTES PROCESOS SUMARIOS

Juicio de probabilidadNo forma título cognitivoSumariedad material: vertical (plena, sumaria,superficial) y sumariedad horizontal (completa oparcial)Tutela específica para derechos fundamentalesTutela preventiva e inhibitoria

Juicio de certezaForma título cognitivoSumariedad procedimental o formalTutela de derechos de contenido patrimonial ono patrimonialSe basa en la “Verosimilitud del derecho” y“Peligro en la demora”

PROCESOS URGENTES MEDIDAS CAUTELARES

Son procesos autónomos Su finalidad es prevenir o remover un daño ir-reparableUrgencia intrínseca o pura

Dependen de un proceso cognitivoSu finalidad es asegurar o conservar los efectosdel título del proceso cognitivoExcepcionalmente es coincidente con el fondodel asuntoUrgencia extrínseca o funcional

b) Procesos urgentes y medidas cautelares

4. Presupuestos para la concesión de una tutela urgente

La concesión de la tutela urgente será determinada sobre la base de las siguientes cuestiones:

¿Cuál es el interés tutelable? En tanto, se debe verificar la clase del título o derecho del afectado asícomo el acto lesivo, necesario de actuación jurisdiccional inmediata

¿Existe una necesidad impostergable de tutela? En cuanto, de verificarse la existencia del derecho otítulo afectado, determinar si esta necesitaría de una actuación inmediata jurisdiccional para la remocióno prevención del ilícito bajo el riesgo de tornar dicho derecho en ineficaz, o si por el contrario.

¿Existe otra vía eficaz para la satisfacción de la pretensión del demandante? En cuanto a la necesidady eficacia de la técnica de tutela procesal con relación al derecho afectado si dicha restitución o resta-blecimiento del derecho o cese del daño al bien jurídico afectado soportaría un proceso de tipo cogni-tivo declarativo.

En esta dirección, la declaración jurisdiccional de tutela urgente posee un alto grado de discrecionalidaddel juez por lo cual, la decisión se asemeja más a una actividad “de equidad” que “de derecho” y por lotanto muy semejantes a las “injuctions” provisionales de derecho anglosajón. En ellas los presupuestosde adopción dispone de una amplia facultad de discrecionalidad del juez para apreciar su concurrencia.

Esta discrecionalidad es propia de la tutela de equidad pero también tiene una serie de límites estable-cidos en los propios principios de equidad como “one who seeks equity must do equity” y “cleanhands” que en realidad se basan en conceptos como la buena fe y no consentir situaciones contra lasque luego se actúa por medio de alguna forma de tutela de la rama de equidad (GILZANS UZUNAGA,2010).

De esta manera, para la adopción de una “injuction” deben señalarse los siguientes requisitos:

d) Probabilidad de que el solicitante sufrirá un daño irreparable (irreparable harm) si la “injuction”no es acordada

e) Valorar la posible injusticia que se produzca con la adopción de la “injuction” respecto a las dospartes (balance of hardships)

e) El efecto o interés público que pueda producirse al acordar la “injuction”

f) Que la “injuction” provisional sea la forma de tutela adecuada para la controversia

4.1. Interés tutelable cierto y manifiesto

Con relación al presente presupuesto, la doctrina argentina ha desarrollado el perfil de la “medida autosatisfactiva” y del “proceso urgente” designando a este requisito como la acreditación de una fuerte

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PROCESOS URGENTES MEDIDAS CAUTELARES AUTOSATISFACTIVAS

Es un proceso autónomo Hay mayor control y exigencia judicial enla resolución porque tiene impugnaciónrestringidaNo requiere amplitud de debate ni com-plejidad probatoria

Son el segmento de un proceso principalTiene mayor amplitud recursiva de la medida misma yen el fondoEs indiferente la complejidad del debate que se verá enel proceso principalSe basa en el supuesto del “damnum irreparabile”

probabilidad de la existencia del derecho, que tiende a la exigencia de certeza o convicción suficientesde que es atendible lo solicitado que presupone el recaudo de la urgencia en relación a la existencia deun derecho líquido y probado en un grado de cuasi certeza que justifica el despacho de una medida detrámite mínimo, con un régimen contradictorio acotado, a veces excepcionalmente diferido, y de im-pugnación compleja (EGUREN, 2010).

La urgencia radica en la innegable necesidad de de consagrar tutelas diferenciadas en orden a: “a)evitar a las partes y a la administración de justicia el “costo” del proceso de conocimiento pleno, enlos casos en que no se justifica la plausibilidad de contestación; b) asegurar rápidamente la efectividadde la tutela jurisdiccional en las situaciones de ventaja de contenido (exclusivo o prevalente) no pa-trimonial y que sufrir daño irreparable por la demora de la cognición plena, y c) evitar el abuso delderecho de defensa del demandado, mediante la utilización de los instrumentos de garantía previstospara el procedimiento ordinario” (PELLEGRINI, Año III, 2004, pág. 251)

No obstante, la realización del derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional no depende sólo delanálisis del derecho de defensa, sino también del derecho material en litigio y de la “tutela de los de-rechos” que exige el análisis de la esfera jurídica del demandando. La adecuación de la técnica procesaldebe ser medida en base a las necesidades del derecho material y a la situación concreta que dependede su confrontación con el derecho material del demandado. Es preciso verificar si la restricción de laposibilidad de alegación está legitimada por los valores de la Constitución y justifica la restricción delderecho a la producción de la prueba y legitime de esta forma un juicio de “verosimilitud”. (MARINONI,2007)

4.2. Necesidad impostergable de tutela

El fundamento básico de la tutela urgencia es la “urgencia pura o intrínseca”, que corresponde a lademostración prima facie de la concurrencia de una situación urgente que de no ser conjurada puedeirrogar un pericullum damni (EGUREN, 2010), a diferencia de la “urgencia funcional” que proporcionala tutela cautelar clásica, en la que hay una relación mediata o indirecta entre la pretensión cautelar yel daño y el daño a evitar, en cuanto no se enfoca la urgencia per se, sino que se la evalúa con relacióna los fines del proceso principal, para asegurar o conservar los efectos del futuro título “por ello seobserva que la teoría cautelar clásica tendiente a evitar la demora que el desarrollo del procesosupone torne ilusorios los derechos –brinda soluciones a la denominada urgencia funcional. En otraspalabras se preocupan por dar respuestas a situaciones que resulten premiosas en miras a otra co-yuntura (el proceso principal), y cuya dañosidad es meramente virtual o conjetural, en el sentido deque puede o no llegar a registrarse” (PEYRANO, Problemas y soluciones procesales, 2008, pág. 221)

En otras palabras, “la denominada urgencia funcional conduce a prevenir, precaver y evitar el dañoque implicaría no poder cumplimentar con la futura sentencia judicial que acogiera la pretensión. Porel contrario, la urgencia intrínseca reclama como objeto único y acotado – prevenir, precaver y evitarla producción o agravamiento de una daño mediante el pronunciamiento judicial concomitante, inme-diato y actual” (PEYRANO, Problemas y soluciones procesales, 2008, pág. 223).

En tal sentido la tutela anticipatoria al no ser instrumental sino directa, es la única tutela que pretendeel actor, al contrario de la tutela cautelar que es funcional o indirecta y posibilita la satisfacción de unapretensión posterior, por ello también se ha denominado tutela específica, en contraposición a la tutelaresarcitoria. La tutela anticipatoria satisface el plano fáctico, no posee el carácter de provisorio, estandosubordinada al mantenimiento del estado peligroso indicativo de la probabilidad del daño.

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4.3. Que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado

Este presupuesto atiende a que la pretensión de la tutela urgente no debe tener contenido declarativode derechos, sino que debe circunscribirse de manera evidente a la cesación inmediata de conductasde vías de hecho, producidas o inminentes contrarias a derecho según la legislación de fondo o procesal.Así, el interés del postulante debe limitarse a obtener la solución de urgencia no cautelar requerida,sin extenderse a la declaración de derechos conexos o afines.

Esta particularidad, se entiende en tanto, la tutela de urgencia que se posibilita a través del proceso ur-gente es un proceso autónomo que se abastece en su propio dictado, en tanto, está destinada a removero inhibir el acto lesivo que impide el disfrute del derecho.

Dicho de otro modo, el sentido de las pretensiones del solicitante, no debe ser la declaración, condenao constitución de un titulo con efectos jurídicos sobre una situación jurídica particular, ni tampoco so-licitar instrumental para el aseguramiento o conservación de un futuro título a conseguir a través deun proceso cognitivo, Finalmente, tampoco se debe solicitar la ejecución de obligaciones nacidas alamparo del título ya sea de forma administrativa o jurisdiccional. Muy por el contrario las pretensionesfundamento de una tutela urgente llevan al restablecimiento inmediato de los derechos sin necesidadde una declaración posterior y ante el evidente peligro de tornarse en irreparables.

En este tipo de tutela jurisdiccional, el debate no se centra sobre la declaración de certeza de algún tí-tulo, sino sobre el derecho mismo, el cual está siendo lesionado a través de una actuación irregular.

En este caso, la tutela jurisdiccional solicitada o técnica procesal para la eficacia de la tutela jurisdic-cional puede ser de tipo “tutela para la remoción del ilícito” o de prevención para inhibir la produccióndel ilícito que lesione el derecho. “La tutela de remoción del ilícito es posterior a la práctica del actoilícito. La misma no inhibe el ilícito. La misma se dirige contra el ilícito, independientemente de queel ilícito haya o no provocado un daño” (MARINONI, Tutelas urgentes y preventivas, 2010, pág. 58).

Dicha tutela tiene como objetivo remover o eliminar los efectos concretos del ilícito, es decir, la causade ilícito, donde es suficiente la verificación de la falta de transgresión de un mandato jurídico, no te-niendo importancia si el interés privado tutelado por la norma fue efectivamente lesionado o si ocurrióun daño. Para que haya interés en una tutela que siendo posterior al ilícito, que no se destina a resarcircontra el daño, es necesario que la acción contraria a derecho deje marcas concretas que, propagándoseen el tiempo, constituyan una fuente abierta para la producción de daños, como en casos, en los cualesla acción “contra ius” produce efectos concretos que, manteniéndose en el tiempo, constituyen exac-tamente el reflejo de la conducta prohibida, por la norma de protección del derecho

Nuevamente, con relación a las “injuctions” del derecho anglosajón este requisito guarda estrecha re-lación con el “Adecuacy test” o presupuesto de una tutela judicial adecuada que parte de la premisabásica de la tutela de equidad sólo será aplicable cuando la controversia no pueda ser resuelta pormedio de una fórmula legal o de Derecho más adecuada. Saber cuándo se presenta una alternativa detutela legal más adecuada se determina caso por caso analizando los hechos.

Dado que la “injunction” es una forma de tutela que proviene de la rama de la equidad, sólo será acor-dado en caso de que el solicitante acredite que su derecho no puede ser tutelado por ningún otro mediolegal. El juez no acordará una “injunction” si existe otra forma de tutela de Derecho disponible parael solicitante que resulte más perfecta o adecuada para tutelar sus derechos. El solicitante no debe es-perar a que el Juez constate la existencia de una forma de tutela judicial más adecuada que el solicitado(GILZANS UZUNAGA, 2010).

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CONCLUSIONES

• El quid del problema de la tutela diferenciada y la tutela clásica radica en el equilibrio que debehaber entre garantías y eficacia, en donde, existe una generalizada insatisfacción de los métodosde administración de justicia lo que produce el descontento y la deslegitimación del sistema, asícomo la falta de confianza, por los resultados de este que cuando no resultan malos resultan nooportunos.

• Es aquí, que el criterio “eficiencia” se ha presentado como paradigma de un nuevo sistema pro-cesal, en el cual, las garantías básicas del proceso, producto de una lucha histórica de la sociedadfeudal hacia la sociedad moderna y basada en una igualdad de los sujetos, se transforma haciala protección de bienes supremos como sería los derechos fundamentales.

• Por ello, es comprensible, que una sociedad en donde la cultura está mutando, en donde, comose ha dicho, la temporalidad, es preferible a la perpetuidad y la relatividad a la certeza, productode los cambios científicos y nuevas realidades que en instantes superan nuevos paradigmas queen segundos se convierten en lo antiguo, se reclame una justicia más oportuna, ágil, y “eficiente”.Pero ello, conlleva de uno u otro modo a la destrucción de los antiguos paradigmas.

• En el caso del proceso, el sistema de tutela diferenciada tiene la consecuencia, que habiendo ger-minado de forma excepcional para la protección de derechos fundamentales, y justamente debidoal fenómeno de expansión y explosión de los derechos fundamentales, como si fuera un “globode gas” y que ahora están presente en toda actividad del ser humano, ya sea privada, o comercial,particular o con el Estado, y por lo que este sistema también tiende a expandirse, devorando yasimilando al antiguo sistema.

• Es pertinente la afirmación de F. CIPRIANI, quien señalaba refiriéndose a estos nuevos tipos detutela que “debe, efectiva y obviamente, ser mucho más esbelto y más rápido que el ordinario(el proceso), tanto como para asegurar si del caso también ad oras justicia, pero que debe tambiénestar estructurado de manera tal como para evitar que la esbeltez y la rapidez sean obtenidas contotal merma de las garantías, que no pueden no estar aseguradas en cualquier procedimiento ju-risdiccional” (CIPRIANI, 2007)

• Sin embargo, queda como reflexión lo que al respecto mencionó F. OST con relación a esta si-tuación “más aún futuro paradójicamente sofocado por la proliferación de medidas jurídicas ur-gentes y provisionales, huellas apenas perceptible de un derecho efímero, incapaz de orientar elporvenir de manera perdurable”6, que son el sueño de las ideologías totalitarias de las que elsiglo XX ha dado muchos ejemplos que bajo el “vértigo de la entropía” conduce a la “crisis dela cultura” que es la incapacidad de articular el pasado y el futuro, memoria y proyecto en unacultura que se distingue por el “instantaneísmo” y por la sobre valoración del presente. (OST,2005)

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6 OST, François. El tiempo en el derecho. Trad. María Guadalupe Torres Toriello. Siglo XXI Editores. México, 2005.Pág. 10

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O Meio Ambiente, o princípio da precaução e o Sistema Processual BrasileiroEl Medio Ambiente, el principio de precaución y el Sistema Procesal Brasileño

DRA. VESCIJUDITH FERNANDES MOREIRAABOGADA. DOCTORA EN DERECHO AMBIENTAL POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (ESPAÑA)




RESUMO

O artigo apresenta um estudo sobre o processo civil ambiental, abordando a importância da Constitui-ção Federal (1988), a influência dos direitos de terceira geração e, consequentemente, os direitos di-fusos e coletivos, que moldaram a visão processual de individual para solidário. Nesse sentido, estudaa legislação temática sobre meio ambiente, enfatizando a água, a influência dos princípios constitu-cionais e ambientais com os processuais para obter o resultado almejado para sua proteção, inclusivea aplicação de dispositivos da lei consumerista. Aponta a responsabilidade por danos, com enfoquepara a responsabilidade civil ambiental, e as respectivas ações popular e civil pública, discorrendo aspeculiaridades processuais sobre o tema. Analisa a relevância da Precaução como princípio e comotécnica processual, auxiliando na atividade probatória, o ônus da prova, a tutela inibitória, a sentençae sua revisão em virtude da instabilidade ambiental, não fazendo coisa julgada. Conclui-se nesse estudoque apesar dos instrumentos processuais para a proteção ambiental, é necessário conscientização desua importância por si e a especialização do tema pelos aplicadores do direito, extensiva à sociedadeem geral.

PALAVRAS-CHAVE:

Constituição Federal; processo civil ambiental; ação popular; ação civil pública; princípio da precau-ção.

RESUMEN

El artículo presenta un estudio sobre el proceso ambiental civil, con aporte a la relevancia de la Cons-titución Federal (1988), la influencia de los derechos de tercera generación y, por consiguiente, los de-rechos difusos y colectivos, que dieron forma al procedimiento para la solidaridad. En consecuencia,estudia la legislación temática sobre medio ambiente, con énfasis en el agua, la influencia de los prin-cipios constitucionales y ambientales con los procesales para obtener el resultado deseado para su pro-tección, incluidos los dispositivos de aplicación de la legislación del consumo. Señala laresponsabilidad por daños, el enfoque civil para la responsabilidad ambiental y las acciones civil pú-blica y popular, y discurre sobre las peculiaridades procesales sobre el tema. Hace un análisis sobre laprecaución como principio y como técnica procesal, de auxilio en la actividad probatoria, la carga dela prueba, la protección inhibitoria, la sentencia y su revisión en virtud de la inestabilidad ambiental.La conclusión de este estudio es que, a pesar de los instrumentos jurídicos para la protección medioam-biental, es necesaria la toma de conciencia de su importancia y la especialización del tema por los juz-gadores, así como de la sociedad en general.

PALABRAS CLAVE:

Constitución Federal; procedimiento civil ambiental; acción popular; acción civil pública; principiode precaución.

ABSTRACT

The article presents a study on the environmental civil process, addressing the importance of the FederalConstitution (1988), the influence of third generation rights and consequently the diffuse and collectiverights, which shaped the individual process view for solidarity. In this sense, studies the theme legis-lation on the environment, emphasizing the water, the influence of constitutional and environmental

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principles with the procedure to get the desired result for their protection, including the application ofconsumerist law. It points out the responsibility for damages, focusing on environmental liability, andits popular and public civil actions, discussing the procedural peculiarities on the subject. Analyzesthe relevance of the Precautionary principle and procedural technique, assisting in the evidential acti-vity, the burden of proof, the inhibitory tutelage, the judgment and its review because of environmentalinstability, making no res judicata. It is concluded from this study that despite the procedural instru-ments for environmental protection, it is necessary awareness of its importance for yourself and ex-pertise of the judders, extend to society at large.

KEYWORDS:

Federal Constitution; environmental civil procedure; popular action; public civil action; precautionaryprinciple.

I. INTRODUÇÃO

Em virtude da importância reservada ao Meio Ambiente, especialmente por fazer parte dos direitos deterceira geração, a Constituição (1988) traçou princípios e meios para que processo civil se adequasseaos interesses comuns e solidários.

E isso se tornou importante, como bem pondera Grinover (1984), em vista do plano processual tornara tutela dos interesses difusos mais relevantes, por permitir as garantias constitucionais, ademais deem se tratando desses direitos, se apresentar com um novo enfoque.

Explica-se esse posicionamento, conforme ensinamento de Gavronski (2005), devido à necessidadede garantir o pleno acesso à justiça, à legitimidade para a defesa em juízo, a ampliação dos efeitossubjetivos da coisa julgada e o incremento dos poderes do juiz.

A obrigação do Estado de prestar a tutela jurisdicional com a garantia constitucional do devido processolegal aos direitos difusos, trata em um só processo o interesse de um grande ou indeterminado númerode pessoas, configurando a economia processual. Nesse aspecto, Abelha (2003) afirma que para ca-racterizar a finalidade do processo é preciso que o conflito seja pacificado e, ao mesmo tempo, eficaz.Não se olvidando que para o tema em apreço, trabalha-se primeiramente por sua prevenção, em virtudeda difícil ou impossível solução em sua reparação.

O presente trabalho tem como objetivo verificar a influência constitucional sobre o processo jurídico-ambiental na seara cível, enfatizar sua peculiaridade em virtude de ser o meio ambiente um direito deterceira geração, portanto, dentro da classe dos direitos difusos e coletivos, e a necessidade de abarcarnormas como suas leis específicas, como o Código de Defesa Consumidor e o Código de ProcessoCivil.

Nesse diapasão, faz-se importante verificar a relevância do Princípio da Precaução, se funciona apenascomo um princípio ambiental, ou se também é aplicado como técnica processual nas ações de respon-sabilidade civil ambiental, Ação Civil Pública e Ação Popular, com hipossuficiência científica. Ade-mais, impende observar a tutela inibitória para dificultar o ilícito; a não aplicação do Princípio daCongruência na decisão, e sua natureza, em geral, determinativa e cautelar, sua transformação em per-das em danos; inclusive a peculiaridade da coisa julgada ambiental, que pode ser revista. Levou-se emconsideração com maior propriedade o tema em relação à água.

Para tanto, utilizou-se a metodologia jurídico dedutiva, desde a percepção da Constituição (1988) eseus Princípios, a legislação específica como a Política Nacional do Meio Ambiente (1981), a Política

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Nacional dos Recursos Hídricos (1997), O Código de Defesa do Consumidor (1990), Código de Pro-cesso Civil (1973), não olvidando de aportar o Novo diploma processual (2015). Dessa, maneira, pro-curou-se interpretar essas normas, realizando uma análise sobre sua aplicação, da doutrina e dajurisprudência pátria.

II. A RESPONSABILIDADE POR DANOS AO MEIO AMBIENTE, COM ÊNFASE ÀS ÁGUAS

O §3º do Art. 225, da Constituição Federal (1988), dispõe que as condutas e atividades consideradaslesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, sanções penais e admi-nistrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados.

Ademais, essa Lei Maior impõe ao Poder Público o dever de preservar e defender o meio ambientepara a presente e futura gerações, o que implica ao Estado a possibilidade de ser responsabilizado pordanos ambientais, por omissão ou comissão. Inclusive, Mirra (2008) aborda que responde solidaria-mente por danos causados a terceiros, em vista do estabelecido na Constituição, podendo exercer seudireito regressivo contra o agente causador direto do prejuízo.

Esta solidariedade tem respaldo devido ao seu dever de fiscalizar, vigiar e controlar. Desta forma, con-figurando a culpa in omittendo de seu poder de polícia. Contudo, é importante que se tenha prudênciaao acionar judicialmente contra o Estado como solidário em todas as causas, uma vez que essa res-ponsabilidade comumente se transfere, mesmo que indiretamente, à própria vítima, que é a sociedade,alerta Mirra (2008). Por isso, Oliveira (1990), prega que somente nos casos graves, como os de omissãoinjustificada das autoridades é que se recomenda admitir a responsabilidade solidária.

É importante esclarecer que a omissão do Estado se refere à tarefa ou à obrigação de sua incumbênciaespecífica quanto à adoção de providências administrativas indispensáveis à proteção de bens e recursosambientais, e que caracterizam por se recusar ao cumprimento das normas constitucionais e infracons-titucionais impositivas de condutas e atividades de preservação, como o tratamento de efluentes e deáguas residuais urbanas e industriais antes de seu vertido aos cursos de água. Em casos como esses,Mirra (2008) afirma que a responsabilidade da Administração é direta e sua omissão é a causa, possi-velmente exclusiva, pelo menos primeira e principal do dano verificado.

Comete ato irresponsável nesse mesmo patamar a realização de reutilização de águas residuais de ma-neira indiscriminada, sem parâmetros determinados, sem fiscalização, vigilância e controle, o que pro-vavelmente possibilita causar danos a pessoas e demais elementos do meio ambiente. Se, verificado oresultado de danos, é perfeitamente enquadrada a responsabilidade do Estado com a responsabilidadede quem a realiza.

Convém destacar que na legislação brasileira uma única ação pode gerar três tipos de responsabilidades,quais sejam, administrativa, civil e penal, diversas e independentes. Nesse contexto, é um exemploclássico apresentado por Freitas (2002), o de um cidadão que verte material químico em uma reservade água, utilizada para consumo humano. Ele poderá sofrer uma autuação fiscal pela infração admi-nistrativa, uma ACP destinada a reparar danos causados e uma ação penal pelo crime de contamina-ção.

1. Responsabilidade Administrativa

Esta responsabilidade está diretamente vinculada ao princípio da legalidade, previsto no art. 5º, incisoII, da Constituição brasileira vigente. Para existir esse tipo de infração há que prever em lei a conduta.Admite-se, de maneira excepcional, que Lei Delegada ou Medida Provisória, de acordo com o art. 59,incisos IV e V da Constituição (1988), tenham força de lei.

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Antes da Lei n.º 9.605 (1998), as infrações administrativas eram dispersas em vários textos normativos,o que dificultava o conhecimento e sua aplicação. Apesar de haver sido criada para disciplinar oscrimes ambientais também disciplina a responsabilidade no âmbito administrativo, conforme previstoem seu Art. 72.

O processo administrativo para apurar a prática de uma infração ambiental contra os recursos hídricosé o previsto nos Arts. 70 e 71. Porém, nesse tema específico, não se aplica a Lei apontada porque antesde sua entrada em vigor, foi editada a Lei n.º 9.433 (1997), que define a Política Nacional do setor[PNRH]. As infrações estão previstas nesta lei, em seus Arts. 49 e 50, que por tratar de regras especiais,prevalece sobre as gerais.

No âmbito dos Estados, cada unidade pode fixar suas próprias regras, impondo penalidades, igualmentenos Municípios, desde que obedecendo à legislação nacional.

2. A Proteção Penal

Desde o primeiro Código Penal da República (1890) está previsa a proteção dos recursos hídricos noterritório brasileiro, todavia, como nos demais instrumentos iniciais, sua preocupação estava dirigidaà saúde pública e não como um bem ambiental. Passados os anos, o atual Código Penal (1940), segueprotegendo esse bem em face da saúde pública, nos Art. 270 e 271, que cuidam, respectivamente, doenvenenamento e da corrupção ou contaminação da água potável.

Na doutrina penal, o entendimento de Mirabete (1996) é que a proteção refere-se à água bioquimica-mente potável, implicando dizer que, deve englobar a potabilidade menos rigorosa, que é a mais en-contrada no Brasil.

Com a vigência da Lei n.º 9.605 (1998), houve a reordenação na legislação ambiental. No que se refereà contaminação, o Art. 54 se apresenta para tutelar a contaminação de maneira geral. Nesse mesmodispositivo, há a previsão de poluição hídrica.

Milaré (2000) afirma que ao tipificar todos os tipos de contaminação, compreende também a hídrica,argumentando que será crime qualificado se causar a contaminação hídrica que torne necessária a in-terrupção do abastecimento público de água de uma comunidade.

Assim, para a configuração desse crime, Machado (2010) explica que basta que a contaminação inter-rompa o abastecimento público por horas, já que o abastecimento protegido pela lei é aquele paralisado;a vítima é a comunidade prejudicada com essa ação. Não necessita, para configurar esse tipo, que acontaminação cause danos à saúde humana, é suficiente que, por medida de precaução e em razão dacontaminação constatada, o abastecimento seja suspenso. Essa Lei possibilita a extinção da punibili-dade do agente contaminador, pessoa física ou jurídica, em caso de ser comprovada a recuperação dodano.

Apesar da lei penal, é importante esclarecer que as legislações civil e administrativa tem seu peso paraimpedir, diminuir e corrigir os danos ambientais.

A maior parte da doutrina nacional, afirma Carvalho (1999), aconselha a configuração dos tipos penaisambientais amplamente considerados como infrações de perigo, sobretudo em razão da dificuldadeprobatória que atinge a relação de causalidade, elemento típico objetivo nos delitos materiais.

Por isso, a tendência é antecipar a proteção do ambiente natural, desde o momento do dano ao momentodo exercício da atividade perigosa. A necessidade de prevenir, reprimindo as condutas preparatórias,pondera Costa (1996), é obtida com a perspectiva de avançar a fronteira protetora dos bens e valoresmerecedores de especial tutela.

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Com essa consideração, pode-se afirmar de acordo com o pensamento de Roberti (2009) que o direitopenal deve atuar como resposta social à lesão ambiental para a proteção da natureza. Nesse diapasão,também se mostra importante a aplicação do princípio de educação ambiental para a prevenção dedanos, especialmente pela dificuldade do bem agredido voltar ao status quo ante.

3. A Proteção Civil Ambiental

É importante aduzir que a responsabilidade civil aqui prevista não é a estabelecida no Código Civil,uma vez que esse diploma trata apenas do ponto de vista individual e subjetivo.

Mas, a proteção ambiental, prevista na PNMA, Art. 14, §1º, pelo qual impõe a responsabilidade objetivado contaminador, ficando obrigado a indenizar ou reparar danos causados ao meio ambiente e a ter-ceiros, afetados por sua atividade. A partir de então, destaca Freitas (2002), se oportuniza o ingressoda respectiva Ação de Responsabilidade Civil.

Os remédios processuais para tutelar o Meio Ambiente são praticamente a Ação Civil Pública [ACP]e a Ação Popular [AP]. Não obstante, existem outros apontados pela doutrina minoritária, como oMandado de Segurança Coletivo, que se torna obsoleto por sua superficialidade com o tema se com-parado à ACP; e o Mandado de Injunção Coletivo, que embora sirva para requerer o suplemento denorma, Sousa (2010) ensina que as diversas teses formadas e as diferentes interpretações dificultamsua aplicação para os interesses difusos.

A Ação Popular ambiental como assevera Sousa (2010), é um dos meios mais antigos de controle dosatos estatais pelos cidadãos. Esse instrumento se apresenta na Constituição de 1988 para melhorar adefesa do interesse público e da moral administrativa. A Ação existe desde a Lei nº 4.717 (1965), quenão mencionava o Meio Ambiente. Somente com a atual Constituição, em seu Art. 5º, LXXIII, se tor-nou possível essa possibilidade.

Qualquer cidadão é parte legítima para propor AP que vise a anular ato lesivo ao patrimônio públicoou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimôniohistórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento das custas judiciais e do ônus dasucumbência.

O cidadão, legitimado ativo tem seu pedido limitado a ato por comissão ou omissão administrativa,desde que conjugadas à ilegalidade e à nocividade ao meio ambiente. Nessa Ação, na fase de conhe-cimento, o Ministério Público [MP] exerce função auxiliar, pode requerer e produzir provas, quandosejam necessárias; entretanto, na fase de execução, tem a legitimidade extraordinária subsidiária.

Apesar da relevante importância da AP, é interessante aduzir que o instrumento que mais se destacapara a defesa do meio ambiente é a ACP, oriunda de um processo civil voltado para a democracia. ALei n.º 7.347 (1985) - Lei de Ação Civil Pública, com medidas para a tutela preventiva de danos eco-lógicos, para a responsabilidade civil do contaminador com a tutela reparativa, ademais da imposiçãode sanções aos contaminadores, através da tutela repressiva. Na verdade, essa Ação teve sua origemna Ação de Responsabilidade Civil e Criminal por danos causados ao Meio Ambiente, prevista na Lein.º 6.938 (1981), que trata da Política Nacional do Meio Ambiente [PNMA]. E passou a ter statusconstitucional com a Constituição (1988).

O objeto da ACP é a responsabilização por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor e ao pa-trimônio cultural/natural. Assim, enfatiza Mancuso (2006) que o cumprimento da sentença só se tornaeficaz através da execução específica, para repor o bem ou interesse lesionado a seu status quo ante.Porém, em vista da dificuldade ou impossibilidade da reparação, a solução mais adequada é o sucedâ-neo pecuniário específico, por não haver um beneficiário direto.

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De toda forma, é primordial a prevenção dos danos, todavia, com sua ocorrência, caso sua reconstitui-ção não seja viável – obrigação de fazer ou não fazer, é necessário sua reparação em dinheiro, apesarda difícil tarefa de comprovação do quantum debeatur.

Em virtude das peculiaridades do tema pertencer a todos e não somente à tutela do Estado, implica anecessidade de haver um tutor para representar a sociedade em juízo, sendo apresentada a lista dos le-gitimados ativos, concorrente e disjuntivo:

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I - o Ministério Público;

II - a Defensoria Pública;

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;

V - a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio públicoe social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre con-corrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônioartístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça [STJ] (2010), o MP é identificado como defensor dosinteresses indisponíveis, especialmente por sua missão de defender a ordem jurídica, o regime demo-crático, os interesses sociais e individuais indisponíveis. Por sua vez, a Defensoria Pública é um órgãodestinado a exercitar a defesa dos necessitados. Com relação às Associações, observa-se a exigênciade existência civil de, pelo menos, um ano e ter entre suas finalidades a proteção ao meio ambiente.

A União, os Estados e os Municípios e seus respectivos entes, são gestores de coisas públicas e dobem comum, entretanto, muitas vezes passam a fazer parte do polo passivo dessas ações.

Pertinente à legitimidade passiva, explica Meirelles (2003), é extensiva a todos os responsáveis pelassituações ou fatos que implicam a ação, sejam pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as estatais e seusentes, uma vez que qualquer um é capaz de infringir normas de direito material de proteção ao meioambiente ou ao consumidor, conforme previsto na lei, expondo suas condutas ao controle judicial.

A Perenidade do bem ambiental e o conceito amplo do contaminador impõe o litisconsórcio facultativoe a solidariedade passiva, conforme reconhecido em várias decisões pelo STJ (2010). A responsabili-dade de reparação integral do dano ambiental é solidária.

Mazzili (2007) leciona que quando os responsáveis por danos ambientais são autoridades, servidorespúblicos ou agentes políticos, esses devem responder pessoalmente a ação.

Dessa forma, a proteção eficaz, especialmente como elemento ambiental, se dá com a ACP, disciplinadapela Lei n.º 7.347 (1985), proposta contra o causador do dano, objetivando a reconstituição da áreadegradada, caso seja possível, ou a obrigação de fazer ou não fazer, ou o ressarcimento em pecúniados danos causados e irrecuperáveis a curto espaço de tempo. Ademais, completando a parte processual,aplica-se o Código de Defesa do Consumidor - CDC, por sua Lei n.º 8.078 (1990).

Por oportuno, é interessante discorrer que antes da ACP e, preparatória a essa, há um procedimentoadministrativo a cargo exclusivo do MP, que é o Inquérito Civil. Nessa fase de investigação, recorre-se aos elementos de convicção para embasamento da ação. Inclusive, serve para que o MP firme com

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os responsáveis pelos danos um Compromisso de Ajuste de Conduta ou realize Audiências Públicas.Não há decisões tampouco aplicação de sanções. As normais processuais, em geral, são aplicadas nesseprocedimento. Conforme Machado (2005), o inquérito civil é um procedimento prévio necessário àação civil.

O Compromisso de Ajuste de Conduta pode sobrevir no curso do Inquérito Civil. Não há transação,uma vez que se trata de direitos e deveres indisponíveis. Esse compromisso que está expresso no CDC,acrescentou às exigências da Lei de ACP, que prevê a possibilidade dos órgãos públicos legitimadostomar com os interessados o compromisso de ajuste de condutas às exigências legais, mediante umaimposição em caso de infração, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. É como se fora umatransação peculiar para bens difusos, que conforme Lenza (2003), se mitiga as regras do direito civilclássico somente sobre o modo de sua implementação. O pensamento se firma no acordo imediato, nosentido de ser mais eficaz para a proteção do que uma demanda judicial.

O problema dos ajustes de condutas, como argumenta Cureau (2015), é que muitas vezes se firma umTermo de Ajuste de Conduta - TAC em maus momentos, ou seja, quando se descobre que o problemajá existe. Por outro lado, muitas vezes se firma esse termo e não há o acompanhamento para verificaro cumprimento do que foi estabelecido. Nesse sentido, é interessante transcrever decisão do STJ (2013):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EMAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II,DO CPC. NÃO DEMONSTRADA. TERMO DE COMPROMISSO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO.POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Inexiste omissão, nos termos do art.535, incs. I e II, do CPC, quando o acórdão recorrido se pronuncia de formaclara e suficiente sobre a questão posta nos autos, ainda que a decisão seja con-trária ao interesse da parte. 2. Não houve carga decisória no acórdão recorridocom relação aos arts. 15, 16, 17 da Lei Complementar n. 101/00; 2º, 58 a 61da Lei n. 4.320/65; e 10, incs. IX e XI, da Lei n. 8.429/92, o que impede, nospontos, a análise do tema no recurso especial, em face da aplicação da Súmula211/STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito daoposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.3. A Egrégia Segunda Turma, por ocasião do julgamento do REsp 443.407/SP(Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 25/4/2006), adotou posicionamentode que o § 6º do art. 5º da Lei n. 7.347/1985 encontra-se vigente, de modo queo descumprimento de cláusula constante no termo de compromisso de ajusta-mento de conduta celebrado entre a municipalidade e o Ministério Público via-biliza a execução da multa nele prevista. 4. Incidência do teor da Súmula83/STJ, que se aplica aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea “a”quanto pela alínea “c” do permissivo constitucional. 5. Agravo regimental aque se nega provimento.

(AgRg no AREsp 154.381/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDATURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 13/11/2013)

A mencionada decisão foi no sentido de que o ente federativo não poderia esquivar-se de suas respon-sabilidades e, ato contínuo, alegar nulidade do termo de ajustamento, uma vez ter concordado à épocacom os termos preestabelecidos pelo Órgão Ministerial, assumindo o compromisso de regularizar asituação. Não cabe, dessa maneira, alegar ofensa alguma, tampouco referente à dotação orçamentáriamunicipal, uma vez que o TAC foi realizado em ano anterior, tendo havido tempo suficiente organi-zar-se administrativa e financeiramente para cumprir com seus encargos.

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Acerca da multa, como o Poder Executivo daquele ente federativo insistiu em não promover a regu-larização do problema ambiental, no caso, do depósito de lixo doméstico da municipalidade, reconhe-ceu o Tribunal a legalidade da multa, por funcionar como instrumento de coação para cumprir o quese obrigou a fazer. É importante salientar que a multa diz respeito ao descumprimento da lei, tendo oSTJ (2013) afirmado “que de forma reiterada e comprovada nos autos não cumpriu o termo de com-promisso de ajustamento de conduta, persistindo em desrespeitar e ignorar o meio ambiente do Muni-cípio” (pp. 108-109).

Tampouco há a possibilidade daquele que firmou ajustamento de conduta que descumprir a obrigaçãoe pedir modificação dos elementos essenciais do compromisso. Conforme decidido pelo Tribunal deJustiça de São Paulo e mantido pelo STJ, nos autos do Agravo em Recurso Especial Nº 790.007 - SP(2015/0246298-2), de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, que reputou inadimplente o devedor daobrigação não satisfeita, conforme Art. 580, do Código de Processo Civil [CPC], de 1973, artigo esseque no Novo CPC é o Art. 786. Ademais, determinou que eventual cumprimento parcial do ajuste de-verá ser considerado na fase de execução.

Sobre Inquérito Civil, é importante citar tal procedimento para apurar o desastre ambiental no Estadode Minas Gerais – Brasil, ocorrido no início de novembro de 2015, considerado o maior acidente comresíduo de mineração em 30 anos em todo o mundo, foi instaurado pelo MP estadual para apurar ascausas, as consequências e os responsáveis pelo rompimento de duas barragens da empresa mineradoraSamarco, derramando lama e detritos, no Distrito de Bento Rodrigues, cidade de Mariana, região cen-tral do Estado. Fora recomendado à Secretaria de Meio Ambiente do Estado a suspensão da licença doempreendimento até que se apure a sua regularidade e seja garantida a segurança da comunidade.

Todavia, pelo ocorrido, expressamente um crime abarcando o meio ambiente natural e cultural, a po-pulação da localidade, com feridos, mortes, desaparecimento de pessoas, um grande número de desa-brigados, atingindo frontalmente a sociedade. Sobre o tema, Pinto (2015) comentou que “Ter licençaambiental não é salvo conduto para o empreendimento nem significa legalidade. Uma barragem derejeitos não se rompe por acaso. Há motivação para isso”.

Ajuizada a ACP Cautelar, o juiz citou sobre responsabilidade legal objetiva da empresa, que apesar deestar regularmente estabelecida há vários anos, gerando empregos e contribuindo para a economialocal, regional e nacional, não a imuniza ao poder geral de cautela, por ser imanente ao poder judiciário.Deferiu o magistrado o bloqueio de trezentos milhões de reais, que representa um pouco mais de 10%do lucro líquido da empresa no ano de 2014 e menos de 4% do faturamento anual da companhia, sendocompatível com o dano e com a razoabilidade constitucional.

Guetta (2015) sustenta que a ACP é um instrumento de conquista de efetivação de direitos, a ser uti-lizada na defesa de direitos difusos, e se não atinge o desiderato desejado, conforme ensinamento deConsuelo Yoshida (s.d.), no mínimo provoca melhoras no projeto de licenciamento ambiental, promoveuma pressão diferente, impõe melhorias em virtude de sua existência. É função jurisdicional do MP,da Defensoria Pública, e cumpre os Princípios de Amplo Acesso à Justiça, da Inafastabilidade de Con-trole Jurisdicional, além de fazer parte do cumprimento de um princípio sedimentado na Constituição,direito fundamental.

Como conferido, a tutela do meio ambiente é objeto comum à AP e à ACP. Contudo, havendo interpostaas apontadas ações decorrendo identidade nas mesmas razões de fato e de direito fica caracterizada alitispendência. Em obediência à economia processual e unidade de interesse, inclusive para prevenirjulgamentos contraditórios e sobrecarga do judiciário, a ação proposta em litispendência deverá serextinta, prevalecendo o critério da prevenção.

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No caso de continência, quando a abrangência do pedido for maior em uma das ações, ou conexão,deverá ser aplicado o critério da extensão territorial do interesse em discussão. Aplica-se nesse caso oCDC, a Lei de AP, a Lei de ACP e, subsidiariamente, o CPC.

Também pode haver a conexão entre ACP e Ação Individual, conforme o art. 103, CPC (1973), sendoo art. 55, caput, no Novo CPC (2015). Eis que um único fato pode causar lesão a interesse difuso, co-letivo e individual homogêneo, como o derramamento de material químico em um rio, em que geralesão a interesse difuso, este dano ambiental, e a interesse individual, dos pescadores prejudicados pordeterminado tempo no exercício da profissão.

De imediato, verifica-se a necessidade de interposição de ações distintas, com objetos distintos, de-corrente do derramamento de material químico no rio, configurando-se a conexão. Como a ACP é decompetência territorial absoluta, deverá ser ajuizada na comarca em que ocorreu o dano ou deveriaocorrer. Assim, eventuais processos sobre o mesmo fato devem ser tramitados perante o juízo dessaAção.

Nessa seara também pode ocorrer a litispendência, em que uma ação repete outra em andamento, ha-vendo identidade de partes, de causa de pedir e de pedido. Contudo, o CDC, instrumento que se aplicaao tema em questão, prevê a inexistência de litispendência entre ação coletiva e individual que envolvainteresses coletivos ou difusos, porém, há a possibilidade de haver litispendência entre ação pessoal ecoletiva para a defesa de direito individual homogêneo. Com a litispendência nesse caso, a ação indi-vidual será extinta.

No que se refere às águas, embora as penas de multa se mostram com valor aquém da intimidaçãopara evitar novas degradações, e do valor que deve cobrir para remediar a desgraça provocada, evi-dencia-se a busca para aplicar as sanções mirando o meio ambiente como necessário para o equilíbriode vida.

Diniz (2006) discorre que as duas formas de reparar os danos são o retorno para o estado anterior àlesão, denominada reparação específica, e a indenização pecuniária, que funciona como uma formade compensação ecológica. Entretanto, Freitas (2002), explica que o caráter subsidiário da pena pecu-niária muitas vezes parece ser a alternativa mais próxima da acertada, uma vez que muitos dos danossão irreparáveis. O mais importante é sempre a prevenção e a precaução, que não é somente uma tarefado Estado, senão de toda a sociedade.

Como exemplo das decisões dos tribunais brasileiros, é interessante apresentar a referente ao ProcessoAgI n.º 55.816-5/9-00, do Tribunal de Justiça de São Paulo (2006), cuja relatoria foi do DesembargadorRenato Nalini, que tinha como partes em litígio uma empresa de destilação e o Ministério Público Es-tadual:

Agravo de Instrumento. Antecipação de tutela em ação civil pública para im-pedir lançamento de efluentes líquidos em córrego. Poluição causadora de in-terrupção do fornecimento de água para a população. Dúplice requisitoantecipação da tutela presente na espécie. Agravo desprovido.

Entre o interesse econômico invocado pela agravante, empresa responsávelpelo despejo de efluentes líquidos poluentes em córrego, que, poluído, inter-rompe o abastecimento de água da comunidade, além de outros danos ambien-tais, e o interesse da população e de uma vasta legião indeterminada de utentesdo bem de uso comum do povo que é especialmente protegido pelo consti-tuinte, ressalta o direito substancial e fundamental do ser humano ao meio am-biente sadio e equilibrado. Agravo da empresa poluidora desprovido”.

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Também é importante mencionar a decisão da Ação Civil Pública n.º 571/03, da Vara Distrital de Ta-bapuã, São Paulo (2006), que teve como promovida a SABESP, em virtude de emissão de águas resi-duais sem tratamento, diretamente nos rios:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de CONDENARa ré: a) ao cumprimento de obrigação de não fazer consistente em abster-se decausar danos ao meio ambiente, lançando esgotos domésticos, industriais oude quaisquer outras naturezas nos córregos referidos ou em quaisquer outroscursos d’água, sem que tenham sido prévia e tecnicamente tratados, no prazode 3 (três) meses, sob pena de multa diária no valor correspondente a 10 (dez)salários-mínimos; b) ao pagamento de indenização pelo dano ambiental cau-sado, em valor a ser apurado em liquidação de sentença e recolhido ao FundoEstadual Especial de Despesas e Reparação dos Interesses Difusos”.

Isso posto, em virtude das permanentes colisões entre interesses econômicos e ambientais, os juízesdevem realizar um sopesamento dos mesmos, exercendo sua função de intérpretes do bem comum.Portanto, assevera Krell (2004), necessitam de uma maior capacidade de compreender e inferir as con-sequências, e as decisões administrativas concretas que dizem respeito à proteção do meio ambientepara que seja efetuada uma interpretação coerente dos conceitos legais em questão, com base nos cri-térios objetivos.

Por outro lado, a discussão com o Judiciário de temas referentes ao Meio Ambiente adquire uma co-notação mais importante quando pertinentes a serviços de saúde pública, tendo em vista a concepçãodas expressões “meio ambiente” e “qualidade de vida”. Nesse norte, percebe-se que os Tribunais aindatem uma certa dificuldade quando se trata de assegurar a proteção de ecossistemas por seu própriovalor ecológico, mesmo quando se cuida da quase extinta Mata Atlântica, como bem exemplifica Hart-mann (2009).

Verifica-se, pois, que persiste a separação da qualidade de vida humana com os demais elementos am-bientais. Por isso, se torna necessário implicar a importância de todos os componentes bióticos e abió-ticos para o equilíbrio ambiental estabelecido na Constituição (1988). Diante desse quadro, é cruciala educação ambiental também aos que aplicam a lei e, assim, haver decisões completas, pelas quais sepossam compreender a proteção em seu mais amplo conceito.

Muitas vezes é preferível um bom acordo que uma ação civil pública, uma vez que essa pode durarmuito tempo. Todavia, ainda há muito o que avançar com o judiciário, embora haja já ministros sen-síveis às questões ambientais, a maioria ainda tem uma visão civilista. E essa particularidade trava oalcance da proteção ambiental almejada.

III. A TUTELA INIBITÓRIA

A essencialidade da natureza difusa, o desconhecimento, a perenidade, a instabilidade e a reflexividadefazem como que o periculum in mora esteja in re ipsa na tutela ambiental. Nesse norte, os reflexosprocessuais para a técnica de atualizar os comandos ambientais; os reflexos para a cognição judicial;os reflexos para eleger a técnica processual a ser utilizada, qual seja, a tutela inibitória.

Nos processos para a defesa do meio ambiente há a possibilidade de sua duração tardar o suficientepara causar danos. Para tanto, esclarece Bedaque (2001), existem as Tutelas Cautelares, destinadas aassegurar a efetividade da função jurisdicional do Estado. As Medidas Cautelares e a Antecipação daTutela tem o papel de distanciar o perigo da ineficácia de demora para a prestação jurisdicional.

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No direito ambiental prevalecem os princípios de precaução e de prevenção e, dessa forma, as tutelasespecíficas de urgência adquirem relevância, sobretudo, como explica Sousa (2010), com aquelas quedificultam o próprio ilícito, que são as inibitórias, para impedir a ocorrência do dano ambiental.

A Lei de Ação Civil Pública prevê essa possibilidade, em seu art. 4º da Lei n.º 12.966 (2014). A AçãoCautelar pode ser instrumental, que é uma medida preventiva, preparatória ou incidente; e satisfatória,que é preventiva e definitiva. Nestas satisfatórias, a jurisprudência demonstra sua aceitação em virtudedos princípios mencionados, que, embora inexistente o dano, é potencialmente previsível.

Com relação à tutela jurisdicional específica, explica Abelha (2003), busca-se o dever positivo ou ne-gativo previsto em lei e que deveria ser cumprido de maneira espontânea pela sociedade. Distintamenteé a reparação específica, pela qual se concretiza o que foi descumprido, uma conduta antijurídica ig-norando o dever positivo ou negativo e que causou dano, cuja solução deve ser uma reparação não pe-cuniária.

Assim, se o dano já ocorreu, deve-se buscar uma tutela sancionatória para uma reparação in natura.Todavia, se o dano ainda não ocorreu, em que pese existente o potencial estado de ocorrência, deve-se buscar uma tutela específica.

IV - AS PROVAS E O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO

O direito brasileiro adotou a teoria da responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental. Não obs-tante, é necessário que se demonstre a relação de casualidade entre a atividade lesiva e o dano produ-zido.

Nesse ínterim, Sousa (2010) enfatiza que há dois caminhos para o magistrado obter um resultado,quais sejam, a partir da prova positiva da causa em relação ao efeito e, o outro por exclusão, em que acausa não poderia acarretar efeito.

Aqui se apresenta o princípio da precaução, pelo qual busca-se assegurar condições ambientais futurasadequadas.

A Constituição (1988), em seu Art. 225, refere a proteção ambiental em vista das atividades potencial-mente degradantes, aludindo a aplicação do princípio da precaução quando haja dúvida científica comrelação às consequências de uma atividade econômica sobre o meio ambiente.

Em vista do conceito amplo de meio ambiente, apresentado através da PNMA, com informações cien-tíficas muitas vezes insuficientes ou a existência de dúvidas quanto aos efeitos potencialmente peri-gosos ao ambiente, à saúde, à proteção, o princípio da precaução se torna imprescindível para o tema.

Com relação ao princípio de precaução, segue a jurisprudência do STJ (2012 e 2015):

PEDIDO DE SUSPENSÃO. MEIO AMBIENTE. PRINCÍPIO DA PRECAU-ÇÃO. Em matéria de meio ambiente vigora o princípio da precaução. Esseprincípio deve ser observado pela Administração Pública, e também pelos em-preendedores. A segurança dos investimentos constitui, também e principal-mente, responsabilidade de quem os faz. À luz desse pressuposto, surpreendena espécie a circunstância de que empreendimento de tamanho vulto tenha sidoiniciado, e continuado, sem que seus responsáveis tenham se munido da cautelade consultar o órgão federal incumbido de preservar o meio ambiente a respeitode sua viabilidade. Agravo regimental não provido. (AgRg na SLS 1.564/MA,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em16/05/2012, DJe 06/06/2012)

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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DI-REITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA. CONS-TRUÇÃO. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAU-SAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.CABIMENTO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da respon-sabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídicaatual, de sorte que é irrelevante, na espécie, a discussão da conduta do agente(culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que,no caso, é inconteste. 2. O princípio da precaução, aplicável à hipótese, pres-supõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o en-cargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e,por consequência, para os pescadores da região. 3. Não há inovação em recursoespecial se, ainda que sucintamente, a matéria foi debatida no tribunal de ori-gem. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel.Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgadoem 10/11/2015, DJe 13/11/2015)

O STJ vem mantendo esse princípio em suas decisões, levando em consideração sua importância emsituações pelas quais há a necessidade de paralisação de obra potencialmente degradante ao meio am-biente, em virtude de suas consequências chegar a atingir um nível que impossibilite sua reparação.

Por sua vez, surgem outros temas que acobertados por esse princípio auxiliam na atividade probatória.A hipossuficiência técnica, científica e econômica do autor nas demandas ambientais, geralmente pro-voca a inviabilidade probatória. Aparece, então, a importância da inversão do ônus da prova com fun-damento no princípio da precaução para estabelecer nos casos de incerteza sobre a atividade econômicaa ser desenvolvida, o potencial contaminador comprove que tal atividade não causará danos ao am-biente.

Nesse diapasão, o princípio da precaução apresenta-se como um argumento fundamental do direitoambiental pelo qual a falta de certeza científica não serve para prolongar o tempo das ações destinadasa impedir a degradação ambiental.

Sob esse fundamento, o critério de certeza absoluta abre espaço para a probabilidade com o objetivode proteger a integridade ambiental, desobrigando o autor de provar o dano, passando a ser uma obri-gação do interessado, conforme ensina Mirra (1994):

(...) se existem fundamentos de ordem científica para concluir-se que uma determinada atividade causadegradação ambiental ou é suscetível de causá-la, por força do princípio da precaução torna-se indis-pensável adotarem-se medidas eficazes para impedir o início ou a continuidade dessa atividade, aindaque o seu caráter lesivo seja passível de contestação científica. A probabilidade – nela incluída a ideiade risco sério e fundado – da ocorrência de uma degradação, ainda que não haja certeza científica ab-soluta, impõe a adoção de medidas para impedi-la ou obstá-la, inclusive pela via judicial.

No direito processual, esse princípio opera nas demandas judiciais, seja individuais ou coletivas, desdeque presente a necessidade de tutelar os bens ambientais e quando haja hipossuficiência técnica sobreos efeitos prejudiciais sobrevindos da execução de determinadas atividades econômicas, ou aquelasque exigem a inversão do ônus da prova em benefício do meio ambiente. Nesse sentido, Abelha (2003)explica que toda ação de responsabilidade civil ambiental com hipossuficiência científica está vinculadaao princípio da precaução, de modo que na dúvida se aplica o princípio in dubio por nature. Contudo,o apontado doutrinador entende que a aplicação desse princípio não é uma técnica processual, senão

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uma regra principiadora do direito ambiental, pela qual o suposto contaminador assumiu o risco daatividade.

O STJ (2014), adotou esse princípio sempre que nas demandas sejam contra empresas ou empreende-dores. O MP também segue essa mesma linha de pensamento, justificando a adoção do princípio deprecaução diante da responsabilidade objetiva ambiental.

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL.LUCROS CESSANTES AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVAINTEGRAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBA-TÓRIO. CABIMENTO.

1. A legislação de regência e os princípios jurídicos que devem nortear o ra-ciocínio jurídico do julgador para a solução da lide encontram-se insculpidosnão no códice civilista brasileiro, mas sim no art. 225, § 3º, da CF e na Lei6.938/81, art. 14, § 1º, que adotou a teoria do risco integral, impondo ao po-luidor ambiental responsabilidade objetiva integral. Isso implica o dever de re-parar independentemente de a poluição causada ter-se dado em decorrência deato ilícito ou não, não incidindo, nessa situação, nenhuma excludente de res-ponsabilidade. Precedentes. 2. Demandas ambientais, tendo em vista respeita-rem bem público de titularidade difusa, cujo direito ao meio ambienteecologicamente equilibrado é de natureza indisponível, com incidência de res-ponsabilidade civil integral objetiva, implicam uma atuação jurisdicional deextrema complexidade. 3. O Tribunal local, em face da complexidade proba-tória que envolve demanda ambiental, como é o caso, e diante da hipossufi-ciência técnica e financeira do autor, entendeu pela inversão do ônus da prova.Cabimento. 4. A agravante, em seu arrazoado, não deduz argumentação jurídicanova alguma capaz de modificar a decisão ora agravada, que se mantém, naíntegra, por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1412664/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUAR TATURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 11/03/2014)

Pertinente à inversão do ônus da prova, verifica-se mais uma regra diferenciada do processo civilcomum, com a integração da Lei de ACP com o CDC, pelo qual compete ao causador do dano am-biental a tarefa de não se eximir da responsabilidade. Por outro lado, Abelha (2003) ensina que a in-certeza científica de atividades potencialmente contaminadoras e o princípio da precaução ambientalsão quem determinam que cabe ao suposto contaminador a prova de que não há risco de contaminação.De toda forma, é um tema polêmico e as decisões são aplicadas de acordo com o caso concreto. Nessesentido, segue decisão do STJ (2013):

CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. CRITÉRIOS.PROVA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. [...] 333, I EII, 339, 355, 358, 359, 460 E 512 DO CPC; [...] 7. Embora não tenha sido ex-pressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa le-gislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere amplalegitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova,segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de pro-duzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso. [...] (REsp1.286.704/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, jul-gado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013).

Os Tribunais pacificaram o entendimento sobre a importância do Princípio de Precaução para a inversãodo ônus da prova. É direito subjetivo do infrator a realização de perícia para comprovar a ineficácia

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contaminadora de sua conduta, não aceitando como suficiente as informações de Internet, conformedecisão do STJ (2009):

DANO. MEIO AMBIENTE. PROVA. INVERSÃO. Constatada a relação in-terdisciplinar entre as normas de proteção ao consumidor e as de defesa dosdireitos coletivos nas ações civis por danos ambientais, o caráter público e co-letivo do bem jurídico tutelado (e não a hipossuficiência do autor da demandaem relação ao réu) impõe a extensão de algumas regras de proteção dos direitosdo consumidor ao autor daquela ação, pois ao final busca-se resguardar (e mui-tas vezes reparar) patrimônio público de uso coletivo. Dessa forma, a aplicaçãodo princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório: competea quem se imputa a pecha de ser, supostamente, o promotor do dano ambientala comprovação de que não o causou ou de que não é potencialmente lesiva asubstância lançada no ambiente. Por ser coerente com essa posição, é direitosubjetivo do infrator a realização de perícia para comprovar a ineficácia po-luente de sua conduta, não se mostrando suficientes para tornar essa prova pres-cindível simples informações obtidas em site da Internet. A perícia é semprenecessária quando a prova do fato depender de conhecimento técnico e se re-comenda ainda mais na seara ambiental, visto a complexidade do bioma. Pre-cedente citado: REsp 1.049.822-RS, DJe 18/5/2009.REsp 1.060.753-SP, Rel.Min. Eliana Calmon, julgado em 1º/12/2009. Informativo n.º 0404. Período:24 a 28 de agosto de 2009.

O ônus da prova se dá em prol da sociedade que detém o direito de ser reparada ou compensada aeventual prática lesiva ao meio ambiente. Ademais, o caráter público e coletivo do bem jurídico tuteladoconduz à conclusão que alguns direitos do consumidor também são estendidos à área ambiental, porbuscar resguardar e, muitas vezes, reparar o patrimônio público coletivo.

Verifica-se nas decisões a visão de interdisciplinaridade entre as normas de direito do consumidor comas referentes a direitos coletivos e com o meio ambiente. A essas normas aplica-se o Princípio da Pre-caução. Incentiva-se a antecipação de ação preventiva, ainda que inexistente a certeza sobre sua ne-cessidade e, por outro lado, proíbe-se as atuações lesivas, mesmo que essa potencialidade não tenhaincerteza científica. Benjamin (1998) afirmar que:

Com isso, pode-se dizer que o princípio da precaução inaugura uma nova fasepara o próprio Direito Ambiental. Nela já não cabe aos titulares de direitos am-bientais provar efeitos negativos (= ofensividade) de empreendimentos levadosà apreciação do Poder Público ou do Poder Judiciário, como é o caso dos ins-trumentos filiados ao regime de simples prevenção (p. ex., o Estudo de ImpactoAmbiental); por razões várias que não podem aqui ser analisadas (a disponi-bilidade de informações cobertas por segredo industrial nas mãos dos empreen-dedores é apenas uma delas), impõe-se aos degradadores potenciais o ônus decorroborar a inofensividade de sua atividade proposta, principalmente naquelescasos em onde eventual dano possa ser irreversível, de difícil reversibilidadeou de larga escala. Noutro prisma, a precaução é o motor por trás da alteraçãoradical que o tratamento de atividades potencialmente degradadoras vem so-frendo nos últimos anos. (p. 17-18)

Por outro lado, existem decisões que contrariam o Princípio de Precaução, como a importante decisãosobre o Projeto de Transposição do Rio São Francisco, STF (2008), ACO 876 MC-AgR, Relator(a):Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2007, DJe-142 DIVULG 31-07-2008,PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-01 PP-00044 RTJ VOL-00205-02 PP-00537. Na época desua discussão já havia a inobservância das condicionantes, que em sua maioria, descumpridas.

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Verifica-se que os Princípios de Prevenção e de Precaução surgem do art. 225 da Constituição (1988),em que o primeiro lugar tem o objetivo de evitar riscos ao meio ambiente com todas as medidas ne-cessárias para prevenir; o segundo é posto em prática em caso de incerteza, se há lesão ou não, não serealiza a obra, se estanca ou paralisa a obra. O Rio São Francisco se encontrava desde aquela épocaenfermo, contaminado, areado, debilitado. A revitalização, que seria o primeiro passo, fora feita con-comitantemente com a transposição, conforme informações do governo, embora não seja a realidade.Nesse sentido, houve o descumprimento da norma constitucional, ao não observar o princípio de pre-caução. Com a seca, atualmente, o Rio encontra-se em situação de alerta, a obra não foi paralisada,seguindo com efeitos nefastos para o meio ambiente, à sociedade e à economia, ademais da corrupçãoenvolvendo numerário destinado à sua realização.

V. A SENTENÇA E A COISA JULGADA

É importante pontuar que as ações são classificadas em condenatórias, declaratórias, constitutivas, deexecução lato sensu e determinativas. Na Ação Civil, a sentença tem natureza determinativa, qual seja,facere, non facere, e cautelar. Dantas (2007) aduz que o juiz se utiliza de meios coercitivos, que sedestinam a obrigar o réu a cumprir o preceito.

O Art. 3º da Lei n.º 7.347 (1985) determina que poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou ocumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. E o Código de Processo Civil (1973), dispõe em seuart. 461, § 1º: “A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se im-possível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente”. O Novo Código Civil,(2015), transcreveu esse parágrafo, porém, prevendo-o no Art. 499.

De toda forma, não se pode descartar a possibilidade de sentença de natureza declaratória, constitutivaou as duas naturezas juntas. Pode-se conhecer ambos os pedidos, por economia processual, a exemploda constituição de um ato e uma condenação.

Sobre a coisa julgada, se o objeto tutelado é um bem coletivo ou difuso, aquela pode ser pró ou contra,ou seja, implica os titulares do direito e respectivos representantes. Nos casos de improcedência porinsuficiência de provas, não se configura coisa julgada material, sendo possível propor uma nova ação,desde que haja provas novas; para os casos de procedência de demandas coletivas, além do benefíciodifuso ou coletivo, ocorrerá o fenômeno de extensão in utilibus da sentença para a tutela de direitosindividuais lesionados pelo mesmo fato violador.

Nesse sentido, é importante arrematar que a Reflexividade e a coisa julgada in utilibus nas ações co-letivas, quando haja procedência do pedido, possibilita utilizar o resultado da sentença em litígios in-dividuais, transportando para esses casos a coisa julgada benéfica, de acordo com o disposto no Art.103, §3º, do CDC. No caso de sentença penal condenatória (§4º), é igualmente possível sua execuçãoindividual na área cível. Contudo, essa possibilidade atinge somente a pessoa do condenado.

É interessante consignar, ainda, com relação à coisa julgada que, devido à instabilidade do bem am-biental, poderá ser revista. Inclusive, por razão de indivisibilidade/ubiquidade do bem ambiental, éimpossível a limitação territorial da coisa julgada. Como se depreende, quando se trata de matéria am-biental, a coisa julgada se apresenta com suas peculiaridades, que devem ser observadas para que nãohaja distorção quanto à proteção estabelecida pela Lei Maior e leis correlatas.

Diante dessa instabilidade, deve ser interpretado o Princípio da Congruência. Sua essencialidade nãolhe permite limitar-se ao pedido. Desse modo, não se configura decisão ultra petita se a sentença re-conhecer que o dano provocado é mais gravoso que o informado, como vem reconhecendo o STJ(2006) sendo lícito ao julgador decidir conforme a gravidade do dano.

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Entrementes, a Estabilidade pela causa petendi deve ser revista em virtude da instabilidade do bemambiental, podendo haver a alteração factual, e não a incidência da perda incidental do interesse deagir, de acordo com o entendimento do STJ (2006).

Destarte, está evidente que a Essencialidade e a Perenidade levam à imprescritibilidade da pretensãode culpa na área ambiental. Isso está evidenciado nas decisões pátrias, como o exemplo que segue, dejulgado do STJ (2009):

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - DIREITO AMBIENTAL-AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – IM-PRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – PE-DIDO GENÉRICO – ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR NASENTENÇA: REVISÃO, POSSIBILIDADE - SÚMULAS 284/STF E 7/STJ.O direito ao pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidadehermenêutica, está protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratarde direito inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, in-dependentemente de não estar expresso em texto legal. Em matéria de pres-crição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentementeprivado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurí-dico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, poissem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se impres-critível o direito à reparação. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos in-disponíveis e como tal está dentre os poucos acobertados pelo manto daimprescritibilidade a ação que visa reparar o dano ambiental. (REsp1120117/AC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, jul-gado em 10/11/2009, DJe 19/11/2009)

VI. AS DECISÕES HODIERNAS DO STJ SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS

Os temas referentes aos recursos hídricos que ganharam importância nos últimos anos nos tribunaisbrasileiros foram a tarifação progressiva, com o fim de estimular o uso racional e atender aos interessespúblicos, levando a criação da Súmula 407, STJ (2009): “legítima a cobrança da tarifa de água fixadade acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”. Os ministros do STJ (2007) firmaramentendimento que em vista das desigualdades sociais e econômicas dos usuários de serviços públicos,esta política de discriminação de tarifa possibilita a aplicação, por critérios razoáveis e proporcionais,da igualdade jurídica, ademais de concretizar a justiça social.

Outro tema do STJ (2010) se reportou ao valor cobrado pelo uso, que deve ter em conta o consumoreal. Inclusive em condomínio, não podendo ser presumida a igualdade de consumo de água por violaro princípio da modicidade de tarifa.

Com relação às áreas de preservação, o STJ (2008) conforme o Código Florestal, anterior e atual, Lein.º 12.651 (2012), as florestas e outras formas de vegetação natural ao longo dos rios ou de qualquercurso de água são áreas de preservação permanentes [APP], independente das características hidro-gráficas, como os pequenos córregos, devem ser protegidos.

Sobre a Mata Atlântica, é interessante destacar uma ACP proposta pelo MP contra um município e oInstituto Brasileiro de Meio Ambiente [IBAMA], com o fim de anular autorizações desses órgãos parasuprimir vegetações desse bioma, visando construir anfiteatro e ginásio de esportes. Verificando-se,então, um avanço na visão para proteger o meio ambiente, sob o entendimento de que somente devehaver tais autorizações em situações absolutamente excepcionais.

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Em se tratando de desapropriação para construção de central hidroelétrica, é entendimento pacíficoque o proprietário da terra não é indenizado no que se refere à cobertura vegetal em áreas de preser-vação permanente, uma vez que estas não podem ser exploradas, mantendo o entendimento de bemcomum.

Outro tema abordado diz respeito aos poços artesianos, pelo qual deve haver o procedimento de outorgapara a extração de água subterrânea, conforme a Lei n.º 9.433 (1997) [PNRH].

VII. OBSERVAÇÕES CONCLUSIVAS

Resta verificada a importância da proteção do Meio Ambiente e seu tratamento peculiar na seara pro-cessual diante da concepção do tema como direito humano de terceiro geração e, especialmente noBrasil, sendo consagrado a partir da Constituição (1988), que lhe dedicou um capítulo específico –Art. 225, em seu título “VIII – Da Ordem Social”, elevando-o como Norma-Princípio Fundamental,configurando-se como cláusula pétrea, protegendo-o por si mesmo, e não necessariamente por ater-seao direito à vida e à saúde. É um bem de uso comum do povo, no qual o bem é o objeto jurídico, o usonão é limitado e todos são titulares desse bem.

Nesse patamar o sistema processual adequou-se a um novo momento, destinando-se também aos in-teresses comuns e solidários. Para tanto, possibilitando uma estrutura específica, mas que requer cui-dados, justamente pelas leis que devem ser aplicadas, ficando o CPC para aplicação subsidiária. Épreciso reunir dispositivos do CDC, por se tratar de direitos difusos e coletivos, com as Leis de ACP,AP, CPC e Constituição Federal para atender à proteção ambiental pretendida.

A peculiaridade das normas processuais para a proteção do Meio Ambiente atende aos princípios cons-titucionais, sejam ambientais, sociais e econômicos, ademais dos princípios processuais para protegere dar solução às demandas. A imprescritibilidade na pretensão de culpa; a responsabilidade objetiva; adecisão conforme a gravidade do dano, sem limitar-se ao pedido; a natureza determinativa, em regra,da sentença para obrigar o réu a cumprir o preceito; a Responsabilidade administrativa, penal ou cívelpelos danos causados ao meio ambiente, com a regra especial prevalecendo à geral, como no caso dotema recursos hídricos; a ACP, a AP como instrumentos para a proteção eficaz da tutela ambiental, alémdos TACs e o Inquérito Civil, preciosos para essa temática. Todos esses itens apresentam positividadepara proteção ambiental. Estão logicamente estruturados para a atenção às causas que envolvam o tema.

Não obstante, há ainda a necessidade de melhorar a máquina judiciária para abreviar o tempo das de-cisões, tornando-as prioritárias, uma vez que se trata de direito fundamental ao equilíbrio de vida detodos os seres vivos. Por sua vez, agregado a esse passo, e apesar do progresso no pensamento dosjulgadores, impende o aprimoramento sobre a importância do meio ambiente por si e a ideia de suaproteção como base para a vida equilibrada de todos os seres bióticos e abióticos, ademais por ser ali-cerce para todas as demais áreas implicadas nas demandas.

O princípio da precaução apresenta-se além de princípio ambiental, senão também como uma técnicaprocessual, que junto com a inversão do ônus da prova auxiliam para assegurar as condições futurasadequadas, com o intuito de estabelecer nos casos de incerteza sobre a atividade econômica a ser de-senvolvida, que o potencial contaminador comprove que tal atividade não causará danos ao ambiente.É de crucial importância para a proteção da vida em todas as espécies, inclusive para evitar decisõesinjustas, tardias para a preservação ambiental.

Conclui-se, portanto, que embora a estrutura processual ofereça os instrumentos necessários para aproteção do Meio Ambiente, é preciso que os operadores do direito, os autores e réus, governo e so-ciedade estejam mais atentos à proteção, restauração, preservação do bem comum, seu equilíbrio erespeito, por ser imprescindível à vida.

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The Theory of Dynamic Loads Probative in Uruguayan LawLa Teoría de las Cargas Probatorias Dinámicas en el Derecho Uruguayo

LEANDRO IGLESIAS Y LUCÍA LONGABOGADO (URUGUAY)




RESUMEN:

La instrucción, como “actividad determinada por un fin diferencial” -función procesal-, desempeñaun rol principal en el desarrollo de todo proceso. Uruguay no es la excepción. En este artículo preten-demos realizar un análisis de la doctrina y jurisprudencia en materia de carga de la prueba en el procesouruguayo, con especial énfasis en la evolución y aceptación de la teoría de las cargas probatorias di-námicas en nuestro ordenamiento jurídico, que no ha sido (ni es) pacífica.

Nos abocaremos a analizar las reglas sobre la carga de la prueba en el proceso uruguayo y las reaccionesque parte de la doctrina y jurisprudencia nacional, han tenido para “flexibilizarlas”.

PALABRAS CLAVE:

Carga de la prueba; principio de igualdad; principio de la moralidad; Derecho Uruguayo.

ABSTRACT:

Instruction, as “activity by a differential end” procedurally -function, plays a major role in the deve-lopment of the whole process. Urugay is not the exception. In this article we perform an analysis ofthe doctrine and jurisprudence on the burden of proof in the Uruguayan process, with special emphasison the development and acceptance of the theory of dynamic evidentiary burdens in our legal system,which has not been (nor it is) peaceful.

We will focus on analyzing the rules on the burden of proof in the Uruguayan process and the reactionsof the doctrine and jurisprudence, have had to “being relaxed”.

KEYWORDS:

Burden of proof; principle of equality; principle of morality; Uruguayan law.

INTRODUCCIÓN

A modo de introducción, debemos señalar en primer lugar que la normativa vigente en materia procesalen Uruguay, está sistematizada en el Código General del Proceso (en adelante, “CGP”), ley número15.982, modificada recientemente1 en algunos por la ley 19.090. Todo nuestro sistema procesal (enmateria civil, comercial, familia, tributario) se encuentra cimentado en principios y normas contenidasen dicho cuerpo, sin perjuicio de algunas excepciones particulares, especialmente (por la relevanciaque dicha materia tiene en el objeto de estudio), la laboral2.

Con esta aclaración realizada, podemos fijar el objeto de este artículo. La instrucción, como “actividaddeterminada por un fin diferencial”3 -función procesal-, desempeña un rol principal en el desarrollode todo proceso. Uruguay no es la excepción. En estas breves líneas pretendemos realizar un análisisde la doctrina y jurisprudencia en materia de carga de la prueba en el proceso uruguayo, con especialénfasis en la evolución y aceptación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas en nuestro orde-namiento jurídico, que no ha sido (ni es) pacífica.

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1 Promulgada el 14 de junio de 2013.2 Regulado específicamente por la ley 18.572, denominada “abreviación de los procesos laborales”.

Este análisis se realizará de un supuesto claro y común a todos los ordenamientos jurídicos: que la actividadprobatoria logra su finalidad cuando se ha podido demostrar la existencia o inexistencia en el proceso deciertos hechos -objeto de la prueba- a los cuales las normas jurídicas atribuyen determinado efecto. Eneste supuesto el Juez, al momento de dictar su sentencia no encuentra mayor dificultad, ya que si se haprobado la existencia del hecho, fallará a favor de quien ha invocado su existencia como fundamento desu pretensión o excepción, y si se ha probado la inexistencia, fallará a favor de la parte contraria.

Entonces, el problema se presenta cuando la actividad probatoria no determina en el Juez un convenci-miento suficiente sobre la existencia o inexistencia de los hechos invocados por las partes. En estos casos,a pesar de las dudas el Juez uruguayo –en el marco legal vigente- no puede pronunciar un non liquet, yaque en ejercicio de la función jurisdiccional debe necesariamente pronunciarse en un sentido u otro.

Frente a esta situación -necesidad de emitir un fallo a pesar de la falta de convicción- las reglas de lacarga de la prueba le indican al Juez en qué sentido debe fallar cuando no se ha probado la existenciao inexistencia de los hechos que fundamentan la pretensión o excepción. Como señala COUTURE,“los hechos no probados se tienen por no existentes, ya que no existe normalmente, en el juicio civildispositivo, otro medio de convicción que la prueba suministrada por las partes. El juez realiza a ex-pensas de la prueba producida, una especie de reconstrucción de los hechos, descartando aquellosque no han sido objeto de demostración, y sobre ellos aplica el derecho”4.

Con estas precisiones claras, nos abocaremos a analizar las reglas sobre la carga de la prueba en elproceso uruguayo y las reacciones que parte de la doctrina y jurisprudencia nacional, han tenido para“flexibilizarlas”.

II. CARGA DE LA PRUEBA

1. Carga como situación jurídica

Como destaca BARRIOS, “en toda actividad jurídica, entre el sujeto y el acto media la situación jurí-dica”5. En términos generales, las situaciones jurídicas han sido definidas como las “posiciones asig-nadas al civis por la norma jurídica respecto de un conflicto de intereses y para su composición”6.

Entonces, es la norma la que asigna al individuo una situación jurídica concreta. En el caso que nosconvoca, es el art. 139 CGP el encargado de colocar a la parte en un proceso civil en una situación ju-rídica de carga frente a la actividad probatoria; individuo que, desde que entra al proceso, se halla en“la necesidad de adoptar una actitud en beneficio del propio interés”7.

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3 BARRIOS DE ÁNGELIS, Dante; Teoría del Proceso; pág. 179.4 COUTURE, Eduardo; Fundamentos del Derecho Procesal Civil; pág. 246.

En este sentido ha señalado la jurisprudencia que “[l]a ley distribuye por anticipado entre uno y otro litigante la fatigaprobatoria […] la ley crea al litigante la situación embarazosa de no creer sus afirmaciones, en caso de no serprobadas”, Sentencia 267/2011, TAC 3 Turno, en La Ley Online.

Y también que “[e]s una circunstancia de riesgo ya que quien no prueba sus hechos que ha de probar, pierde el pleito”,Sentencia 41/2010, TAC 1 Turno, en Revista de Derecho Procesal, 1/2011, pág. 571.

5 BARRIOS DE ÁNGELIS, Dante; Teoría del Proceso; pág. 115.6 CARNELUTTI, Francesco; Instituciones de Derecho Procesal Civil; pág. lxxv -Introducción-. 7 BARRIOS DE ÁNGELIS, Dante, “Las situaciones jurídicas”, en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 1/1998, pág. 37.

Así, según sostiene TARIGO, mediante la carga de la prueba se determina “en cada caso sobre cuál de las partes recaeesa carga de probar, ese imperativo del propio interés que le permitirá, para el caso de alcanzarlo, para el caso dedesembarazarse con éxito de dicha carga, convencer efectivamente al tribunal de la veracidad de sus afirmaciones dehecho”. TARIGO, Enrique; Lecciones de Derecho Procesal Civil, Tomo II; pág. 18.

2. Función de las reglas sobre la carga de la prueba

La regla que distribuye la carga de la prueba entra en escena, entonces, en aquellos casos en los cualeslos interesados principales no logran en el Juez un convencimiento sobre la ocurrencia de los hechosque son fundamento de su pretensión o defensa.

En primer término, la regla que distribuye la carga de la prueba tiene como función indicarle al Juezcómo debe fallar en aquellos casos en los cuales, una vez finalizada la actividad probatoria, no seprobó la existencia de los hechos invocados por las partes -lo que se ha denominado regla de juicio-.

Pero al mismo tiempo, y como contracara de una misma moneda, la regla que distribuye la carga dela prueba también está dirigida a las partes, ya que éstas, por no haber probado los hechos invocados,esto es, por no haber realizado una conducta en beneficio de su propio interés, obtendrán un fallo des-favorable -lo que se ha denominado regla de conducta-, ya que, “como en el antiguo dístico, es lomismo no probar que no existir”8. Llevándolo a un plano práctico, resulta que “si el demandante noprueba los hechos constitutivos de su derecho, el demandado nada debe probar”9. Pero si el actorlogra acreditar la razón de sus hechos, la carga se traslada en forma casi automática al demandado,quien deberá probar entonces, hechos extintivos, modificativos o impeditivos de la pretensión de sucontraparte. Por ello se ha señalado que “[e]s una circunstancia de riesgo ya que quien no prueba sushechos que ha de probar, pierde el pleito”10.

3. Distribución de la carga de la prueba

Aclarado el concepto de carga de la prueba, corresponde determinar cómo se distribuye la misma enel ordenamiento jurídico uruguayo.

Sin perjuicio de diversos criterios se han propuesto para determinar sobre quién recae la carga de laprueba, el CGP uruguayo es claro en este sentido. En su art. 139.1 distribuye la carga de la prueba envirtud del hecho a probar. En efecto, el mismo establece que “Corresponde probar, a quien pretendealgo, los hechos constitutivos de su pretensión; quien contradiga la pretensión de su adversario tendrála carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión”.

Como bien destaca la doctrina, “la naturaleza de hecho constitutivo se refiere a la pretensión, y esehecho constitutivo de la pretensión procesal puede ser, desde el punto de vista sustantivo, constitutivo,impeditivo, extintivo, etcétera”11. Aplicando entonces esta regla de distribución, y en palabras de CHIO-VENDA, “hasta que el actor no ha probado los hechos que son el fundamento de su demanda, puede eldemandado limitarse a negar pura y simplemente, sin que pese carga alguna de prueba sobre él”12.Así lo ha sostenido en forma unánime también nuestra jurisprudencia: quien se presenta “sin probanzaque respalde aquello que supone los hechos constitutivos de su pretensión, no actú[a] de conformidadcon el onus probando que imponía su propio interés”13.

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8 COUTURE, Eduardo J.; Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3ª Ed.; pág. 242.9 VÉSCOVI, E., DE HEGEDUS, M. KLETT, S., CARDINAL, F., SIMÓN, L., PEREIRA, S.; Código General del Proceso; Tomo 4;

pág. 76.10 Sentencia 41/2010; TAC 1 Turno; en Revista de Derecho Procesal, 1/2011, pág. 571.

Ver también: Sentencia 53/2010; TAC 1 Turno; en Revista de Derecho Procesal, 1/2011, pág. 571. Sentencia 8/2011;TAC 1 Turno; en Revista de Derecho Procesal, 1/2012; pág. 610.

11 LANDONI, Ángel (director), GARDERES, Santiago, GOMES, Fernando, GONZÁLES, María Eugenia, VALENTIN, Gabriel,Código General del Proceso, vol. 2 A, B de f, Montevideo, 2003. pág. 373.

12 CHIOVENDA, Giuseppe, Curso de Derecho Procesal Civil, pág. 398-399.13 Sentencia 28/2011; TAC 3 Turno; en Revista de Derecho Procesal, 1/2012; pág. 611.

En base a lo expuesto, y teniendo en cuenta la doble perspectiva de la regla de la carga de la prueba,si el actor no ha logrado demostrar la existencia de los hechos constitutivos de su pretensión -con totalindependencia de la actitud de la contraparte, pues como señala el art. 139.1 CGP sobre él recae lacarga-, sufrirá las consecuencias negativas, que se traducirán en un fallo desfavorable. En lo que res-pecta al demandado -siempre y cuando el actor haya probado los hechos invocados en la pretensión-sufrirá las consecuencias negativas si no logra probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivosde la pretensión, lo que significa que la demanda será acogida.

Señalamos desde ya que esta es la normativa legal vigente en Uruguay: el actor deberá (tendrá la cargade) probar los hechos constitutivos de su pretensión. Y el demandado nada deberá hacer si su contra-parte no logra su fin. Sin embargo, veremos cómo lentamente esta regla ha sido alterada en el marcode la doctrina e incluso por algunos Tibunales uruguayos, que aplican –creemos, por fuera de la ley-la teoría denominada “cargas probatorias dinámicas”.

III. CARGAS PROBATORIAS DINÁMICAS

1. Lineamientos generales

En nombre de la Justicia, la verdad, la moralidad y la colaboración en el proceso, tomó fuerza hace yamás de dos décadas, la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Como señala ALVARADO, “las ban-deras que levanta el solidarismo (la Justicia, la Verdad, el compromiso del juez con su tiempo, con lasociedad, con el litigante mal defendido por su joven o ignaro novel abogado, etcétera) ganan adeptosrápidamente, pues ¿quién no quiere la Justicia? ¿Quién no quiere la Verdad?”14.

El problema se presenta cuando notamos que a pesar de su gran fuerza expansiva, la teoría de las cargasprobatorias dinámicas –al menos, en lo que al derecho uruguayo compete- se erige como una teoríapor fuera de la ley, como una teoría que se auto atribuye el poder de modificar la ley -y aumentar lospoderes del juez- en todos los casos que lo estimen necesario, determinando a juicio de estos autoresy en palabras de ALVARADO “una inseguridad jurídica en estado terminal gracias a la imprevisibilidadabsoluta de la mayoría de las decisiones judiciales y, gracias a ello, la abogacía seria tiende a des-aparecer”15.

Señalamos por concreta la definición de PEYRANO que se refiere a esta en los siguientes términos: “sobrela adecuada ponderación de las circunstancias del caso, las cargas probatorias deben desplazarse deactor a demandado, o viceversa, según correspondiere, y ello en función de cuál de las partes se en-contrare en mejores condiciones (técnicas, profesionales o fácticas) de suministrar la prueba, con ab-soluta independencia de su posición en el proceso y de la naturaleza de los hechos que aleguen”16.

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Ver también: Sentencia 53/2010, TAC 1 Turno, en Revista de Derecho Procesal, 1/2011, pág. 571. Sentencia 8/2011,TAC 1 Turno, en Revista de Derecho Procesal, 1/2012, pág. 610. Sentencia 14/2009, Suprema Corte de Justicia, enRevista de Derecho Procesal, 1-2/2010, pág. 489. Sentencia 306/2009, Suprema Corte de Justicia, en Revista de DerechoProcesal, 1-2/2010, pág. 490. Sentencia 103/2009, TAC 2 Turno, en Revista de Derecho Procesal, 1-2/2010, pág. 491.Sentencia 125/2009, TAC 3 Turno, en Revista de Derecho Procesal, 1-2/2010, pág. 492. Sentencia 105/2009, TAC 4Turno, en Revista de Derecho Procesal, 1-2/2010, pág. 492. Sentencia 51/2009, TAC 6 Turno, en Revista de DerechoProcesal, 1-2/2010, pág. 492. Sentencia 688/2012, Suprema Corte de Justicia, en La Ley Online.

14 ALVARADO, Adolfo; “El garantismo procesal”; en Revista de Derecho y Tribunales, Nº 13, Montevideo; pág. 27.15 ALVARADO, Adolfo; “El garantismo procesal”; en Revista de Derecho y Tribunales, Nº 13, Montevideo; pág. 34.16 Cfr. VALENTIN, Gabriel; “Análisis crítico de la llamada teoría de las cargas probatorias dinámicas”; en Revista Uruguaya

de Derecho Procesal, Nº 3-4/2008; pág. 351.

Para los partidarios de esta teoría entonces, la carga de la prueba no seguiría las disposiciones del art.139 del CGP ya citado, sino que recaería sobre aquélla persona que se encuentra en mejores condicionespara producir prueba, lo que naturalmente varía caso a caso, y con total independencia de la posiciónen el proceso y la naturaleza del hecho a probar. Por tanto, si una vez finalizado el procedimiento pro-batorio no se llega al convencimiento del Juez sobre la existencia de los hechos invocados por las par-tes, el mismo debería fallar teniendo en cuenta cuál de las partes se encontraba en mejores condicionespara probar, y por ende, las consecuencias negativas del fallo recaerían sobre aquélla persona que pu-diendo producir prueba, no lo hizo -independientemente de su posición de actor o demandado-.

Esta forma de distribuir el onus probandi tomando en consideración las posibilidades de las partes res-pecto a la prueba, nació, según PEYRANO, “como un paliativo para aligerar la ímproba tarea de pro-ducir ´pruebas diabólicas´ que, en ciertos supuestos, se hacía recaer, sin miramientos, sobre lasespaldas de alguna de las partes (actor o demandado) por mal entender las tradicionales y sacrosantasreglas “apriorísticas” de distribución de la carga de la prueba”17.

Si bien esta teoría, como veremos, ha sido recibida por prestigiosa doctrina y varios Tribunales enUruguay, adelantamos desde ya que a nuestro juicio dicha aceptación es errónea, porque nunca debeser el Juez el encargado de aplicar ese paliativo, ya que, como destaca ALVARADO “al desnivelar laigualdad jurídica para lograr una supuesta y nunca alcanzable igualdad real, logra sólo desequilibrarel fiel de la balanza de la Justicia y hacer ilegítima su sentencia”18.

2. Los argumentos esgrimidos

Corresponde entonces analizar los argumentos que se han dado para mantener vigente la discusión entorno a esta teoría en el ordenamiento jurídico uruguayo.

2.1. El principio de igualdad

Invocando la mala praxis médica como paradigma clásico19, se ha sostenido que el modo en que se hanconcebido las reglas que distribuyen la carga de la prueba llevó a una concepción demasiado rígida delas mismas, sin advertir, según ellos, que tal concepción resulta muchas veces insuficiente e inadecuada.

Afirman los impulsores de esta teoría que esta concepción “tradicional” -si ser “tradicional” es cumplirla ley, seamos “tradicionales”- “se ocupó tanto de resguardar y proteger el bien denominado libertad,en todas sus formas y expresiones, que olvidó que muchas veces este ideal no -se- alcanza cuando laspartes que son beneficiados por él no se encuentran en igualdad de condiciones. Olvidó que lo libre,lógico, razonable e incluso justo puede no ser equitativo”20.

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17 Cfr. LANDONI, Ángel (director), GARDERES, Santiago, GOMES, Fernando, GONZÁLES, María Eugenia, VALENTIN, Gabriel;Código General del Proceso, vol. 2 A; pág. 379.

18 ALVARADO, Adolfo; “La imparcialidad judicial”, en Revista Iberoamericana de DERECHO PROCESAL GARANTISTA”;pág. 29.

19 Sostiene PEYRANO que el lanzamiento de su tesis dio la puntada inicial para una suerte de “revolución silenciosa” enlos casos de responsabilidad civil médica, intentando lograr un alivio en la pesada carga de la prueba de la culpa, laque históricamente recayó sobre la cabeza del paciente. Sostiene que la “fuerza de las cosas demostró, vgr., queimponerle al actor víctima de una lesión quirúrgica en el interior de un quirófano, la prueba acabada de lo que habíaocurrido y de cómo había ocurrido, resultaba equivalente a negarle toda chance de éxito”. PEYRANO, Jorge; “La doctrinade las cargas probatorias dinámicas puesta a prueba”; Revista Uruguaya de Derecho Procesal 2/1992; pág. 239.

20 LÉPORI WHITE, Inés; “Cargas probatorias dinámicas”; en Cargas Probatorias Dinámicas, PEYRANO, Jorge W (director), LÉPORI

WHITE, Inés (coordinadora); pág. 65. Concluye la autora que “la justicia aplicada al caso concreto, es decir, la equidad,resulta entonces a mi entender, el principal fundamento de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas”, pág. 66.

En virtud de lo expuesto, el Juez debería hacer recaer la carga de la prueba sobre aquella parte que seencuentra en “mejores condiciones” de aportar el material probatorio sobre los hechos que son objetode la prueba, ya que sostener lo contrario implicaría condenar a la otra parte a una derrota casi segura.Se ha señalado que si esta actuación del Juez como corrector del principio general sobre la carga de laprueba para el caso concreto “introduce una aparente desigualdad, es para lograr la igualdad real”21.

En efecto, este es el principal argumento utilizado por la jurisprudencia que en nuestro país ha acogidola teoría en cuestión.

Así, en materia de Familia se ha sostenido que existen ingresos de muy difícil prueba, por ejemplocuando se alega que el demandado realiza “changas” (término utilizado para los trabajos informales ytemporales) o tiene trabajo independiente, o el ingreso se sospecha mayor al documentado como sueleocurrir con empresas familiares, por lo que la carga de la prueba se desplaza a quien está en mejorescondiciones de demostrarlo22, es decir, el demandado. De lo contrario entraríamos a un terreno de“prueba diabólica” y el actor (alimentado) se vería desprotegido. En suma, argumentan que “el fin deljuicio no puede implicar un castigo a quien está imposibilitado de cumplir la carga que el artículo139.1 impone a su esfuerzo procesal y un premio para quien sabe o debe saber los hechos que le cons-tan”23.

2.2. El principio de moralidad

Se ha definido el principio de moralidad como “el conjunto de reglas de conducta, presididas por elimperativo ético, a que deben ajustar su comportamiento procesal todos los sujetos procesales (partes,procuradores, abogados, jueces)”24.

En este sentido se ha establecido que “una vez dentro del proceso, tanto las partes como sus defensorestiene el deber procesal de conducirse con lealtad, probidad y buena fe�…� no les está permitidoasumir ningún tipo de inconductas y, en caso de que lo hagan, deberán ser a su costo las consecuenciasdisvaliosas de las mismas. Y entiendo que esta limitación marcada por los deberes legales de condu-cirse con lealtad, probidad y buena fe alcanza al deber de colaborar en materia de prueba para queel Juez pueda alcanzar la verdad”25.

Es decir: el proceso no podría sino ser un proceso “moral”, en el cual las partes se conduzcan en bús-queda de la verdad material, sin importar a quién la misma beneficie o perjudique.

En lo que respecta a nuestro Derecho Positivo, se ha señalado que los arts. 5 y 63 inc. 2 del CGP26

consagran la vigencia de este principio para la realización de todos los actos procesales. En este sentido,habría una “obligación” procesal de las partes de colaborar en todos los aspectos, incluso el probatorio.

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21 VAN ROMPAEY, Lesley, “La teoría de las cargas probatorias dinámicas en el Derecho Procesal Uruguayo”; La Ley Online.22 Sentencia 33/2014; TAF 2 Turno; en La Ley Online. El Tribunal, al aplicar la regla, realiza el siguiente juicio lógico:

“no condice con las reglas de la experiencia que una persona que tiene ingresos por treinta mil pesos, según admitió,lleve un nivel de vida como el del demandado, viviendo en una muy confortable casa en un barrio privilegiado deMontevideo, con dos hijos en colegio privado y además con automóvil, tampoco es el nivel de ingresos esperable parael propietario de una inmobiliaria de reconocida actividad en el medio local”.

Ver Sentencia 141/2013; TAF 2 Turno; en La Ley Online.23 Sentencia 143/2013; TAF 2 Turno; en La Ley Online. Sentencia 12/2011; TAF 2 Turno; en La Ley Online.24 KLETT, Selva, PEREIRA CAMPOS, Santiago. Cfr. VALENTIN, Gabriel; “Análisis crítico de la llamada teoría de las cargas

probatorias dinámicas”; en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, Nº 3-4/2008, pág. 352.25 LÉPORI WHITE, Inés, “Cargas probatorias dinámicas”, en Cargas Probatorias Dinámicas, PEYRANO, Jorge W (director),

LÉPORI WHITE, Inés (coordinadora); pág. 67

Con la redacción dada por la ley 19.090, parte de la doctrina entiende que esta “obligación” se habríareafirmado al incorporarse un segundo numeral al art. 142, que reza “las partes tienen el deber deprestar la colaboración del buen litigante para la efectiva y adecuada producción de la prueba. Cual-quier incumplimiento injustificado de este deber generará una presunción simple en su contra, sinperjuicio de las disposiciones previstas para cada medio probatorio”. Este deber de colaboración,sostienen, no se reduce solo a la práctica, sino también a las demás etapas del procedimiento probatorio,incluyendo el ofrecimiento de los medios de prueba.

En virtud de la existencia de este principio -conjuntamente con el principio de colaboración y solida-ridad que será desarrollado infra-, se ha señalado que las partes deben necesariamente proporcionar alTribunal los medios probatorios que están a su alcance, independientemente de su posición de actor odemandado, y que si aquél sujeto que teóricamente se encontraría en mejores condiciones de producirprueba no lo hace, será perjudicado por ello.

La jurisprudencia vernácula también ha aplicado este fundamento al momento de fallar. En este sentido,se ha dicho que “tanto la teoría de la disponibilidad del medio probatorio como la de las cargas di-námicas de la prueba se construyen sobre dos pilares: uno fáctico y otro jurídico. El primero, partiendode la consideración de la posición de los sujetos, no solo en la relación procesal sino también y muchoantes, de la posición que ocuparon en la relación sustantiva. El segundo, partiendo de los principiosprocesales de lealtad y buena fe (art.5 CGP). De la conjunción de ambos aspectos se deduce que sehallará gravado con la prueba y ello con un medio probatorio idóneo y no sustitutivo (art. 190.2 CGP)quien pudo – en la relación sustantiva – y puede – en la relación procesal-”27

3. El deber de colaboración y el principio de solidaridad

Sostiene la doctrina que una nueva visión del proceso debe abstenerse de consideraciones individua-listas; que el “interés egoísta del litigante… debe ceder ante el reclamo de la conciencia social cadavez más imperioso, de que los juicios culminen con decisiones justas que satisfagan las legítimas de-mandas de los destinatarios del servicio, edificándose, en la medida de lo posible, sobre la verdadmaterial de los hechos de la causa”28.

Esta visión solidaria del proceso, que hace énfasis en el valor justicia ha llevado a que algunos autoresseñalen la existencia de una “carga probatoria compartida, como manifestación de una nueva culturadel proceso judicial caracterizada por la vigencia del principio de solidaridad y el deber de coopera-ción de todos en procura de un rendimiento del servicio de justicia más eficiente que el actual, dondese encuentra aceptable que, en buena medida, la tarea probatoria es común a ambas partes”29.

En materia laboral, por ejemplo, nuestra jurisprudencia ha sostenido en reclamos por horas extras que“si se probó la existencia de trabajo extraordinario aún en forma vaga y general, será al patrón aquien corresponda probar que las horas extras trabajadas fueron menos, porque tiene los medios paraprobar que la empresa no se excedió en las horas de la jornada ordinaria … La jurisprudencia laboral

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26 Art. 5 inc. 1: “Las partes, sus representantes o asistentes y, en general, todos los partícipes del proceso, ajustarán suconducta a la dignidad de la Justicia, al respeto que se deben los litigantes y a la lealtad y buena fe”.

Art. 63 inc. 2: �los actos procesales� “Habrán de ser realizados con veracidad y buena fe y tener por causa un interéslegítimo”.

27 Sentencia 7/2013; TAT 1 Turno; en La Ley Online. Ver también: Sentencia 77/2013; TAT 1 Turno; en La Ley Online.Sentencia 256/2012; TAT 1 Turno; en La Ley Online.

28 VAN ROMPAEY, Lesley; “La teoría de las cargas probatorias dinámicas en el Derecho Procesal Uruguayo”; La Ley Online.29 LEGUISAMÓN, Héctor E.; “La necesaria madurez de las cargas probatorias dinámicas”, en Cargas Probatorias Dinámicas,

PEYRANO, Jorge W (director), LÉPORI WHITE, Inés (coordinadora); pág. 115.

ha adoptado este criterio de la teoría de las cargas dinámicas, que en su más sencilla concepción sig-nifica que tiene la carga de la prueba quien está en mejores condiciones para probar el hecho y ellotiene su fundamento en los principios de lealtad, buena fe, probidad y moralidad en el proceso quetambién se traducen en otros, como el deber de veracidad y colaboración de las partes con la justiciapara poder llegar al conocimiento de la verdad...”30

En base a lo expuesto se ha señalado que la carga de la prueba grava a ambas partes en el proceso, ylo que debe tener en cuenta el Juez al momento de dictaminar sobre los hechos que no lograron ser su-ficientemente probados es la colaboración que las partes debieron realizar en el aporte de medios pro-batorios en virtud de su disponibilidad supuesta con los mismos, y no tanto el hecho de que quiénalegó un hecho como fundamento de su pretensión o excepción logró acreditarlo fehacientemente. Sehan invocado como fundamento del principio de colaboración en nuestro CGP los arts. 130.2, 167,168, 189.1 y 191.

4. La responsabilidad del Juez en el proceso

Finalmente, concediéndole al Juez una posición amplia en el proceso, se pretende depositar en él unamplio número de poderes-deberes para poder cumplir con su cometido de distribuir Justicia. En estesentido se ha señalado como otro de los fundamentos de las cargas probatorias dinámicas la responsa-bilidad del Juez en el proceso, ya que “la sociedad lo necesita para mantener el orden jurídico y so-lucionar los conflictos individuales”31. Así, en búsqueda de la verdad material, el Juez se encontraríahabilitado para imponer él la carga de la prueba a aquélla parte que conforme a su apreciación se en-cuentra en una mejor posición respecto a la producción de la misma.

IV. LA TEORÍA DE LAS CARGAS PROBATORIAS DINÁMICAS NO ES APLICABLE EN ELDERECHO URUGUAYO

Es posible concluir que la teoría de las cargas probatorias dinámicas es inaplicable en el derecho uru-guayo a través de una triple perspectiva. En primer lugar, demostrando que la misma es una teoría quese desarrolla al margen de la ley —lo que provoca a su vez una gran inseguridad jurídica y su aplicaciónmenoscaba el derecho de defensa, provocando una situación de indefensión—. En segundo lugar, de-mostrando que en el CGP uruguayo no existe un deber de colaboración en el aporte de los medios pro-batorios. En tercer lugar, la aplicabilidad de esta teoría le atribuye al Juez determinadas potestades quedesbordan los límites de su actuación.

1. Incompatibilidad de la teoría con nuestro derecho positivo

Toda teoría doctrinaria que pretende abrirse paso, imponerse y aplicarse en el ámbito jurídico, debecumplir con un requisito imprescindible: ajustarse a las normas positivas vigentes. A no ser —y elloes otra opción, válida por cierto— que surja una nueva corriente doctrinaria cuyo objetivo sea lograruna modificación en el derecho positivo vigente para poder ser llevada a la práctica. En este últimocaso, la nueva corriente doctrinaria pretenderá demostrar que los textos vigentes no son adecuados,que no se ajustan a la realidad, que conducen a soluciones injustas, etc., o simplemente demostrar que

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30 Sentencia 266/2012; TAT 1 Turno; en La Ley Online.31 LÉPORI WHITE, Inés, “Cargas probatorias dinámicas”, en Cargas Probatorias Dinámicas; PEYRANO, Jorge W (director),

LÉPORI WHITE, Inés (coordinadora); pág. 67.

su nueva formulación es un avance o una mejora respecto de los textos vigentes. El problema se pre-senta cuando estos movimientos doctrinarios surgidos al margen de la ley pretenden imponerse, invo-cando siempre el ideal de Justicia, violentando el derecho positivo vigente. Constituye un gravísimoerror —y un peligro— intentar violentar o eludir el derecho positivo en base a una opinión sobre unasunto jurídico, por más respetable que sea quien la emite.

Lo que más llama la atención —y preocupa— es que se reconoce expresamente que la teoría de lascargas probatorias dinámicas surgió al margen de la ley —y en Uruguay permanece al margen, porqueninguna modificación legislativa se ha hecho al respecto— y a pesar de la susodicha ilegalidad, sepropone su aplicación.

Basta, para comprobar lo expuesto, hacer mención a cómo se relata el “nacimiento” de la nueva teoría:“paulatinamente y al impulso de decisiones que procuraban la justicia del caso, comenzaron a nacerreglas acerca de la carga de la prueba que, inclusive, desbordaron el encuadre que realizó del temael legislador contemporáneo”32, postulando la “conveniencia de que la doctrina (y algún día, también,el legislador) se ocupe de conceptualizar detalladamente el tenor de estas nuevas cargas probatorias‘dinámicas’ que nos ocupan”33.

El “fundamento de autoridad” que se atribuyen los autores es tal que se menciona como dato secundarioel hecho de que la teoría sea incorporada a los textos legales. Como si esto no fuera suficiente, acusana quienes nos aferramos a la seguridad jurídica, de ser engranajes de una “máquina de impedir”, laque “se comienza a construir tan pronto una línea doctrinaria o jurisprudencial —a veces meramenteembrionaria— aparece como amenazante para el estado de cosas existentes. Todo lo nuevo y más omenos desconocido resulta poco grato para los cultores de lo ‘conocido y probado’”34.

Conscientes de que una teoría sin sustento legal está destinada al fracaso, los partidarios de la teoríade las cargas probatorias dinámicas en Uruguay, parecen haber encontrado en el art. 139.2 de nuestroCGP “la carta de ciudadanía” que consagraría —al menos como excepción— la posibilidad de llevara la práctica la teoría de las cargas probatorias dinámicas.

El art. 139.2 CGP uruguayo establece que “La distribución de la carga de la prueba no obstará a lainiciativa probatoria del tribunal ni a su apreciación, conforme a las reglas de la sana crítica, de lasomisiones o deficiencias de la prueba”.

Señala VÉSCOVI que “esta norma flexibiliza el criterio general permitiendo efectuar las correccionesque corresponden a cada caso concreto, habilitando a considerar al menos como presunción simplela conducta de quien teniendo en su poder los medios idóneos de prueba no los produce y alega quela carga corresponde a su contraria”.35

Sin embargo, varios motivos llevan a concluir que el art. 139.2 CGP uruguayo para nada consagra lateoría de las cargas probatorias dinámicas. En primer término, como se ha destacado, el artículo regulados situaciones que para nada se vinculan con dicha teoría: “en primer lugar, en dicho artículo se con-

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32 PEYRANO, Jorge W., CHIAPPINI, Julio; “Lineamientos de las cargas probatorias dinámicas”, en Cargas ProbatoriasDinámicas, PEYRANO, Jorge W (director), LÉPORI WHITE, Inés (coordinadora); pág. 15.

33 PEYRANO, Jorge W., CHIAPPINI, Julio; “Lineamientos de las cargas probatorias dinámicas”, en Cargas ProbatoriasDinámicas, PEYRANO, Jorge W (director LÉPORI WHITE, Inés (coordinadora); pág. 17.

En el mismo sentido, la conclusión tercera del XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal Argentino establece: “serecomienda la regulación legal del ideario insito en la doctrina de las cargas probatorias dinámicas”.

34 PEYRANO, Jorge W.; “La doctrina de las cargas probatorias dinámicas y la máquina de impedir en materia jurídica”, enCargas Probatorias Dinámicas, PEYRANO, Jorge W (director), LÉPORI WHITE, Inés (coordinadora); pág. 81.

35 Cfr. VAN ROMPAEY, Lesley; “La teoría de las cargas probatorias dinámicas en el Derecho Procesal Uruguayo”; La LeyOnline.

sagra la iniciativa probatoria del tribunal, ratificada en otras disposiciones del Código (entre otros,arts. 24, num. 4 y 25.2); en segundo lugar, se alude a la valoración de las omisiones o deficiencias deprueba en base a las reglas de la sana crítica, también ratificada por el art. 140 del mismo Código”36.Y como bien destaca VALENTIN en relación a esto último, “la actividad de valoración es un precedentede la aplicación de la regla que indica quien tenía la carga de probar: primero el tribunal valora laprueba, en base a las reglas de la sana crítica…, apreciando las omisiones o deficiencias probatorias;segundo, si valorada la prueba no arriba a la plena convicción de la existencia de uno o varios hechos,aplica la regla del art. 139.1, teniendo a ese hecho como inexistente, con el consiguiente perjuiciopara la parte que se hubiere beneficiado con su acreditación”.37

A nuestro juicio, el art. 139.2 CGP, invocado como fundamento para sostener que nuestro ordenamientojurídico consagra —al menos como excepción— la teoría de las cargas probatorias dinámicas es, contra-riamente a lo que se ha sostenido, el talón de Aquiles de la misma. En efecto, dicho artículo establece quees en el momento de la valoración de la prueba que el Juez tendrá en cuenta las “omisiones o deficiencias”.Naturalmente la valoración se realiza una vez que la prueba ha sido producida, y una vez producida es iló-gico que el Juez se encuentre habilitado para establecer que la carga de la prueba correspondía a quiensegún él, se hallaba en mejores condiciones de probar y no a quién había invocado tales hechos como fun-damento constitutivo de su derecho. Ello equivaldría a sostener que el Juez se encuentra habilitado a cam-biar las reglas una vez finalizado “el juego”, lo que provocaría una grave y notoria situación de indefensión.

La doctrina pretende hacer decir a nuestro art. 139.2 CGP algo similar a lo que dice, por ejemplo, el art. 262del Anteproyecto del Código de Procedimiento Civil de Brasil. El mismo establece que “Considerando lascircunstancias de la causa y las peculiaridades del hecho a ser probado, el juez podrá, en decisión fundada,observando el contradictorio, distribuir de modo diverso el onus de la prueba, imponiéndole a la parte queestuviera en mejores condiciones de producirla”. El artículo establece además que “el juez deberá dar a laparte la oportunidad para el desempeño adecuado del onus que se le atribuye. Pero la inversión de la cargaprobatoria determinada por decisión judicial no supondrá alteración de las reglas referentes a los encar-gados de la respectiva producción”. Además, la inversión no podrá ser dispuesta en hipótesis de derechosindisponibles, o cuando se “torne excesivamente difícil a una parte el ejercicio del derecho”.38

Como bien destaca LELES DA SILVA, este art. 262 del anteproyecto del CPC de Brasil no aclara “en quémomento deberá efectuarse la atribución, aunque se desprende que es previo a la producción de laprueba, en tanto la norma impone dar a la parte la oportunidad para el desempeño adecuado del onusque se le atribuye”. El “aspecto positivo —continúa la autora— de la inclusión de la teoría a nivel nor-mativo lo constituye la anulación del factor sorpresa, en tanto no se debe aguardar a la sentencia paraconocer que el juez interviniente ha entendido que correspondía a la otra parte el onus probatorio”.3940

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36 LANDONI, Ángel (director), GARDERES, Santiago, GOMES, Fernando, GONZÁLES, María Eugenia, VALENTIN, Gabriel;Código General del Proceso, vol. 2 A ; pág. 381.

37 VALENTIN, Gabriel, “Análisis crítico de la llamada teoría de las cargas probatorias dinámicas”, en Revista Uruguaya deDerecho Procesal, Nº 3-4/2008, pág. 361-362.

38 LELES DA SILVA, Mariella; “CÓDIGO DE PROCESO CIVIL DE BRASIL. Análisis del Anteproyecto de Reformaaprobado por el Senado”; en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 3-4/2009; pág. 23-24.

39 LELES DA SILVA, Mariella; “CÓDIGO DE PROCESO CIVIL DE BRASIL. Análisis del Anteproyecto de Reformaaprobado por el Senado”; en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 3-4/2009; pág. 34.

40 En lo que respecta al factor sorpresa que produce la aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, se hadicho que “todo litigante (y su abogado, claro), así como bien conoce desde antaño las reglas chiovendanas, no puedehoy día ignorar la plena vigencia de esta nueva doctrina y la pujanza de un nuevo proceso civil más moderno, máspreocupado por encontrar la verdad y la justicia del caso concreto. Por tal razón no hay en verdad “sorpresas”, puesaquél que se encuentra en mejor posición probatoria (que por supuesto le consta de antemano) y simula distraído atal circunstancia o se aferra al esquema negatorio deberá aceptar que dicha estrategia conducirá -muy probablemente-a que la dinámica de la carga probatoria le juegue una mala pasada”.

Además de concluir que la teoría de las cargas probatorias dinámicas no se encuentra fundamentadaen nuestro CGP, debemos señalar que su consagración —en una posible reforma legislativa— desvir-tuaría la noción procesal de carga, ya que sería el Juez —y no la ley— el encargado de colocar al in-dividuo frente a una situación jurídica.

2. Inexistencia de un deber de colaboración en el aporte de los medios probatorios

Hay quienes sostienen que el deber de colaboración es un corolario de la carga de la afirmación y ne-gación de los hechos prevista en los arts. 117 y 130.2 CGP. Este último establece: “El demandado deberápronunciarse categóricamente sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda y sobre la au-tenticidad de los documentos que a ella se hubieren acompañado y cuya autoría le fuere atribuida.

Su silencio, así como sus respuestas ambiguas o evasivas se tendrán como admisión de esos hechos yde la autenticidad de los documentos.

Sólo en circunstancias excepcionales podrá el tribunal no aplicar la regla precedente, atendiendo arazones debidamente fundadas expuestas para invocar que no se recuerda algún hecho o circunstan-cias alegadas por el actor”.

Este artículo “impone al demandado la carga de pronunciarse categóricamente sobre la veracidad delos hechos alegados en la demanda y sobre la autenticidad de los documentos acompañados a lamisma y cuya autoría le fuera atribuida”41.

Pero esto, para nada se vincula con el problema de las cargas probatorias dinámicas, porque el silencio, lasrespuestas vagas, ambiguas, reticentes o evasivas del demandado harán que los hechos invocados y probadospor el actor se tengan por admitidos. Por lo tanto, esos hechos no formarán parte del objeto de la prueba.

Y en lo que respecta a la simple alegación de hechos —que serán objeto de prueba—, nadie puedenegar, en aplicación del principio de igualdad, que ante una afirmación, al demandado le basta sim-plemente con negar tales hechos, ya que si el actor sólo afirma, ¿por qué negarle al demandado la po-sibilidad de negar? Si el demandado no negase tales hechos, los mismos se tendrán por admitidos, yaque no son controvertidos, y por ende no necesitarían prueba alguna. En cambio, al negar las afirma-ciones del actor, el demandado controvierte los hechos, y éstos pasan a formar el objeto de la prueba.Si durante el desarrollo del proceso esos hechos afirmados por el actor y negados por el demandadono son suficientemente probados, es decir, si el actor no probó la existencia de los mismos —indepen-dientemente de que el demandado haya podido probar su inexistencia—, el Juez en el momento de fa-llar deberá aplicar la regla general sobre la carga de la prueba prevista en al art. 139.1 CGP. Por tanto,y en aplicación del principio de igualdad, este artículo parece ir en la dirección contraria señalada porVAN ROMPAEY, ya que para aquellas alegaciones que no han sido acompañadas por los medios proba-torios correspondientes, al demandado le basta con la negación de los mismos.42

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BARBERIO, Sergio José; “Cargas probatorias dinámicas. ¿Qué debe probar el que no puede probar?”, en CargasProbatorias Dinámicas, PEYRANO, Jorge W (director), LÉPORI WHITE, Inés (coordinadora); pág. 106.

Basta decir simplemente que las reglas chiovendanas a que refiere el autor son las reglas de Derecho positivo, y porello deben conocerse y aplicarse; y que las reglas que él indica no se pueden desconocer no son más que reglasestablecidas al margen de la ley, y por ello no deben aplicarse.

41 VAN ROMPAEY, Lesley; “La teoría de las cargas probatorias dinámicas en el Derecho Procesal Uruguayo”; La Ley Online.42 En este sentido, en un reciente caso en el cuál la parte actora invocó la subordinación como hecho constitutivo y

determinante de la existencia de un vínculo laboral —sin acreditar tal extremo—, a la parte demandada le bastósimplemente con negar la existencia del vínculo de subordinación. En Sentencia 598/2013, la Suprema Corte de Justiciaseñaló que “la Sala debió partir de la base insoslayable de que la demandada negó el vínculo laboral y que, por tanto,era sobre la parte actora sobre quien pesaba la carga de probar los hechos constitutivos de su pretensión”. Trasladar

También se ha argumentado que los arts. 167, 168, 189 y 191 CGP consagrarían en forma expresa eldeber de colaboración en el aporte de los medios probatorios, y que “si bien no se [puede] compeleral adversario a presentar los documentos en su poder, se [puede] extraer, de su conducta omisiva, unapresunción en su contra, que… el derecho positivo suscribe y admite se tenga como reconocimiento”.43

Los arts. 168 y 189 CGP establecen, como destaca BARRIOS DE ÁNGELIS, “una situación excepcional,con un condicionamiento y una sanción”44. Y como bien señala VALENTIN, estos artículos no consagranun “deber de colaborar en la proposición o aporte de los medios de prueba, como insistentemente seseñala, sino un deber de colaborar en la práctica (producción) de la prueba”45, ya sea documental(art. 168) o en inspecciones o reproducciones de hecho (art. 189).

Lo expuesto no implica la inversión del onus probandi en los casos señalados. En lo que respecta a laprueba documental, es la parte sobre quien recae la carga de la prueba la que debe proponer la incor-poración de los documentos que pretende hacer valer, y es lógico que al encontrarse los mismos enpoder del demandado se intime a éste a presentarlos.

El artículo 168 del CGP echa por tierra otro de los argumentos esgrimidos por los partidarios de lateoría de las cargas probatorias dinámicas. En efecto, éstos han señalado insistentemente la vigenciade la misma en materia laboral, en donde el onus probatorio se traslada al patrón por encontrarse enmejor posición respecto a la prueba, ya que es éste quien tiene la disponibilidad de la documentaciónnecesaria. En estos casos, la carga probatoria recae siempre sobre el trabajador —si es él quien invocala existencia de determinados hechos como fundamento de su pretensión—, y es éste quién debe pro-poner la incorporación de los documentos.

Lo mismo cabe decir en relación a las inspecciones o reproducciones de hecho. La parte sobre la cualrecae la carga de la prueba debe proponer la realización de inspecciones, reconstrucciones o pericias.Si para la realización de las mismas es necesaria la contraparte, es lógico que esta deba prestar su co-laboración en la práctica de la misma. Pero ello no significa, al igual que la situación planteada por elart. 168, que el onus se traslade hacia la misma.

El hecho de que los arts. 168 y 189 son normas excepcionales —y no consagran un deber de colabo-ración en el aporte de los medios probatorios— queda claramente demostrado si se lo analiza en com-paración con los arts. 167 y 191, artículos que la doctrina también señala como fundamento de laexistencia de dicho deber. En efecto, el art. 167 CGP no establece ninguna consecuencia en caso de

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el onus probatorio hacia el demandado “parece pretender una inversión de la prueba que no encuentra justificaciónen la causa y supone desconocer la regla que impone al actor la carga de probar los hechos constitutivos de supretensión (art. 139.1 del C.G.PÁG.), en este caso probar que entre las partes existió una relación laboral, cuestiónque la actora no cumplió… En definitiva [concluyó la Suprema Corte de Justicia] las reglas de la carga de la pruebacobran primordial importancia ante la ausencia de prueba eficaz para suscitar la certeza en el juez, debiendo en talcaso el Tribunal fallar contra quien tenía la carga de probar y no probó. En autos correspondía al actor probar laexistencia de subordinación jurídica respecto de la demanda, determinante de la existencia de relación laboral, lo queno efectuó, gravitando la consecuencia negativa en su contra, y no como resolvió la Sala, al amparo de una inversiónabsolutamente arbitraria de la carga de la prueba”. Sentencia Nº 598/2013, de 11 de diciembre de 2013, de la SupremaCorte de Justicia, en La Ley Online.

43 VÉSCOVI, Enrique (director), DE HEGEDUS, Margarita, KLETT, Selva A., CARDINAL, Fernando, SIMÓN, Luis Mª, PEREIRA,Santiago; Código General del Proceso, T. 4; pág. 83.

44 Cfr. VALENTIN, Gabriel, “Análisis crítico de la llamada teoría de las cargas probatorias dinámicas”, en Revista Uruguayade Derecho Procesal, Nº 3-4/2008, pág. 357.

45 Cfr. VALENTIN, Gabriel, “Análisis crítico de la llamada teoría de las cargas probatorias dinámicas”, en Revista Uruguayade Derecho Procesal, Nº 3-4/2008, pág. 357.

que el tercero se niegue a la presentación de documentos46, como si lo hace el art. 168. En el art. 191esto es aún más claro, ya que en relación con la colaboración del informante, dicho artículo remite alart. 189.1 y .2, dejándose deliberadamente excluida la remisión al art. 189.3, que es en donde se con-sagra la consecuencia negativa en caso de que la contraparte se abstenga de colaborar en la producciónde la prueba.

3. El aumento de los poderes del Juez

Como ha quedado demostrado, la teoría de las cargas probatorias dinámicas no encuentra sustentolegal en nuestro derecho positivo. Por lo tanto es necesario una modificación legislativa la que habilitela aplicación de la misma por parte de los jueces. El debate debe centrarse entonces en la convenienciao no de modificar nuestro CGP para incorporar a él la regla de las cargas probatorias dinámicas.

El criterio sustentado por el art. 262 del Anteproyecto del CPC de Brasil que otorga al Juez la potestadde trasladar el onus probandi es el criterio sustentado por los Tribunales estadounidenses. Se ha seña-lado que en “Estados Unidos… los tribunales suelen asignar la carga de la prueba caso a caso deforma discrecional, algunas veces situando la carga en la parte que tiene acceso más fácil a las prue-bas, y otros, tomando en consideración los intereses sustantivos de las partes y criterios de equidad”47.

La recepción de la teoría de las cargas probatorias dinámicas inviste al Juez de amplias potestades, a serutilizadas en forma discrecional y arbitraria, transformando al proceso en un medio de investigación, ale-jado de la idea de proceso como método de discusión. Como destaca ALVARADO, “quienes así actúan sos-tienen que lo hacen por elemental solidaridad con el más débil, con el mal defendido, con el más pobre,con el que ‘tiene la razón pero no alcanza a demostrarla’, etcétera, se generó el movimiento que… esconocido doctrinariamente con la denominación de solidarismo y que, porque se practica aun a pesarde la ley, decidiendo lo que algún juez quiere a su exclusiva voluntad, también se llama decisionismo”.48

El fenómeno que hoy apreciamos, en donde algunos Jueces, completamente al margen de la ley, aplicanla teoría de las cargas probatorias dinámicas, es descrito brillantemente por TARUFFO: “las facultadesdiscrecionales que los tribunales crean para si mismos no son fáciles de explicar ni de justificar, enespecial en los sistemas de civil law, en los que la carga de la prueba se regula específicamente me-diante normas legales expresas. En realidad, es dudoso que los tribunales estén autorizados a utilizarestos mecanismos, silenciosos o manifiestos, con el fin de modificar la regulación de situaciones ju-rídicas específicas. En algunos casos, una decisión tomada en aplicación estricta del derecho sustan-tivo y de las normas que regulan la carga de la prueba puede parecer injusta, pero cabe preguntarsesi en esos casos se debe permitir a los tribunales prescindir de las normas existentes y crear su propia‘norma sobre el caso’, manipulando las cargas probatorias para adoptar decisiones que consideren‘justas’, en algún sentido de la palabra”.49

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46 El deber -como situación jurídica- ha sido definido como “la necesidad de actuar, o de no hacerlo, en beneficio de lacomunidad”. BARRIOS DE ÁNGELIS, Dante, “Las situaciones jurídicas”, en Revista Uruguaya de Derecho Procesal,1/1998, pág. 37. Si alguien se encuentra ante una necesidad de actuar, es lógico que la no actuación apareje unaconsecuencia desfavorable. El hecho de que los arts. 167 y 191 CGP no establezcan una consecuencia desfavorabledemuestra la no existencia de un deber.

47 TARUFFO, Michele; La prueba; pág. 148.

Destaca el autor que la distribución de la carga de la prueba también es controvertida en los sistemas del common law.En efecto, en Inglaterra el criterio general no es el mismo que en Estados Unidos, sino que “el criterio general queparecen aplicar normalmente los tribunales es semejante al principio vigente en los sistemas del civil law. Al margende algunas disposiciones especiales, el demandante debe probar los hechos que sustentan su pretensión y el demandadodebe probar los hechos que sustentan su defensa”.

48 ALVARADO, Adolfo; “El garantismo procesal”, en Revista de Derecho y Tribunales, Nº 13; pág. 31.49 TARUFFO, Michele; La prueba; pág. 154-155.

Es un principio inquebrantable que la actividad desarrollada por el Juez está limitada por el principiode igualdad de las partes. Invocar la teoría de las cargas probatorias dinámicas es un recurso peligrosoque habilita al Juez desbordar los límites de su actuación, y coloca a una de las partes en una grave si-tuación de indefensión.

Precisamente, el mayor peligro de aplicar la teoría de las cargas probatorias dinámicas es el momentoen el cuál dicha teoría pretende ser aplicada. Será en el momento de dictar sentencia que el Juez, apar-tándose de las reglas legales que disciplinan la carga de la prueba, en lugar de fallar en contra de quienno cumplió con el imperativo de su propio interés —probar los hechos constitutivos de su pretensión,o los extintivos o modificativos de la misma—, argumentará a su favor, alegando que la carga de laprueba no recaía sobre él, porque no se encontraba en la mejor posición de aportar la prueba al pro-ceso50.

V. CONCLUSIÓN

Sin perjuicio de las diferentes posturas desarrolladas en este artículo, estos autores entienden que es atodas luces claro que cualquier aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, en Uruguay,se realiza al margen de la ley. No existe una norma que habilite a hacerlo, y no se trata de que el legis-lador no haya tenido oportunidad de incluirla. Por el contrario, la legislación procesal en nuestro paíssufrió importantes modificaciones con la ley 19.090, en agosto de 2013, pero ninguna de ellas supusoadmitir —ni siquiera tácitamente— la aplicación de esta teoría.

Lo que nuestras normas sí prevén —lo cual compartimos plenamente— es que las partes colaborencon el diligenciamiento de la prueba, porque cualquier otra solución permitiría el manejo del sistemaprobatorio por una sola parte y ello, además de injusto, sería antijurídico. Es decir, si yo no permitoque se inspeccione mi finca, mi contraparte no podrá probar —pese a haber ofrecido la prueba en laoportunidad correspondiente— las humedades que provocan un daño a la finca lindera, por ejemplo.Eso es un tema de pura lógica. Pero no puede cargar sobre mí el “deber” (rectius: carga) de ofrecer lainspección judicial como medio de prueba, so pena de tener por ciertos los hechos alegados por micontraparte. Máxime cuando ninguna norma me lo advierte a priori.

Entonces, cualquier invocación de “justicia” que pretenda darse en este sentido a la teoría en debate,cae por su propio peso. Lo que es injusto para una de las partes pasa automáticamente a ser injustopara la otra, en forma cuasi arbitraria. Y en nada se garantiza la tutela efectiva de los derechos sustan-ciales (máxima de nuestro CGP, en su art. 1451), porque la “disponibilidad” de los medios probatoriospuede no ser tal, y la parte puede perfectamente no tener el medio de prueba que se le exige agregar,lo que conduciría a un fallo basado en presunciones, que pueden ser tan reales como ficticias.

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50 Como bien ha señalado recientemente nuestra Suprema Corte de Justicia, “la teoría de las cargas probatorias dinámicas,no implica que el órgano de mérito esté habilitado a desaplicar las normas legales que disciplinan la distribución delas cargas probatorias”, Sentencia Nº 476/2014, de 12 de mayo de 2014, en La Ley Online.

En el mismo sentido, el TAC. de 4º Turno señaló que “los poderes deberes que otorga el C.G.P. al Tribunal con lafinalidad de que las resoluciones judiciales sean contestes con la realidad fáctica subyacente, encuentran como límiteinfranqueable el principio de igualdad de las partes. No puede por ende pretenderse que el Magistrado subsane lainactividad probatoria de las mismas”, Sentencia Nº 118/2012, de 9 de mayo de 2012, en La Ley Online.

51 “Para interpretar la norma procesal el Tribunal deberá tener en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de losderechos sustanciales”.

En suma: si el legislador entiende que esta teoría es adecuada a nuestro orden jurídico y cumple conlas garantías legales, deberá legislar sobre ella, con pautas claras y delimitadas previamente, para queestas no sorprendan a la parte en la defensa de sus intereses. Mientras ello no suceda, cualquier apli-cación de la teoría en una sentencia, entendemos, deberá ser considerado error de derecho —de lanorma sobre distribución de la carga de la prueba—, lo que permite la interposición del recurso de Ca-sación ante la Suprema Corte de Justicia (que en nuestro país no funciona como una tercera instancia,en cuanto no pueden revisarse los hechos, sino la errónea aplicación del Derecho).

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Adecuaciones procesales penales indispensables para ajustarse en Cuba al Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos

DEINIER ROS ÁLVAREZYANIER SENÉN ROQUE RODRÍGUEZABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO (ECUADOR)




RESUMEN

Desde la aprobación del Código de Instrucción Criminal de 1808, la legislación penal cubana ha sidocambiante, aunque su tendencia general es al estatismo y las modificaciones de emergencia, que mu-chas veces vulneran la lógica y una correcta técnica legislativa; de ahí que se revelen inoperantes enno pocos casos, a pesar de que con una concienzuda revisión se hubiesen podido saldar deudas quedespués se vuelven impagables y de trascendencias insospechadas.

Es pertinente recordar que Cuba se incluyó como signataria del Pacto Internacional de Derechos Civilesy Políticos (en lo adelante, el Pacto) adoptado por la disposición A/RES/2200 A (XXI) de 16 de di-ciembre de 1966 de la Organización de las Naciones Unidas, de manera que una vez dispuesta su ra-tificación, comenzará la necesaria implementación de sus disposiciones en el derecho patrio conformeorienta el artículo 2.2. de este propio instrumento

En el presente trabajo analizamos aspectos relevantes de la Ley de Procedimiento Penal de Cuba, comola pena de muerte y las garantías de los sujetos en el proceso penal.

PALABRAS CLAVE:

Proceso penal cubano; pena de muerte; acceso a la justicia; garantías.

ABSTRACT

Since the adoption of the Code of Criminal Instruction of 1808, Cuban criminal law has been changing,although the general tendency is statism and emergency modifications, which often violate the logicand correct legislative technique; hence they prove to be inoperative in a few cases.

It is pertinent to recall that Cuba was included as a signatory to the International Covenant on Civiland Political Rights (hereinafter the Covenant) adopted by United Nations (UN) provision A / RES /2200 A (XXI) of 16 December 1966 United States, so that once ratified, it will begin the necessaryimplementation of its provisions in domestic law as outlined in Article 2.2.

This paper analyzes the relevant aspects of the Criminal Procedure Law of Cuba, such as the deathpenalty and the guarantees in criminal process.

KEYWORDS:

Cuban criminal law; capital punishment; access to justice; guarantee.

I. INTRODUCCIÓN

Quizás para el lector nacional o conocedor de la realidad histórico-jurídico cubana, estas líneas puedenresultar insistentes, pero como la proyección no va solo dirigida a este, no puede pasarse por alto el im-pacto que tuvieron en la legislación penal de Cuba las normas españolas del siglo XIX, que nos convir-tieron en herederos de una de las normativas más avanzadas de la época. Fue así que se introdujo enCuba el juicio oral, mediante la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1889, que estuvo vigente hasta 1973.El modelo de enjuiciar que se implantó por el sistema ibérico estaba fuertemente influenciado por elmixto napoleónico que, como se sabe, tuvo su colofón con el Código de Instrucción Criminal de 1808.

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Debe apuntarse, para mejor comprensión, que el Código Penal lo constituye la Ley No. 62 de 29 dediciembre de 1987 aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba,pero ha sufrido modificaciones por los siguientes instrumentos jurídicos: Decreto-Ley No. 150 de 10de junio de 1994, Decreto-Ley No. 175 de 15 de junio de 1997, Ley No. 87 de 15 de febrero de 1999,Decreto-Ley No. 310 de 29 de mayo de 2013 y Decreto-Ley No. 316 de 5 de diciembre de 2013.

Además ,la Ley de Procedimiento Penal es la Ley No. 5 de 13 de agosto de 1977, igualmente aprobadapor la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, y ha sufrido modificaciones ul-teriores por los siguientes instrumentos jurídicos: Decreto-Ley No. 87 de 22 de julio de 1985, Decreto-Ley No. 128 de 18 de junio de 1991, Decreto-Ley No. 151 de 10 de junio de 1994, Decreto-Ley No.208 de 16 de febrero del 2000 y Decreto-Ley No. 310 de 29 de mayo del 2013.

Finalmente, se acota que la Constitución de la República de Cuba fue aprobada en referendo popularel 15 de febrero de 1976 y se proclamó solemnemente el 24 de febrero del propio año. La AsambleaNacional del Poder Popular, en uso de sus facultades, ha realizado algunas modificaciones al texto enlas siguientes ocasiones: 26 de junio de 1978, 12 de julio de 1992 y 10 de junio del 2002.

Las referencias a dichos cuerpos legales corresponden a sus textos vigentes a la fecha del presente ar-tículo.

II. SOBRE LA PENA DE MUERTE

En esencia, Cuba cumple con la disposición contenida en el artículo 6.2. del Pacto, en tanto el artículo29.1. del Código Penal, (en lo adelante, CP) concede a la sanción de muerte un carácter excepcionaly la reserva solo a los casos más graves de comisión de los delitos para los que se halla establecida;sin embargo, a pesar de que políticamente se ha determinado una especie de “moratoria” de su aplica-ción, es preocupante que se prevea de lege data ante delitos como violación o pederastia con violenciapor el hecho de que lo cometa una persona que haya sido ejecutoriamente sancionada con anterioridadpor el mismo ilícito (artículo 298.3. a) y 299.2. c) del CP, respectivamente), o el delito de corrupciónde menores tan solo porque intervenga más de un menor o lo ejecuten dos o más personas (artículo310.2. c) y e) del CP), y resulta llamativo también que sea posible imponerla en un delito de robo conviolencia o intimidación en las personas por el mero caso de que se use un arma de fuego, sin llegar acausar siquiera lesión a persona alguna (artículo 327.5. a) del CP), por lo que tal excepcionalidad quedaen entredicho.

En otro sentido, el artículo 6.6. del Pacto es claro al exponer que ninguna disposición que contengapuede invocarse para demorar o impedir la abolición de la pena capital, que es el fin último de su adop-ción; no obstante, cabe recordar que el gobierno de Cuba ha sostenido que la pena de muerte se man-tendrá, por lo que parece dudoso que se cumpla con esta previsión. Concretamente, el Presidente dela nación declaró en su discurso ante la Primera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanosy Caribeños (CELAC) que:

(…) nuestras leyes permiten la pena de muerte, está suspendida, pero está dereserva, porque una vez la suspendimos y lo único que hicimos con ello fueestimular las agresiones y los sabotajes contra nuestro país a lo largo de estos50 años… (Castro, 2013)

El artículo 29.2. del propio CP excluye la posibilidad de aplicar este tipo de sanción a los menores de20 años de edad y a las mujeres que cometieron el delito estando encintas o que incluso lo estén almomento de dictarse la sentencia, de modo que la previsión contenida en el artículo 6.5. del Pacto secumple íntegramente.

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El artículo 6.4. del Pacto señala que toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el in-dulto o la conmutación de aquella, y que estos beneficios y los de amnistía podrán ser concedidos entodos los casos. La amnistía se concede por la Asamblea Nacional del Poder Popular (artículo 75 t) dela Constitución), mientras que el indulto lo acuerda el Consejo de Estado (artículo 90 ll) de la Consti-tución); el ejercicio de estas facultades no se coarta por ningún supuesto delictivo, amén de su escasautilización en el ámbito nacional, sobre todo de la amnistía.

Si bien no existe procedimiento alguno para solicitar indulto o amnistía en la legislación cubana, elartículo 63 de la Constitución de la República de Cuba (en lo adelante, la Constitución), concede elderecho de petición a todos los ciudadanos, quienes podrán dirigirse a cualquier autoridad guberna-mental y esta viene obligada a dar la oportuna respuesta, lo que no excluye tales posibilidades, a pesarde su restringida viabilidad práctica. En tal sentido, el Decreto-Ley No. 67, “De la organización de laAdministración Central del Estado”, de fecha 19 de abril de 1983, señala en su artículo 52 inciso r)que dichos organismos deben prestar atención y dar respuesta pertinente, dentro de un término de 60días, a las quejas y peticiones que les dirigen los ciudadanos y esforzarse por resolver correctamentelas cuestiones planteadas y adoptar las medidas para eliminar las deficiencias señaladas, lo que supleparcialmente los vacíos constitucionales, pues sólo tiene eficacia dentro de la Administración.

No obstante, la Ley de Procedimiento Penal (en lo adelante, la LPP) establece un procedimiento de con-mutación de la sanción de muerte en todos los casos, aunque vale decir que previamente se decide su per-tinencia por el Tribunal Supremo Popular aun si el acusado no estableció recurso de apelación contra ladecisión judicial que la acuerde, caso en que se tramita de oficio (artículos 58.3. y 60 de la LPP) y constituyeuna garantía especial para el reo. Una vez firme la sentencia que ratifica la sanción de muerte, se da cuentaal Consejo de Estado para decidir sobre su ejecución o conmutación (artículo 496 de la LPP), el que deberesolver dentro de los 10 días siguientes; el silencio del órgano se interpreta como que ha decidido no con-mutar la sanción de muerte, lo que constituye una deficiencia perfectible porque en un tema tan delicadono debiera admitirse que la falta de respuesta expresa obre en perjuicio del condenado, además de ser untema con implicaciones políticas importantes sobre el cual la Administración no debe incurrir en omisiónalguna. Asimismo, aunque el Pacto no lo regula expresamente, se echa de menos la posibilidad de escucharla opinión del condenado al respecto, aun de forma sumarísima, lo que contribuiría a un mayor entendi-miento de la factibilidad real de la pena ante el órgano que tiene la última palabra.

La LPP dispone en el citado artículo 496 que la ejecución de la sanción de muerte corresponde a laSala respectiva del Tribunal Supremo Popular, y el Dictamen No. 459 de fecha 20 de octubre de 1979del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular amplía que la intervención judicial en relacióncon aquella se limita al orden formal, quedando a cargo de autoridades de otro orden llevar a cabo sucumplimiento efectivo, y el tribunal sentenciador solo debe comprobar después racionalmente que seha cumplido1, sin especificar cómo lo verifica. Todas estas insuficiencias debieran ser suplidas en unafutura legislación, pues es también deber del tribunal ejecutor comprobar que durante la ejecución nose someta al reo a torturas o a tratos crueles, inhumanos ni degradantes, conforme ordena el artículo 7del Pacto y en correspondencia con los artículos 4 c) y 7 f) de la Ley No. 82, “De los Tribunales Po-pulares”, de fecha 11 de julio de 19972.

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1 El artículo 29.3. del CP señala que la sanción de muerte se ejecuta por fusilamiento.2 Artículo 4. La actividad de los tribunales tiene como principales objetivos: (...) c) amparar la vida, la libertad, la dignidad,

las relaciones familiares, el honor, el patrimonio, y los demás derechos e intereses legítimos de los ciudadanos...

Artículo 7. La legalidad está garantizada en la actividad judicial por: (...) f) la obligación de los tribunales de ejecutarefectivamente los fallos firmes que se dicten y de vigilar el cumplimiento de éstos por los organismos encargados deintervenir en el proceso de ejecución; así como realizar las actuaciones que dispongan las leyes procesales correspon-dientes, cuando la ejecución de sus fallos incumba a otros organismos del Estado

III. SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS SUJETAS A UN PROCESO PENAL

1. Torturas y penas o tratos cueles, inhumanos y degradantes (artículos 7 y 10.1. del Pacto)

Desde el punto de vista constitucional, la libertad e integridad de la persona está garantizada a todoslos que residen en el territorio nacional y, en particular, el detenido o preso es inviolable en su integridadpersonal (artículo 58 de la Constitución). En la LPP se introducen de manera general algunos preceptosdestinados a la protección de este derecho, a saber: no se ejercerá violencia ni coacción de ningunaclase sobre las personas para forzarlas a declarar y toda declaración obtenida con infracción de ello esnula, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente (artículo 166); los registros se practicande la forma que resulte menos gravosa, evitándose diligencias inútiles y no se extenderá a extremos oparticulares ajenos a lo que sea objeto estricto de la investigación del delito (artículo 220); entre otros.Durante los juicios orales, el presidente de la sala actuante, al dirigirse a los acusa-dos, las partes, tes-tigos peritos y público presente, evitará tutearlos o llamarlos por apodos; mantendrá el debido res petohacia estas personas y cuidará que de esa forma lo hagan el fiscal o los abogados, evitando frases quedenoten exceso de confianza; también exigirá que la expresión de los jueces y de las partes no muestrecansancio, disgusto, distracción, aprobación o rechazo a lo que expresen los manifestantes, según dis-pone el Apartado III i) de la Instrucción No. 211 de fecha 15 de junio del 2011 del Consejo de Gobiernodel Tribunal Supremo Popular.

El CP, por su parte, señala que el sancionado a privación de libertad no puede ser objeto de castigoscorporales ni es admisible emplear contra él medida alguna que signifique humillación o que redundeen menoscabo de su dignidad (artículo 30.11.); asimismo, los sancionados a esta pena, entre otros be-neficios, se les provee de artículos de primera necesidad, se les facilita el reposo diario normal, se lesproporciona asistencia médica y hospitalaria, se les da la posibilidad de recibir y ampliar su preparacióncultural y técnica y de practicar de-portes (artículo 31.1.). El CP también establece la sanción de amo-nestación, pero especifica que consiste en reprochar al sancionado su conducta infractora, oralmente,en público o en privado, y en forma breve y sencilla, cuidando de no humillarlo ni herir su dignidad(artículo 36.1.). El propio CP tipifica conductas punibles y establece sanciones diversas para quienesejecuten torturas o impongan tratos crueles, inhumanos o degradantes contra las personas sujetas a unproceso penal.

2. Trabajos forzosos u obligatorios (artículo 8 del Pacto)

El trabajo se considera un derecho, un deber y un motivo de honor para los ciudadanos cubanos, segúnel artículo 45 de la Constitución.

En el orden penal, los sancionados a privación de libertad no están obligados a trabajar y, en caso dehacerlo voluntariamente (artículo 30.12. del CP), perciben los salarios correspondientes y disfrutan delos derechos laborales esenciales, incluidas las prestaciones de la seguridad social (artículo 31.1. delCP).

Existen dos tipos de sanciones penales que condicionan el trabajo como forma de cumplimiento: eltrabajo correccional con internamiento y el trabajo correccional sin internamiento (artículos 32 y 33del CP, respectivamente), que observan de manera general los preceptos del Pacto. No obsta decir que,en atención al artículo 45 de la Constitución, es un deber de todos los sancionados que disfruten de li-bertad condicional o cualquier otro beneficio de excarcelación anticipada, incorporarse al trabajo, yasí expresamente lo regula la Instrucción No. 201 de fecha 9 de octubre del 2010 del Consejo de Go-bierno del Tribunal Supremo Popular en su apartado Sexto; además, en todos los casos se deben res-petar los derechos generales de la legislación laboral común, excepto los que sean incompatibles, porlógica, con su situación legal y judicial, según dispone expresamente el apartado Séptimo de la propiaInstrucción.

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3. Tratamiento de los reclusos

Los artículos 10.2. y 10.3. del Pacto establece que los procesados estarán separados de los condenados,salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su con-dición de personas no condenadas, y que los menores procesados estarán separados de los adultos ydeberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuicia-miento, además de que los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos aun tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. Señala asimismo que el régimen penitenciarioconsistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los pe-nados, todo lo cual se cumple esencialmente.

Antes de explicar cómo se distingue el tratamiento de los sujetos a prisión provisional de los sancio-nados, es importante aclarar que, según artículo 16.1. del CP, la responsabilidad penal es exigible alos mayores de 16 años, de modo que los menores de esa edad no entran en la consideración de pro-cesados, no son juzgados por los tribunales ni pueden, por ende, ser sujetos a medida cautelar de prisiónprovisional ni sanción penal alguna; no obstante, la justicia de menores tiene sus particularidades esen-ciales y se regula esencialmente en el Decreto-Ley No. 64 de fecha 30 de diciembre de 1982, aprobadopor el Consejo de Estado de la República de Cuba.

El artículo 257 de la LPP señala que la prisión provisional se cumple en establecimiento distinto aldestinado a la extinción de las sanciones privativas de libertad, sin distinción alguna. El artículo 30.9.del CP señala que los menores de 20 años de edad cumplen su sanción – sin distinción tampoco – enestablecimientos especiales o en secciones separadas de los destinados a los mayores de esa edad, loque ocasionalmente puede extenderse incluso a los comprendidos entre 20 y 27 años de edad.

Conforme al artículo 27 del CP, cualquier sanción – incluida la privación de libertad, que se cumpleen establecimientos penitenciarios – tiene por finalidad no sólo la de reprimir al condenado, sino tam-bién la de reeducarlo y prevenir la comisión de nuevos delitos tanto por él como por otras personas.

IV. GARANTÍAS ESENCIALES DE LOS SUJETOS A PROCESO PENAL

Los artículos 9 y 14 del Pacto regulan determinadas garantías (mínimas) esenciales de los sujetos a unproceso penal, que para una mejor comprensión se analizarán por subtemas.

1. Detención e instrucción de cargos

La detención no puede ser arbitraria (artículo 9.1. del Pacto); sin embargo, a pesar de que el artículo241 de la LPP dispone expresamente que las personas solo pueden ser detenidos en los casos y con lasformalidades que las leyes prescriben, los artículos subsiguientes establecen un gran abanico de posi-bilidades que convierten a la detención, en la práctica, como la medida esencial ante cualquier situaciónque involucre a las autoridades policiales; de hecho, no se concibe un asunto penal iniciado por la Po-licía en el que no se haya detenido al acusado, aunque sea por escasas horas, de tal suerte que el pro-blema en Cuba no es que las detenciones se hagan de forma ilegal, sino que la propia Ley ofrecesiempre una alternativa para justificarlas.

El artículo 242 de la LPP señala que cualquier persona puede detener al que intente cometer un delito,en el momento de ir a cometerlo o al delincuente infraganti, lo que ofrece una posibilidad arbitraria acualquier lego en materia de derecho, incapaz de discernir, salvo los supuestos más elementales, si al-guien se encuentra en posición delictiva u otro comportamiento permisible, por extraño que parezca.

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El propio precepto señala, por otro lado, que cualquier persona puede detener al que mediante fugahaya quebrantado una sanción de privación de libertad o una medida de seguridad detentiva, que estécumpliendo, o al acusado declarado en rebeldía, situaciones que no resultan tan inicuas, pues siempredependerán de informaciones previas suministradas por las autoridades competentes. Por fortuna, lanorma prevé que en todo caso los detentores deben entregar a los detenidos inmediatamente a la Poli-cía.

El artículo 243 concede facultades a las autoridades o agentes de la Policía para detener a los que seencuentren comprendidos en cualquiera de las situaciones ya expuestas y, además, a los que se hayanfugado encontrándose detenidos o en prisión provisional o exista contra él orden de detención. Estaúltima variante es muy insegura, pues incluso el jefe de una unidad policial puede ordenar la detenciónde una persona sin causa demostrada, con un mero fin profiláctico. El propio precepto añade que es“obligatorio” para estos funcionarios efectuar la detención de cualquier acusado por un delito contrala seguridad del Estado, o por cualquiera que prevea sanción superior a 6 años de libertad (algo másde la mitad de los previstos en las leyes penales sustantivas vigentes) o incluso cualquier otro delitodistinto a aquellos donde los hechos hayan producido alarma, sea de los más frecuentes en el territorioo existan elementos bastantes para estimar fundadamente que el acusado tratará de evadir la acción dela justicia, aspectos estos tres últimos que se basan en consideraciones muy subjetivas del actuante ypueden conducir a arbitrariedades innecesarias.

El artículo 9.2. del Pacto señala que toda persona detenida será informada, en el momento de su de-tención, de las razones que la motivaron y notificada sin demora de la acusación formulada contraella, e igual prevención contienen los artículos 14.3.a) y 14.3.f) del mismo Pacto aunque la extiende ala protección a las personas que dominan un idioma distinto al del país donde se procesa. Similar reglaen cuanto a las razones que motivaron la detención se advierte en el artículo 244 de la LPP; sin em-bargo, el artículo 161 de la propia Ley condiciona la información sobre la acusación formulada contrael detenido a la actuación del Instructor, a quien se le da cuenta dentro de un plazo de 24 horas porparte de la Policía y cuenta con 72 horas para ejecutar las acciones indispensables, según los artículos245.3. y 246 de la LPP, de manera que una persona puede estar hasta 24 horas o más detenida sin saberconcretamente de qué se le acusa y por quién, lo que contraviene el sentido del Pacto.

En cuanto a los extranjeros o personas con determinada discapacidad (sordomudos), el artículo 164de la LPP establecer que se seguirán las mismas reglas para con un testigo en cuanto a la designaciónde intérprete, quien será un perito especial y no podrá tener, por tanto, interés alguno en el caso, lo quese extiende a todas las fases del proceso.

Los artículos 9.3. y 9.4 del Pacto señalan, esencialmente, que toda persona detenida o presa será llevadasin demora ante un juez u otro funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales y analizar susituación procesal, y en vista de ello poder recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida a la brevedadposible sobre la legalidad de la prisión, o no. A juzgar por los términos de los artículos 245, 246 y 247de la LPP, una persona puede estar detenida sin ser remitida al Fiscal (funcionario legalmente autori-zado en Cuba para ejercer funciones judiciales durante la investigación penal) hasta 96 horas y cuentacon un término de 72 horas más para decidir sobre la legalidad de la detención sufrida, de manera queel tiempo general puede extenderse hasta una semana, nada breve en realidad. Sin embargo, nuestraLPP no establece procedimiento alguno para que un tribunal supervise la pertinencia de la medida deprisión preventiva durante la fase preparatoria, y sólo puede conocer de ello si le son presentadas con-clusiones acusatorias por el Fiscal. Cabe decir, no obstante, que el último párrafo del artículo 260 dela LPP señala que si el acusado quebranta una medida cautelar no detentiva durante la fase preparatoria,se sustituye por otra más severa y se requiere aprobación del tribunal, pero el Decreto-Ley No. 151 defecha 10 de junio de 1994 suprimió la intervención judicial en el aseguramiento del acusado antes deserle presentado el expediente, y se ha entendido no aplicar ese precepto, a pesar de su vigente redac-ción.

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La prisión preventiva de las personas no debe ser la regla general durante el proceso, como bien señalael artículo 9.3. del Pacto. La configuración actual de la LPP es polémica en ese sentido, pues la prisiónprovisional se regula al principio como la opción esencial: basta que conste de las actuaciones la exis-tencia de un hecho que revista caracteres de delito y que aparezcan motivos bastantes para suponerresponsable penalmente del delito al acusado, independientemente de la extensión y calidad de laprueba que se requiere para que el Tribunal pueda formar su convicción en el acto de dictar sentencia(artículo 252), criterios en su mayoría subjetivos y dependientes de la voluntad de la propia parte acu-sadora, que es la que decide sobre tan delicado tema, en franca violación del principio de contradicciónen el proceso. Nótese como el artículo 253 de la propia LPP señala que pueden decretarse otras medidascautelares en determinadas circunstancias, pero “no obstante lo dispuesto en el artículo anterior…”, yel propio orden de prelación en que se redactó la Ley evidencia el propósito del legislador. Incluso,existen delitos excluidos del beneficio del gozar de libertad provisional bajo fianza (delitos contra laseguridad del Estado o en los que se establece la sanción de muerte o la máxima de privación de liber-tad), según el artículo 258 del mismo cuerpo legal3.

2. Acceso a la justicia y garantías esenciales

El artículo 14 del Pacto se refiere, en esencia, al tópico general del acceso a la justicia y las garantíasmínimas generales de los sujetos a un proceso, con profundas implicaciones penales.

Para un mejor acercamiento al tema en Cuba, se desglosan las referencias puntuales y se comentan se-guidamente:

2.1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia (14.1. del Pacto)

Se cumple, pues el artículo 41 de la Constitución señala que todos los ciudadanos gozan de igualesderechos y están sujetos a iguales deberes, entre los que no queda excluida su posición ante el sistemade justicia.

2.2. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente. La prensa y el público podrán ser excluidosde la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacionalen una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la me-dida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asuntola publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia (14.1. del Pacto)

Similares consideraciones se exponen en el artículo 305 de la LPP; sin embargo, cabe una puntualacotación respecto a la publicidad de los juicios orales, pues aunque la LPP no hace referencia a la in-tervención de la prensa u otras formas análogas, el artículo 62 del Reglamento de la Ley de los Tribu-nales Populares, aprobado por Acuerdo número 46 de 1998 del Consejo de Gobierno del TribunalSupremo Popular, prohíbe la utilización de me-dios técnicos de grabación, salvo autorización del Pre-sidente del Tribunal Supremo Popular, lo que constituye una injustificada limitación general.

2.3. Toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interésde menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a latutela de menores (14.1. del Pacto)

No existe referencia expresa a este particular en la Ley de Procedimiento Penal y la tendencia es a lalimitación, pues la Instrucción No. 212 de fecha 9 de noviembre de 2011 del Consejo de Gobierno delTribunal Supremo Popular señala que las resoluciones firmes se expedirán únicamente a las partes,

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3 Las medidas cautelares aplicables en Cuba son: prisión provisional, fianza en efectivo, fianza moral, reclusión domi-ciliaria y obligación contraída en acta (artículo 255 de la LPP).

los órganos jurisdiccionales, el fiscal, el instructor o investigador policial, por lo que no todos tienenacceso a las sentencias penales, ni siquiera las víctimas del delito por el que fue juzgado el acusado.

2.4. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no sepruebe su culpabilidad conforme a la ley (14.2. del Pacto)

El artículo 1 de la LPP señala que se presume inocente a todo acusado mientras no se dicte fallo con-denatorio contra él, además de que todo delito debe ser probado con independencia de la declaracióndel acusado o sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y el artículo109 de la propia Ley señala que corresponde al Fiscal esta tarea. No obstante, el CP invierte la cargade la prueba en algunos delitos y dificulta el adecuado cumplimiento de este principio (enriquecimientoilícito4 y tenencia, fabricación y venta de instrumentos idóneos para ejecutar el delito de robo5).

2.5. Toda persona tiene derecho a disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparaciónde su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección (14.3.b), y asimismo todo acusado tienederecho a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensorde su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempreque el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si carecierede medios suficientes para pagarlo (14.3.d) del Pacto)

Todo acusado tiene derecho a la defensa, como establece el artículo 59 de la Constitución; pero en re-alidad, a partir de lo previsto en el artículo 249 de la LPP, sólo se considera parte del proceso y puededesignar defensor si se le impone una medida cautelar, para lo cual incluso pueden transcurrir hasta 7días posteriores a su detención, según se explicaba antes. No está garantizada siquiera la defensa deoficio durante la fase preparatoria, excepto cuando se reciba declaración a testigos extranjeros cuyapresencia no sea probable en el momento del juicio oral (artículo 194 de la LPP) y eventualmente encaso de enfermedad del testigo (artículo 195 de la LPP), y sólo para esos momentos. Cuando el Fiscalformaliza su acusación ante los jueces, el derecho a la defensa del reo se materializa adecuadamente,incluida la designación del defensor de oficio para el acto del juicio oral.

Designado el defensor, este cuenta con amplios derechos para ejercer sus funciones (ver artículo 250de la LPP), aunque limitado durante la fase preparatoria al ser su contrario (el Fiscal) quien decidesobre sus peticiones.

No obsta señalar que en los procedimientos sumarios no se admite el nombramiento de un defensorde oficio, sino que el acusado debe concurrir, si quiere, asistido del defensor de su elección (artículo368 de la LPP).

En cuanto a la presencia del acusado durante el proceso, constituye la regla, aunque tiene dos excep-ciones: en caso de indisciplina reiterada, puede ser expulsado por el Presidente del Tribunal actuante

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4 Artículo 150.1. La autoridad o funcionario que, directamente o por persona intermedia, realiza gastos o aumenta su pa-trimonio o el de un tercero en cuantía no proporcional a sus ingresos legales, sin justificar la licitud de los medios em-pleados para realizar gastos u obtener tal aumento patrimonial, incurre en sanción de privación de libertad de tres aocho años.

2. Si el hecho se comete por personas no comprendidas en el apartado que antecede, la sanción es de privación de li-bertad de dos a cinco años o multa de trescientas a mil cuotas o ambas.

3. A los declarados responsables de los delitos previstos en los apartados anteriores se les impone, además, la sanciónaccesoria de confiscación de bienes.

4. Las sanciones previstas en este artículo se imponen siempre que el hecho no constituya un delito de mayor entidad.5 Artículo 330.1. El que tenga en su poder ganzúa u otro instrumento idóneo para la ejecución del delito de robo y no dé

descargo suficiente sobre su tenencia, incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multa dedoscientas a quinientas cuotas o ambas.

2. En igual sanción incurre el que fabrique dichos instrumentos, o los venda o facilite a otro.

y continuarse el juicio sin él (artículo 307 de la LPP), y se admite el juicio en ausencia del acusadocuando se trate de delitos contra los intereses fundamentales, políticos o económicos de la Repúblicade Cuba, o de hechos punibles asociados al delito internacional organizado, previa instancia del Mi-nistro de Justicia (artículo 454 de la LPP), lo que constituye una severa limitación de lo regulado enel Pacto, aunque cuando se prevé la designación de un defensor de oficio para asistir al acusado ausentedurante todas las instancias del proceso.

2.6. Todo acusado tiene derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas (14.3.c) del Pacto)

No está expresamente reconocido y, si bien la regla es que los procesos penales en Cuba no tardanmás de 180 días a partir del inicio de las investigaciones hasta el juzgamiento en la instancia, la LPPes muy flexible en cuanto a los términos para la fase preparatoria y ello produce dilaciones injustifi-cadas que escapan incluso al control judicial, al poderse extender por tiempo ilimitado con autorizacióndel Fiscal General de la República, según establece el artículo 107 de dicha Ley6.

2.7. Todo acusado tiene derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener lacomparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interroga-dos en las mismas condicionesque los testigos de cargo (14.3.e) del Pacto)

Se cumple esencialmente desde el instante que el acusado es considerado parte del proceso y, espe-cialmente, durante el juicio oral (artículos 249, 285, 286 y 287 de la LPP).

2.8. Toda persona acusada tiene derecho a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarseculpable (14.3.g) del Pacto)

Se cumple en el artículo 161 de la LPP, ya citado, donde el Instructor apercibe al acusado de su derechoa declarar o no hacerlo durante la fase preparatoria, e igual prevención se sigue durante el juicio oralsegún el artículo 312 de la propia Ley.

2.9. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condena-torio y lapena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, con-forme a lo prescrito por laley (14.5. del Pacto)

Prácticamente en todos los casos existe la posibilidad de recurrir la decisión judicial que el acusadoestime desfavorable, bien sea a través del recurso de apelación (si la sentencia proviene de un tribunalmunicipal popular) o de casación (si la sentencia proviene de un tribunal provincial popular o del Tri-bunal Supremo Popular). Sin embargo, según el artículo 476 de la LPP, cuando se deniega una solicitud

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6 Artículo 107. El Instructor practica las acciones de instrucción y demás diligencias de la fase prepara-toria en el másbreve plazo posible.

El término de la instrucción del expediente de fase preparatoria no debe exceder de sesenta días a partir de la fecha dela resolución de inicio y sólo puede prorrogarse, justificadamente, por los Jefes del Instruc-tor, de acuerdo con lo queal efecto se regule por el órgano u organismo a que pertenece. En estos casos, el término máximo para la terminacióndel expediente es de seis meses contados a partir de la fecha de la resolución de inicio del expediente, teniendo el Ins-tructor que entregarlo al Fiscal en las condiciones en que éste se encuentre. Las prórrogas concedidas serán informadasal Fiscal cuando existan acusados sujetos a prisión provisional a los efectos de que éste valore si mantiene o no esa me-dida cautelar.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, excepcionalmente y previa solicitud razonada del corres-pondiente JefeProvincial del Ministerio del Interior, o en su caso del Fiscal Jefe Provincial, el Fiscal Gene-ral de la República puedeconceder un nuevo término para la conclusión de la instrucción del expediente de fase preparatoria.

El Instructor cuando considere agotada la instrucción del expediente de fase preparatoria la dará por termi-nada medianteprovidencia, o por informe conclusivo cuando ello resulte necesario.

Antes de dictar la diligencia de cierre o confeccionar el informe conclusivo a que se refiere el párrafo ante-rior, el Ins-tructor comunicará al Fiscal que estima agotada la instrucción a los efectos de que éste, si lo en-tiende necesario,examine el expediente y se pronuncie sobre ello.

de hábeas corpus por una Sala del Tribunal Supremo Popular, no cabe recurso alguno. Asimismo, elartículo 391 de la LPP prohíbe el establecimiento de recurso contra la sentencia dictada por el Plenodel Tribunal Supremo Popular cuando son juzgados los miembros del Buró Político del Partido Co-munista de Cuba, previa autorización de este órgano; el Presidente, Vicepresidente y Secretario de laAsamblea Nacional del Poder Popular, previa autorización de la Asamblea, o del Consejo de Estado,cuando ésta no esté reunida; los miembros del Consejo de Estado, previa autorización de este órgano;o los miembros del Consejo de Ministros, previa autorización de este órgano; el Presidente, el Vice-presidente y los Jueces profesionales y legos del Tribunal Supremo Popular, estos últimos mientras sehallen en el desempeño efectivo de la función judicial, y el Fiscal General de la República, los Vice-fiscales Generales y Fiscales de la Fiscalía General.

Además, la representación letrada es obligatoria excepto que se trate de juicios celebrados en proce-dimientos sumarios, y la persona que no cuente con los recursos suficientes no podrá, en principio, es-tablecer la reclamación ante una instancia superior. Para paliar esta insuficiencia legal, la OrganizaciónNacional de Bufetes Colectivos, única autorizada en el país para ejercer las defensas penales de laspersonas naturales acusadas, establece procedimientos excepcionales para autorizar rebajas de las ta-rifas vigentes o exenciones de pago, aunque el carácter autofinanciado de dicha institución atentacontra la concesión habitual de estos beneficios, pues el Estado no retribuye gastos, como lo hace conla defensa de oficio.

3. Legalidad de la responsabilidad y efecto retroactivo de las leyes penales

El artículo 15 del Pacto se contrae a dos cuestiones esenciales: la imposibilidad de juzgar a una personapor actos u omisiones que al momento de cometerlas no estuviesen previstas en leyes nacionales o in-ternacionales, ni imponer pena más grave que la prevista para el delito en cuestión, y la posibilidad deaplicar retroactivamente la nueva ley penal si fuera más beneficiosa al acusado o condenado.

El artículo 59 de la Constitución señala que nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunalcompetente y en virtud de leyes anteriores al delito. Esta idea se perfila más en el artículo 2 del CP, alseñalarse que sólo pueden ser sancionados los actos expresamente previstos como delitos en la ley,con anterioridad a su comisión, y a nadie puede imponérsele una sanción penal que no se encuentreestablecida en ley anterior al acto punible. De lo anterior se concluye que sólo la ley nacional es apli-cable en materia penal, no así la internacional, a diferencia de lo que plantea el Pacto, lo cual parecemás racional aún.

La retroactividad de las leyes penales en todo lo favorable al reo, se reconoce en el artículo 61 de laConstitución, pero sólo aparece consagrado en el artículo 3 del CP, o sea, desde el punto de vista sus-tantivo, de tal suerte que no hay referencia alguna en la LPP, lo que ha llevado a considerar a los juecesdel Tribunal Supremo Popular que estas últimas no gozan del beneficio de la retroactividad.

V. CONCLUSIONES

De manera general, Cuba se encuentra parcialmente preparada para asumir la implementación de todolo concerniente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aunque existen cuestiones noprevistas en las leyes vigentes y otras que se han interpretado anteriormente en contradicción con lostérminos de aquel.

La sanción de muerte es de aplicación excepcional en nuestro país y está sujeta a múltiples controlesjudiciales y gubernativos antes de decidir sobre ella, pero si no se prescinde definitivamente en elfuturo en cuanto a su aplicación, como parece resultar de la política actual, es indispensable regular

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con mayores garantías el procedimiento de conmutación o ratificación previsto y fortalecer el controljudicial en caso de ejecución.

Existen normas generales y esencialmente adecuadas en cuanto al tratamiento de las personas sujetasa proceso y sus garantías frente al poder punitivo del Estado, aunque se precisa fortalecer el conjuntode estas últimas en torno a la publicidad de los actos y decisiones judiciales, el reconocimiento plenodel estado de inocencia del acusado, su aseguramiento durante la fase indagatoria del proceso (que ca-rece de control judicial), la posibilidad de su defensa en etapa más temprana del proceso, e incluso deoficio en caso de que carezca de medios económicos suficientes para asumirla, extensible al régimende los recursos, y disminuir las posibilidad de dilaciones indebidas en la sustanciación de los proce-sos.

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ARTÍCULOS ESTUDIANTES




El deber de “Motivación” en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

GUSTAVO GERMÁN RAPALINI MARÍA J. PIEDRALBA BRINER

MÁSTER EN DERECHO PROCESAL. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (ARGENTINA)




RESUMEN

En el presente trabajo analizaremos el instituto de la motivación judicial, acotando nuestro enfoque asu existencia e importancia como garantía fundamental, iniciando por considerar su razón de ser y sunaturaleza jurídica, para finalizar con un breve análisis de la Jurisprudencia emanada de la Corte Inter-americana de Derechos Humanos en cuanto a dicha garantía, puntualizando la obligatoriedad que os-tentan sus pronunciamientos para todos los Estados parte de la Convención Americana de DerechosHumanos.

PALABRAS CLAVE:

Motivación; sentencia; decisión judicial; Corte Interamericana de Derechos Humanos; obligatoriedadde sus pronunciamientos; control de convencionalidad

ABSTRACT

In this paper we analyze the institution of judicial motivation, delimiting our approach to their existenceand importance as a fundamental guarantee, starting by considering its purpose and its legal nature,ending with a brief analysis of the jurisprudence emanating from the Inter-American Court of HumanRights in terms of this guarantee, pointing mandatory flaunt their pronouncements for all states partyto the American Convention on Human Rights.

KEYWORDS:

Motivation; judgment; court decision; Inter-American Court of Human Rights; mandatory their pro-nouncements; conventionality control

I. INTRODUCCIÓN

Lo judicial y lo histórico necesitan dar una explicación de un hecho pasado en donde entra el abanicode posibilidades de interpretación que van de entre lo que fue y no fue con sus probabilidades inter-medias1.

La norma jurídica hace tiempo que dejó de entenderse como un enunciado que tiene un significadoclaro y predeterminado, sino que debe ser identificado a través de la actividad interpretativa que rea-lizan los jueces2, siempre que no se limite su texto más allá de su propia resistencia semántica3.

Ingresa aquí la tarea argumental, que consiste en postular lingüísticamente argumentos o razones afavor de aquella respuesta que se pretende que prevalezca4.

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1 MOJICA G. Rafael O. (3/10/2013): “La posibilidad de conjeturar (posibilidades)”;http://teoriadelahistoria.wordpress.com/2013/10/03/.

2 TARUFFO, Michele (2005): “Jueces y Política: de la subordinación a la dialéctica”, p. 13. Texto expuesto por el autoren el XIV Seminario Eduardo García Máynez (2004). Traducción del italiano por Pedro Aznar. Isonomía N° 22.

3 C.S.J.N. (2013); In re “Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) si acción de amparo el Poder EjecutivoNacional, ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13); Voto en disidencia del Dr. Zaffaroni (Considerando 13).

4 VIGO, Rodolfo L. (2012): “Como argumentar jurídicamente”, p. 10. Abeledo Perrot, Buenos Aires.

http://teoriadelahistoria.wordpress.com/2013/10/03/

Ahora bien, es precisa además la recognoscibilidad de los hechos de los cuales derivan sus efectos lasnormas5. Por lo cual surge incuestionable la relevancia de la comprobación de los hechos en la soluciónde un conflicto.

La “decisión judicial”, entonces, aparece como una síntesis de los elementos jurídicos y fácticos que–aparente e inicialmente- separados, se fusionan y convergen en un todo para dar solución a un con-flicto particular, decisión que será impartida por un órgano imparcial e impartial, que a partir de sujuzgamiento, cerrará una disputa definitivamente.

Pero esa resolución judicial, precisamente por su propia naturaleza jurídica, requiere explicitar enforma clara y pormenorizada, la cadena de razonamientos que el juzgador ha efectuado para estructurarla conclusión a la que arribó, para deliberar como lo hizo.

Sin ánimo de adelantarnos en nuestro bosquejo, podría aseverarse que la motivación de las resolucionesjudiciales se impone –mayoritariamente- como la necesidad de exposición del razonamiento jurídicojustificatorio de una resolución para probar si tal decisión es correcta (a derecho) o no6.

Aunque modernamente se ha comenzado a abordar la temática desde una pluralidad de perspectivas,no siempre rigurosamente jurídicas (v.gr.: sociológica-política)7, nuestro enfoque intentará ser neta-mente jurídico, solo deteniéndonos en su directa relación con los institutos de la “decisión judicial” yla “Teoría de la Argumentación Jurídica”.

Partiendo de tales premisas, el presente trabajo pretenderá contribuir con el análisis de los elementosbásicos que una sentencia debe contener para satisfacer el requisito de la debida motivación, a la luzde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, delineando sucintamente losalcances expansivos de sus pronunciamientos a la luz de lo que se ha denominado modernamente “con-trol de convencionalidad”.

II. LA DECISIÓN JUDICIAL

Entendemos imprescindible iniciar nuestro trabajo desde el reconocimiento de una premisa que sinser novedosa deja de ser incuestionable: en derecho no existen datos “en sí”, no existen datos “abso-lutos”, sino datos reconocidos por un órgano competente8.

Desde el punto de vista argumentativo, solo estamos en presencia de un hecho si podemos postularrespecto a él un acuerdo universal, no controvertido. Pero entonces ningún enunciado tiene la seguridadde gozar definitivamente de este estatuto, pues el acuerdo siempre es susceptible de ser cuestionadode nuevo.

No contamos con ningún criterio que nos permita, en cualquier circunstancia e independientementede la actitud de los oyentes, afirmar que algo es un hecho9.

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5 CARNELUTTI, Francesco (1997): “Instituciones de derecho procesal civil”. Biblioteca Clásicos del Derecho Procesal.Vol. III, pág. 412. Harla.

6 HERNANDEZ MARIN, Rafael (2013): “Razonamientos en la sentencia judicial”, p. 101. Marcial Pons, Madrid-Bar-celona-Buenos Aires-Sao Paulo.

7 TARUFFO, Michele (2006): “La motivazione della sentenza civile”, p. 10 y 11. Traducido por Lorenzo Cordova Via-nello; México.

8 DOUGLAS PRICE, Jorge Eduardo (2012): “La decisión judicial”, p. 113. Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe.9 PERELMAN, Ch.; TYTECA, O. (1989): “Tratado de la Argumentación Jurídica – La nueva retórica”; p. 13/14 y ss.,

Editorial Gredos, Madrid (versión en español)

Pero además, los “hechos” que el Derecho reconoce son los hechos que el mismo Derecho define y esel Derecho el que decide como se considera que éstos se encuentren probados, alejándose en numerosasoportunidades del criterio que podríamos llamar del sentido común o, aun más, del científico10.

Autores como Hart se han ocupado del tópico, desde su abierta afirmación de la discrecionalidad ju-dicial, pasando por una aseveración más matizada de la discrecionalidad judicial, hasta una mayorconcreción del tema en algunos trabajos de la década del 70 del siglo pasado11.

La argumentación del juez, su discurso que se quiera racional, no versará sobre la norma en sí mismay su valor o aptitud en general, sino sobre la adecuación (Angemessenheit), en terminología que Gün-ther toma de Dworkin, para resolver un caso. Y esto quiere decir que el centro de las consideracionesse hallará en los pormenores y circunstancias del caso. No estaríamos, por tanto, ante el discurso defundamentación de normas, sino ante el discurso de aplicación12.

Ello nos lleva a la incuestionable afirmación de que existe la posibilidad de elegir entre diferentes cur-sos de acciones válidas para cuando no exista respuesta jurídica correcta, estos son los llamados casosdifíciles; donde existe más de una interpretación razonable. Cuando estos casos llegan a los estradosjudiciales los jueces tienen discrecionalidad para escoger la interpretación que consideren más apro-piada13.

Entendemos indispensable aceptar que la “verdad” (comprendida en términos absolutos) no es posibleen un proceso judicial (que como cualquier otro método de conocimiento científico solo puede brindar“verdades aproximativas”), sin caer en el crudo escepticismo de que el proceso no concluye en “nin-guna verdad”14.

Por tanto, en el seno de un proceso judicial, cuando se afirma que un hecho es verdadero, se quieredecir en sustancia que ha logrado, en la conciencia de quien lo juzga, aquel grado máximo de verosi-militud que, con relación a los limitados medios de conocimiento que el juzgador dispone, basta paradarle certeza subjetiva de que aquel hecho ocurrió15.

Y precisamente, ese convencimiento del juzgador sobre la “realidad” de los hechos, y el razonamientollevado a cabo para concluir como lo hizo, optando entre la gama de posibilidades que (en la gran ma-yoría de las decisiones judiciales) existe, es el contenido central de la sentencia, cuyo velo debe corrersea partir de la motivación.

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10 DOUGLAS PRICE, Jorge Eduardo (2012): “La decisión…” cit., p. 115. 11 CARRIÓ, Genaro R. (1981): “Dworkin y el positivismo jurídico”, p. 42-44, México, Instituto de Investigaciones Filo-

sóficas. Universidad Nacional Autónoma de México, 1981.12 GARCIA AMADO, Juan A. (2011): La teoría de la argumentación jurídica: logros y carencias.

http://www.sitios.scjn.gob.mx/instituto/sites/default/files/archivos/logros-y-carencias.pdf13 RODRÍGUEZ, César (1997): “Dworkin / Ronald, H. L. A. Hart. La decisión judicial; Estudio preliminar”.

http://www.usergioarboleda.edu.co/14 BENABENTOS, Omar A.; FERNANDEZ DELLEPIANE, Mariana (2009): “Lecciones de Derecho Procesal Civil y

Comercial”; Tº 1, p. 104. Editorial Juris, Rosario. Idem: RAPALINI, Gustavo Germán (2013): “Exceso ritual manifiestoy búsqueda de la verdad jurídica objetiva: ¿un proceso sin formas?” elDial.com - DC1B2B.

15 ZLATAR, Alex (2010): “La real vigencia del sistema de la sana critica racional”; Colección Ensayos Procesales, Pu-blicación 13: “El Juez y la Prueba”, p. 9. Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Jurídicas; Rosario. Idem: RA-PALINI, Gustavo Germán (2013): Prueba en el Proceso de Simulación: ¿inversión del onus probandi?. Nota a Fallo:“KOHEN, JOSÉ VS. SOMINSON, ISAAC MARIO Y OTRO”; Citar: elDial.com - DC1B9A, Publicado el 28/10/2013.

http://www.sitios.scjn.gob.mx/instituto/sites/default/files/archivos/logros-y-carencias.pdf

http://www.usergioarboleda.edu.co/

III. MOTIVACIÓN: BREVE ANÁLISIS

a) Existen varios problemas que surgen al iniciar el estudio del concepto, caracteres y naturaleza jurí-dica de la motivación. Resultaría una empresa ambiciosa –y ciertamente una afirmación mendaz- pre-tender agotar su estudio en el presente trabajo. Solo procuraremos efectuar una sucinta revisión de lascuestiones que a nuestro juicio contribuirán al objeto del presente.

b) Una primera aproximación, aunque a priori banal, que entendemos indispensable, reside en princi-piar con el análisis del significado de aquello que aquí contemplamos.

Según la Real Academia Española, la voz “motivación” significa –en lo que aquí interesa- “Acción yefecto de motivar16”; y a su vez, la voz “motivar” remite a tres acepciones: “Dar causa o motivo paraalgo”; “Dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo”; “Disponer del ánimo dealguien para que proceda de un determinado modo”17.

No se nos escapa que el lenguaje jurídico es una especie del género “lenguaje”; y que por más esfuerzosque se efectúen en aras a cientifizar el discurso jurídico, ello no representa más que una loable meta,por cuanto al utilizarse conceptos de los lenguajes naturales18 para llegar a un lenguaje técnico, el re-sultado nunca podría ser la perfección semántica (si es que tal cosa existe).

Comenzar el análisis partiendo del significado de un instituto, resulta una tarea casi elemental, que losoperadores jurídicos no hacemos comúnmente. Y ello suele representar ciertamente una desventaja enquienes pretendan un correcto abordaje de una temática, por cuanto el legislador, la doctrina y aún lapropia jurisprudencia (aunque con encomiable finalidad) a diario amplifican, recortan y/o desvirtúanlos conceptos, por incalculables razones, entre las cuales podemos citar desde la circunstancia del casoobjeto de análisis, hasta injerencias políticas, morales o filosóficas del operador.

No entender el fenómeno desde esta perspectiva, llevaría a una absurda teoría metafísica de la inter-pretación, según la cual, los significados “simplemente están” en el universo, los géneros literarios norequieren explicación, los textos actúan como una suerte de “restricción automática” de cualquier in-terpretación, y la interpretación es por ende, el descubrimiento de hechos crudos, no interpretativos ycontumaces19.

c) Es posible anticipar que la obligación de motivar las sentencias judiciales constituye, junto con elprincipio de publicidad, la síntesis de una larga evolución que terminó de afirmarse como uno de lospilares del sistema democrático20.

Ahora bien: ¿Qué es motivar una resolución judicial? La pregunta invita a adentrarnos en el campodogmático-conceptual de la motivación.

La motivación es característica fundamental del discurso de las ciencias del espíritu, porque a diferenciade las ciencias exactas y de las ciencias experimentales, el discurso práctico en aquellas no se dirige ala verificación de los hechos o a la demostración sino a la argumentación21.

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16 http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=motivaciones17 http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=motiv%E1is18 MARTINEZ ZORRILLA, David (2010): “Metodología jurídica y argumentación”, p. 57. Marcial Pons, Madrid-Bar-

celona-Buenos Aires.19 DWORKIN, Ronald (2012): “Una cuestión de principios”; p. 217. Siglo XXI Editores, Buenos Aires.20 GUZMÁN, Leandro (2013): “Derecho a una sentencia motivada”, p. 11. Astrea, Buenos Aires Bogotá.21 ALISTE SANTOS, Tomás-Javier (2011): “La motivación de las resoluciones judiciales”, p. 235. Marcial Pons, Madrid-

Barcelona-Buenos Aires. A su vez, el autor remite a NIETO, A. (2000): “El arbitrio judicial”, p. 153-154. Barcelona.

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=motivaciones

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=motiv%E1is

En una aproximación genérica, argumentar consiste en ofrecer razones para la justificación o funda-mentación de cierto punto de vista, creencia, opinión, acción o decisión22.

Por ello, el criterio para determinar la verdad de las afirmaciones realizadas a través de la motivaciónde las resoluciones judiciales no es la certeza absoluta propia de las ciencias exactas y experimentales,sino la certeza moral, guía adecuada (a diferencia de lo plausible o lo probable) en el razonamientodel discurso práctico23.

d) Focalizado el objeto de análisis, existen algunos elementos más para detenernos.

Como enseña Taruffo, debe repararse en que la motivación es asumida como signo en sentido estrictocuando su significado está establecido con base en cánones convencionales, y principalmente con baseen la relación funcional de justificación existente entre ella y la decisión; cuando la motivación es asu-mida como indicio, la individuación de su significado no se da con base en la función que la mismajuega en el contexto de la sentencia (descuidándose para ello el vínculo motivación-decisión), sinosegún criterios diversos, extrínsecos y no convencionales, que son escogidos ad hoc, en cada caso, porel observador.

Resulta claro, entonces, que dependiendo de que se verifique una u otra situación, cambia también elresultado de la operación de “lectura” de la motivación, es decir, el significado que se le atribuye a lamisma: si la motivación es asumida como signo en sentido estricto, el significado relativo está cons-tituido por las razones que el juez ha enunciado como sostén de la decisión; si aquella es asumidacomo indicio, el significado relativo está constituido por las conclusiones que el observador saca enrelación con hechos diversos de las razones que son expresadas en la decisión24.

En el discurrir del presente, nuestro encauzamiento será precisamente desde esta segunda óptica.

e) Subyace en torno a la exigencia del deber de motivación, un palpable recelo de los órganos juris-diccionales a explicitar públicamente la estructura intelectual de sus razonamientos y decisiones.

Y ello –aunque inaceptable- resulta entendible: como toda manifestación del uso del poder público,su utilización conlleva una gran responsabilidad (v.gr.: política, social, disciplinaria).

El análisis de la motivación de las resoluciones judiciales como garantía reconocida y recogida en losdiversos cuerpos normativos, tanto de naturaleza constitucional como legal, implica acercarse al con-cepto jurídico de garantía25.

Por ello, el deber de motivación de las decisiones judiciales, representa una inconmensurable herra-mienta republicana para los justiciables en cuanto a control judicial (lato sensu) se refiere.

Si a los seres humanos (en términos generales) no nos gusta que nos controlen; y si (más allá del “JuezHércules” de Dworkin26) el Juez es un ser humano, la conclusión es patente.

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22 MARTINEZ ZORRILLA, David (2010): “Metodología…” cit., p. 189.23 ALISTE SANTOS, Tomás-Javier (2011): “La motivación…” cit., p. 236.24 TARUFFO, Michele (2006): “La motivazione…” cit., p. 34.25 ALISTE SANTOS, Tomás-Javier (2011): “La motivación…” cit., p. 137.26 Un juez ideal, al que DWORKIN llama “Hércules”, equipado con “superman skill, learning, paticience and acumen”, es

decir, con habilidad, sabiduría, paciencia y agudeza sobrehumanas, estaría en situación de encontrar la única respuestacorrecta. Al juez real, le corresponde la tarea de aproximarse a este ideal lo más posible (ALEXY, Robert (1988): “Sis-tema Jurídico, Principios jurídicos y razón práctica”. Ponencia presentada por el autor en las IV jornadas Internacionalesde Lógica e Informática Jurídicas, celebradas en San Sebastián).

Pero sucede que si lo que está en tela de juicio en el fondo representa, ni más ni menos, que la publi-cidad de los actos que denotan ejercicio de poder, y si –además- nos situamos bajo la egida de unEstado organizado bajo la estructura republicana de gobierno (v.gr.: Argentina), la falta de motivaciónde las decisiones judiciales parece inconcebible.

f) Un estándar a seguir entonces será advertir si puede reconstruirse el camino recorrido por el senten-ciante para arribar a las conclusiones a que llegaron27.

Una fundamentación será racional si pueden aducirse como razones hechos; será no racional o per-suasiva si se acude a otros medios adecuados para influir28.

Ante la carencia absoluta de motivación, resulta claro aconsejar la descalificación de la resolución.Pero estos casos, aunque posibles, no representan mayores complicaciones en su descalificación comoacto jurisdiccional válido.

Pero existen otras zonas que podríamos denominar grises, donde la situación se complejiza.

Si sólo se efectúan manifestaciones que no sobrepasan el umbral de meras opiniones sin apoyo en fun-damentos válidos (v.gr.: dotadas de conceptos jurídicos indeterminados); o bien, no lo explicitan enforma clara y acabada; se vislumbra una carencia absoluta de motivación, conformando un pronun-ciamiento que descansa exclusivamente en afirmaciones dogmáticas de quienes lo suscriben29.

Es evidente que respecto de una decisión carente de motivación resulta imposible realizarle una críticaracional, y solo cabe que guste o no30.

Con lo cual, comienza a vislumbrarse la importancia fundamental de la carencia (o deficiencia) en lamotivación de las resoluciones, cual es la imposibilidad –real- de analizarla, y eventualmente atacarlao desvirtuarla –impugnación mediante-.

No cabe duda que la garantía de motivación judicial es un poderoso instrumento que cualitativamentesirve como criterio efectivo de control de la discrecionalidad judicial31.

En este marco, el deber constitucional de motivar las sentencias se vincula, por un lado, al sistema degarantías que las constituciones democráticas crearon para la tutela de los individuos frente al poderestatal y, por otro, al principio jurídico-político que expresa la exigencia de controlabilidad a cargodel mismo pueblo, depositarios de la soberanía y en cuyo nombre se ejercen los poderes públicos32.

Tan insoslayable temática no ha pasado inadvertida por el Máximo Tribunal Regional.

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27 S.C.J.B.A.: “Blanco, Alfonso contra Aeropak S.A. Daños y perjuicios”; Ac. 56.599, 16/3/1995; voto del Dr. de Lázzari,en minoría. Recientemente sostenido en “S. R., G.J. Colegio de Abogados de Bahía Blanca. Acusa”, causa P. 100.862;10/7/2013.

28 ALEXY, ROBERT (1997): “Teoría de la Argumentación Jurídica – La teoría del discurso racional como teoría de la fun-damentación jurídica”; p. 59. Centro de Estudios Constitucionales; Madrid. Traducción de Manuel Atienza e IsabelEspejo. El autor, a su vez, cita a STEVENSON.

29 S.C.J.B.A.: “Blanco, Alfonso contra Aeropak S.A. Daños y perjuicios”; Ac. 56.599, 16/3/1995; voto del Dr. de Lázzari,en minoría. Recientemente sostenido en “S. R., G.J. Colegio de Abogados de Bahía Blanca. Acusa”, causa P. 100.862;10/7/2013.

30 VIGO, Rodolfo L.: “Como argumentar...” cit., p. 15.31 ALISTE SANTOS, Tomás-Javier (2011): “La motivación…” cit., p. 160.32 GUZMÁN, Leandro (2013): “Derecho…” cit., p. 133.

IV.- LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOSY LA OBLIGATORIEDAD DE SUS PRONUNCIAMIENTOS

a) Como en el ámbito europeo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la paralela ju-risprudencia interamericana han llevado a cabo un importante refuerzo en el campo del debido procesolegal, imponiendo una serie de criterios que los Estados deben acatar. No hace falta repetir que dichanormativa se ocupa de tal temática principalmente en los arts. 7°, 8°, 9° y 25°, aunque en puridad deverdad más que enmarcar el due process of law enuncia un conjunto de garantías para el litigante quedeben cumplirse en los carriles internos33.

b) Circunscribiéndonos al objeto del presente ensayo, la Corte I.D.H. en el paradigmático precedenteApitz Barbera y otros vs. Venezuela34 ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justi-ficación razonada que permite llegar a una conclusión”35.

El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de jus-ticia36, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho sumi-nistra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

En concreto, la C.I.D.H. consideró que el Estado incumplió con su deber de motivar la sanción de des-titución, violando con ello las “debidas garantías” ordenadas en el artículo 8.1 de la Convención Ame-ricana, en relación con el artículo 1.1 de la misma37.

Entre otro precedente, la C.I.D.H. sostuvo asimismo que las decisiones que adopten los órganos inter-nos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo con-trario serían decisiones arbitrarias38.

Más cercanos en el tiempo, la Corte reiteró su doctrina al considerar que el Estado incumplió con sudeber de motivar la decisión que dejó sin efecto el nombramiento de la señora Chocrón Chocrón comojueza temporal y, en consecuencia, con su obligación de permitir una defensa adecuada que le otorgarala posibilidad de controvertir las observaciones efectuadas en su contra, vulnerando así las debidasgarantías establecidas en la Convención Americana39.

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33 HITTERS, Juan Carlos (2006): “Los tribunales supranacionales”. LA LEY 16/08/2006, 16/08/2006, 1 - LA LEY2006-E, 818.

34 C.I.D.H.; Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela.Sentencia de5 de agosto de 2008, párrafos 77 y 78.

35 C.I.D.H., Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párrafo 107.

36 Así lo ha establecido la Corte Europea en el Caso Suominen: “la Corte reitera entonces que, de acuerdo con su juris-prudencia constante y en reflejo de un principio relativo a la correcta administración de justicia, las sentencias de lascortes y los tribunales deben exponer de manera adecuada las razones en las que se basan”. Cfr. Suominen v. Finland,no. 37801/97, § 34, 1 July 2003.

37 C.I.D.H., Caso Apitz Barbera y otros …cit, párrafo 91.38 C.I.D.H., Caso Yatama Vs. Nicaragua.Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de

Junio de 2005, párrafos 152 y 153, y Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez…cit., párrafo 107. Asimismo, la CorteEuropea ha señalado que los jueces deben indicar con suficiente claridad las razones a partir de las cuales toman susdecisiones. Cfr. Hadjianstassiou v. Greece, judgment of 16 December 1992, Series A no. 252, p. 8, § 23.

39 C.I.D.H.; Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de1 de julio de 2011, párrafo 123.

Sostuvo asimismo que “la motivación” demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquelloscasos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución ylograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores40.

En la misma tesitura, en el precedente López Mendoza Vs. Venezuela el Tribunal indicó que dados losalcances de la restricción al sufragio pasivo implicados en una inhabilitación para ser candidato, elContralor tenía un deber de motivación explícita de la decisión, tanto en lo cualitativo como en locuantitativo. Ratificando su criterio en cuanto a que los problemas en la motivación tienen un impactonegativo en el ejercicio del derecho a la defensa41.

Declaró en consecuencia que el Estado es responsable por la violación del deber de motivación y elderecho a la defensa42.

A modo de síntesis podemos colegir que el deber de motivar –aunque poco acostumbrados estamos- es tanesencial como cualquier otro derecho de raigambre supranacional, ya que lo que se busca (desde el aspectoprocesal) es la tutela de garantías tan primordiales como lo es la defensa en juicio y el debido proceso.

Es necesario destacar que la C.I.D.H., en su evolución, amplió el deber de motivar, por la trascendenciaque ésta posee a otro tipo de resoluciones que no emanan de jueces, como ser las resoluciones delBanco Central43.

En el precedente Atala Riffo y Niñas Vs. Chile44, si bien no hace un desarrollo de la motivación comovenimos viendo a lo largo de estas líneas, sostiene que no se probó que la motivación esgrimida en lasdecisiones fuera adecuada para alcanzar la protección del interés superior de las niñas.

Es decir, que no basta con motivar una sentencia, sino que además, la motivación debe ser adecuada paralos derechos que los sentenciantes pretenden tutelar –en el caso, el interés superior de las menores-.

Como vimos, el Máximo Tribunal Regional de Justicia ha mantenido en el tiempo su sólida doctrinaa tenor de la cual las decisiones del Estado, entre ellas, las “decisiones judiciales” tienen el deber deestar motivadas.

Luego de esta breve reseña, resulta importante recordar –si bien resulta por demás sabido-, que lassentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos “son obligatorias” y, según lo dis-pone el artículo 68 de la CADH, los Estados se comprometen a cumplirlas “en todo caso en que seanpartes” (inciso 1). Aclara dicha norma en su inciso 2 que cuando el fallo disponga “indemnizacióncompensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la eje-cución de sentencias contra el Estado”.

Asimismo, el Tribunal regional que surge del Pacto de San José de Costa Rica ha expresado en reite-radas oportunidades que sus pronunciamientos son vinculantes para los litigantes, por lo que debenser acatados en forma irrestricta45.

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40 C.I.D.H.; Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela …cit. párrafo 118; Caso López Mendoza Vs. Venezuela.Fondo, Repa-raciones Y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 párrafo 148; Cfr. Caso Apitz Barbera y otros … cit.,supranota 121, párrafo 78.

41 C.I.D.H.; Caso López Mendoza Vs. Venezuela.Fondo, Reparaciones Y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011,párrafo 147.

42 C.I.D.H.; Caso López Mendoza Vs. Venezuela…. cit, párrafos 148.43 C.I.D.H.; Caso Barbani Duarte Y Otros Vs. Uruguay.Fondo, Reparaciones Y Costas. Sentencia de 13 de octubre de

2011, párrafo 184.44 C.I.D.H.; Caso Atala Riffo Y Niñas Vs. Chile.Fondo, Reparaciones Y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012, pá-

rrafos 208.45 HITTERS, Juan Carlos (2012): “Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana”, La Ley, 2012-C, 1215.

Vale recordar que la doctrina de la Corte I.D.H. es vinculante, en cuanto a la hermenéutica de sus pro-nunciamientos, a todos los estados partes de la convención.

En este sentido, sostuvo en situaciones y casos en que por el sólo hecho de ser Parte en la ConvenciónAmericana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas,jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligadospor el tratado, por lo cual deben ejercer, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicaciónde normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación,juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propiotratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interame-ricana46.

Es decir, cuando el Estado no ha sido parte en el proceso internacional donde se fijó la jurisprudencia,por el solo hecho de ser Parte en la Convención, la conducta de sus autoridades públicas y la de la to-talidad de sus órganos incluidos en las instancias democráticas, están obligadas por el Tratado debién-doselo acatar y considerar los precedentes y lineamientos judiciales del Tribunal Interamericano47.

Ello implica ciertamente que además del control concentrado de convencionalidad que realiza la CorteInteramericana como una técnica connatural a su competencia, existe otro tipo de control de carácter“difuso”, que debe realizarse por los jueces nacionales o domésticos de los Estados que han aceptadola jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos48.

Este control es una nueva manifestación de la constitucionalización del derecho internacional. El “con-trol difuso de convencionalidad”49 consiste en el deber de los jueces nacionales en realizar un examende compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que tienen que aplicar a un caso concreto,con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos50.

Es decir que los órganos jurisdiccionales locales —y los Tribunales Constitucionales que en determi-nados países no dependen del Poder Jurisdiccional— ejercitan el llamado control de constitucionalidadque importa una comparación, entre su Carta Magna y las normas que por su rango están por debajode ella, debiendo darle prioridad a la primera. Podemos hablar entonces de un contralor concentrado,típico de algunas Constituciones Europeas, a partir de la Austríaca de 1946, donde la revisión es hechaexclusivamente por un único cuerpo diseñado para tales fines; o en su caso —como es por demás sa-bido—, del control difuso que debe ser llevado a cabo, como en los Estados Unidos y en Argentina,por todos y cada uno de los magistrados judiciales.

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46 C.I.D.H.; caso Gelman vs. Uruguay, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, Resolución del 20 de Marzo de 2013,párrafo 69.

47 HITTERS, Juan Carlos (2013): “Un avance en el control de convencionalidad. El efecto erga omnes de las sentenciasde la Corte Interamericana”. LA LEY2013-C, 998.

48 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (2010): “El control difuso de convencionalidad en el estado constitucional”, p. 182y ss. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México.

49 El nacimiento de esta doctrina puede fijarse a partir del caso Almonacid Arellano y otros Vs. Gobierno de Chile (2006);doctrina reiterada en Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú (2006), La Cantuta vs. Peru(2006), Boyce y otros vs. Barbados (2007), Helidoro Portugal vs. Panamá (2008), Rosendo Padilla Pacheco vs. EstadosUnidos Mexicanos (2009), entre otros.

50 En el caso de la República Argentina, se incluye asimismo la obligatoriedad de las recomendaciones que efectúe lapropia Comisión (C.S.J.N. in re “Carranza Latrubesse, Gustavo c/Estado Nacional”; Fallos C. 568. XLIV y C. 594.XLIV, 6 de agosto de 2013).

Pero como lo vienen sosteniendo desde hace no mucho tiempo algunos de los Magistrados de la CorteInteramericana, dicho cuerpo ejercita lo que ha dado en llamar a partir del caso Myrna Mack Chang51

el “control de convencionalidad”, lo que obviamente significa una comparación entre el Pacto de SanJosé de Costa Rica y otras convenciones52, con los diversos regímenes domésticos de los Estados parte.

V. CONCLUSIÓN

Hemos analizado algunos aspectos de la “decisión judicial”, enfocándola como una síntesis de ele-mentos jurídicos y fácticos que se fusionan y convergen en un todo para dar solución a un conflictoparticular.

Pero asimismo hemos visto como el juzgador no abastece sin más su tarea con ese norte; sino quedebe además explicitar en forma clara y pormenorizada, la cadena de razonamientos que ha efectuadopara estructurar la conclusión a la que arribó, para decidir como lo hizo.

Ese convencimiento del juzgador sobre la “realidad” de los hechos, y el razonamiento llevado a cabopara concluir como lo hizo, optando entre la gama de posibilidades que (en la gran mayoría de las de-cisiones judiciales) existe, es el contenido central de la sentencia, cuyo velo entendemos debe correrla motivación.

Hemos pasado revista de los principales precedentes del Máximo Tribunal Regional Interamericanode Justicia, para quien la motivación representa la exteriorización de la justificación razonada que per-mite llegar a una conclusión.

Ese deber de motivar las resoluciones –ha dicho- es una garantía vinculada con la correcta adminis-tración de justicia, cuyo incumplimiento se repugna con las debidas garantías judiciales de la Conven-ción Americana.

Por último, hemos puntualizado someramente sobre el control de convencionalidad y la obligatoriedadde los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo para los Estadosque han sido parte en el proceso (en cuanto al fragmento resolutivo del fallo), sino asimismo en cuantoa sus efectos expansivos para todos los que formen parte del Pacto de San José de Costa Rica (encuanto a la hermenéutica que de los mismos emane).

Por todo ello, entendemos que si en el seno de un estado democrático de derecho gobernado bajo elrégimen republicano, el órgano encargado de resolver conflictos, no tuviera la obligación de exponerdetallada y acabadamente los motivos y el razonamientos que siguió para dictar el fallo como lo hizo,resultaría más sensato que la administración de justicia fuera sustituida -con ventajas- por la LoteríaNacional53, o bien que recurriéramos al azaroso procedimiento de la cultura Zande54.

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51 C.I.D.H.; Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala.Fondo, Reparaciones Y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de2003.

52 HITTERS, Juan C. (2009): “Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Comparación”. LA LEY27/07/2009, 27/07/2009, 1 - LA LEY2009-D, 1205.

53 CARRIÓ, Genaro R. (1995): “Como estudiar y como argumentar un caso”, p. 19. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argen-tina.

54 CHASE, Oscar G. (2011): “Derecho, Cultura y Ritual: Sistemas de resolución de controversias en un contexto intercul-tural”, p. 37 y ss. Marcial Pons, Madrid.

Uma nova perspectiva aos limites da intervenção do judiciário nas Políticas Públicas

Una nueva perspectiva sobre los límites de la intervención judicial en Políticas Públicas

DÉBORA COSTA FERREIRAGRADUADA EN DERECHO POR EL CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

(UNICEUB, BRASIL)




RESUMO

O presente artigo se propõe a estabelecer limites mais bem definidos para a interferência do Poder Ju-diciário no âmbito da produção e execução de políticas públicas, com base na análise econômica doimpacto marginal de tal intervenção na sociedade, perspectiva essa não utilizada convencionalmentepelos autores que tratam do tema, mas que se mostra bastante adequada. A partir daí, passa-se a apre-sentar instrumentos processuais existentes no ordenamento jurídico brasileiro capazes de materializartal delimitação.

PALAVRAS-CHAVE:

Direito Processual; políticas públicas; Poder Judiciário; intervenção; eficiência; análise.

RESUMEN

En este artículo se propone establecer límites mejor definidos a la injerencia del poder judicial en laproducción y aplicación de políticas públicas basadas en el análisis económico del impacto marginalde una intervención de este tipo en la sociedad. Esta perspectiva no se utiliza convencionalmente porlos autores que se ocupan tema, lo que resultaría bastante apropiado. A partir de ahí, se pasará a pre-sentar los instrumentos legales existentes en el ordenamiento jurídico brasileño capaces de materializartales límites.

PALABRAS CLAVE:

Derecho Procesal; políticas públicas; Poder Judicial; intervención; eficiencia; análisis.

ABSTRACT

This article proposes to establish better defined limits to the interference of the Judiciary in the pro-duction and implementation of public policies, based on economic analysis of the marginal impact ofsuch an intervention in society, this perspective is not conventionally used by the authors that dealwith the theme, but which is rather appropriate. From this point, it presents existing legal instrumentsin the brazilian legal system capable of materializing such boundary.

KEYWORDS:

Procedural law; public policy; judiciary; intervención; efficiency; analysis.

I.INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS – UM FATO

Independentemente dos diversos posicionamentos existentes, a intervenção do Poder Judiciário nocampo das políticas públicas é um fato inegável (SADEK, 2013). Observa-se atualmente um crescentenúmero de decisões judiciais que se imiscuem na consecução de direitos sociais que já se encontramcontemplados em políticas públicas estabelecidas pelo Legislativo e pelo Executivo. Os magistradostambém proferem decisões que influenciam diretamente a configuração dessas políticas.

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Nesse passo, essa atuação mais ativa cunhada pelo termo tem se expandido para áreas originalmentede competência dos outros poderes, como uma verdadeira relocação do sistema de freios e contrapesos,superando-se a tradicional separação dos poderes (ACKERMAN, 2000, ZANETI, 2013) e conferindo aoJudiciário – sobretudo, ao STF – um escopo político (ZUFELATO, 2013). Cunhou-se, para tanto, o termode “judicialização das políticas públicas”.

Como bem observado por Mariana Magaldi de Sousa (SOUSA, 2010), os principais papéis desempe-nhados pelo Poder Judiciário atualmente no âmbito da produção e implementação de políticas públicaspodem ser resumidos em quatro principais: o de vetar leis regulamentadoras de políticas públicas (vetoplayer role), de amoldar seu conteúdo (policy player role), de forçar sua implementação (referee role)e de agir como representante alternativo da sociedade, reinterpretando as leis no caso concreto visandoa promover justiça social e equilíbrio entre as partes (alternative societal player role).

Além disso, as Cortes podem intervir nesse processo tanto direta quanto indiretamente (SOUSA, 2010).No primeiro caso, os juízes são chamados pela via processual a dar seu consentimento a respeito deuma específica política como requisito de sua implementação. Já da segunda forma, o mero contatocom demandas judiciais pode produzir mudanças de comportamento dos atores políticos ao se antecipardesaprovação pela Justiça. Os quatro papéis se encaixam somente no modo direto de interferência.

No mais, essa atuação jurisdicional pode ter efeito somente entre as partes do processo (inter partes)ou ser aplicável aos demais casos similares (erga omnes) e pode alterar ou manter o status quo das po-líticas e das leis.

Segue-se uma descrição pormenorizada dos quatro papéis adaptados à ordem jurídica brasileira e àconfiguração do Poder Judiciário nacional.

1. Veto Player

O Judiciário tem papel essencial de vetar leis e políticas públicas que estejam em confronto com asConstituições Federal e Estaduais, retirando- lhes do ordenamento jurídico, de modo a reestabelecero status quo jurídico vigente anteriormente à promulgação do ato normativo inconstitucional, em defesada higidez da ordem constitucional. Tais decisões, por óbvio, têm efeitos erga omnes.

Como prova da magnitude do desempenho do papel comparativamente a outros países, observou-seque, entre 1988 e 2002, o Supremo Tribunal Federal invalidou mais de 200 leis federais por meio deações diretas de inconstitucionalidade, enquanto os Estados Unidos no decorrer de toda sua históriajulgaram inconstitucionais somente 135 leis (TAYLOR, 2007).

A teoria geral do controle de constitucionalidade não permite que atos de efeitos concretos sejam objetodesse controle, motivo pelo qual não seria possível haver a declaração de inconstitucionalidade de po-líticas públicas, por se tratarem de normas de efeito concreto, a ADPF nº 45/DF reconheceu que talcontrole pode ser feito em tese, em prol da garantia do cumprimento do “mínimo existencial” no quediz respeito aos direito sociais, econômicos e culturais.

Nesse sentido, as medidas que se destinam a assegurar que políticas públicas inconstitucionais não semantenham vigentes são a ação direta de inconstitucionalidade genérica (ADI), a ação declaratória deconstitucionalidade (ADC) – ambas reguladas pela Lei 9868/99, a arguição de descumprimento depreceito fundamental (ADPF) – Lei 9882/99 – e o mandado de segurança impetrado por parla mentarem face do seu direito líquido e certo de não votar projeto de emenda à Constituição tendente a aboliros bens assegurados por cláusula pétrea, hipótese assegurada pela posição do STF assentada no julga-mento do MS 20.257/DF.

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2. Policy Player

Um segundo papel do Poder Judiciário no processo de produção e implementação de políticas públicasconstitui-se na modulação do seu conteúdo, interpretando o bloco normativo em conjunto para se de-terminar o sentido e a aplicabilidade almejados pelo legislador, ou mesmo pelo próprio constituinte.Essa atuação se explicita sobretudo em caso de omissões legislativas e lacunas normativas que incidemtanto no caso concreto, quanto no abstrato.

No caso concreto, o mandado de injunção (MI) é a ação constitucional mais indicada a ser aplicadapara casos em que a omissão legislativa que esteja impedindo a fruição de direitos, liberdades e prer-rogativas inerentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania (art. 5º, LXXI da CF). Já no âmbito abs-trato, utiliza-se a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO), prevista no art. 103, da CF.

Além de induzir o Poder Legislativo a tomar medidas corretivas e reformular omissões legislativas, oJudiciário pode agir como legislador positivo na hipótese da inércia do legislador. Essa postura ativanos dois casos pode gerar conflitos entre Judiciário e Legislativo, se esse interpretar tal atuação comoinvasão de seus poderes e funções constitucionais. Por isso, esse papel é melhor desempenhado quandohá grande interação entre o Judiciário e o Legislativo, seguindo as orientações da parte da doutrinaque defende o diálogo institucional. Deve-se, portanto, considerar o ambiente político antes de atuarativamente.

A interpretação conforme a Constituição, fixada em sede de controle de constitucionalidade abstrato,tem grande capacidade de alterar o conteúdo da política pública. Do mesmo modo, as súmulas vincu-lantes são meios pelos quais o Supremo

Tribunal Federal pode sedimentar um entendimento acerca de interpretação constitucional, ainda quealterando o sentido original da disposição normativa – dentro dos limites das disposições normativas–, havendo de reiteradas decisões sobre a matéria, revestindo-se de efeitos vinculantes e erga omnes.

Ademais, o Executivo e Legislativo podem ser auxiliados por membros do Judiciário para elaboraranteprojetos1, mesmo que informalmente2. Desse modo, a Justiça tem capacidade, ainda que implici-tamente, de influenciar na elaboração de políticas públicas.

3. Referee Player

O papel de árbitro (referee) do Judiciário visa assegurar a efetiva implementação das políticas públicas,evitando os problemas de “legislação simbólica”, termo esse desenvolvido por Marcelo Neves (NEVES,2007, p. 40-101). Trata-se de uma supervisão da sua eficaz execução, atuando como uma força externaou um árbitro em acordos envolvendo o governo, demonstrando o poder de coação judicial, ou o termocunhado no inglês: enforcement.

Tal atuação se dá pela fiscalização das atividades administrativas e pela resolução de conflitos do diaa dia envolvendo o Poder Público, que não podem ser resolvidos no âmbito das agências regulatóriasou das próprias partes.

A ação civil pública (ACP) – Lei 7347/85 –, a ação de improbidade administrativa (AIA) – Lei 8.429/92–, a ação popular (AP) – Lei 4717/65 –, mandado de segurança individual ou coletivo (MS) – Lei

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1 As Casas do Legislativo podem instituir Comissões Especiais de Notáveis para estudar questões relevantes e extrairconclusões e propostas relevantes para a atividade legislativa.

2 Membros do Judiciário podem emitir suas opiniões ou propostas por meio de entrevistas na mídia ou outros meios nãoinstitucionais.

12.016/09 – e as ações ordinárias de obrigação de fazer, não fazer ou dar quantia certa (AO) são ins-trumentos hábeis a proceder a esse controle judicial de implementação por parte do Estado.

3.1. Alternative Societal Representative

Quando o Poder Judiciário atua como representante alternativo da sociedade para trazer justiça e re-presentação aos hipossuficientes ou vulneráveis, ele está desempenhando seu quarto papel.

Sem mudar a legislação vigente, alguns juízes, simpáticos à visão do Judiciário como instituição pro-motora de justiça social e corretora de normas míopes em relação às desigualdades fáticas, tentam,por meio da interpretação diferenciada dessas –ainda que contra a letra da lei (contra legem)–, reequi-librar a posição das partes no processo, redistribuindo os recursos legais de modo a favorecer as partesmais hipossuficientes jurídica e organizacionalmente. Tal conduta acaba por mudar o status quo legale tem efeito inter partes.

Trata-se da utilização, via interpretação diferenciada das contradições, ambi-guidades e lacunas do direito legislado numa ótica democratizante (WOLKMER,2012)

Desse modo, além de utilizarem o direito de modo alternativo, promovem um fórum (uma arena po-lítica) para defesa dos direitos civis e sociais, sob o princípio da igualdade anterior à lei, tornandoalguns conflitos mais salientes que outros. Atuam como a voz de certas camadas da população que,normalmente, não têm acesso efetivo ao ambiente político, desempenhando um verdadeiro papel con-tramajoritário, o que expande a visibilidade pública desses conflitos para sua reformulação legal e oleque de atores que podem influenciar na implementação de políticas públicas.

A questão que se coloca, entretanto, é que os juízes não são eleitos democraticamente, portanto, nãosão objeto de accountability eleitoral (WALDRON, 2006). Assim, eles não são convencionalmente legí-timos representantes da sociedade e, por isso, a denominação de representante alternativo da socie-dade.

Ademais, há grande quantidade de especialistas que são contrários a essa atuação, uma vez que ela di-minui a segurança jurídica, pois o grau de discricionariedade dos juízes é tão alto que impede que hajaprevisibilidade sobre o teor da decisão, aumentando sua demanda3 (GICO, 2010). Confere-se ao pro-cesso judicial alta carga de subjetividade, que nem sempre equaliza as condições entre as partes e quepode faer com que o Judiciário seja capturado por grupos de interesse.

3.2. Circunstâncias que desencadearam a judicialização das políticas públicas

O fenômeno da judicialização das políticas públicas é fruto de uma conjunção de fatores históricos,políticos, culturais e jurídicos que se somam para realçar o papel político do Judiciário frente à socie-dade e à ordem constitucional.

Por um lado, a Constituição Federal de 1988 e suas emendas4 ampliaram significativamente o rol dedireitos fundamentais exigíveis judicialmente e as garantias à sua efetivação, além de declarar o prin-cípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF). Desse modo, reputou-se ao Judiciário umpapel político nunca antes configurado no ordenamento jurídico brasileiro, o que foi ratificado pela

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3 Maior probabilidade de obter decisão favorável apesar de não ter direito segundo a interpretação da lei estritamente.4 Principalmente, a EC nº 45/2004.

série de normas infraconstitucionais que sobrevieram, trazendo instrumentos processuais inovadoresvoltados a efetivar tais direitos fundamentais (WATANABE, 2010). Assim, os cidadãos, cada vez mais,passaram a se conscientizar e continuam se conscientizando sobre seus direitos e pleiteando-os pelasvias judiciais existentes.

Por outro lado, uma revolução paradigmática pairou sobre os aplicadores do direito somente algunsanos após a promulgação da Constituição, muito influenciada por ideais neoconstitucionalistas e, deforma mais abrangente, pós-positivistas, seguindo uma tendência mundial denominada de judicial em-powerment (WOODS, HILBINK, 2009). Verificou-se uma relevante alteração da visão dos magistradossobre seu papel na sociedade, liderada pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo depois da saída doMinistro Moreira Alves.

Além disso, a sociedade também passou a ver o Judiciário como uma arena política vantajosa5 para adisputa de interesses que muitas vezes não tinham espaço no Parlamento, uma vez que, independen-temente da força política das partes, ambas são ouvidas igualitariamente em juízo, dando voz a atorespolíticos muitas vezes sufocados pela regra da maioria. Assim, grupos minoritários passam a ser con-siderados, mesmo que marginalmente, na elaboração das políticas (MILL, 1998). Noutro giro, as cortessão importantes por serem depositárias de fé pública, sopesando os princípios essenciais da sociedadeao julgar a legalidade (TAYLOR, 2007).

Assim, enquanto o Judiciário se torna mais eficiente6 e realoca seu espaço diante dos outros poderes,suas oportunidades de decidirem contra as preferências desses aumentam (graças a mecanismos hori-zontais e checks and balances), o que força os legisladores a pensarem mais a respeito da adequaçãoconstitucional ao elaborarem as leis, antecipando-se num debate político uma possível reação judicial(SOUSA, 2010).

Diferentemente do que muito se propaga, o Judiciário não encabeçou esse processo, em busca de maispoder ou visibilidade. Ele, pelo contrário, diante do seu papel intrinsecamente passivo, apenas respondeàs demandas que lhes são propostas. Nesse passo, a proporção dessa atuação se deverá aos padrõesdas negociações políticas e dependerá do nível de recorribilidade dos perdedores do jogo político nasinstâncias judiciárias (TAYLOR, 2007). Contudo, o âmbito de sua atuação e o grau de interferênciapodem ter diferentes repercussões sociais, motivo pelo qual se deve estabelecer limites até onde elepode atuar.

Isso porque deve-se levar em conta que o Legislativo e o Executivo têm maior sensibilidade políticae capacidade técnica para fazer diagnósticos e encontrar meios de aprimoramento das políticas públicas,pelo processo de tentativa e erro inerente ao ambiente democrático.

Todavia, há situações “atípicas”7 nas quais tal intervenção é bem- vinda, como releva Waldron (WAL-DRON, 2006), um dos maiores críticos da revisão judicial. Sobre o tema, Bickel (BICKEL, 1962) orienta:

A corte deve ter sabedoria para deixar o colóquio decantar novos valores, edecidir somente quando a solução pareça uma decorrência natural desse pro-cesso (BICKEL, 1962, p. 240).

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5 De acordo com a teoria do venue-seeking, grupos de interesse procuram a arena institucional que mais lhes convém.Judiciário é atrativo pela sua capacidade de impor decisões.

6 Grande tem sido a quantidade de estudos no sentido de combater a morosidade do Judiciário. Tornando o Judiciáriomais eficiente, capaz de responder às demandas jurisdicionais da sociedade, ele terá mais credibilidade e terá espaçoe disposição para desempenhar corretamente seus papéis nas políticas públicas.

7 Situações essas em que não se encontram presentes os seguintes componentes: instituições democráticas e judiciaisnão representativas em bom funcionamento; compromisso da maioria da sociedade com a ideia de direitos e um de-sacordo de boa-fé sobre direitos.

Em contrapartida, é importante asseverar que, a partir do momento em que as decisões judiciais inter-vêm de forma direta no domínio econômico, elas podem gerar ineficiências, tendo-se em vista que setrata de uma regulação de parâmetros econômicos sem o devido conhecimento das características domercado e dos custos dos fatores de produção, apesar dos instrumentos processuais de cognição,mesmo que algumas vezes falhos, permitirem às partes trazerem ao órgão decisório a maior quantidadepossível de informação para que esse forme sua convicção para o julgamento da questão.

Como defendia Peter Häberle (HÄBERLE, 1997), a jurisdição constitucional deve abrir seus canais decomunicação, possibilitando que a sociedade tenha voz na interpretação da Constituição, por meio dademocratização dos procedimentos. Se a análise judicial não tiver uma visão ampla dos impactos desuas decisões, ineficiências provavelmente surgirão.

Portanto, exige-se que o Poder Judiciário reaja às demandas de forma adequada, com vistas a alcançarum maior nível de bem-estar social por meio de sua intervenção, munindo-se de instrumentos proces-suais mais hábeis possíveis de propiciar amplo conhecimento das peculiaridades fáticas e jurídicas docaso a ser julgado.

3.3. Efeitos dessa Intervenção

Diante dos argumentos apresentados na seção anterior, é inegável que toda essa evolução institucionalno sentido de inserir o Poder Judiciário como um ator político garantidor dos direitos fundamentaisestabelecidos pela Constituição trouxe grandes benefícios sociais. Por outro lado, observam-se atual-mente diversas decisões judiciais que acabam por gerar, a contrario sensu, malefícios para a sociedadecomo um todo. Dessa duplicidade doutrinária surge a questão a respeito da forma de se vislumbrar talfenômeno institucional.

Uma adequada e inusitada saída da Análise Econômica do Direito é reconhecer que a gestão de recursosà disposição do Estado para a consecução dos ob jetivos socialmente relevantes e politicamente deter-minados trata-se de um problema indubitavelmente econômico, vez que se trabalha com alocação derecursos escassos.

Nesse sentido, pode-se analisar a intervenção judicial em políticas públicas sob a ótica econômica,considerando-se crescente o custo marginal da intervenção e decrescente o seu benefício marginal, emtermos de utilidade. Assim, a intervenção judicial agrega bem-estar à sociedade por meio de incrementode utilidade a seus membros, mas, ao mesmo tempo, ela gera custos ao erário, ou até perda de utilidadepor outros indivíduos, que diminuem o bem-estar social. Desse modo, o limite ideal de intervençãojudicial seria o ponto em que o benefício marginal dessa decisão compensasse o seu custo marginal(MENEGUIN, 2014).

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Figure 1 - fonte: MENEGUIN, 2014

É justamente dessa percepção que devem provir os fundamentos para a imposição e estabelecimentode limites à atuação judicial no campo das políticas públicas. Nada mais determinante do que o interessecoletivo, aqui medido em termos de bem-estar, para orientar a fixação de parâmetros claros para talatuação.

Desse modo, a partir do momento em que o reconhecimento de algum direito social individualmentegerar prejuízos para o atendimento da população como um todo, apesar do incremento de utilidade in-dividual, esse pedido não deverá ser deferido, sob pena de se ferir o princípio da isonomia.

Utilizando-se desse raciocínio, é possível enumerar algumas situações em que a intervenção trará in-cremento de bem-estar, como, por exemplo:

• Quando o direito fundamental cuja proteção se pleiteia judicialmente não esteja contempladoem nenhuma das políticas públicas existentes no planejamento orçamentário;

• Quando o planejamento ou programa da política pública inviabilizar ou tornar inútil o direito aser protegido (CORTEZ, 2010);

• Em caso de reavaliação diante de situações emergenciais (CORTEZ, 2010);

• Em caso de intervenção para assegurar tratamento igualitário aos destinatários do programa(CORTEZ, 2010);

• Para questionar o descumprimento das políticas públicas ou deliberações coletivas (orçamentoparticipativo) (CORTEZ, 2010)

Ademais, além dessas hipóteses tudo irá depender da análise no caso concreto, sopesando-se os custossociais em que a sentença incidirá e os seus benefícios. Tais parâmetros, aliás, devem ser mais facil-

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mente identificados por meio dos instrumentos processuais postos a dispor da sociedade, os quais secolocam como verdadeiras garantias constitucionais.

Vale ressaltar ainda que, a partir dessa análise, esvazia-se o cerne da discussão entre favoráveis e con-trários à intervenção do Judiciário em políticas públicas, vez que observa-se que a intervenção trarábenefícios à sociedade até o ponto I* do gráfico da figura 1 e malefícios ao se ultrapassar esse ponto.

A seção seguinte trará o estado atual desse embate na doutrina e na jurisprudência sobre o tema, paraque se possa confrontar com a proposta acima apresentada.

3.4. Limites doutrinários e jurisprudenciais

É sabido que a discussão quanto aos limites da intervenção do Judiciário em políticas públicas atual-mente tem se focado nos parâmetros jurisprudenciais8 construídos nos últimos anos, girando em tornodos conceitos de mínimo existencial, razoabilidade da pretensão e da reserva do possível (GRINOVER,2013).

Conforme tal entendimento, o Poder Público não pode se escusar a garantir ao cidadão as “condiçõesmínimas de existência humana digna” (BARCELLOS, 2007), por meio de prestações positivas –consubs-tanciadas em políticas públicas– que atendam ao princípio da razoabilidade (adequação entre medida-fim, necessidade da tutela e utilização do princípio da proporcionalidade), ainda que se invoque acláusula da reserva do possível.

Além disso, a doutrina baliza tal controle sob os parâmetros das normas constitucionais e infraconsti-tucionais, guiando-se pelo respeito e efetivação do núcleo básico de direitos fundamentais. Assim,qualquer ato administrativo ou legislativo que comprometa a integridade e a eficácia dos fins do Estado,será passível de sindicabilidade judicial, que deverá se pautar em adequada e consistente fundamen-tação e na visão coletiva das políticas públicas, considerando os custos sociais como um todo.

No mais, levanta-se o aspecto da razoabilidade (ou proporcionalidade), segundo o qual a política pú-blica deve ser se utilizar de meios adequados, proporcionais e necessários ao fim que almeja, que secoaduna intimamente com as bases dos limites sugeridos. Como exemplo, pode-se citar o julgado daADPF 101 em que o STF lançou mão do princípio da razoabilidade para proibir a importação de pneususados em nome de políticas públicas preventivas de doenças graves ou contagiosas, como a dengue.

Realmente, é indispensável que os direitos fundamentais previstos na Constituição sejam fruíveis, sobpena de se retroagir à antiga hermenêutica que dispensa a eles mero papel programático. Contudo,esse movimento em prol efetivação dos direitos fundamentais não pode atropelar o planejamento or-çamentário do Estado e, em última instância, os direitos fundamentais de uma infinidade de outros ci-dadãos que se colocam perante o Poder Público em condições de igualdade frente aos demais.

Outrossim, em tema de políticas públicas, praticamente todas as demandas envolvem aspectos do mí-nimo existencial e da dignidade da pessoa humana –como saúde, educação e trabalho–, motivo peloqual é possível que haja a banalização desses termos com vistas a se permitir a concessão das pretensõesindividuais.

Assim, os parâmetros estabelecidos pelo estudo buscam reduzir o nível de subjetividade na fixação detais fronteiras e tornar factível a atuação do Judiciário sem que o impacto nefasto sobre as contas pú-blicas e sobre os direitos dos demais indivíduos. Em última análise, essa nova perspectiva se apresenta

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8 Sobretudo, a ADPF nº 45

como uma extensão do princípio da razoabilidade, elevando a análise de custo-benefício marginal apatamar privilegiado na fundamentação das decisões judiciais a respeito de políticas públicas.

Conectando tais teorias com a apresentada na seção anterior é possível estabelecer parâmetros proces-suais para essa intervenção.

3.5. Instrumentos processuais como limites à intervenção do Judiciário nas Políticas públicas

Diante dos parâmetros estabelecidos acima, faz-se necessário pensar em um novo modelo de processo,acomodando o sistema processual vigente ou até propondo novos institutos capazes de instrumentalizaras pretensões das partes que litigam em ações em que se discutem políticas públicas.

Em primeiro lugar, deve-se adaptar a gestão do Judiciário a uma estrutura que permita que os juízes,o Ministério Público, a Defensoria Pública, as organizações civis e os cidadãos mantenham comuni-cação entre si, compartilhando informações pertinentes à efetivação dos direitos sociais estabelecidosna Constituição. Em especial, a inter-relação entre magistrados é essencial para que esses possam com-partilhar uma visão global a respeito do impacto de suas decisões sobre o orçamento público e sobreo incremento de bem estar aos jurisdicionados e, além disso, harmonizar entendimentos.

Ainda sob esse aspecto, é pertinente, sempre que a lei permitir, a reunião de processos ou a conversãode ações individuais em coletivas, com o mesmo objetivo de trazer uniformidade às decisões e realnoção das proporções econômicas que estão tratando. Vale até a criação de varas especializadas parajulgamento de causas que envolvam políticas públicas, permitindo que os juízes que atuem nelas ad-quiram o know-how de como lidar com esse tipo de demanda.

Nesse sentido, a instituição do CNJ, com a Emenda Constitucional nº 45/2004, tem intensificado essavisualização e discussão de temas jurídicos e sociais polêmicos e que necessitam ser normatizados,gerando insumos democráticos essenciais para a formação de políticas públicas legítimas e estáveis.

Em segundo lugar, o modelo de cognição deve ser expandido o máximo possível com vistas à formaçãode uma consolidada convicção da Justiça quanto às complexas questões de fato e de direito que en-volvem o assunto e à legitimação pela abertura do procedimento, aproximando-se da ideia de PeterHäberle de uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição (HÄBERLE, 1997). Dado o interessegeral nessas ações, por estarem em jogo direitos fundamentais, o processo deve permitir a participaçãoampla da sociedade, por meio, inclusive, de institutos já existentes como as audiências públicas e a fi-gura do amicus curiae, para que todos possam auxiliar na produção de provas.

Nesse ponto, vale frisar que é indispensável a consideração de opiniões de especialistas e técnicos doassunto, sobretudo os que se encontram em capacidade estratégica de saber se é possível ou não oatendimento das pretensões dos autores frente à alocação orçamentária estabelecida pelos poderescompetentes. Sugere-se, inclusive, o estabelecimento pelos tribunais de um corpo próprio de peritosespecializados em políticas públicas e na análise socioeconômica de seu impacto9.

Nessas situações, aliás, é adequada a utilização do instituto da inversão do ônus da prova – constantedo art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor –, tendo-se em vista as melhores condições do

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9 A instrução documental deve ser minuciosa, colacionando-se aos autos todos os documentos necessários à prova defatos que obstam o atendimento da pretensão do autor ou autores, sob pena de serem declarados insubsistentes e in-fundados os argumentos aventados pela Administração Pública. À parte autora também cabe o dever de se desincumbirdo seu ônus probatório, demonstrando estar configurada situação em que os benefícios marginais do pedido exorbitamseus custos marginais.

Estado produzir provas sobre sua situação orçamentária, podendo ser, inclusive, auxiliados por Tribu-nais de Contas. Por outro lado, a assistência litisconsorcial de instituições legitimadas a propor açõescoletivas e outras ações constitucionais é um meio eficaz de expandir a capacidade probatória da parteautora, assim como sua força argumentativa, sobretudo por meio do instrumental disponibilizado pelasações coletivas, como defende Ada Pellegrini Grinover (GRINOVER, 2002).

Em terceiro lugar, o processo deve permitir que o Judiciário acompanhe a implementação da políticapública corrigida, mesmo após o trânsito em julgado, impondo sobre o seu descumprimento sançõescapazes cessá- lo, como multas (astreintes), imputação de crimes aos responsáveis, sem prejuízo dasações de improbidade administrativa, outras sanções, ou até bloqueio de verbas para garantir a efeti-vação da decisão, como foi determinado no REsp 1.069.810-RS em questões de fornecimento de me-dicamentos. Em casos extremos, caberia até intervenção federal e estadual (GRINOVER, 2013).

Enfim, é necessário investir em meios alternativos de resolução de controvérsia

–como juízo arbitral, mediação ou conciliação judicial e extrajudicial–, para fazer com que as partesenvolvidas (Estado e jurisdicionado(s)) possam vislumbrar ex ante a “força de sua pretensão” e evitaros custos gerados pela entrada em uma disputa judicial. Desse modo, se o Estado, por meio de umcontato preliminar com a causa perceber que se trata de situação em que o incremento líquido de bem-estar será positivo, ele preferirá fazer acordo extrajudicial a entrar no âmbito judicial. Nesse ponto, éessencial a uniformização de julgamentos em casos semelhantes para possibilitar a essa previsão exante do resultado da lide (GICO, 2012).

A seguir, passa-se a detalhar os instrumentos específicos de cada uma das ações por meio das quais oPoder Judiciário exerce no policymaking process.

i) Ação Direta de Inconstitucionalidade

A ação direta de inconstitucionalidade (ADI), prevista no art. 102, I, a, da Constituição Federal e re-gulada pela Lei n. 9.868/99, é uma das principais expressões do papel de veto do Judiciário nas políticaspúblicas (veto player). Tem papel de destaque nesse âmbito por ser capaz de retirar do ordenamentojurídico políticas públicas incongruentes com os mandamentos inconstitucionais, sendo tal decisãodotada de efeitos erga omnes.

Interligando-se o escopo da referida ação, dadas as peculiaridades do processo objetivo, com os parâ-metros sugeridos pelo presente artigo, extrai-se que a política pública será declarada inconstitucionalse ferir o princípio da isonomia de forma irreparável, conferindo benefícios e prestações sociais a unse não a outros; se sobrevierem circunstâncias fáticas e jurídicas posteriores à promulgação da lei quea estabelece que a torne inconstitucional e se a forma adotada de implementação for considerada in-constitucional (controle tal permitido pela jurisprudência do STF, conforme a ADPF 45/DF, em decisãointerlocutória proferida pelo Min. Celso de Mello).

No tocante dos aspectos processuais, na ADI estabeleceu-se o princípio da instrumentalidade reforçada,que permite que as formas processuais sejam ma is livres para melhor satisfazer as exigências de efi-ciência do processo objetivo e para acomodar o impacto das decisões, o que possibilita que se adotemnovos instrumentos processuais, sem o longo trâmite de uma alteração legislativa, com vistas a lidard e forma mais adequada com a amplitude dos efeitos da declaração ou não na inconstitucionalidadede uma política pública (MENDES, BRANCO, 2014).

Há também o princípio da instrução que postula que o Judiciário tem poderes de investigar a fundo ascomplexidades que envolvem a questão, com relação à formulação do programa normativo e os im-pactos da decisão.

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Em decorrência desse princípio, existem meios de os magistrados, sob a discricionariedade do relator,obterem mais elementos sobre tema e pontos de vistas distintos sobre a aplicabilidade e a inconstitu-cionalidade da política ou da norma, como pela participação da Advocacia Geral da União, da Procu-radoria-Geral da República (art. 8o da Lei n. 9.868/99), dos Tribunais Superiores, Federais e Estaduais(art. 9o, §2o da Lei n. 9.868/99) e de outras entidades ou instituições que expressem os valores essen-ciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais, no papel de amicus curiae (art. 7o, §2o, Lei n.9.868/99), demonstrada a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes; de peritos oucomissões de peritos, para que emitam parecer sobre a questão e podem fixar data para, em audiênciapública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria (art. 9o, §1o, da Lein. 9.869/99).

Esses são mecanismos que dão legitimidade à decisão, retirando o caráter subjetivo do caso para as-sumir função de defesa da ordem constitucional objetiva, trazendo o diálogo judicial e o contraditóriocomo fator consenso às deliberações sobre políticas públicas. Isso porque pluralizam e democratizamo debate constitucional, por meio de uma abertura dialógica essencial para o amadurecimento da de-mocracia, do constitucionalismo democrático e da prática jurisdicional constitucional, a partir da quedado caráter apolítico da Corte Constitucional, que “atrai uma permanente e crescente preocupação coma legitimidade da atuação desse órgão de poder” (VALLE, 2012, p. 62).

Ampliando o espectro de análise probatória dos casos que são colocados para sua decisão, o Judiciáriose mune de maior compreensão e discernimento do alcance de sua sentença, vez que os diversos custose benefícios são colocados à sua disposição por intermédio de pareceres e conclusões técnicas, pro-fundamente fundamentadas nas ciências que lhe dão base.

Conectado com o anterior, está o princípio do controle material, segundo o qual o órgão julgador deveconsiderar a ligação entre fatos e norma, motivo por que se devem investigar de forma integrada oselementos fáticos e jurídicos no julgamento do mérito. Assim, o orçamento como se coloca como umelemento fático determinante a ser observado, assim como a prova do excepcional incremento de bem-estar social gerado pela concessão do pedido do autor (MENDES, BRANCO, 2014)

Noutro giro, o amplo rol de legitimados disposto no art. 103 da CF, apesar de limitar a demanda paraessa espécie de ação, conferiu um grande trunfo a cada um daqueles atores políticos, os quais têm sig-nificativa capacidade de instrução processual, o que facilita a delimitação dos limites em que a Justiçadeve atuar. Além disso, a possibilidade de modular os efeitos da decisão também se coloca como umeficaz meio de diminuir o impacto das decisões nos casos concretos, o que deve ser contabilizado nomomento de se estabelecer o horizonte temporal em que incidirão os custos e os benefícios sociaisanalisados.

Apesar de desempenhar papel predominantemente de veto, tal ação também se expressa pelo papelpolicy player quando é utilizado o princípio interpretativo da interpretação conforme a Constituição,uma vez que o órgão julgador escolhe uma interpretação dentre várias possíveis, compatível com obloco de constitucionalidade, diante da polissemia do dispositivo normativo produzido pelo legislador.Assim, alteram-se certos aspectos da política pública, para melhor adequá- la aos ditames constitucio-nais.

ii) Ação Declaratória de Constitucionalidade

O papel de veto também se revela quando o órgão julgador declara a constitucionalidade de uma leiou política, em face da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição daação declaratória. É o que ocorre quando da interposição da Ação Declaratória de Constitucionalidadeao STF (art. 102, I, “a”, CF), cujo objetivo é transformar uma presunção relativa (juris tantum) deconstitucionalidade de certa lei em absoluta (juris et de jure), não mais admitindo prova em contrário.

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Desse modo, gera-se estabilidade e segurança jurídica para as políticas públicas submetidas a essecrivo. Tal decisão vinculará os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, que não maispoderão declarar a inconstitucionalidade da aludida política, tendo efeito erga omnes. Seus legitimadossão os mesmos da ADI.

A respeito dos aspectos processuais, valem os mesmos apontamentos feitos para a ação direta de in-constitucionalidade, uma vez que se aplicam os mesmos institutos processuais, presentes na lei8969/99.

iii) Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais

A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi instituída para suprir lacunas existentesentre o controle de constitucionalidade concentrado e o difuso, ao possibilitar o controle de atos nor-mativos municipais e pré-constitucionais, e para reduzir o grande número de controvérsias constitu-cionais existentes até então. Ela se presta a evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultantede ato do Poder Público e quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre leiou ato normativo federal, estadual ou municipal (art. 102, § 1o, da CF). Comporta-se, ora como vetoplayer, ora como referee player, porque pode terminar por invalidar a política pública ou corrigir des-vios de políticas públicas que tenham gerado ou possam gerar lesão. Novamente, as disposições pro-cessuais aventadas para a ADI aplicam-se à ADPF.

Uma peculiaridade dessa espécie de ação é que ela só será admitida se não houver outro meio jurisdi-cional eficaz para sanar a lesividade. Nesse sentido, há precedentes que conhecem de ADPFs em si-tuações que cabem outras ações, mas que essas não se mostram eficazes de proceder devidamente àtutela. Ou seja, é um instrumento subsidiário que reforça a instrumentalidade da jurisdição para res-guardar preceitos fundamentais da constituição, dentre eles os direitos sociais, tendo sentido maisamplo do que o dos direitos fundamentais, relacionados à questões vitais do regime constitucional(SAMPAIO, 2011).

iv) Mandado de Injunção

O mandado de injunção, disposto no art. 5o, LXXI, da CF, é um remédio constitucional cabível nafalta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionaise das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Tal remédio constitucional sepresta, no presente caso, para atuar em situações em que não há política pública que ampara o directofundamental do indivíduo, sobretudo prerrogativas de cidadania, de modo a impedir o seu exercício.

Trata-se de uma ação constitucional de garantia individual, encaixando-se como um meio controle di-fuso. Pode ser impetrado por qualquer pessoa, inclusive por uma coletividade (mandado de injunçãocoletivo), conforme a jurisprudência do STF (MI 472-2; AgRgMI 595-MA), pleiteando regulamentaçãode matéria cuja ausência de regras está inviabilizando a fruição de direitos e liberdades de seus mem-bros.

Encaixa-se como instrumento de intervenção do Judiciário nas políticas públicas no papel policy player,pois permite que se pleiteie a fruição de direitos sociais obstados pela falta de norma pela indicaçãopelo órgão decisório do direito a ser aplicado no caso concreto ou em tese. Desse modo, é possível sechame atenção para direitos não contemplados por nenhuma política pública existente.

Analisando-se mais profundamente o tema a respeito dos posicionamentos do Judiciário em relaçãoao modo de atuação jud icial nos mandados de injunção, vislumbram-se quatro visões principais: deque o Judiciário legisla no caso concreto, com efeito erga omnes, até que sobrevenha norma integrativa

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por parte do Legislativo (concretista geral); de que esse ato tem efeito somente inter partes (concretistaindividual direta); de que a atuação ativista deve ser implementada, somente após o esgotamento doprazo para o Legislativo elaborar a norma regulamentadora (concretista individual intermediária) e deque a decisão apenas decreta a mora, reconhecendo formalmente a inércia do Legislativo sem se em-prestar ao magistrado qualquer poder legislativo (não concretista).

De todas as posições possíveis, a terceira foi a última a que tem sido mais adotada demonstrando umprocesso de ativismo judicial ainda cauteloso, apesar de tender cada vez mais à primeira e à segunda.Não obstante, sendo a inércia desarrazoada, negligente e desidiosa, o Judiciário tem se utilizado deuma postura mais próxima ao concretismo, influenciando de modo mais incisivo as políticas públicasanalisadas, ou melhor, sua ausência.

De todo modo, o Judiciário, ao se utilizar da teoria concretista, deve agir com cautela, calculando cui-dadosamente os efeitos da sua atuação como legislador positivo. Tem-se o exemplo da reconhecidamora de diversos Chefes do Executivo iniciarem o projeto de lei sobre revisão geral de remuneraçõesno serviço público. Quando o órgão julgador adota a posição concretista, ordenam que se apliquem osíndices de correção do IPCA dos anos dos anos anteriores. Não obstante, dever-se-ia ouvir profissionaisque tratam do orçamento do exercício em curso para conferir se tal medida não desregularia as finançaspúblicas.

Quanto ao aspecto processual, ainda não há lei regulamentando tal remédio constitucional, aplicando-se-lhe os procedimentos relativos ao mandado de segurança, enquanto não editada a legislação espe-cífica (art. 24, parágrafo único, da Lei n. 8.038/90).

v) Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão

Com o mesmo objetivo, mas com pequenas distinções, a Constituição Federal instituiu a ação decla-ratória de inconstitucionalidade por omissão (ADO), no seu artigo 103, § 2o e na lei 12.063/09, sendomais um mecanismo de realização do papel de veto, no controle abstrato. Diante da falta de medidaregulamentadora de artigo da Constituição de eficácia limitada, interpõe-se ADO como meio de torná-lo efetivo (inertia deliberandi é seu objeto). Para maior aproveitamento das demandas, o STF reco-nheceu ser possível a aplicação da fungibilidade entre ADI e ADO.

Também é possível em caso de omissão parcial e relativa – quando houver necessidade de atualizar oprograma normativo dos regulamentos editados, ou ferirem o princípio da isonomia, por deixar decontemplar situações que igualmente deveriam estar incluídas no programa normativo. Desse modo,políticas públicas que estejam desatualizadas ou que firam o princípio da isonomia poderão ser retiradasdo ordenamento jurídico pela ADO, no desempenho do papel de veto player. Os legitimados para suainterposição são os mesmos da ADI.

Julgada procedente a ADO, será dada ciência ao órgão competente, constituindo-o em mora. Em setratando de órgão administrativo, deverá fazer a lei no prazo de 30 dias (ou em prazo razoável, excep-cionalmente), sob pena de responsabilidade, reconhecendo-se uma eficácia mandamental média. Masse a inconstitucionalidade decorrer de órgão legislativo, a Constituição e a lei não cogitaram sequer oprazo para suprimento da omissão, limitando tal decisão a uma eficácia mandamental mínima, tendoem vista que há ao menos uma sanção de natureza política. Além do mais, vale ressaltar que o STFnão pode suprir de forma alguma a omissão inconstitucional.

Desse modo, conclui-se que, apesar de conter instrumentos processuais mais hábeis a fazer com quea omissão inconstitucional seja suprida, o mandado de injunção tem se mostrado mais eficiente paratanto, tendo em vista o manejo desses instrumentos pela jurisprudência, sobretudo pela ampliação dashipóteses de sua admissibilidade.

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vi) Ação Civil Pública

A ação civil pública (ACP) é um dos mais eficazes instrumentos na tutela dos direitos difusos e cole-tivos, sobretudo, os assegurados em políticas públicas vigentes, regida pela Lei nº 7.347/85. Por talmotivo é uma das mais exatas exteriorizações do papel de referee player. Muito da eficácia dessa tuteladecorre da positivação de institutos processuais mais fluidos e adaptados a pretensões que envolvemgrandes proporções de demandantes, unidos por uma mesma origem fática, jurídica ou qualquer outraorigem comum.

O acompanhamento da implementação das políticas públicas e a denúncia do seu descumprimento re-querem uma espécie de processo que tenha alcance mais amplo que os convencionais, expandindo osmeios de instrução e de participação do processo, conectando-se com meios alternativos de resoluçãode controvérsia (como o TAC – art. 5o, §6º), prevendo-se efetivas sanções e possibilitando a reuniãode processos tutelados individualmente. Passa-se à pormenorização de cada um desses elementos.

A instrução na ação civil pública pode ser precedida por um inquérito civil conduzido pelo MinistérioPúblico para averiguar provas e elementos de convicção, com grandes poderes investigatórios, regu-lamentado pela Resolução nº 23 do CNMP. Há também a possibilidade de ser firmado termo de ajus-tamento de conduta (art. 5o, §6o), judicial ou extrajudicialmente, por órgãos públicos legitimados paraa proposição da ação, como o Ministério Público e a Defensoria Pública. Com ele é possível que seexija o cumprimento de condutas exigidas legalmente, sob pena de ser executado como título extraju-dicial, importando no pagamento de cláusulas penais in pecúnia previamente estabelecidas que se re-vertem a um fundo específico, gerido pelo Conselho Federal ou Conselhos Estaduais (art. 13).

Outros fatores interessantes são a imprescritibilidade em caso de dano ao erário (indicar dois arestosdo STJ); a possibilidade de se proceder ao controle incidental de constitucionalidade, de requerer qual-quer tipo de tutela e de o juiz inverter o ônus da prova; uma legitimação extraordinária em que foramincluídas entidades de grande representatividade e capacidade de produção de provas (art. 5o), podendoqualquer um provocar a iniciativa do Ministério Público; a indisponibilidade da ação, substituindo oMinistério Público em caso de desistência infundada (art. 5o, §3o) e de não promoção da execuçãoem 60 dias do transito em julgado (art. 15).

Ademais, processos individuais também podem ser reunidos e sobrestados para aguardar a decisão docoletivo, propiciando-se os benefícios já mencionados.

vii) Ação de Improbidade Administrativa

A ação de improbidade administrativa, regulamentada pela Lei n. 8.429/92, é o instrumento pelo qualé possível penalizar os responsáveis pelo descumprimento de implementação de políticas públicas nostermos dos atos normativos que a criam, auxiliando, pois, o Judiciário no desempenho do seu papel dereferee player. O diploma caracteriza como ato de improbidade administrativa qualquer daquele pra-ticado por agente público, em sentido amplo, que importe em enriquecimento ilícito (art. 9o), dano aoerário (art. 10o) e violação de princípios da administração pública (art. 11), independentemente daocorrência de dolo nos dois últimos casos.

Como se percebe, há um grande espectro de desvios de comportamento por parte de agentes públicosque podem ser repreendidos por essa ação, indo da grave obtenção de vantagem particular ilícita a ummero desrespeito ao dever de lealdade às instituições, por exemplo.

No que diz respeito às sanções, a respectiva lei estabeleceu punições rigorosas, envolvendo ressarci-mento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil combase no acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ouincentivos fiscais ou creditícios. Portanto, construiu-se um eficaz mecanismo de incentivo ao cumpri-

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mento das políticas públicas, agora cabe aos magistrados utilizá- lo com destreza para que os respon-sáveis vislumbrem o alto grau de punibilidade por essas condutas.

Vale ressaltar também que, na medida em que se ordena o ressarcimento integral do dano causado ede multa civil, o erário passa a ser capaz de se recompor, recuperando sua capacidade de promover,por meio das políticas públicas vigentes e a serem criadas, os direitos fundamentais dos cidadãos.

Os mecanismos de instrução do processo também se mostram bastante eficientes, permitindo a parti-cipação da órgão público lesado, do Ministério Público e do Tribunal ou Conselho de Contas, o queexpande a capacidade probatória da configuração dos atos definidos como de improbidade adminis-trativa, apesar de se representar a todo momento a ampla defesa e o contraditório. Aplica-se aos de-poimentos ou inquirições procedimentos do Código de Processo Penal, que permitem maior minúciana colheita de provas. Soma-se a isso o fato de o art. 14 prever que “qualquer pessoa poderá representarà autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação ao órgão ou ao MP e aotribunal de contas”.

No mais, para garantir a efetividade da medida, há mecanismos postos à disposição do juiz e das partes,como o sequestro de bens, a investigação, exame e bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações fi-nanceiras mantidas pelo indiciado no exterior (art. 16), inclusive mitigando a impenhorabilidade debens públicos. Mostra-se, assim, um instrumento hábil à consecução do papel de árbitro do Judiciáriono controle das políticas públicas.

viii) Ação Popular

A ação popular é mais uma das ações constitucionais instituídas para trazer o cidadão para dentro dosistema político-democrático, conferindo-lhe poder de controle sobre os atos públicos nunca antes pre-visto no ordenamento jurídico brasileiro. O fato de um só cidadão ter a possibilidade de mover a má-quina judiciaria para que se investigue atos lesivo ao patrimônio público. O diálogo processual abertoaos diversos agentes envolvidos da sociedade permite que o órgão julgador identifique com maior ve-rossimilhança onde incidem os incrementos e as perdas de bem-estar social.

Quando as políticas públicas entram em vigência, qualquer pessoa prejudicada pode pleitear judicial-mente seu cumprimento, da forma mais eficaz e adequada, não se limitando a pretensões pecuniárias.Tal atuação pode, segundo estudo de Alston (ALSTON, 2009), diminuir os gastos públicos, déficits fis-cais e a corrupção, sendo, pois, indispensável para o crescimento econômico do país. Além disso, ins-titui um ambiente legal seguro para o investimento, onde há previsibilidade quando da promulgaçãodas políticas.

ix) Mandado de Segurança

No que toca ao mandado de segurança, ele funciona como um instrumento de consecução dos papéisreferee player e de alternative societal representative. Trata-se de remédio constitucional destinado atutelar direito líquido e certo que não seja amparado por habeas corpus e habeas data, tanto na via in-dividual quanto na coletiva.

Importante frisar que não pode haver dilação probatória nesse tipo de ação, devendo o autor apresentarprova pré-constituída, comprovando a ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou pessoajurídica no exercício de função delegada do poder público. Portanto, todo o trâmite processual norma-tizado pela Lei n. 12.016/2009 mostra-se mais célere do que grande parte dos procedimentos. Por taismotivos, tem sido eficaz instrumento para pleitear prestações positivas que a Constituição incumbiuao Estado o dever de provê-las.

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Contudo, o grande problema do mandado de segurança individual é a visão isolada das repercussõesdas possíveis decisões, o que dificulta a análise do seu custo e benefícios marginais. O mesmo apon-tamento não vale para o mandado de segurança coletivo, disposto nos artigos 21 e 22 da referida lei,que legitima os partidos políticos com representação no Congresso Nacional e entidades de classe,sindicatos ou associações, estas constituídas há mais de um ano, possibilita a correção das desvantagensacima citadas.

Enfim, vale destacar que o Supremo tem admitido amicus curiae em sede de MS e que é possível aconcessão de liminares, dando mais celeridade ainda ao alcance da tutela pretendida.

- Mandado de Segurança como controle preventivo de constitucionalidade

O controle preventivo de constitucionalidade das lei é exercido, em regra, pelo Legislativo, por inter-médio das comissões de constituição e justiça ou pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso,e pelo Executivo, quando utiliza-se do veto por motivo de inconstitucionalidade. Contudo, admite-se,excepcionalmente, o controle judicial para defender pela via concreta a observância do devido processolegislativo nos projetos de lei (MS23.565/DF) ou ainda para defender as matérias das cláusulas pétreas(MS 20.257/DF).

O parlamentar com assento na Casa legislativa por onde tramita a proposta pode impetrar mandado desegurança preventivo perante o STF com base no seu direito líquido e certo de não ver deliberada umaemenda à Constituição tendente a abolir os bens assegurados por cláusula pétrea.

Sob esse aspecto, o poder de veto permite que se atrase a promulgação da lei, ampliando o tempo parao debate democrático e amadurecendo pontos de consenso consoantes com a Constituição.

- Ações Ordinárias de obrigação de fazer, não fazer e de dar quantia certa

Além de todas as ações individualmente apresentadas, têm importância as ações ordinárias intentadascontra o Poder Público no desempenho dos papéis de árbitro (referee player) e de representante alter-nativo da sociedade (alternative societal representative player). Como nem todas as pretensões se ade-quam a tais espécies de ação, a sociedade se utiliza das ações ordinárias subsidiariamente para obrigaro Estado a cumprir obrigações de fazer, não fazer e dar quantia certa, sendo expressivo o volume deações manejadas nesse sentido.

Nessa seara, apresentam-se instrumentos processuais menos flexíveis e inovadores, mas ainda dotadosde eficácia para propiciar alto nível de cognição. O juiz pode inverter ou rebalancear o ônus da provae de uma série de mecanismos do procedimento comum do CPC que concedem ao magistrado de 1ograu alta capacidade de condução do processo e de obtenção dos elementos probatórios formadoresde sua convicção. Por essa maior liberdade, juízes podem buscar fazer justiça social entre as partes,concedendo direitos sociais que, apesar de serem devidos, nem sempre tem possibilidade fática deserem concedidos, acabando por prejudicar políticas públicas já existentes em prol de direitos indivi-duais judicialmente pleiteados.

Um popular exemplo é o da saúde. Há situações em que a concessão de liminares para internação emUTIs e concessões de medicamentos praticamente inviabilizam o planejamento estatal no setor, comono caso de Niterói que em um ano teve cerca de 80% da verba destinada à saúde alocada para o paga-mento das condenações oitos sentenças judiciais.

Observa-se, novamente, que deve haver cautela por parte do juiz, para que a visão individualizada do pro-cesso e de seus efeitos não tenha repercussões nefastas sobre o impacto global sobre os recursos limitados.

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O Judiciário tem papel importante nessa mudança de rumos como são implementadas as políticas pú-blicas, tendo-se em vista seu papel contramajoritário, devendo essa atuação ser balizada de forma ra-cional e cuidadosa, para que possam efetivamente trazer maior bem-estar a sociedade, cumprindo,assim, o objetivo fundamental do artigo 3o, IV: “promover o bem de todos, sem preconceito de origem,raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.

II. CASO DA INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS NAS JUSTIÇAS ESTA-DUAIS

Com base na fundamentação exposta nesse estudo, construiu-se um índice que mede o nível de atuaçãodos quatro papéis da Justiça Estadual na intervenção nas políticas públicas, com algumas restriçõesimpostas pela indisponibilidade de dados nos sistemas dos tribunais. O papel de veto mede-se pelaquantidade de ações diretas de inconstitucionalidade julgada, o papel policy player pela quantidadede mandados de injunção julgados, o papel referee player pela quantidade de ações julgadas contra aAdministração Pública e, enfim, o papel de representante alternativo da sociedade, pelo índice de re-versibilidade das decisões de primeiro e segundo graus (em anexo, a descrição pormenorizada da me-todologia utilizada). Tem-se, portanto, o seguinte resultado:

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Comparando o índice com o IDH, observa-se uma correlação positiva:

Desse modo, conclui-se que os estados brasileiros ainda desempenham, no nível agregado, uma inter-venção benéfica para a sociedade, dado que os seus benefícios marginais superam a perda de bem-estar. Contudo, esse resultado não elide a responsabilidade desses órgãos decisórios de manteremcautela nessa atuação, sob pena de ultrapassarem os limites aqui delineados.

III. CONCLUSÃO

Ante ao exposto, conclui-se que a perspectiva apresentada no presente estudo mostra-se útil e inovadorapara o estabelecimento dos limites da intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, sobretudocom o auxílio dos institutos processuais existentes no ordenamento jurídico brasileiro.

Tendo-se em vista que o fenômeno da judicialização das políticas públicas é um fato incontestável narealidade brasileira, fruto de uma série de fatores conjunturais apresentados, a doutrina e a jurispru-dência devem estabelecer limitações objetivas para essa atuação, sob pena de ferir o princípio da se-paração dos poderes e gerar grandes malefícios à sociedade.

Nesse sentido, a análise econômica de benefícios e custos marginais dessa intervenção é solução hábila nortear a atuação dos magistrados para que suas decisões efetivamente tragam aumento de bem-estarsocial. Também se conclui que, quanto mais amplos os instrumentos processuais disponíveis para aaferição desses custos e benefícios, mais precisa e acertada será a decisão judicial.

Novos estudos devem expandir tal análise e buscar aplicação empírica cada vez mais condizente coma realidade para melhor vislumbrar os impactos dessa atuação.

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ANEXO

Com o escopo de medir o nível de influência das Justiças Estaduais no processo de formação e execu-ção de políticas públicas, criamos um índice busca capturar o desempenho dos quatro papéis acimadescritos, assim sintetizado:

𝐼𝐽𝐸𝑃𝑃10 = 𝛼1(𝑉𝑃) + 𝛼2(𝑃𝑃) + 𝛼3(𝑅𝑃) + 𝛼4(𝐴𝑆𝑅)

em que VP é o índice que mede a atuação do papel de veto dos Tribunais Estaduais, PP é o índice parao papel policy player, RP para o de referee player e ASR o de alternative societal representative. Seusrespectivos �s (alfas) são as ponderações utilizadas para cada papel, dependendo de sua relevância eda disponibilidade de dados.

Se todos os dados estão disponíveis, consideramos, segundo a análise qualitativa e legal apresentada,que a ponderação de 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 e 𝛼4 será

𝐼𝐽𝐸𝑃𝑃 = 0,3(𝑉𝑃) + 0,3(𝑃𝑃) + 0,25(𝑅𝑃) + 0,15(𝐴𝑆𝑅)

Mas se não há dados para o índice referee player, a distribuição será dessa forma:

𝐼𝐽𝐸𝑃𝑃 = 0,4(𝑉𝑃) + 0,4(𝑃𝑃) + 0,2(𝐴𝑆𝑅)

e se não há dados sobre o índice alternative societal representative, utilizamos a ponderação:

𝐼𝐽𝐸𝑃𝑃 = 0,35(𝑉𝑃) + 0,35(𝑃𝑃) + 0,3(𝑅𝑃)

Enfim, se não existe dados sobre nenhum dos dois índices acima, consideramos IJEPP como:

𝐼𝐽𝐸𝑃𝑃 = 0,5(𝑉𝑃) + 0,5(𝑃𝑃)

Os dados dos dois primeiros índices (VP e PP), para os anos de 2009 a 2012 (mas para a construçãodos índices só serão utilizados os dados até 2011), foram obtidos nos sites oficiais de todos os TribunaisEstaduais, na área de pesquisa de jurisprudência. Já os dois últimos (RP e ASR), provém da base dedados organizada pelo CNJ, de 2009 a 2011.

Segue a explicação detalhada da construção de cada um dos 4 índices que compõem o IJEPP.

Índice Veto Player (VP)

Esse índice visa medir a participação como veto player do Judiciário de cada estado pelo número deações diretas de inconstitucionalidade julgadas a cada ano11

(ADI) dividido pelo número de habitantes dividido por 100.00012 (ℎ2).

𝐴𝐷𝐼

𝑉𝑃 =–––––ℎ2

A partir daí normalizamos o índice anualmente, dividindo pelo maior valor encontrado a cada ano.Desse modo, temos que 0 ≪ 𝑉𝑃 ≪ 1.

Índice Policy Player (PP)

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10 IJEPP significa Influência do Judiciário Estadual no Policymaking Process.11 Encontrados por meio da busca nos sites oficiais dos Tribunais Estaduais.

Do mesmo modo, para calcular a incidência do papel de policy player nos estados, utilizamos o númerode mandados de injunção julgados anualmente 13 dividindo-o pela população por 100.000, ou seja,ℎ2.

𝑀𝐼

𝑃𝑃 = –––––––ℎ2

Novamente, dividimos os valores encontrados pelo maior deles em cada ano, para encontrar o índicenormalizado entre 0 e 1.

Índice Referee Player (RP)

Para construir o índice do terceiro papel no artigo introduzido, utilizamos as estatísticas a seguir doCNJ relacionadas ao Poder Público como demandado. Para calcular o nível de litigância contra o PoderPúblico em cada estado, somamos o total de casos novos e pendentes contra a União, Estados, Muni-cípios, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas Federais, Estaduais, Distritais e Municipais no pri-meiro grau (CCPP1) e no Segundo grau (CCAP2):

𝐶𝐶𝑃𝑃1 = 𝑐𝑛𝑐𝑓1 + 𝑐𝑛𝑐𝑒1 + 𝑐𝑛𝑐𝑚1 + 𝑐𝑝𝑐𝑓1 + 𝑐𝑝𝑐𝑒1 + 𝑐𝑝𝑐𝑚1

𝐶𝐶𝑃𝑃2 = 𝑐𝑛𝑐𝑓2 + 𝑐𝑛𝑐𝑒2 + 𝑐𝑛𝑐𝑚2 + 𝑐𝑝𝑐𝑓2 + 𝑐𝑝𝑐𝑒2 + 𝑐𝑝𝑐𝑚2

Feito tal somatório, fizemos a media entre CCPP1 e CCPP2 para constatar o volume médio de proces-sos em curso em cada Justiça Estadual por ano:

𝐶𝐶𝐴𝑃1 + 𝐶𝐶𝐴𝑃2 2𝐶𝐶𝑃𝑃 = ––––––––––––––––––

Muitos dos estados não disponibilizaram tais estatísticas ao CNJ, trazendo-nos dificuldade em construiresse índice. Contudo decidimos por considerar apenas uma das duas estatísticas (CCPP1 ou CCPP2),caso a outra não possuísse dados suficientes. Se não houverem sido disponibilizados nenhuma dasduas, desconsideramos tal índice no cálculo final do IJEPP, redistribuindo as ponderações, como jáfoi explicado.

Caso existam as duas estatísticas, ou somente uma delas, dividiremos a nova encontrada CCPP porℎ2.

𝐶𝐶𝐴𝑃 ℎ2𝑅𝑃 = ––––––––––

E, enfim, normalizamos RP pelo maior índice do ano. Temos que 0 ≪ 𝑅𝑃 ≪ 1.

Índice Alternative Societal Representative (ASR)

A última das quatro estatísticas que constroem o índice final trata-se da mensuração do quanto cadaJustiça Estadual atua como representante alternativo da sociedade, interpretando a lei de forma anômala para realizar justiça social entre as partes. Com esse objetivo utilizamos as estatísticas de reforma

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12 Estatística da base de dados do CNJ baseada nas estimativas realizadas pelo IBGE de 2009 a 2011. Decidimos por di-vidir os valores pela população e não pelo número de magistrados em cada TJ para representar a proporção de demandaem cada estado. Quanto maior a população, maior será o número de comarca e maior tenderá a ser a demanda judi-cial.

13 Encontrados por meio da busca nos sites oficiais dos Tribunais Estaduais.

da decisão no 1o (rd1) e no 2o grau (rd2) por ano – proporção de recursos interpostos contra decisõesde 1o e 2o grau que foram providos, ainda que parcialmente, em relação ao número total de recursosinterpostos às respectivas instâncias – , do CNJ (0 ≪ 𝑟𝑑1, 𝑟𝑑2 ≪ 1)..

Como também havia grande defasagem de dados, decidimos por proceder da mesma forma como fi-zemos no índice referee player: fazendo a média quando há as duas estatísticas,

𝑟𝑑1 + 𝑟𝑑2 𝐴𝑆𝑅 =–––––––––––––

2

considerando apenas uma delas, caso não haja a outra, e desconsiderando esse índice, se não existirnem rd1 nem rd2 (redistribuindo os pesos de IJEPP para 0,35; 0,35; 0,30).

Havendo ASR, dividir-se-á o índice pelo maior valor encontrado a cada ano, normalizando-o.

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La prueba: un derecho de la defensa y una carga del Ministerio Público

JUAN ALCAPIO VILCHE, NOLVIA COLLAO COLLAO, ALEXANDRA DÍEZ TORRES,CRISTÓBAL GRISOLÍA JORQUERA, JEANN LÓPEZ MOHAMED, KATHERINNE

MENESES HERRERA, ÁLVARO QUAAS ROJAS, CÉSAR QUIROGA MIRANDA, NICOLÁS PÉREZ CASTRO, PAULA VÁSQUEZ MAGALHAES

SEMILLERO SOCIEDAD DE DEBATE. UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA (CHILE)




RESUMEN

Hemos fijado como objetivos de este trabajo, en primer lugar responder a la interrogante sobre la na-turaleza jurídica de la prueba, ¿una carga o un derecho? Ha prevalecido la postura que la prueba es underecho fundamental en el proceso. Luego, hemos intentado identificar las manifestaciones del derechoa la prueba y su reconocimiento constitucional en el ordenamiento jurídico chileno y en el derecho in-ternacional de los derechos humanos. Por otro lado, hemos puesto en contraste la posibilidad de la de-fensa de generar prueba con la facultad exclusiva del Ministerio Público chileno de dirigir lainvestigación penal. En síntesis conclusiva y reconociendo que al Ministerio Público le correspondela dirección exclusiva de la investigación penal, según el diseño normativo, sostenemos que debenadoptarse las garantías para que las peticiones probatorias de la defensa sean eficaces, de acuerdo conlos estándares internacionales que resguardan el derecho a la prueba. El análisis y las conclusionesson fruto de la lectura de las normas que regulan el proceso penal chileno, el análisis crítico de la ju-risprudencia de los tribunales supranacionales y el análisis del sentido normativo de los pactos inter-nacionales sobre derechos humanos.

PALABRAS CLAVE:

Carga de la prueba; derecho a la prueba; Ministerio Público; defensa; proceso penal

ABSTRACT

We have settled as the objectives of this paper, to answer to the query about the juristic nature of evi-dence. Is it a burden or a right? Our position stands that judicial evidence is a fundamental right of theprocess. We have tried to identify the showings of this right and its constitutional recognition in theChilean legal system and in human´s rights international law. We have also contrasted the defense´sability to generate evidence with the Chilean Public Ministry exclusive power to guide penal research.By synthesizing these two arguments, and by recognizing that the Public Ministry is exclusively incharge of conducting the penal research, according to the normative pattern, we stand that the guaran-tees should be adopted in order for defense evidence petitions to be effective, that according to inter-national standards guard the right to evidence. The analysis and conclusions of this paper are the fruitof our readings of the norms that regulate the Chilean penal process, critical analysis of supranationaltribunals’ jurisprudence, and a normative analysis of international human rights’ pacts.

KEYWORDS:

Burden of proof; right to prove; Public Ministry; defense; criminal process

ABREVIATURAS Y SIGLAS:

Art./arts. (artículo/ artículos); CADH (Convención Americana de Derechos Humanos); CEDH (Con-vención Europea de Derechos Humanos); CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos); CPP(Código Procesal Penal de Chile 2000); CPPMIA (Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica);C de PP (Código de Procedimiento Penal de Chile 1906); CPR (Constitución Política de la Repúblicade Chile); LOC (Ley Orgánica Constitucional); PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-líticos).

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I. EL DERECHO Y CARGA DE LA PRUEBA COMO ELEMENTO DE UNA SITUACIÓNJURÍDIA PROCESAL

El fenómeno de la carga y el derecho a la prueba, si bien no es nuevo, tampoco corresponde a los orí-genes históricos del proceso, sino que es una manifestación de las tantas teorías que intentan explicarla naturaleza jurídica del mismo.

Cuando nos referimos a la carga o el derecho de probar un hecho determinado en el transcurso de unproceso, así como también a la posibilidad de llegar a una determinada situación, que no puede serotra sino que la de obtener una sentencia favorable mediante la realización de un acto procesal, es pre-ciso iniciar nuestro trabajo explicando la naturaleza jurídica del proceso penal, de la que podemos ex-traer un marco teórico de cómo se originan las ligazones procesales, sus estructuras y sus efectos.

1. La naturaleza del proceso como una situación jurídica

Según la teoría del proceso sustentada por James Goldschmidt, que elabora como crítica a la teoría delas relaciones jurídicas propuestas por Oskar Von Bülow (Devis Echandía, 2002), explica su naturalezajurídica como una situación en la que se encuentran las partes desde su inicio hasta la dictación de unasentencia definitiva, entendiendo por situación el “estado de una persona con respecto a su derechodesde el punto de vista de la sentencia judicial que se espera con arreglo a las leyes” (Goldschmidt,2001, p. 95). En otras palabras, no debe concebirse al proceso en un sentido metafísico, sino que debeser apreciado en un sentido empírico, que lleva a entender al proceso como aquel conjunto de activi-dades que se realizan o suceden bajo ciertas circunstancias para la obtención de una sentencia firme.

Al entender que la función del proceso desde el punto de vista empírico sería la obtención de una sen-tencia favorable con fuerza de cosa juzgada, de igual forma se debe comprender que los sujetos pro-cesales que componen esta situación jurídica, al tratar de alcanzar sus pretensiones por medio de larealización de determinados actos procesales, se encuentran en una situación jurídica dinámica. Enconsecuencia, las normas jurídicas que regulan estos actos no deben ser concebidas como imperativospara las partes, sino que deben ser consideradas como “medidas jurídicas para la actividad sentencia-dora del Juez” (Gimeno Sendra, 1981, p. 164).

Este estado de expectativa, de obtener una sentencia favorable en el que se encuentran las partes, es loque les motiva para accionar dentro del proceso, conformándose así los ligámenes o vínculos jurídicosentre los sujetos procesales (Gimeno Sendra, 1981).

En esta situación jurídica, los derechos, en el sentido procesal de la palabra, son aquellas expectativasde una ventaja procesal, en último término sobre una sentencia favorable, la dispensa de una cargaprocesal y la posibilidad de llegar a una determinada situación mediante la realización de un acto pro-cesal (Goldschmidt, 2001). Según la explicación de Briseño, “Goldschmidt lleva la idea de situación,al proceso y habla de las nuevas categorías, que, en resumen son: la expectativa de un triunfo, la pers-pectiva de la derrota, las cargas que viene a sustituir o a desplazar las conocidas nociones de obligacióny derecho, el desembarazamiento de las cargas, y la ocasión procesal” (Briseño Sierra, p. 226).

Por otro lado a las partes no les corresponden obligaciones, sino cargas procesales, entendidas estasúltimas “como cada acto procesal que debe realizar la parte interesada, a fin de que pueda preveniruna desventaja procesal, en último lugar a una sentencia desfavorable” (Gimeno Sendra, 1981, p. 164).

Las situaciones procesales se conforman mediante los actos procesales, entendiendo a éstos comoaquellos “actos de las partes o del juez que constituyen, modifican o extinguen expectativas, posibili-dades o cargas procesales o la dispensación de cargas.” (Goldschmidt, 2001, p. 95).

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De acuerdo a lo anteriormente señalado, los actos realizados por las partes pueden ser de obtención ode causación, teniendo por finalidad inmediata llevar un hecho a la evidencia. Forman parte del primergrupo las peticiones, las afirmaciones y las aportaciones de prueba, las cuales se sujetan a dos valora-ciones: su admisibilidad y su fundamentación. Según las explicaciones del jurista alemán: “Los derechoso las cargas procesales dependen de la evidencia, sobre todo de la prueba de cualquier hecho. Para llevarun hecho a la evidencia, se precisa siempre un acto procesal. Además para que el acto tenga éxito defi-nitivo se necesita por lo común la existencia de un medio de prueba” (Goldschmidt, 2001, p. 95).

Los actos procesales más relevantes son las resoluciones judicales, que se entienden como “manifes-taciones de voluntad emitidas por el juez con el fin de verificar lo que estima justo” (Goldschmidt,2001, p. 96). Siendo el resultado de un proceso lógico a la vez que manifestaciones de voluntad deljuez, se les aplica una doble valoración pudiendo resultar éstas justas o injustas, o bien atendibles odesatendibles.

Expuesta así la teoría de la situación jurídica, debemos referirnos a las expectativas, posibilidades uoportunidades y a las cargas, que poseen los sujetos procesales para satisfacer sus pretensiones1.

2. Dos manifestaciones de las categorías de la situación jurídica en el proceso penal chileno

En ese sentido y utilizando las categorías propias de la tesis de Goldshmidt al proceso penal chileno,sería una carga procesal la que recae sobre el Ministerio Público para desvirtuar la presunción de ino-cencia de que goza el imputado, en virtud de lo establecido en el artículo 4 del Código Procesal Penal(en adelante CPP), «Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fueracondenada por una sentencia firme». En consecuencia, corresponde a este órgano del estado probar laimputación realizada para poder desembarazarse de esta carga, ya que, de otra forma, no podría alcanzaruna sentencia favorable a sus expectativas.

Por su parte, el imputado ostenta la posibilidad de «solicitar de los fiscales diligencias de investigacióndestinadas a desvirtuar la imputación que se le formularen», según lo establecido en el artículo 93 letrac) del CPP; por lo que sostenemos que el imputado gozaría de un derecho a la prueba, lo que se traduceen un elemento fundamental, para llegar a la obtención de una sentencia favorable

II. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO A LA PRUEBA

1. Cuestiones previas

La aseveración de considerar hoy en día a la prueba como un derecho fundamental, más allá de lasnociones de carga señaladas por James Goldschmidt, aunque indiscutible en cuanto a sus fundamentos,deja ciertas aprensiones en cuanto a su naturaleza. La correspondencia de su manifestación en las dis-tintas etapas del proceso, pareciera dejar cierta incertidumbre al establecer su autonomía, más aun sisu tratamiento obliga a enmarcarlo dentro de un derecho más amplio como es el de la defensa.

Es lógica la proposición de ver a la prueba como el mejor instrumento de una defensa para la obtenciónde una sentencia favorable (Couture, 1958), considerando que la actividad jurídica incluyendo la ju-dicial, se desenvuelve predominantemente por medio de pruebas (Carnelutti, 1997). Pero tal conside-ración aunque efectiva en la práctica puede dejar dudas en su determinación, principalmente cuandolo que se quiere es desentrañar su alcance y contenido.

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1 Para la crítica a la teoría de la situación jurídica, véase H. Briseño Sierra, ob. cit., pp. 227 – 228 y H. DevisEchandía, ob. cit., pp. 168 – 171.

Al tener un catálogo de derechos que constituyen manifestaciones explicitas de un derecho a la prueba,queda sin lugar a duda la cuestión de si aquellas se enmarcan únicamente dentro del amplísimo derechoa la defensa o tiene particularidades propias.

Concebirla sólo como un medio para la consecución de un fin pareciera ser lo más apropiado, más aunsi se tiene en cuenta que su definición así pareciera establecerlo. A fin de cuentas su propio objetivoen el proceso es el de esclarecer las aseveraciones de las partes, sirviéndose para ello de ciertos mediosque lo demuestren (Couture, 1997; y Devis Echandía, 2002). En tal sentido, la opinión de ver a laprueba como un instrumento que sirve de sustento al derecho a la defensa seria correcta, en la medidaque sin ella, tanto el derecho pretendido en juicio, como la defensa misma, no podrían prosperar (Es-cobar Fornós, 1990). Pero si bien es cierto esto, entendido desde un punto de vista material, podría noser sustentable desde un punto de vista estrictamente jurídico.

Por otro lado puede estimarse que la protección constitucional del derecho a la prueba se activa úni-camente cuando se producen irregularidades de tal significación, durante la fase probatoria, que ter-minan afectando la esfera jurídica del justiciable (el titular del derecho) generando su indefensión. Porello es requisito indispensable que dichas anormalidades en el proceso sean producto de un accionaro una omisión de los órganos estales y no de una negligencia de las partes (Intervinientes) (Garberi,2009). Visto de esa manera, una infracción a las reglas del procedimiento que no representan una ma-nifiesta vulneración al derecho a la defensa, como puede ser la no admisión dentro del proceso de cier-tos medios probatorios propuestos que no guardan relación con la materia del juicio, no constituiríanuna lesión al derecho a la prueba2.

2. El derecho a la prueba como manifestación del debido proceso

La posibilidad que existan vicios en el proceso durante la fase de investigación que no generen inde-fensión, sustentaría la tesis de que el derecho a la prueba carece de la autonomía necesaria para obteneruna tutela constitucional propia, por ende el resguardo de las normas del debido proceso y la tutela ju-dicial efectiva le conferirían la cualidad de derecho fundamental.

Esta fue la tesis que siguió el Tribunal Constitucional peruano, que en un fallo del año 2006 sostuvo,en sus distintos fundamentos jurídicos, lo que sigue:

«El derecho a probar es uno de los componentes elementales del derecho a la tutela procesal efectiva,pues, como ya lo ha señalado este Tribunal en la sentencia del Expediente Nº 010-2002-AI/TC, cons-tituye un elemento implícito de tal derecho. Por ello, es necesario que su protección sea realizada através del presente proceso constitucional. (…)»

«Existe un derecho constitucional a probar, aunque no autónomo, que se encuentra orientado por losfines propios de la observancia o tutela del derecho al debido proceso. Constituye un derecho básicode los justiciables de producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o sudefensa. Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tienenel derecho a producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran supretensión o defensa.» (Destacado nuestro)

«Reconocido el derecho a la prueba desde el punto de vista constitucional, este Tribunal considerapertinente señalar que no todos los supuestos de su contenido merecen protección a través de un procesoconstitucional de la libertad (amparo o hábeas corpus). Tal como lo establece el artículo 200° de la

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2 Así lo ha resuelto el Tribunal Constitucional español. Véase: España, Tribunal Constitucional español, SalaSegunda, Recurso de Amparo 86/2008, de 21 de julio de 2008.

Constitución Política, estos tipos de procesos han sido establecidos para proteger derechos de rangoconstitucional. Los derechos que tengan su sustento en normas de rango legal o inferior no podrán seracogidos mediante estos procesos; el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional señala,contrario sensu, que solamente serán amparables en sede constitucional aquellas pretensiones que esténreferidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, tal comose expresara en la sentencia del Expediente N° 1417-2005-AA/TC»3.

3. La autonomía del derecho a la prueba

Otra postura, sustentada en Chile por el profesor Álex Carocca Pérez, considera factible la autonomíadel derecho a la prueba, a pesar de reconocer que sin lugar a duda, su colocación siempre será dentrodel marco amplio que entrega el derecho a la defensa. Pero el foco esta vez no estará puesto en la mag-nitud que pueda alcanzar su vulneración, sino en cuanto a las facultades que se desprende de ella.

Si los justiciables, cuentan con el derecho de producir las probanzas que requieren para demostrar laefectividad de sus alegaciones de hecho, puesto que sin las cuales sus pretensiones jamás podrían sersatisfechas, no importaría si la ubicación de tales facultades se encuentra en otro derecho, sino que lopertinente será la trascendencia que adquirían dichas prerrogativas en el proceso, puesto que garantizanla participación de los interesados en la formación de la decisión jurisdiccional (Carocca, 2000).

En el mismo orden de ideas, lo esencial para hablar de un efectivo derecho a la prueba será la conse-cución de un proceso realmente contradictorio, en donde las partes puedan tener la posibilidad de pro-poner pruebas, ya sea participando en su producción como en su control, es decir, que puedan sugeriruna reconstrucción de los hechos junto a una interpretación del derecho favorable a sus intereses, prue-bas que deben ser valoradas por el juez (Binder, 2002).

4. Nuestra opinión: el énfasis en la protección del derecho fundamental a la prueba

Sin lugar a dudas la determinación exacta de la naturaleza del derecho a la prueba puede generar vicisitudes.Aunque se pueden establecer distintos criterios para su determinación, lo cierto es que su finalidad serásiempre la demostración de lo alegado, teniendo como requisito indispensable la protección para su ejercicio.Ahora si tal protección se satisface únicamente mediante la incorporación de un mecanismo constitucionalautónomo, pareciera restringir su determinación, más aun si consideramos que en general toda infracciónal derecho a la prueba, que no provenga de la falta de cuidado del interesado, producirá su indefensión.

Mientras el derecho a la prueba se encuentre enmarcado dentro del derecho a la defensa, gozará de laprotección necesaria para que se respeten sus contornos, de tal manera que la esfera del titular del de-recho no sea transgredida por el aparato estatal que pretenda desconocerla, salvaguardando de estamanera la igualdad en el proceso.

III. RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA PRUEBA

1. Reconocimiento constitucional en el derecho chileno

Teniendo en cuenta que el derecho a la prueba se encuentra contenido y por tanto reconocido dentrodel amplísimo derecho a la defensa, las cuestiones sobre su reconocimiento parecieran estar más dilu-

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3 Perú, Tribunal Constitucional peruano, Proceso de Hábeas Corpus: Independencia e Imparcialidad del Juez,19 de enero, 2006, Exp. N° 6712-2005 HC/TC.

cidadas en nuestro ordenamiento interno. A pesar de que el constituyente originario no lo incluyó ex-presamente dentro del catálogo de derechos establecidos en el artículo 19 de la Constitución Políticade la Republica (en adelante CPR) (Verdugo, Pfeffer, Nogueira, 2005), su inclusión sí tendría cabidaen dos preceptos fundamentales:

a) en el número 3 inciso 2°, que prescribe; «Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en laforma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar ladebida intervención del letrado si hubiere sido requerida.», y

b) en el inciso 5° del mismo número 3: «Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debefundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siem-pre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.»

Nuestra carta fundamental no desarrolla de manera pormenorizada el derecho a la prueba. Sin embargo,su desarrollo se logra a través de otros derechos y el contenido de aquel, únicamente resulta de una in-terpretación amplia de dichas disposiciones. Por tanto, los preceptos constitucionales no nos ofrecenen toda su dimensión estándares mínimos para configurar el derecho a la prueba en nuestro ordena-miento jurídico, que nos permitan con precisión determinar cuándo estamos en presencia de una trans-gresión a este derecho.

Para la determinación de tal derecho, debemos acudir a los tratados internacionales sobre derechosfundamentales, mediante el artículo 5 inciso 2° de la CPR: «El ejercicio de la soberanía reconoce comolimitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de losórganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta constitución, así comopor los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.» Esta disposiciónpermite integrar a nuestro ordenamiento la normativa internacional que reúna las características men-cionas en el respectivo artículo.

Respecto a la discusión sobre la jerarquía que poseen en el sistema jurídico chileno los tratados inter-nacionales sobre derechos humanos, la doctrina y jurisprudencia no se hallan contestes. Una posiciónestima de forma enfática que tienen rango constitucional (Nogueira, 2003). Otra, en cambio, debidoal control que ejerce nuestro Tribunal Constitucional (artículo 93 N° 1° y 3° CPR4) como manifestaciónexplicita del principio de supremacía constitucional, entiende que los tratados internacionales se si-tuarían normativamente por debajo de la CPR, siendo normas legales o, a lo más, supra legales (Molina,1998).

La defensa de una u otra postura escapa al objeto de este trabajo; No obstante creemos necesario des-tacar, que tal como lo menciona el artículo 5 inciso 2° de nuestra Carta Fundamental, los derechosesenciales que emanan de la naturaleza humana, sean reconocidos por la misma CPR o por un tratadoratificado y que se encuentre vigente, constituyen un límite al ejercicio de nuestra soberanía, por tanto,además de los principios propios del derecho internacional que impiden al legislador interno incumplirsus obligaciones internacionales pactadas5, el acto legislativo, así como cualquier otro acto de potestadsoberana emanada de cualquier órgano tanto estatal como privado, no podrá restringir, modificar, ni

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4 Chile, Tribunal Constitucional chileno; Pleno, Proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional delTribunal Constitucional, rol N° 1288-08 del 25 de agosto de 2009; y Chile, Tribunal Constitucional chileno;Pleno, Requerimiento de Inconstitucionalidad presentado por 35 señores diputados respecto del Estatuto deRoma de la Corte Penal Internacional, rol N° 346-02 del 8 de abril de 2002.

5 Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, art. 27: “El derecho interno y la observancia delos tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación delincumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”.

limitar los derechos emanados de tales tratados, por constituir o ser parte del núcleo irreductible dederechos que una persona posee por ser tal, y que encuentran plena protección en el artículo 19 N°26° de nuestra Constitución Política de la República: «La seguridad de que los preceptos legales quepor mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las li-miten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponercondiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio».

2. Reconocimiento positivo en instrumentos internacionales sobre derechos fundamentales

Teniendo eso en cuenta, las normas que integran el derecho de la defensa y por consiguiente el de laprueba en materia penal, se hallan contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(PIDCP), que en su artículo 14.3 prescribe: «Durante el proceso, toda persona acusada de un delitotendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mininas: … b) A disponer del tiempo y delos medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elec-ción… e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de lostestigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo.»

Por su parte la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en su artículo 8.2 establece;«… Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mí-nimas: … c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de sudefensa;… d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensorde su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;… f) Derecho de la defensa deinterrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos,de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;… g) Derecho a no ser obligado a declararcontra sí mismo ni a declararse culpable (…)».

Estas normas integran nuestro derecho positivo (más allá de la discusión en cuanto a su rango) y am-plían de manera significativa las normas constitucionales, proporcionando estándares de satisfaccióndel derecho a la prueba, por lo cual, a pesar de que entregan libertad al legislador para la configuraciónde tal derecho, éste no podrá bajo ninguna forma limitar o restringir su esencia, so pena de adolecerde un vicio de inconstitucionalidad.

Ahora es preciso reconocer como fuente material y antecedente histórico para la redacción de dichospreceptos, el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que en una forma si-milar garantiza el derecho a la prueba en su número 3, literales c) “A defenderse por sí mismo o a serasistido por un defensor de su elección y, si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratui-tamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan;” y d) “A interrogaro hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra y a obtener la citación e interrogatorio delos testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en sucontra”.

3. Reconocimiento del derecho por la jurisprudencia constitucional

En concordancia con lo anterior la jurisprudencia española, especialmente la emanada de su TribunalConstitucional, ha declarado que “El derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes parala defensa es un derecho fundamental de configuración legal en cuya vulneración, para que tenga re-levancia constitucional según nuestra doctrina, han de concurrir varias circunstancias. En primer lugar,el recurrente ha de haber respetado las reglas procesales de tiempo, lugar y forma de su proposición,pues en caso contrario no podrá considerarse menoscabado este derecho “cuando la inadmisión de unaprueba se haya producido debidamente en aplicación estricta de normas legales cuya legitimidad cons-

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titucional no pueda ponerse en duda…”6 (destacado nuestro). Deja en claro la naturaleza del derechoa la prueba como derecho fundamental, con los limites propios que debe tener en un proceso jurisdic-cional.

Dentro del ámbito regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en distintos fallos,reconoce al derecho a la prueba como parte o elemento esencial del debido proceso7, estableciendo laobligatoriedad de los Estados signatarios a la CADH, de respetarlos al momento de configurar sus sis-temas de enjuiciamiento.

IV. POSIBILIDAD DE GENERAR PRUEBA EN NUESTRO SISTEMA JURÍDICO PROCESALPENAL

1. Orígenes del actual Ministerio Público chileno

En Chile la dirección exclusiva de la investigación de los hechos constitutivos de delitos, los quedeterminen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, corresponde, pormandato constitucional a un organismo autónomo y jerarquizado con el nombre de Ministerio Público,creado por la Ley 19. 519 modificatoria de la Constitución Política de la República en el año 1997.

El antecedente remoto de este organismo es a consecuencia del rechazo liberal hacia el sistema deadministración de justicia del Antiguo Régimen, por lo que su origen como acusador estatal distintode los jueces y encargado de ejercer ante ellos la acción penal pública, está vinculado a la codificaciónnapoleónica (Horvitz, López, 2002). Sin embargo en nuestro país el sistema recogido de las SietePartidas y las normas de la Novísima Recopilación, es el del modelo Inquisitivo, rigiendo incluso através del Código de Procedimiento Penal de 1906 (C de PP).

En sus orígenes el Ministerio Público fue concebido como custodio de la ley o guardián de laobservancia de la legalidad, es decir, su función consistía en velar tanto del material probatorio decargo como del favorable al imputado, para que ninguno de sus derechos fueran afectados en el procesopenal. Además se debía controlar a la policía para que sus procedimientos fueran conforme a las reglasdel Estado de Derecho (Horvitz, López, 2002).

Sólo en el siglo XX se produjo en la región un movimiento reformista que promovió la transformaciónde los sistemas de enjuiciamiento penal acorde a los idearios liberales del siglo pasado (Horvitz, 2002),lo que implicó la transición desde un sistema inquisitivo a uno principalmente acusatorio y de corteadversarial, donde las funciones de investigar y acusar se concentran en el Ministerio Público, deconformidad con la norma constitucional y legal correspondiente, careciendo aquél de toda facultadjurisdiccional.

Es en su configuración moderna, y a consecuencia de la –hoy ya superada- división de poderes que“la escisión del procedimiento en diversas fases bajo el dominio de órganos distintos que ejercenfunciones distintas y se controlan y limitan mutuamente” (Horvitz, 2002, p. 123), implicó cambiar porcompleto la estructura del proceso penal.

Su ubicación en el más alto nivel del ordenamiento jurídico interno que lo sitúa al mismo nivel quelos demás órganos creados directamente por el Poder Constituyente, particularmente respecto a ladirección exclusiva de la investigación, obedece a que en el antiguo sistema procesal penal la facultad

160

6 España, Tribunal Constitucional, sentencia número 121/2009, 18 de mayo de 2009.7 Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: caso Castillo Pretuzzi y otros vs. Perú

(sentencia de 30 de mayo de 1999); caso Suárez Rosero vs. Ecuador (sentencia de 12 de noviembre de1997).

de conocer las causas criminales, incorporada al antiguo artículo 73 inciso primero de la CPR –hoyartículo 76-, era otorgada a los Tribunales de justicia que ejercían funciones de investigación(instrucción) (Fernández, 2005).

2. La facultad exclusiva del Ministerio Público de dirigir la investigación de hechos constitutivosde delitos

De acuerdo a la historia fidedigna de su establecimiento, esta facultad exclusiva no se considerabainicialmente en el mensaje del proyecto de reforma constitucional de 1997. Con todo, el señalar quela persecución penal pública estaría a cargo del Ministerio Público8, no fue sino en las indicacionesque se realizaron al proyecto en discusión, que se configuró la dirección exclusiva de la investigación,lo cual reportaba importantes beneficios en cuanto a que un órgano especializado en la investigaciónde los delitos: permitiría una mayor coordinación con las policías, racionalizar los recursos humanos,diseñar una política de persecución penal coherente que respondiera a un conjunto único de criteriosque resultaren más eficientes en el control y la fiscalización que realiza el Poder Judicial y de otrosórganos llamados a supervisar la labor de los fiscales, no comprometiendo así la debida imparcialidaddel juzgador y desnaturalizando su labor. Así se aprobó de forma unánime la norma que dio el carácterde exclusividad en la investigación al Ministerio Público9.

Consideramos importante para los efectos de la interpretación, esta exposición del senador Zaldívar yque es un resumen de las exposiciones y posiciones representadas; esto porque de su lectura secomprende que el legislador al otorgar la exclusividad en la investigación al Ministerio Público noestá pensando desde una perspectiva negativa de excluir a cualquier otro actor de la investigación,sino que busca centralizar en un organismo la investigación para desvirtuar la presunción de inocenciacomo deber del Estado .

Así, expresaba el aludido Senador: “Se busca que sea posible diseñar una política de persecución penalcoherente que responda a un conjunto único de criterios que resulten por lo tanto más fáciles decontrolar y fiscalizar por parte del Poder Judicial y de otros órganos llamados a supervisar la labor delos fiscales”.

En el mismo sentido, la centralización de la investigación permite dar certeza respecto al organismoencomendado y responsable de realizar y dirigir las diligencias que se consideren necesarias para poderdesvirtuar esta presunción y así supervisar su labor10. Ello permite dar certeza respecto al organismoencomendado y responsable de realizar y dirigir las diligencias que considere necesarias para poderdestruir la presunción de inocencia y, según parte de la doctrina nacional, también para poder acusar(Tavolari, 2005).

161

8 Art.80 bis: “Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, denominado Ministerio Público, quetendrá a su cargo la persecución penal público en la forma prevista por la ley. Con este propósito, lecorresponderá la investigación de los delitos y la formulación y sustentación de la acusación penal ante lostribunales”.

9 Intervención de la Ministra de Justicia, Soledad Alvear, Historia de la Ley Orgánica Constitucional quecrea el Ministerio Público. Legislatura 335. Sesión 1°. 3 de junio de 1997, Boletín 1943-07. Primer TrámiteConstitucional: Senado, discusión en sala, pág. 208-210

10 Intervención de la ministra de Justicia Soledad Alvear, Historia de la Ley Orgánica Constitucional que creael Ministerio Público. Legislatura 335. Sesión 1°. 3 de junio de 1997, boletín 1943-07. Primer TrámiteConstitucional: Senado, discusión en sala, pág. 208

3. Limitaciones a las potestades investigativas del Ministerio Público

Habida cuenta de las facultades con las que cuenta el Ministerio Público, amén de la desigualdad queexiste entre el órgano persecutor y el imputado, se establece a nivel constitucional el llamado principiode objetividad como un límite al poder persecutor que ostenta el Ministerio Público, lo que se traduceen que este órgano del Estado debe investigar todo aquello que beneficie al imputado, cuanto lo quele perjudique.

Lo anterior confluye con un principio reconocido constitucionalmente y que conforma también elbloque de los principios básicos del sistema de enjuicamiento penal: la presunción de inocencia,incorporado en el artículo 4° del CPP11, que tiene dos claras consecuencias: la carga de la pruebacorresponde al Estado y el imputado debe ser tratado como inocente. En este trabajo, nos detendremosen el imperativo que impone al Estado la carga de destruir la presunción de inocencia.

La carga de la prueba corresponde al Estado (Horvitz, 2002), el cual si no logra satisfacer el estándarprobatorio trae como consecuencia necesaria del incumplimiento de esa carga, la absolución delacusado; carga y consecuencia que se ven recogidos en nuestro actual Código Procesal Penal al sernecesario superar el estándar de convicción del Tribunal más allá de toda duda razonable, “lo que es,a un grado de certeza moral acerca de la existencia de los hechos que configuran el delito y laparticipación del acusado” (Horvitz, 2002, p. 81 y ss).

En este mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional chileno, citando al profesor JuanColombo Campbell:

“La llamada presunción de inocencia está compuesta de dos reglas complementarias entre sí.

Una primera regla de trato o conducta hacia el imputado, según la cual toda persona debe ser tratadacomo inocente mientras una sentencia de término no declare lo contrario (nulla poena sine iudicio).

Una segunda regla de juicio, en cuya virtud el imputado no debe probar su inocencia, correspondiendoa la parte acusadora acreditar, suficientemente, la existencia del hecho punible y la participación delacusado (in dubio pro reo).

La denominada presunción de inocencia no pertenece a la categoría de las presunciones legales ojudiciales; obsta para ello la inexistencia de un nexo lógico entre el hecho base y el hecho presumido.Como señala un autor, es un estado jurídico de una persona involucrada en un proceso penal y deberecogerse como principio orientador en la actividad de investigación y decisión. La inocencia nonecesita cumplir con los elementos de la presunción, ya que se trata de la situación jurídica de unapersona, que requiere ser desvirtuada por quien la sindica como culpable”12 (Maturana y Montero,2010; y Colombo, 2006)

Sobre el punto los profesores chilenos Horvitz Lennon y López Masle, escriben: “En ocasiones seconsidera también como efectos de la presunción de inocencia en materia probatoria la exigencia quedicha actividad se realice en el juicio oral y la prohibición de admitir como prueba la que legalmenteno tenga tal carácter” (Horvitz, 2002, p. 82).

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11 Artículo 4 CPP: “Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenadapor una sentencia firme”.

12 Chile, Tribunal Constitucional, Segunda Sala, Sentencia Requerimiento de inaplicabilidad porinconstitucionalidad, 13 de mayo de 2008, Rol Causa Nº 993-07.

4. La prueba en el juicio penal

Las anteriores explicaciones nos remiten a dos cuestiones importantes en materia probatoria. En primerlugar, la oportunidad para la producción de la prueba, pues la prueba que sirve de base a la sentenciadebe rendirse durante la audiencia de juicio oral, salvo algunas excepciones contempladas en la ley.El Senado al discutir el proyecto de Código Procesal Penal, tuvo presente que la referencia a laproducción de la prueba emana de la distinción que hace la doctrina procesal entre la proposición deprueba, que es la que se ofrece, y la producción de ella, que se materializa en la audiencia, y que es laque puede producir convicción en el Tribunal, y que debe ser valorada. Toda la actividad investigativaanterior contribuye a formar la convicción acusadora del fiscal (Pfeffer, 2001).

En segundo lugar, el legislador ha optado por la libertad probatoria, es decir todos los hechos ycircunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento, podrán serprobados por cualquier medio producido e incorporado en conformidad a la ley. En este punto, seestableció como argumentos por parte del Poder Ejecutivo, que el término relevante tiene unaconnotación de importancia y no de utilidad. Lo que tiene repercusión en cuanto al criterio dejuzgamiento por parte del Tribunal, el cual será de libertad para apreciar la credibilidad del medio ypara juzgar su condición, siendo el medio de control esencial la fundamentación. Es función delJuzgado de Garantía en la audiencia de preparación de juicio oral organizar el futuro juicio a través delos medios de prueba presentados por los intervinientes (Pfeffer, 2001).

La recepción de pruebas al realizarse en la audiencia de juicio oral, se encuentra amparada por ciertosprincipios que informan el proceso penal, que a su vez tienen su correspondencia como derechos yresguardo como garantías de un procedimiento racional y justo, a saber: oralidad, publicidad,imparcialidad, y particularmente nos detendremos en la inmediación, esta forma de relación se proyectaen la interacción de los sujetos, generando así una contradicción y, por ende, una bilateralidad real,efectiva e instantánea, pero adicional y primordialmente, apunta a la aprehensión sensorial directa porel juez de la información que emana de los órganos de prueba, siendo satisfecha esa exigencia cuandoentre los sujetos existe la posibilidad de un diálogo directo, respuesta inmediata y un intercambio depreguntas y respuestas, que finalmente repercutirá en su valoración (Tavolari, 2005).

5. La prueba como derecho de la defensa

Siendo la audiencia de juicio oral el momento para ofrecer los medios probatorios al Tribunal, es decirel momento para producir la prueba de cargo y de descargo, hasta ahora no hemos hecho referencia anorma alguna que guarde relación con la defensa, material y técnica, a la que tiene derecho el imputadoen la observancia de las normas constitucionales y tratados internacionales vigentes y ratificados porChile. En este sentido la Constitución Política de la República asegura a todas las personas la igualprotección de la ley en el ejercicio de sus derechos, entre ellos el de defensa jurídica en la forma quela ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debidaintervención del letrado si hubiere sido requerida, entregando a la ley el arbitrio para otorgarasesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismo13, es decir la defensaimplica asumir un patrocinio y representación del defendido, el asesoramiento o asistencia en consejos,recomendaciones o informes que se entregan a una persona, entregando al mismo tiempo libertad parael desempeño de sus funciones al abogado. Con todo, se precisa que la intervención del letrado debeser debida, es decir pertinente y respetuosa, y realizarse conforme a procedimientos racionales y justosque señale la ley, como ha logrado determinarse a partir de los informes de la Comisión de Estudiosde la Constitución (Verdugo, et al, 2005).

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13 Artículo 19 N° 3, inciso 2° CPR

En el mismo número se consagra la legalidad del juzgamiento, dejando en manos del legisladorestablecer las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Bajo este respectoel concepto de debido proceso fue recogido por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución,sin embargo a la postre se optó por no utilizar dicha expresión, con la finalidad de que no pudierainterpretarse que lo debido es lo que está en la ley, entendiendo así que la racionalidad está referida alprocedimiento y lo justo a lo sustantivo. Deberá estarse, pues, a la naturaleza del procedimiento paradeterminar si se cumple o no con las exigencias- imperativas para el legislador- de establecer siemprelas garantías de un racional y justo procedimiento, que en vez de enumerarlas, acordó dejar constanciaen actas, para la historia fidedigna de la disposición, que sus miembros coincidían en que eran garantíasmínimas de un racional y justo proceso permitir oportuno conocimiento de la acción, adecuada defensay producción de la prueba que correspondiere (Verdugo et al, 2005).

Con todo, nos preguntamos si el Estado Chileno satisface jurídicamente el estándar exigido por lostratados internacionales, ya examinados, en materia del derecho a la defensa.

Por un lado podría estimarse que la obligación del legislador de establecer las garantías de un “racionaly justo procedimiento” se satisface en particular en el CPP, mediante:

“Artículo 8. Ámbito de la defensa. El imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desdela primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Todo imputado que carezca de abogadotendrá derecho irrenunciable a que el Estado le proporcione uno. La designación del abogado laefectuará el juez antes de que tenga lugar la primera actuación judicial del procedimiento que requierala presencia de dicho imputado.

El imputado tendrá derecho a formular los planteamientos y alegaciones que considerare oportunos,así como a intervenir en todas las actuaciones judiciales y en las demás actuaciones del procedimiento,salva las excepciones previstas en este Código.”

El precepto consagra el derecho a la defensa y determina su extensión, ya que la regulación en detallese contiene en el párrafo 5° del cuerpo normativo. Sin embargo el ámbito de protección de la normase refiere a la defensa y la asistencia de un defensor letrado, gratuito, en el caso que el imputado nocuente con uno propio, quien podrá ejercer los derechos del imputado desde las etapas iniciales delprocedimiento. Siendo la presencia del defensor en determinadas audiencias requisito para la validezde esas actuaciones y garantizar que no se generen situaciones de indefensión (Pfeffer, 2001). Resultapreciso indicar que el ámbito de la defensa, dentro de las posibilidades o expectativas que señala, nomenciona expresamente la posibilidad de generar prueba por parte de la defensa, lo que resulta untanto desorientador (más aun considerando la vulneración al derecho a la defensa garantizado en lostratados internacionales antes mencionados en la que se incurre) sobre todo cuando esta situaciónjurídica procesal, ocasiona una carga de defensa para el imputado, la cual solamente se puede versatisfecha por la posibilidad de aportar prueba, que le otorgue una ventaja procesal, para obtener unasentencia favorable.

Lo anterior ¿qué influencia tiene en materia probatoria? Respecto a la defensa –como a los demásintervinientes- durante la investigación podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias queconsideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, siendo potestad del Fiscal quese lleven a efecto aquellas diligencias que estime conducentes14. Esta norma tiene como fuentes elCódigo de Procedimiento Penal, particularmente el artículo 93, el cual fue modificado por la ley 18.857,de la cual no contamos con antecedentes debido a que no existen registros de la historia de suconstitución, a causa del quiebre institucional por el cual atravesaba el país. En lo sustancial señalaque el querellante puede intervenir en el entonces sumario presentando todas las pruebas que obren en

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14 Chile, Ministerio de Justicia, Código Procesal Penal, Ley 19.696, 2010. Artículo. 183

su poder y solicitando que se practiquen todas aquellas diligencias que creyere necesarias para elesclarecimiento de los hechos, y el juez ordenará que se lleven a efecto las que estime conducentes15.Esta modificación no aclara qué se entiende por diligencias conducentes.

Otra fuente inspiradora de este artículo es el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica(CPPMIA), que en su artículo 256 regula la proposición de diligencias16, ampliando la hipótesis dequienes se encuentran legitimados para poder proponer medios de prueba, en cualquier momento delprocedimiento, a el imputado, las personas a quienes se le haya dado intervención en el procedimiento,sus defensores o mandatarios. El Ministerio Público los llevará a cabo si los considerare pertinentes yútiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria, a los efectos que ulteriormente correspondan,lo que nuevamente nos plantea la interrogante ¿qué debemos entender por diligencias conducentes, ycuál es su finalidad?

En caso de realizar un examen sistemático del CPP, advertiremos que en primer lugar, el legislador haregulado algunas materias que dicen relación con la investigación estatal, concretamente el artículo180, que trata de la investigación de los fiscales, la que nos da una idea al respecto en su inciso primero:“Los fiscales dirigirán la investigación y podrán realizar por sí mismos o encomendar a la policíastodas las diligencias de investigación que consideren conducentes al esclarecimiento de los hechos. Ycontinúa señalando que dentro de las 24 horas siguientes de que tuviere conocimiento de un hechoque revistiere los caracteres de delito de acción penal pública, (…) deberá proceder a la práctica detodas aquellas diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento y averiguación del mismo, de lascircunstancias relevantes para la aplicación de la ley penal, de los partícipes del hecho y las quesirvieren para verificar su responsabilidad.” Lo que nos lleva a cuál es la finalidad de las diligenciasinvestigativas y, en consecuencia determinar en ese aspecto la conducencia de éstas.

Continúa el ya citado artículo 183 el caso en que el fiscal rechazare la solicitud, se podrá reclamarante las autoridades del Ministerio Público según lo disponga la ley orgánica constitucionalrespectiva17, con el propósito de obtener un pronunciamiento definitivo acerca de la procedencia dela diligencia. Reclamo que será presentado ante el Fiscal Regional, y que de acuerdo con la estructuray orgánica que la gobierna, jerarquía y autonomía, éste tiene el deber de velar por el eficaz desempeñodel personal a su cargo, tanto de la Fiscalía Regional como de las Fiscalías locales que dependan deella. Pero al mismo tiempo el Fiscal Regional debe dar cumplimiento a las instrucciones generalesimpartidas por el Fiscal Nacional. Esto podría generar consecuencias indeseables, porque estas simplessolicitudes no satisfacen la posibilidad o expectativa que tiene la defensa a llegar a una determinadasituación mediante la realización de un acto procesal, sobre todo porque el Fiscal tiene en todomomento la facultad de ordenar que se lleven a cabo las diligencias que estime pertinentes, quedandosolo la posibilidad -igual de remota- de recurrir ante el Fiscal Regional para que se pronuncie sobre ladiligencia solicitada.

De esta forma, nuevamente se ve afectado el desembarazo de la carga a la defensa que le correspondeal imputado, por lo que éste sólo debe esperar un resultado desfavorable, a través de una sentenciacondenatoria, por la imposibilidad de generar medios de pruebas que desvirtúen las acusaciones.

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15 Chile, Ministerio de Justicia, Código de Procedimiento Penal, N° 1853, Febrero de 1906.16 Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

Presentado en las XI Jornadas del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal realizadas en Río de Janeiroen 1988.

17 Chile, Ministerio de Justicia, Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, N°19.640, Octubre 1999.Art. 33 “Las reclamaciones de los intervinientes en un procedimiento formulen en contra de un fiscal adjuntode conformidad a la ley procesal penal deberán ser presentadas por escrito al Fiscal Regional, quien deberáresolverlas, también por escrito, dentro de cinco días hábiles”.

Otra forma es no desconocer que el Ministerio Público es un órgano del Estado, que se encuentrasometido a dos principios fundamentales en materia administrativa, que son la probidad y la buena fe.En este sentido y en caso que el órgano persecutor no cumpla con las normas que la CPR y las leyesestablecen al respecto, creemos que podrá siempre existir la posibilidad de irrogar por parte delimputado la Nulidad de Derecho Público del artículo 7° y 8° de la Constitución Política de la República.Es más, el principio de buena fe mencionado, informa transversalmente todos los procedimientos ennuestro Derecho interno, lo cual no debe desconocerse por ningún interviniente en el caso del procesopenal. Esta propuesta de posibilitar el ejercicio de la acción constitucional de nulidad de derechopúblico, a pesar de no estar muy desarrollada doctrinariamente a nivel nacional, a veces puedeconvertirse en la única herramienta del imputado.

Es aquí donde nos preguntamos qué sucede con el principio acusatorio que rige el proceso penal, segúnel cual las funciones de juzgar y de investigar se encuentran separadas y en donde no se le permite alórgano investigador realizar actos resolutivos, siendo el pronunciamiento de las diligencias conducenteso no conducentes al esclarecimiento del hecho un acto de tal característica.

Planteamos sobre el particular algunos supuestos. En primer lugar, una solución inmediata que entregael CPP halla su correspondencia en su artículo 257, el que regula la reapertura de la investigación,“dentro de los diez días siguientes al cierre de la investigación, los intervinientes podrán reiterar lasolicitud de diligencias precisas de investigación que oportunamente hubieren formulado durante lainvestigación y que el Ministerio Público hubiere rechazado o respecto de las cuales no se hubierepronunciado”. Sobre el particular el inciso primero transcrito, fue modificado, ampliando actualmentela hipótesis de no realización a aquella en que el Ministerio Público derechamente no se hubierepronunciado, todo ello a propósito de la modificación del artículo referido al cierre de la investigación,que en su discusión en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, y por indicaciónde la Defensoría Penal Pública, se agrega el mencionado supuesto, que fue finalmente modificado enel Segundo Informe de la Cámara de Diputados por el Ministro de Justicia y el profesor Jorge Boffilmanteniendo el objetivo de dicha sustitución18.

Continúa la citada disposición: “Si el Juez de Garantía acogiere la solicitud, ordenará al fiscal reabrirla investigación y proceder al cumplimiento de las diligencias, en el plazo que le fijará. Pudiendo elfiscal en dicho evento, solicitar la ampliación del mismo plazo”. Sin embargo se debe tener enconsideración los supuestos en que no se podrá decretar o renovar diligencias, a saber: aquellas queen su oportunidad se hubieren ordenado a petición de los intervinientes y no se hubieren cumplido pornegligencia o hecho imputable a los mismos, ni tampoco las que fueren manifiestamente impertinentes,las que tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios, ni en general, todas aquellas quehubieren sido solicitadas con fines puramente dilatorios. Se entregan facultades al Juez de Garantía,un tribunal ordinario, unipersonal en su funcionamiento, letrado, de derecho y permanente, que ejercefacultades sobre una comuna o agrupación de comunas y conoce en única o primera instanciaexclusivamente de los asuntos penales, asegurando los derechos del imputado y demás intervinientesen el proceso penal, lo que constituye su principal misión (Maturana y Montero, 2010), protegiéndoseen este caso concreto se protege el derecho a la defensa que tiene el imputado a través de lainvestigación oficial que realiza el Ministerio Público y en la cual puede proponer diligencias a dichoórgano en observancia de la CPR.

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18 Historia de la Ley 20.074. Ministerio de Justicia, Ley que modifica el Código Procesal Penal y CódigoPenal, Boletín Nº 3.465-07, Segundo Informe de la Comisión de Constitución Cámara de Diputados, Abril2005, pág. 470

6. Exclusividad de la investigación por el ministerio público vs. solicitud de diligencias por partede la defensa

En razón de lo anterior, podemos aventurarnos a dos cuestiones, por un lado la hipótesis de unavulneración de garantías judiciales, como es la defensa y prueba, y solicitar en cualquier etapa delprocedimiento –ante el Juez de Garantía- las medidas necesarias para permitir dicho ejercicio, lo quese traduce en emitir una orden al Ministerio Público para que realice las diligencias solicitadas por ladefensa. Ante esto nos preguntamos ¿colisiona la facultad de dirigir exclusivamente la investigacióndel Ministerio Público con el derecho a la defensa del imputado? Al respecto, si bien no explícitamente,se le entregan facultades al Juez de Garantía para que a lo largo del procedimiento del cual conoce,compense la desigualdad material y jurídica que existe entre el órgano persecutor del Estado y elimputado, lo que apreciamos en el artículo 235 del CPP, que en el contexto de un juicio inmediato sepermite la suspensión de la audiencia para que dentro de un plazo razonable se pueda plantear porparte de la defensa solicitudes de prueba, norma que claramente protege el derecho a la prueba ydefensa del imputado.

Se protegen los derechos del imputado en materia probatoria también cuando en el artículo 278 se fijaun nuevo plazo para presentar prueba. El título de la norma, durante su tramitación, era un reflejo deello, “Indefensión del acusado”, pero el Senado estimó que era necesario modificarlo, ya que si bienel efecto que se pretendía evitar es la indefensión, en realidad el medio para hacerlo es el otorgamientode un nuevo plazo para presentar las pruebas (Pfeffer, 2001).

Ahora, existe otra posibilidad para que la defensa pueda solicitar la realización de determinadasdiligencias una vez producido el cierre de la investigación, a través de la reapertura de ésta. En estecaso, podrán los intervinientes -el imputado- reiterar la solicitud de realización de diligencias precisasde investigación, siempre cuando –como lo estipula nuestro CPP- éstas se hubieren formulado demanera oportuna durante el curso de la investigación y respecto de las cuales el Ministerio Público lashubiere rechazado o simplemente no se hubiere pronunciado. Esta solicitud, deberá dirigirse al juezde garantía, el que podrá pronunciarse acogiendo o rechazando la solicitud. En caso de esta última,¿Qué ocurre si el juez se niega a esta solicitud? ¿Es posible configurar la indefensión del imputado?

7. Posible recurso a la cautela de garantías

En esta parte es preciso detenerse a analizar la institución de la cautela de garantías, regulada por elartículo 10 del CPP, y en primer lugar es imperativo entender un concepto de garantía. Es del casoseñalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de una opinión consultiva, haintentado precisar la relación entre derecho y garantía:

“Las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho.Como los Estados Partes tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de lapersona, también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías (art.1.1), vale decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en todacircunstancia (…).

El concepto de derechos y libertades y, por ende, el de sus garantías, es también inseparable del sistemade valores y principios que lo inspira. En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentesa la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyoscomponentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”19.

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19 Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana, Opinión Consultiva:8/87, de 30 de Enero de 1987, pf. 25 y 26.

Lo que a primera vista podemos señalar, es que nuestro legislador procesal penal confunde en esteartículo el concepto de derecho con el de garantía, porque como señala la definición de la CIDH lasgarantías sirven para proteger un derecho, en cambio el mencionado artículo señala “que el imputadono está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas”,careciendo de toda lógica ya que los derechos no son otorgados por las garantías. Sin embargo una delas ventajas que es posible reconocer en esta disposición, es la inclusión expresa de los cuerposnormativos en los que se consagran las garantías como en la CPR, en las leyes o en los tratadosinternacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, Más aún, estas medidas sepracticarán de oficio o a petición de parte.

Finalmente merece una última reflexión la hipótesis de vulneración de garantías, esto es, que elimputado no se encuentre en condiciones de ejercer el derecho o garantía, como se estime dependiendode la opinión que se tenga de lo ya señalado en cuanto a la confusión del legislador al respecto. Pero¿qué sucede en el caso que el ejercicio de la garantía sea imperfecto? ¿Es posible invocar el artículo10 del CPP. A esta respuesta hay que arribar teniendo en consideración la definición que nos entregala Opinión Consultiva de la CIDH, la cual exige que la protección sea a través de mecanismos idóneospara que estos sean efectivos en toda circunstancia. Lo que no se estaría cumpliendo al restringirse lahipótesis de vulneración únicamente a que el imputado no esté en la posibilidad de ejercer el derecho,resultando ineficaz material y jurídicamente la protección de los derechos constitucionales, legales einternacionales al respecto, no superando el estándar internacional para su cautela.

Todo lo anterior pone como desafío dilucidar si nuestro ordenamiento jurídico interno cumple con losestándares internacionales del derecho a la prueba en materia procesal penal.

V. CONCLUSIONES

1) Aplicando la teoría de James Goldschmidt al proceso penal chileno, el Ministerio Público en virtudde la exclusividad en la dirección de la investigación posee la carga de probar, la que es imperiosapara desvirtuar la presunción de inocencia reconocida tanto nacional como internacionalmente.

2) Si bien el derecho a la defensa en su sentido amplio está consagrado en los tratados internacionalessobre los derechos humanos y reconocido reiteradamente en la jurisprudencia internacional, ésta sever limitada de tener una participación activa en la obtención de fuentes de prueba, ya que gran partede ésta, debe hacerse por medio de solicitud de diligencias al Ministerio Público.

3) Esto hace preguntarnos si en nuestro ordenamiento jurídico se ve garantizada la eficacia del derechoa la prueba por medio de las disposiciones legales contenidas en el Código Procesal Penal.

4) Observamos que la postura del Ministerio Público es que el derecho a la defensa y el derecho a laprueba contenido en él, sí se encuentran resguardadas en virtud de una serie de disposiciones ya citadasque permiten solicitar la realización de las diligencias anteriormente pedidas y rechazadas por el órganopersecutor ante el Juez de Garantía, tribunal constituido para garantizar el respeto de los derechos delos intervinientes en el proceso, particularmente el imputado y su defensa; e incluso otorga laposibilidad de impugnar por la vía del Recurso de Nulidad de la sentencia que haya sido dictadaconforme a un proceso en el cual se haya dejado en indefensión al imputado.

5) Por su parte, la postura contraria señala que no basta con garantizar la posibilidad de realizardiligencias una vez producido el cierre de investigación, ni tampoco con la positivización de mediosde impugnación para atacar una sentencia dictada con vicios de indefensión, sino que estas herramientaslegales deben ser eficaces y oportunas, cumpliendo con el estándar del derecho internacional de losderechos humanos.

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6) Así, sostenemos que al no existir herramientas que le aseguren a la defensa recurrir contra la negativadel Ministerio Público de realizar las diligencias solicitadas por la defensa y así, hacer efectivo elprincipio de objetividad, comprendido como el deber constitucional de determinar la participaciónpunible y los que acrediten la inocencia del imputado (artículo 83 CPR), se hace necesario dotar deuna mayor atribución al Juez de Garantía para poder ordenar y proteger eficazmente a la defensa en elcumplimiento de sus derechos fundamentales; en otras palabras, para garantizar el derecho. Esto, adiferencia de lo que pudiera señalarse en cuanto a que no es competencia del Juez de Garantía estetipo de facultades, ya que se estaría inmiscuyendo en la exclusividad de la dirección de la investigacióndel Ministerio Público; no debe verse como una limitante ni perturbación a la facultad del MinisterioPúblico por parte del juez de Garantía, sino que como el efectivo cumplimiento en el ejercicio de susdeberes, como un ente garante y protector de los derechos y garantías de los intervinientes, en estecaso, el imputado.

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INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS:Juízo comparativo com os principais institutos de resolução

massificada de conflitos

INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LOS DERECHOS REPETITIVOS:Juicio comparativo de los principales institutos

de resolución masificada de conflictos

INCIDENT OF RESOLUTION OF REPETITIVE DEMANDS:Comparative judgment to the top institutes of conflict massified resolutio

MARCELO AUGUSTO KOYCHI NAKASHOJI PEREIRAGRADUADO EN DERECHO POR EL CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

(UNICEUB, BRASIL)




RESUMO

Este trabalho analisa o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas proposto pelo projeto doNovo Código de Processo Civil, em trâmite no Congresso Nacional. Enquadra-se temporalmente numarealidade em que o aumento de demandas levadas ao judiciário tem impulsionado o sistema a buscarmeios alternativos de resolução dos conflitos de maneira coletiva. Países de todo o mundo implemen-tam meios de dar uma resposta satisfatória à nova realidade de lides massificadas. Emergem mecanis-mos como as class actions nos Estados Unidos e Canadá, a Group Litigations Order na Inglaterra e oMusterverfahren na Alemanha, além de um procedimento prático adotado pela Corte Europeia de Di-reitos Humanos. Nesse cenário, surge a proposta de um novo mecanismo na tentativa de aperfeiçoaro sistema de resolução coletiva de demandas. Trata-se do Incidente de Resolução de Demandas Repe-titivas, que poderá ser suscitado, no âmbito das instâncias ordinárias, sempre que se identificar con-trovérsia com idêntico fundamento jurídico capaz de produzir demandas em massa, gerando, assim,risco de prolação de decisões conflitantes e grave insegurança jurídica. É sobre esse objeto que o pre-sente estudo se debruça, pretendendo analisá-lo e abordando suas principais características e princípiosjurídicos envolvidos, bem como estabelecer juízo comparativo com os principais institutos de resoluçãode demandas massificadas do direito estrangeiro e do atual sistema processual brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE:

Direito Processual Civil; Projeto do Novo Código de Processo Civil; Incidente de Resolução de De-mandas Repetitivas; Direito Comparado; Demandas Representativas da Controvérsia.

ABSTRACT

This paper analyzes the Incident of Resolution of Repetitive Demands proposed by the project of theNew Code of Civil Procedure, pending in Brazilian National Congress. It fits temporally in an envi-ronment where increasing demands brought to justice has driven the system to seek alternative meansof resolving disputes in a collective manner. Countries around the world create different ways in orderto give a satisfactory answer to the new reality of massed conflicts. Stand out mechanisms such asclass actions in the United States and Canada, the Group Litigation Order in England and Musterver-fahren in Germany, as well as a practical methodology adopted by the European Court of HumanRights. In this scenario, there is the proposal of a new mechanism in an attempt to improve the reso-lution system of collective demands. This is the Incident of Resolution of Repetitive Demands, whichmay be raised in the context of ordinary instances, whenever identified a controversy with identicaljuridical grounding capableof producing massed demands, thus generating risk of delivering conflictingdecisions and grave juridical insecurity. It is the subject of this study, intending to clarify it and dis-cussing its main characteristics and the legal principles involved, as well as establishing comparativejudgment with leading institutes of resolution of massed demands of foreign law and the current Bra-zilian legal system.

KEYWORDS:

Civil Litigation; Project of the New Code of Civil Procedure; Incident of Resolution of Repetitive De-mands; Comparative Law; Representative Controversy Claims.

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I. INTRODUÇÃO

A preocupação com o aumento exponencial de demandas levadas à tutela do Poder Judiciário não érecente, nem mesmo localizada. Poder-se-ia dizer que seu alcance é universal, em razão de ser possívelencontrar na organização de um número considerável de países que já buscam formas de se adaptar amencionada realidade. Sendo assim, percebe-se que os sistemas judiciários se sentem impelidos a bus-car mecanismos com a finalidade de dar respostas céleres, uma vez que, do contrário, há o risco deperecimento do direito.

Cite-se, como exemplo, Alemanha, Suíça, Portugal, Inglaterra, Itália, Japão, Argentina, Canadá, Aus-trália1, países que avançaram no desenvolvimento de mecanismos para o processamento de demandasmassificadas, seja por meio de filtros de acesso, seja por meio de procedimento de resolução coletivade demandas. Destacam-se, porém, os modelos estadunidense, inglês e alemão.

Não é diferente o processo de administração em massa das demandas levadas ao judiciário no ordena-mento jurídico brasileiro. Neste ordenamento, mecanismos têm sido idealizados a fim de encontrarformas alternativas e eficientes que aperfeiçoem o atendimento àqueles que buscam a Justiça para terseus direitos reconhecidos. As Súmulas Vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), oJulgamento Prima Facie, a repercussão geral como requisito de admissibilidade de recursos perante oSTF, a dinâmica dos recursos repetitivos e as ações coletivas são alguns dos mais notórios exemplosdessa nova visão processual.

Este artigo se propõe a comparar o incidente de resolução de demandas repetitivas previsto para oNovo Código de Processo Civil Brasileiro (Novo CPC) com institutos já existentes no ordenamentojurídico brasileiro e no direito internacional. Assim, estudar-se-á primeiro o incidente proposto emface aos institutos internacionais e, posteriormente, diante dos institutos brasileiros.

II. O INCIDENTE E O DIREITO COMPARADO

O estudo do incidente proposto no projeto do Novo CPC passa pela comparação com aqueles já vi-gentes em países como os Estados Unidos, a Inglaterra e a Alemanha. Também se verifica elementospassíveis de análise com o procedimento da corte humanitária europeia. Assim, passa-se ao cotejoentre o incidente e os referidos institutos.

1. O incidente e as Class Actions

As class actions contribuíram, ao lado de outros institutos do direito estrangeiro, como inspiração parao surgimento de meios alternativos para a resolução de demandas em massa. Dessa forma, cabe com-parar seu funcionamento com o do incidente de resolução de demandas repetitivas.

Um dos requisitos para a instauração de uma class action, conforme a Regra 23(a)(1) do Federal Ruleof Civil Procedure2, é a inviabilidade litisconsorcial, ou seja, que seja incabível trazer todos os envol-vidos ao processo na qualidade de partes litisconsorciais. O incidente de resolução de demandas repe-titivas prescinde deste pressuposto, pois visa a formar uma ratio decidendi com força vinculante para

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1 Destacam-se os modelos da Alemanha, Suíça, Portugal, Inglaterra, Itália na tratativa coletiva de demandas (cf. OTHA-RAN, 2011; ROSA, 2010) e da Argentina, Canadá, Austrália, Japão na criação de filtros de acesso às Cortes Superiores(cf. NASCIMENTO, 2009).

2 Cf. Cornell University law School, Legal Information Institute (LII). Disponível em<http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule23.htm>. Acesso em: 03/07/2012.

http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule23.htm%3E.

os demais processos que lhe deram origem, não havendo qualquer formação necessária de pluralidadede partes nos polos da demanda. Assim sendo, difere-se o incidente de resolução de demandas repeti-tivas das class actions norte americanas, uma vez que, no procedimento brasileiro, não se fará da in-viabilidade litisconsorcial um requisito essencial para instauração do incidente.

Não se pode ainda confundir os dois institutos pelo fato de que nas class actions, conforme Regra23(a)(2), tanto questões de fato como de direito podem ser arguidas, ao passo que o incidente de reso-lução de demandas repetitivas se destina a resolver controvérsia que verse exclusivamente sobre idên-ticas questões de direito (art. 895, caput do PLS 166/2010). Assim, até o presente momento, não háprevisão de se inserir questões fáticas como objetos de julgamento pelo incidente.

Vale mencionar a necessidade de haver nexo fático-jurídico nas situações abrangidas pelas class ac-tions, nos termos da Regra 23(a)(3) do diploma retrocitado. Ou seja, os demandantes precisam estarligados por uma relação fática ou jurídica comum. Os argumentos do pedido ou da defesa devem seridênticos. Já que no âmbito do incidente de resolução de demandas repetitivas, essa ligação não sefazia necessária, até mesmo porque as ações sequer precisariam estar em curso, bastando a existênciade controvérsia com potencial de gerar demandas em massa sobre idêntica questão jurídica.

Cumpre, entretanto, informar que em 19/10/2011, a emenda 181 apresentada por Bruno Araújo na co-missão alterou o dispositivo excluindo sua carga preventiva e mantendo apenas o caráter repressivodo incidente. Segundoo autor, o caráter preventivo provocaria grave risco de cerceamento do necessárioamadurecimento do caso para julgamento, o que poderia não resultar na melhor solução. Portanto, de-fende que o caso seja alimentado com decisões distintas já existentes em processos que tratem de si-tuações homogêneas. Assim, o texto atualmente se apresenta da seguinte forma:

Art. 930. É admissível o incidente de demandas repetitivas quando houverdecisões distintas em processos que versem sobre situações jurídicas ho-mogêneas, desde que presente o risco de ofensa à isonomia e à segurança ju-rídica3. (grifo nosso)

Sobre o assunto, assim se manifestou Leonardo Carneiro da Cunha (2011, p. 263), tendo sua opiniãoacatada pela comissão:

É manifestamente alto o risco de haver sucessivas decisões afastando a apli-cação do precedente, em razão de algum distinguishing, overruling ou overri-ding.

[...]

Daí por que não se afigura adequado considerar que o incidente seja preven-tivo, exigindo-se, para sua instauração, a existência de sentenças antagônicasa respeito do tema.

Portanto, verifica-se que a comissão alterou o funcionamento do incidente limitando a aplicação deseus efeitos aos processos já ajuizados, quando sejam

Neles identificadas decisões divergentes para situações homogêneas, evitando-se, assim insegurançajurídica e ofensa à isonomia das decisões judiciárias. Dito de maneira simples, a alteração subtrai ocaráter preventivo do incidente, preservando apenas sua natureza repressiva. Se a alteração vingar, oincidente terá olhar apenas para trás, nunca para frente. Resta aguardar redação final do projeto, a fim

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3 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº. 8.046/2010. Código de Processo Civil. Brasília-DF, 2010. pp. 174. Disponível em <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=831805&fi-lename=PL+8046/ 2010>. Acesso em: 26 fev. 2013.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=831805&fi-

de que se conclua sobre o entendimento a ser enfim adotado. Apesar disso, não é exigida a ligaçãofática ou jurídica entre os demandantes. O que se exige é a homogeneidade nas situações jurídicas sus-citadas.

Ainda, a Regra 23(a)(4) da lei americana exige, para a instauração de uma class action, a representa-tividade adequada, aferida pelo personal stake, ou seja, que o representante tenha efetivamente algo aganhar ou perder com a causa. Tal verificação é realizada por um juízo subjetivo do juiz, ou seja, con-fere-se a legitimidade da representação pela perspectiva do sistema ope judicis. Ao contrário do quedeverá ocorrer no modelo brasileiro, os legitimados para suscitar o incidente serão previstos em dis-positivo da própria lei, em um rol taxativo, constante do art. 895, § 1º do PLS 166/2010. A verificaçãoda legitimidade para instaurar o incidente, portanto, decorrerá de uma perspectiva ope legis.

Por último, cumpre salientar que em meio a todas as referidas diferenças, assemelham-se no que serefere aos efeitos da coisa julgada. Nos dois sistemas, americano e brasileiro, tanto se a decisão egrégiafor favorável ou quanto se for contra o interesse das partes, os efeitos da coisa julgada se operam paraatingir as partes e os demais casos abrangidos pelo mecanismo. Assim, tanto nas class actions quantono incidente de resolução de demandas repetitivas, os efeitos da coisa julgada não se operam comonas ações coletivas brasileiras, as quais a coisa julgada só produz efeitos no caso de procedibilidadedo pedido (secundum eventum litis), mas ocorrem tanto se a decisão for favorável quanto se contráriao pedido da parte (pro et contra)4.

1.1. O incidente e o Group Litigation Order

Cotejando-se agora o incidente de resolução de demandas repetitivas com o sistema inglês denominadoGroup Litigation Order. Em termos de matérias

abrangidas, reitera-se que o art. 895 do PLS 166/2010 não admite o incidente para resolver questõesde fato, mas o limita a julgar questões de direito. Essa limitação não encontra reflexo no Group Liti-gation Order, que fora instituído, segundo a própria definição (regra 19.10 da Civil Procedure Rules5)para resolver tanto para questões fáticas quanto questões jurídicas.

Uma sutil diferença que merece análise versa sobre os efeitos da coisa julgada. Em sede de Group Li-tigation Order, em regra, a coisa julgada opera-se apenas sobre aquelas demandas inseridas no groupregister. Conforme dispositivo 19.12(b) da regra civil inglesa, para que os efeitos possam se estendera outras demandas ainda não inseridas no group register, faz-se necessária a manifestação da corte deadministração do incidente no sentido de modular os efeitos da decisão para atingi-las. De forma di-ferente, a decisão resultante do julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas produ-zirá, em regra, efeitos erga omnes, abraçando qualquer caso que verse sobre a questão jurídica.Conforme art. 847, V do PLS 166/2010, somente em razão de segurança jurídica e relevante interessesocial, poderá o tribunal modular os efeitos da decisão estabelecendo o termo inicial adequado para adecisão começar a valer. Em resumo, na Inglaterra, para que atinja demandas futuras, a corte deveráse manifestar, ou seja, o efeito geral depende pronunciamento da corte. No Brasil, o tribunal deverá sepronunciar somente quando não for conveniente o efeito erga omnes, sendo este efeito automático nosdemais casos.

Quanto aos demais aspectos, os dois institutos em muito se assemelham. Ambos operam-se pelo sis-tema opt in, que se expressa em opção dada aos interessados que desejem ingressar no grupo para ter

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4 Verificar Regra 23(c)(3) do Federal Rule of Civil Procedure e art. 903 do PLS 166/2010.5 Cf. Ministry of Justice. Disponível em <http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules>. Acesso em:

04 mar. 2013.

http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules%3E.

sua demanda resolvida em conjunto. No procedimento britânico, ocorre por meio do group register, eno procedimento brasileiro se dará por registro mantido pelo Conselho Nacional de Justiça6. Os doismecanismos podem ser gerados quando identificada controvérsia com potencialidade de gerar proces-sos em massa e em ambos haverá a possibilidade de modulação dos efeitos da coisa julgada para atingirdemandas futuras, com a sutil diferença já mencionada.

1.2. O incidente e o Pilot-Judgment Procedure

Proceder-se-á, agora, à comparação do incidente com o Pilot- Judgement Procedure da Corte Interna-cional de Direitos Humanos. Ressalte-se que não há regramento positivado sobre o procedimento, dei-xando o embasamento para dispositivos gerais da Convenção de Direitos do Homem.

Assemelham-se pela possibilidade de serem suscitados diante da verificação de processos com questõescomuns capazes de gerar demandas em massa. Diferem-se, contudo, pelo fato de, suspensos os pro-cessos com questão comum ao processo piloto, há, no procedimento da corte humanitária, possibilidadede determinação de prosseguimento do processo individual, em casos excepcionais, quando houverrisco de perecimento do direito material7. No procedimento brasileiro, até o presente momento, nãohá essa previsão expressa, embora seja desejável que assim ocorra.

Por sua própria natureza, o Pilot-Judgment Procedure possui fragilidade legal, uma vez que dependede a autoridade nacional acatar a decisão da corte. O controle realizado é de convencionalidade e suaimplantação interna é regida pelo princípio da boa-fé entre os Estados. O procedimento esbarra na so-berania do Estado Nacional. Infere-se, portanto, que as determinações possuem força sugestiva, nãovinculando as decisões locais. Por outro lado, o procedimento brasileiro não possui tal limitação, oque dá a sua base legal maior poder coercitivo. Assim sendo, o que for decidido em sede do incidentepossuirá força vinculante quanto aos seus fundamentos, irradiando-se para as decisões a quo.

1.3. O incidente e o Musterverfahren

Na exposição de motivos do projeto do Novo CPC, é manifesta a inspiração do incidente de resoluçãode demandas repetitivas no procedimento modelo

do direito germânico. Nesse contexto, cumpre iniciar a comparação entre o incidente brasileiro e oMusterverfahren alemão por suas semelhanças.

Nos dois sistemas, não ocorre substituição processual pelo representante adequado, como ocorre nasclass actions dos países norte americanos. Os demais sujeitos que possuem interesse na decisão doprocesso piloto ou que tiveram seus processos suspensos poderão participar dos debates, ainda queem papel secundário, seja na qualidade de amicus curiae ou como parte litisconsorcial, respectiva-mente. Busca-se, assim, evitar possível limitação ao acesso à justiça. Ambos diferenciam-se do pro-cedimento norte americano, uma vez que, neste último caso, o representante adequado é o único aquem é dada a possibilidade de se manifestar manifesta sobre os atos processuais.

Em ambos os sistemas, o julgamento é, por óbvio, feito pelo tribunal, nunca pelo magistrado de primeirainstância, que apenas é legitimado para instaurar o incidente, sempre a pedido das partes ou outros le-gitimados. Ou seja, é vedado ao magistrado de primeira instância suscitar o incidente de ofício. Também

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6 Verificar regra 19.12(b) do Civil Procedure Rules inglês e o art. 896 do PLS 166/2010 brasileiro.7 Ver BARBOSA; CANTOÁRIO (In: FUX, 2011, p. 477).

existe, nos dois sistemas, previsão de publicidade das demandas abrangidas pelo processo piloto emcadastro eletrônico público e gratuito. No caso germânico, denomina-se Klageregister e, no Brasil, érealizado por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça (art. 896 do PLS 166/2010).Os dois mecanismos preveem suspensão dos demais processos que dependam da decisão-modelo.

Os efeitos do julgamento do procedimento, em ambos os casos, atingem os processos individuais,ainda que as partes não tenham requerido sua inserção na tratativa coletiva. Ou seja, os efeitos atingemas demandas suspensas automaticamente, diferentemente do que ocorre no sistema opt-in, como nocaso da Group Litigation Order britânica.

Diferem-se, entretanto, pelo fato de o Musterverfahren tratar de matérias de fato e de direito, evitandoa quebra lógica da relação fático-jurídica que constitui a lide. O incidente brasileiro trata apenas dematéria de direito. O procedimento alemão pode ser instaurado pelo juízo de primeiro grau, enquantoque no Brasil, a legitimidade pertence ao presidente do tribunal. Entretanto, o pedido pode vir das par-tes, do juiz ou relator de ofício, do Ministério Público ou da Defensoria Pública,

enquanto que na Alemanha, não se encontra previsão de pedido vindo de entidade outra que não sejaparte diretamente interessada.

Outra diferença refere-se à extensão da coisa julgada. Apesar de divergências na doutrina alemã, comosupracitado pelo estudo de Cabral, pacífica é a ideia de que os efeitos da sentença se estendem apenasa processos já ajuizados no momento da decisão do procedimento. Quanto ao incidente brasileiro, con-forme Barbosa e Cantoário (In: FUX, 2011, p. 480), plausível é a interpretação sobre a possibilidadede modulação dos efeitos do julgado para que os seus fundamentos vinculem processos futuros.

II. O INCIDENTE E OS DEMAIS INSTITUTOS DO DIREITO BRASILEIRO

Como visto, a Emenda Constitucional no 45 de 2004 inseriu como direito e garantia fundamental oprincípio da razoável duração do processo, bem como a possibilidade de edição de súmulas vinculantespelo Supremo Tribunal Federal, por meio da inserção do art. 103-A na Constituição Federal de 1988.Posteriormente, foram editadas três leis alterando o Código de Processo Civil atual, de forma a imple-mentar na prática o referido princípio da celeridade, que resultaria, por extensão, na segurança jurídicaresultante de decisões não conflitantes. Tais leis inseriram, no corpo do diploma processual, os art.285-A, 543-A, 543-B e 543-C, que tratam respectivamente dos institutos que buscam maior celeridadeprocessual e vinculação dos órgãos judiciários e administrativos a uma decisão paradigmática, a fimde promover decisões convergentes. Os referidos institutos serão objeto de análise a seguir em paralelocom o incidente proposto no projeto do Novo CPC.

1. O incidente e a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal

Ao se cotejar o incidente com o instituto da súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal,três aspectos relevantes foram escolhidos para o presente estudo. Analisa-se, portanto, a possibilidadede reclamação para o tribunal superior, a possibilidade de modulação, revisão e cancelamento da decisãovinculativa e, por último, discorre-se sobre os efeitos vinculantes no âmbito dos dois procedimentos.

1.1. Sobre os efeitos vinculantes

A Emenda Constitucional no 45 de 2004, além de consagrar o princípio da razoável duração do pro-cesso, reformou a Carta Magna inserindo em seu corpo o art. 103-A, que trata da possibilidade de edi-ção de súmulas vinculantes pelo STF. Assim dispõe:

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Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisõessobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicaçãona imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos doPoder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas fe-deral, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento,na forma estabelecida em lei8. (grifo nosso)

O PLS 166/2010, de maneira semelhante ao tratado pela Constituição Federal reformada pela Emendano 45 de 2004, trata do efeito vinculante em seu art. 9039, definindo a possibilidade de aplicação datese jurídica resultante do julgamento do incidente a todos os processos que versem sobre questão ju-rídica:

Art. 903. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os pro-cessos que versem idêntica questão de direito10. (grifo nosso)

Observando os dispositivos supracitados, verifica-se grande semelhança entre o atual instituto da sú-mula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal e a previsão do incidente de resolução de de-mandas repetitivas no Projeto do Novo Código Civil. Pode-se inferir que o projeto visa estender apossibilidade de edição de um julgado com efeitos vinculantes para a jurisdição ordinária, deixando,portanto, de ser uma prerrogativa privativa do tribunal constitucional de superposição.

O mesmo artigo da Constituição Federal de 1988, em seu parágrafo primeiro dispõe que o objetivo dasúmula vinculante é o de dirimir controvérsias capazes de gerar grave insegurança jurídica e relevantemultiplicação de demandas sobre questões idênticas, uma vez que delas poderão surgir decisões con-flitantes:

Art. 103-A. [...]

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de nor-mas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judi-ciários ou entre esses e a administração pública que acarrete graveinsegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questãoidêntica11. (grifo nosso)

A preocupação descrita parece ter sido “exportada” para o art. 895 do Projeto do Novo CPC12 que en-contra no PLS 166/2010 a seguinte redação:

Art. 895. É admissível o incidente de demandas repetitivas sempre que iden-tificada controvérsia com potencial de gerar relevante multiplicação deprocessos fundados em idêntica questão de direito e de causar grave inse-gurança jurídica, decorrente do risco de coexistência de decisões conflitan-tes13. (grifo nosso)

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8 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 25 fev. 2013.

9 O dispositivo corresponde ao art. 938 do PL 8046/2010 da Câmara dos Deputados.10 BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Presidência. Anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Brasília-

DF, 2010. Disponível em <http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2013.11 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 25 fev. 2013.12 Correspondente art. 930 do PL 8046 em trâmite na Câmara dos Deputados.13 BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Presidência. Anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Brasília-

DF, 2010. Disponível em <http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. A cesso em: 26 fev. 2013.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm%3E.

http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf%3E.



Destarte, fica demonstrada a preocupação do legislador constitucional e do ordinário com dois objetivosconvergentes tanto na súmula vinculante editada pelo STF quanto do novel incidente proposto no Pro-jeto do Novo CPC, quais sejam: multiplicação de processos com idêntica questão jurídica e a graveinsegurança jurídica, decorrente de prolação de decisões conflitantes. Assim, ambos os institutos bus-cam sanar conjuntamente as falhas referentes à celeridade e à segurança jurídica no ordenamento na-cional.

Saliente-se, ainda, que a segurança jurídica se fundamenta na previsibilidade da população civil sobrea conduta que de seus integrantes se espera por parte do Poder Público. Decisões conflitantes paramesmas questões jurídicas geram grave insegurança jurídica para a população, uma vez que lhe sãosuprimidas as referências sobre comportamentos aceitos ou não pela Justiça.

1.2. Sobre a possibilidade de modulação, revisão e cancelamento da decisão vinculativa

Outro ponto de destaque versa sobre a análise das decisões jurisprudenciais frente às mudanças cultu-rais por que passa a nação com o decorrer do tempo, e sobre os quais o Direito é demandado a se ma-nifestar. O costume, como fonte

primária de Direito, é dinâmico e, em razão disso, surge a preocupação de o incidente provocar enges-samento do ordenamento jurídico, não lhe permitindo ser alterado, nem atualizado frente à realidade.

Nesse sentido, o legislador constitucional previu a possibilidade de revisão ou até mesmo cancelamentode súmula vinculante, na forma da lei14, a qual exige, entre outros requisitos, a manifestação do Pro-curador-Geral da República, quando não tiver sido o formulador da proposta, além de decisão proferidaem plenário por maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos membros da casa. Além disso, os legiti-mados ativos para propor, revisar ou cancelar súmula vinculante são aqueles legitimados para a açãodireta de inconstitucionalidade, que compõem o rol do art. 103 da Constituição Federal de 1988. Nessesentido, afirma o disposto no art. 103-A da Carta Magna:

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal pode rá [...] proceder à sua revisãoou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisãoou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem pro-por a ação direta de inconstitucionalidade15. (grifo nosso)

Seguindo essa linha de raciocínio, a legislação que trata do procedimento para edição, revisão e can-celamento da súmula vinculante prevê a possibilidade de modulação dos efeitos da súmula em razãode excepcional interesse público ou de segurança jurídica. Assim, dispõe o art. 4º da Lei no11.417/2006:

Art. 4º A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o SupremoTribunal Federal, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, poderárestringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir

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14 Trata-se da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006. Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera aLei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmulavinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/cci-vil_03/_ato2004-2006/2006/lei/ l11417.htm>. Acesso em 26 fev. 2013.


http://www.planalto.gov.br/cci-


de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de ex-cepcional interesse público16. (grifo nosso)

Demonstrada a preocupação do legislador com a dinâmica cultural e social que o direito deve observar,cumpre apresentar os dispositivos do projeto do Novo CPC, que se manifestam de maneira semelhante.Assim, o art. 84717 dispõe:

Art. 847. Os tribunais velarão pela uniformização e pela estabilidade dajurisprudência, observando-se o seguinte:

[...]

V – na hipótese de alteração da jurisprudência dominante do Supremo TribunalFederal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casosrepetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse so-cial e no da segurança jurídica.

§ 1º A mudança de entendimento sedimentado observará a necessidade defundamentação adequada e específica, considerando o imperativo de esta-bilidade das relações jurídicas18. (grifo nosso)

Dessa forma, fica evidente a preocupação do legislador com o risco de engessamento do ordenamentojurídico em razão de padronização das decisões que não mais se adaptem a realidade. Dessa forma, oprojeto busca expandir o pensamento que fundamenta a edição das súmulas vinculantes pelo STF parao âmbito também das instâncias ordinárias.

Apesar do exposto acima, em 22/12/2011, foi apresentada, pelo deputado Jerônimo Goergen, a Emenda880 ao PL 8046/2010 com a finalidade de suprimir o inciso V do art. 882 (art. 847 do projeto PLS166/2010). Justifica que a modulação de efeitos de uma decisão refere-se privativamente ao controleconcentrado de constitucionalidade, que é o meio próprio no qual as decisões se estendem a todos. Eiscomo expõe:

A atribuição de poderes para modulação dos efeitos da decisão no caso de al-teração da jurisprudência, deferida aos tribunais, configura concessão de po-deres que não se coadunam com o julgamento de ações individuais,considerando que a proposta não trata das ações coletivas. A modulação dosefeitos somente se justifica no controle concentrado de constitucionalidade,cujas decisões têm efeitos erga omnes19.

Entretanto, permanece aparente controvérsia entre a supressão citada e o disposto no § 3º, incluído an-teriormente no mesmo artigo pela Emenda 617, que dispõe:

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16 BRASIL. Congresso Nacional. Presidência. Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006. Regulamenta o art. 103-A daConstituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancela-mento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências. Disponível em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004- 2006/2006/lei/ l11417.htm>. Acesso em 26 fev. 2013.

17 Corresponde ao art. 882 do PL 8046/2010 da Câmara dos Deputados.18 BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Presidência. Anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Brasília-

DF, 2010. Disponível em <http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2013.19 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Presidência. Comissão especial destinada a poferir parecer ao

Projeto de Lei n.º 6.025, de 2005, do Senado Federal e apensados, que tratam do “Código de Processo Civil”. Emendanº 880. Brasília-DF, 2011. Disponível em <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposi-cao=533474>. Acesso em: 6 mar. 2013.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-


http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposi-

Art. 882. [...]

§ 3º O juiz ao julgar o caso poderá fundamentadamente deixar de aplicar Sú-mula de Tribunal, quando:

I– entender que o caso, diante das especificidades, não se enquadra no enun-ciado da Súmula ou na sua finalidade;

II– entender que a Súmula já não atende à realidade20.

A aparente controvérsia está na possibilidade de o juiz deixar de aplicar a súmula em caso de reconhecer“distinguishing” na situação, mas ao tribunal não é dada a capacidade de poder modular os efeitos dadecisão proveniente de casos repetitivos. Saliente-se que o inciso II deixa patente a preocupação como fato de a Súmula já não atender à realidade, facultando-se ao juiz a possibilidade de afastar a súmula,o que se torna controverte com o fato de não ser concedida ao tribunal possibilidade semelhante.

Ademais, a alegação de a modulação de efeitos só se justificar no controle concentrado de constitu-cionalidade contrapõe-se ao que o projeto do Novo CPC busca instituir, que é exatamente expandir apossibilidade de modulação de efeitos para as instâncias ordinárias. Assim, a modulação de efeitosvinculantes, a bem da celeridade e da segurança jurídica, deixaria de ser procedimento privativo docontrole concentrado de constitucionalidade para alcançar também o controle difuso das normas su-periores.

1.3. Sobre a possibilidade de reclamação para o tribunal ad quem:

Outra influência que se observa no instituto sugerido pelo Projeto do Novo Código de Processo Civilse verifica na possibilidade de reclamação para a instância superior, quando da contrariedade ou nãoadequabilidade na aplicação do que fora decidido pelo tribunal. Assim, preconiza a Constituição Federalque ato administrativo ou decisão judicial que não observe a tese adotada pela súmula dará razão a re-clamação a ser impetrada perante o juízo superior. Não poderia ser de outra forma, uma vez que a súmulavinculante é, por seu próprio nome, vinculante, de onde se conclui que há liberdade para se afrontá-la,devendo a decisão obrigatoriamente observar seus ditames. Assim dispõe o § 3º do art. 103-A:

Art. 103-A. [...]

§ 3o Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula apli-cável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tri-bunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo oucassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferidacom ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso21.

No mesmo sentido, a nova legislação processual, se implantada, prevê o cabimento de reclamaçãopara o tribunal competente quando a tese jurídica resultante do julgamento do incidente de resoluçãode demandas repetitivas contrariar ou aplicar indevidamente o entendimento proferido. Assim dispõeo art. 906 do Projeto de Lei do Senado Federal no 166 de 201022.

184

20 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Presidência. Comissão especial do Código de Processo Civil– PL 8046/2010. Emenda nº 617. Brasília-DF, 2011. Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ficha-detramitacao?idProposicao=532540>. Acesso em: 6 mar. 2013.


22 Corresponde ao art. 941 no PL 8046/2010 da Câmara dos Deputados

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ficha-


Art. 906. Não observada a tese adotada pela decisão proferida no incidente,caberá reclamação para o tribunal competente23 (grifo nosso).

Quanto a esse ponto específico, cabe uma observação. O PLS 166/2010 atribui o procedimento e jul-gamento da reclamação ao regimento interno do tribunal. Já o PL 8046/2010 alterou o dispositivo atri-buindo a referida competência a parte interessada ou ao Ministério Público seguindo as disposiçõesprevistas no próprio corpo do diploma.

Comparando-se os dois dispositivos, quais sejam, o art. 906 do PLS 166/2010 e o art. 941 do PL8046/2010, verifica-se que, em seus parágrafos únicos, o primeiro direciona a regulação do processa-mento e julgamento da reclamação a para o regimento interno do tribunal, enquanto que o segundopreceitua a observação do Capítulo VIII do Livro IV daquele diploma.

Dessa forma, o legislador intenciona prever procedimento próprio para as reclamações, reivindicandopara o corpo do próprio diploma processual civil o seu regramento. Assim, a reclamação ganha ritoparticular estabelecido nos artigos 942 a 947 do Projeto de Lei que tramita na Câmara dos Deputados.

2. O incidente e o Julgamento Prima Facie

É possível perceber influência do procedimento previsto para o denominado Julgamento Prima Facie,previsto no art. 285-A, incluído pela Lei no 11.277, de 2006, do atual CPC, que permite ao juiz, diantede petição inicial a ele distribuída, dispensar a citação do réu e proferir sentença com mesmo teor desentenças prolatadas anteriormente:

Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e nojuízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outroscasos idênticos , poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, repro-duzindo-se o teor da anteriormente prolatada24. (grifo nosso)

O indeferimento prima facie, portanto, só é cabível quando a questão controvertida for unicamente dedireito e as sentenças anteriores manifestaram-se pela total improcedência do pedido. Logo, o proce-dimento não decide questões fáticas, nem pode ser utilizado quando as decisões anteriores houveremjulgado pela procedência do pedido.

Repetindo-se o art. 895 do projeto do Novo CPC25, hialino que o incidente previsto no projeto, deforma semelhante, não pretende debruçar-se sobre questões fáticas, limitando sua atividade cognitivaa matéria meramente jurídica:

Art. 895. É admissível o incidente de demandas repetitivas sempre que iden-tificada controvérsia com potencial de gerar relevante multiplicação de pro-cessos fundados em idêntica questão de direito e de causar graveinsegurança jurídica, decorrente do risco de coexistência de decisões confli-tantes.26 (grifo nosso)

185

23 BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Presidência. Anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Brasília-DF, 2010. 381 pp. Disponível em <http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. Acesso em: 26fev. 2013.

24 BRASIL. Congresso Nacional. Presidência. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 25 fev. 2013.


DF, 2010. 381 pp. Disponível em <http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. Acesso em: 26fev. 2013.




O julgamento prima facie se revela como um dos instrumentos hábeis a descongestionar o judiciário,em particular, quanto à parcela de processos cuja controvertida questão versar sobre matéria jurídicaque já tenha sido resolvida anteriormente em outras demandas similares. Hialina a preocupação coma celeridade processual e a tentativa de barrar aquelas demandas já pacificadas que atrasam o trâmitedas demais. Nesse sentido, o incidente de resolução de demandas repetitivas revela-se como uma evo-lução do dispositivo, condensando em seu procedimento questões unicamente de direito que possamprovocar congestionamento do sistema judiciário, prejudicando, assim, a celeridade processual.

Vale observar que o julgamento prima facie se limita sobre matérias decididas pela total improcedência,enquanto que, no incidente de resolução de demandas repetitivas, não há essa restrição, pois se vis-lumbra a possibilidade de a atividade cognitiva judicial manifestar-se também pela procedência do pe-dido.

2.1. O incidente e a repercussão geral no recurso extraordinário

A redação do atual CPC, em seu art. 543-A, incluído pela Lei nº 11.418, de 2006, prevê e define o ins-tituto da repercussão geral como requisito de admissibilidade para o conhecimento do recurso extraor-dinário que verse sobre inerente questão constitucional:

Art. 543-A. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhe-cerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versadanão oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo.

§ 1º Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, dequestões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,que ultrapassem os interesses subjetivos da causa27.

O projeto do Novo CPC não deixa literal a necessidade de repercussão geral para que seja suscitado oincidente. Entretanto, prevê o art. 895, § 2º, que a petição ou ofício de instauração do incidente deveráser acompanhado de documentos necessários para se demonstrar sua necessidade, não deixando clarode quais documentos se refere. Porém, de outros dispositivos é possível deduzir que os documentosdeverão tratar da repercussão geral.

Merece destaque o disposto no art. 905 do PLS 166/201028:

Art. 905. O recurso especial ou extraordinário interposto por qualquer das par-tes, pelo Ministério Público ou por terceiro interessado será dotado de efeitosuspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucionaleventualmente discutida.29 (grifo nosso)

O dispositivo é passível da seguinte análise. Se a repercussão geral é presumida no recurso extraordi-nário interposto em sede do incidente, conclui-se que o incidente já carrega em seu bojo a repercussãogeral, requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário. Não poderia ser diferente, uma vezque o incidente se orienta a resolver multiplicidade de demandas repetitivas, que possuem origem eminúmeros processos com demandantes diversos e questões jurídicas convergentes. Desta feita, fica evi-

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27 BRASIL. Congresso Nacional. Presidência. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil.Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm>. Acesso em: 25 fev. 2013.

28 Corresponde ao art. 904 do PL 8046/2010 da Câmara dos Deputados.29 BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Presidência. Anteprojeto do novo Código de Proceso Civil. Brasilia-


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm%3E.


dente que a questão suscitada no incidente ultrapassou os interesses subjetivos de uma única causaparticular e que a questão jurídica é afeta a interesses transindividuais. Portanto, é possível concluirque a repercussão geral, seja de questão constitucional ou infraconstitucional, é um requisito de ad-missibilidade para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, pois, do contrário,não poderia ser presumida em sede de recurso extraordinário, devendo ser demonstrada, nos termosdo § 2º do art. 543-A, em preliminar do recurso.

Da análise sobre a repercussão geral, a fim de não obstar o acesso à justiça, é ainda permitido ao Relatorque autorize a manifestação de outros interessados na causa por meio de seus respectivos procuradores,conforme dispõe o § 6º do mesmo artigo:

§ 6º O Relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestaçãode terceiros , subscrita por procurador habilitado, nos termos do RegimentoInterno do Supremo Tribunal Federal30. (grifo nosso)

De maneira semelhante, o art. 901 do PLS 166/201031 permite a participação de outros interessadosna demanda, seja na qualidade de amicus curiae, seja na qualidade de parte litisconsorcial:

Art. 901. O Relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pes-soas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazocomum de quinze dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem comoas diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida;em seguida, no mesmo prazo, manifestar-se-á o Ministério Público32. (grifonosso)

Dessa forma, o incidente de resolução de demandas repetitivas absorve o princípio que promove oacesso à justiça, respeitando-o nos mesmos moldes da análise sobre a repercussão geral em sede derecursos extraordinários para o STF.

2.2. O incidente e os recursos repetitivos

Quer parecer que o incidente previsto para novo código processual busca estender o procedimento re-ferente às ações repetitivas no âmbito dos tribunais de superposição viabilizando-o também para asinstâncias ordinárias. Assim, os próximos parágrafos apresentam análise comparativa entre os recursosrepetitivos atualmente vigentes no ordenamento brasileiro e o incidente de resolução de demandas re-petitivas previsto no projeto do Novo CPC.

Os artigos 543-B e 543-C do atual CPC, com redação semelhante, definem regras básicas para o jul-gamento de uma “multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia”. O art. 543-B não deixa evidente que o julgamento de recurso extraordinário pelo STF se limitará a questões dedireito, fazendo menção apenas a “recursos com fundamento em idêntica controvérsia”. Entretanto, ajurisprudência expressa o entendimento de que os tribunais de superposição julgam apenas questõesde direito, nunca fáticas. Em particular, o enunciado nº 279 da súmulado STF dispõe que “para simplesreexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Aliada a súmula e a título de exemplo, vale citarjurisprudência do egrégio tribunal:

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31 Corresponde ao art. 935 do PL 8046/2010 da Câmara dos Deputados.32 BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Presidência. Anteprojeto do novo Código de Proceso Civil. Brasilia-




Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIOCOM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBIDO. RETEN-ÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRÊMIO-DESLIGAMENTO, LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS INDENIZADAS. PLANO DE DEMISSÃOVOLUNTÁRIA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIODOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE.

A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 2. Éque o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimentodo contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordemconstitucional. [...]33 (grifo nosso)

Já o art. 543-C deixa claro que o recurso especial versa apenas sobre matéria jurídica, nunca tratandode exame de elementos fáticos. Seu texto deixa transparecer que o procedimento previsto para o recursoespecial exige “multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito”. Aliadoao texto legal, dispõe o enunciado no 7 do tribunal que “a pretensão de simples reexame de prova nãoenseja recurso especial”. Nesse sentido, colaciona-se, a título de exemplo, jurisprudência pacífica dotribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRES-TAÇÃO DE ALIMENTOS. VERIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSI-DADE/POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A eg. Corte Estadual entendeu pela exoneração da obrigação alimentar, comesteio nos elementos de prova constantes dos autos, enfatizando a observânciado binômio necessidade/possibilidade. Nesse contexto, a alteração desse en-tendimento, tal como pretendida, demandaria, necessariamente, novoexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ,que dispõe: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso es-pecial.” 2. Agravo regimental não provido34. (grifo nosso)

Dessa forma, não é conferido aos tribunais de superposição, em sede de recurso extraordinário ou es-pecial, o reexame de matéria fática, mas determina-se que sejam procedimentos adotados única e ex-clusivamente para decidir questões de direito.

No mesmo sentido, o art. 895 do PLS 166/201035, com redação muito parecida à conferida ao recursoespecial, dispõe sobre a admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas quando“identificada controvérsia com potencial de gerar relevante multiplicação de processos fundados emidêntica questão de direito”. Desta feita, conclui-se que o novo procedimento pretende adotar o pen-samento que embasa o julgamento dos recursos repetitivos nas instâncias extraordinárias.

Em sequência, vale notar a semelhança entre a redação do art. 901 do PLS 166/201036 e o parágrafo6º do art. 543-A, que trata da possibilidade de o relator admitir a manifestação de terceiros represen-

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33 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE 701377 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em06/11/2012, Processo Eletrônico DJe-236 Divulg 30-11-2012 PUBLIC 03-12- 2012. Disponível em<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28701377%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/bfbgrhq>. Acesso em: 26 fev. 2013.

34 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 124.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, 23/10/2012, DJe 19/11/2012. Disponível em <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=124064&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=1>. Acesso em: 26 fev. 2013.

35 Corresponde ao art. 930 do PL 8046/2010 da Câmara dos Deputados. 36 Corresponde ao art. 935 do PL 8046/2010 da Câmara dos Deputados.

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28701377%29&base=baseA

http://tinyurl.com/bfbgrhq%3E.

http://www.stj.jus.br/SCON/

tados por procurador em análise de repercussão geral para o STF, bem como o parágrafo 4º do art.543-C, que confere também ao relator do recurso repetitivo do STJ a mesma faculdade.

Portanto, em respeito ao princípio do acesso à justiça, o projeto do Novo CPC propõe dar ao relator,em sede de processos repetitivos, seja em jurisdição extraordinária ou em jurisdição ordinária, a pos-sibilidade de terceiros interessados serem ouvidos, a fim de que a demanda seja instruída com o maiornúmero de informações e fundamentos.

Ainda quanto ao tema, o art. 897 do PLS 166/201037 parece ter resumido em um único dispositivo os§§ 3º e 5º do art. 543-C do atual CPC:

Art. 897. Após a distribuição, o relator poderá requisitar informações aoórgão em cujo juízo tem curso o processo originário, que as prestará emquinze dias ; findo esse prazo improrrogável, será solicitada data para ad-missão do incidente, intimando-se o Ministério Público38. (grifo nosso)

Já os parágrafos 3º e 5º do Código de Processo Civil escrevem:

Art. 543-C. [...]

§ 3º O relator poderá solicitar informações , a serem prestadas no prazode quinze dias , aos tribunais federais ou estaduais a respeito da controvérsia.

§ 5o Recebidas as informações e, se for o caso, após cumprido o disposto no§ 4º deste artigo, terá vista o Ministério Público pelo prazo de quinze dias39.(grifo nosso)

A incrível semelhança é observada inclusive no prazo para que sejam prestadas as informações: 15(quinze) dias. Ou seja, é possível vislumbrar que, tanto nos recursos repetitivos quanto no incidente,será dada ao relator a faculdade de solicitar informações à instância de origem do processo pelo prazode quinze dias, ao final do qual se intimará o Ministério Público para análise e manifestação sobre ademanda.

Vale ressaltar que, conforme já observado pelo art. 903 do PLS 166/201040, conclui-se que o resultadodo julgamento do incidente não fere o princípio do juiz natural, nem resulta em supressão de instância,uma vez que a demanda será retomada pelo juízo de origem, apenas com a necessidade de que estedeverá observar a tese fixada ao fim do julgamento do incidente. Assim, retomar-se-á o trâmite dosprocessos sobrestados na origem, com respectivo julgamento individual.

A lógica do dispositivo não é inovação, uma vez que o atual CPC, em seu art. 543-C, § 7º, prevê a re-tomada dos recursos sobrestados na origem (inciso II) e vislumbra o efeito vinculante do acórdão pro-latado pelo STJ (inciso I). Nestes termos, segue-se a redação do dispositivo em questão:

§ 7º Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiaissobrestados na origem:

189

37 Corresponde ao art. 932 do PL 8046/2010 da Câmara dos Deputados .38 BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Presidência. Anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Brasília-



40 Corresponde ao art. 938 do PL 8046/2010 da Câmara dos Deputados, com a referência à jurisdição na qual se aplicaráo julgado, com a seguinte redação: “Art. 938. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processosque versem idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal”.



I– terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidircom a orientação do Superior Tribunal de Justiça; ou

II– serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acór-dão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça41.

Interessante notar que o dispositivo previsto nos projetos do Novo CPC, tanto do Senado quanto daCâmara, condensam os dois aspectos dos acórdãos resultantes de recursos repetitivos prolatados peloSTJ. Tratam-se do efeito vinculante do acórdão e da retomada do trâmite processual para os processossobrestados na origem.

Diante do exposto acima, é hialina a semelhança entre o incidente de resolução de demandas repetitivasprevisto no projeto do Novo CPC e o procedimento previsto para os recursos repetitivos vigentes noatual ordenamento processual brasileiro.

2.3. O incidente e as ações coletivas

Nas discussões da comissão, o incidente não pretende se aproximar de uma ação coletiva, tendo in-clusive o termo “coletivo” sido rechaçado de sua nomenclatura. A essa altura do presente estudo, já épossível perceber que o incidente limita-se a dar um tratamento coletivo às demandas individuais, semcontudo que haja uma coletivização das demandas.

Assim, é possível enumerar algumas diferenças entre os dois institutos a fim de provar que o incidentenão pretende funcionar como sucedâneo das ações coletivas. Ações coletivas refletem direitos essen-cialmente coletivos, os quais não podem ser tratados individualmente. Portanto, não se podem ajuizarações repetidas quando o direito em si for coletivo. Não há que se falar em multiplicidade de ações,pois a ação coletiva induz litispendência das demais. Ações coletivas tutelam direitos coletivos, indi-visíveis, mas que afetam múltiplos indivíduos. Ações repetitivas tutelam direitos individuais, divisíveis,portanto, ainda que homogêneos, podem ser processados pela via individual.

Vale ressaltar que de um mesmo ilícito podem decorrer pretensões coletivas, individuais puras e indi-viduais homogêneas, situação em que a ação coletiva não induzirá litispendência para as ações indi-viduais conforme preceitua o art. 104 do CPC. A coexistência de demandas baseadas em idênticacontrovérsia, entretanto, só se aplica a direitos individuais homogêneos, uma vez que os direitos cole-tivos são indivisíveis e, por essa razão, tutelados por ação única, capaz de induzir litispendência dasdemais.

Ações coletivas sobre direitos individuais homogêneos decidem questões de fato e de direito, enquantoo incidente debate apenas questões de direito. Ações coletivas reúnem múltiplas ações em uma únicaação substituta, enquanto o incidente preserva a autonomia das ações individuais. A ação coletiva pro-duz efeito erga omnes apenas quando decidida pela procedência do pedido, enquanto que no incidentea coisa julgada se dá pro et contra. Por fim, nas ações coletivas, a suspensão dos processos singularesdepende de requerimento da parte, que poderá optar por dar prosseguimento à sua ação individual,não se submetendo aos efeitos do julgamento da ação coletiva. No incidente, a suspensão é automática,não abrindo possibilidade para a parte optar pelo trâmite processual individual. Segue, assim, a ten-dência jurisprudencial atual.

190



Entretanto, alguns dispositivos do projeto de lei parecem ter buscado inspiração em procedimentosconcernentes às ações coletivas. O primeiro deles refere- se à forma de intervenção do Ministério Pú-blico na demanda instaurada. O art. 895, §3º, do PLS 166/201042 possui a seguinte redação:

§ 3º Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamenteno incidente e poderá assumir sua titularidade em caso de desistência ou aban-dono43.

Semelhantemente, a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), no art. 5º, §§ 1º e 3º, trata da inter-venção do Ministério Público no processo de forma muito semelhante:

§ 1º O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará ob-rigatoriamente como fiscal da lei.

[...]

§ 3º Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação le-gitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidadeativa44.

Observa-se que o dispositivo relativo ao incidente pretende condensar os dois dispositivos referentes à AçãoCivil Pública, no que se refere à atuação do Ministério Público como fiscal da lei, bem como sucedâneo naação em caso de desistência da parte interessada. A última parte se justifica pelo fato de que, uma vez ins-taurado, tanto o incidente como a Ação Civil deixam de representar apenas interesse de uma parte e passaa abranger um grupo plural de representados, extrapolando, assim, o limite intersubjetivo das partes.

De maneira muito semelhante, o CDC dispõe suscintamente no art. 92 que “O Ministério Público, senão ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei”.

Assim, a atuação do Ministério Público no incidente repetitivo não configura novidade, uma vez quesua atuação, como fiscal da lei e em caso de desistência, muito se assemelha ao procedimento previstopara as ações coletivas. O novel incidente, portanto, busca seus fundamentos em institutos já existentesno ordenamento brasileiro.

Ainda com relação ao procedimento previsto para a ação civil pública, a Lei 7.347/85 prevê, em seuart. 8º, § 1º, a possibilidade de requisição de informações a fim de se instruir o processo com grandequantidade de informações para a formação de convicção do órgão julgador, nos seguintes termos:

§ 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil,ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informa-ções, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferiora 10 (dez) dias úteis45.

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42 Corresponde ao art. 930, §3º do PL 8046/2010 da Câmara dos Deputados.43 BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Presidência. Anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Brasília-


44 BRASIL. Congresso Nacional. Presidência. Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública deresponsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/cci-vil_03/leis/L7347orig.htm>. Acesso em: 26 fev. 2013.

45 BRASIL. Congresso Nacional. Presidência. Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública deresponsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/cci-vil_03/leis/L7347orig.htm>. Acesso em: 26 fev. 2013.




No mesmo diapasão, o PLS 166/201046, no art. 897 dispõe:

Art. 897. Após a distribuição, o relator poderá requisitar informações ao órgãoem cujo juízo tem curso o processo originário, que as prestará em quinze dias;findo esse prazo improrrogável, será solicitada data para admissão do incidente,intimando-se o Ministério Público47.

É possível perceber grande similitude entre os dispositivos apresentados, com a diferença que a titu-laridade para requerer as informações na Ação Civil Pública pertence ao Ministério Público, por serele o instaurador do inquérito civil, e também o titular da ação. Já no caso do incidente, é possível queo Ministério Público não seja o autor, embora sua intimação se faça necessária, ficando, assim, a re-quisição de informações a cargo do relator do processo. Em qualquer caso, as informações são requi-sitadas ainda no juízo onde tem origem a ação, seja para instruir a inicial, no primeiro caso, seja parainstruir o processo já instaurado, no segundo.

Por fim, cabe apresentar a semelhança entre o art. 94 do CDC e o art. 896 do PLS 166/201048, que tra-tam da publicidade da ação para fins de participação dos interessados no processo. Assim dispõe o art.94 da Lei 8.078/1990:

Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de queos interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízode ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãosde defesa do consumidor49.

Com orientação similar, o PLS 166/2010, determina que a publicidade seja registrada eletronicamentepelo CNJ. Assim sendo, trata em seu art. 89650:

Art. 896. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da maisampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônicono Conselho Nacional de Justiça51.

Os institutos diferem-se pela forma em que lhes é dada publicidade. Enquanto as ações coletivas bus-cam publicidade pelos meios de comunicação social e órgãos de defesa do consumidor, o incidenteserá divulgado pelo registro eletrônico a cargo do CNJ.

Dessa forma, cumpre-se o objetivo de apresentar as semelhanças significativas entre os processos co-letivos já existentes no ordenamento brasileiro e o incidente de resolução de demandas repetitivas,que, embora novo, busca inspiração e fundamento em fontes processuais já conhecidas pelos órgãosjudiciários.

192



48 Corresponde ao art. 931 do PL 8046/2010 da Câmara dos Deputados.49 BRASIL. Congresso Nacional. Presidência. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do con-

sumidor e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ L8078.htm>. Acesso em:26 fev. 2013.


DF, 2010. 381 pp. Disponível em <http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. Acesso em: 26

fev. 2013.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/


III. DA NATUREZA JURÍDICA DO INCIDENTE

Amadurecida a compreensão sobre o incidente, retorna-se para refletir sobre a sua natureza jurídica.A bibliografia pesquisada não se digna a tratar do tema com profundidade, o que tornou esse pontoparticular do presente trabalho mais dificultoso. Dessa forma, a discussãoaqui engendrada será subs-tancialmente fruto de reflexões particulares e análise crítica sobre os institutos tratados.

O incidente possui de fato natureza de incidente, ou seja, um acontecimento processual eivado de ca-pacidade para interromper o trâmite processual até que se ultime entendimento do tribunal sobre acontrovérsia advinda dos processos que lhe deram causa. Contudo, pouco é dito sobre a natureza dadecisão que surgirá do julgamento do incidente. Sabe-se apenas que será uma decisão colegiada capazde vincular os fundamentos jurídicos das decisões a quo.

A denominação do incidente com a menção “resolução de demandas repetitivas” sugere que as açõesque haviam sido suspensas quando da instauração do incidente serão decididas ao término do trâmiteprocessual. Entretanto, como demonstrado, isso não ocorre. O único processo que será resolvido aocabo do julgamento será o piloto. O incidente possui a prerrogativa de formar um precedente com ca-pacidade de vincular a ratio decidendi para os demais processos, que deverão, contudo, ser analisadosindividualmente pelo juízo de origem. Nessa seara, torna-se também questionável a validade do novoinstituto quanto ao aspecto da celeridade, uma vez que os processos suspensos terão de esperar o re-sultado do julgamento da ação piloto para serem julgados. Ou seja, o incidente que surge para aceleraro processo pode terminar por atrasá-lo.

Assim sendo, o incidente, na verdade, não resolve o mérito das demandas repetitivas e não põe fim aoseu trâmite. Resolve apenas o processo piloto. Portanto, a falsa impressão de que emergiria do processouma espécie de sentença ou acórdão deve ser afastada. O incidente não possui natureza jurídica desentença, até mesmo porque esta se propõe a resolver tanto questões jurídicas quanto questões fáticase, conforme já abordado, o incidente se limita a tratar apenas das primeiras.

Em análise cuidadosa, é possível perceber que o incidente se aproxima da elaboração de uma súmulavinculante, estendo sua lógica às instâncias ordinárias. Entretanto, o projeto não descreve a formaçãode uma súmula, apenas de uma decisão em um determinado processo piloto com poder de vincular asdemais decisões no que se refere aos seus fundamentos jurídicos, ou sua ratio decidendi. Assim, seriapossível aproximar a compreensão da natureza jurídica do incidente a uma espécie de súmula vincu-lante com uma “roupagem” diferente. Renato Xavier da Silveira Rosa (2010, p. 51) ousou pronunciar-se sobre o tema, concluindo que a “decisão proferida no incidente tem a natureza de uma súmulavinculante em tribunal local”, valendo-se, para tanto, de doutrina que afirma serem as súmulas vincu-lantes “verdadeiros ‘precedentes normativos’ a serem emitidos pelo STF” (DINAMARCO, 2005 apudROSA, 2010, p. 46), de onde conclui que “As súmulas vinculantes são, portanto, precedentes judiciaisvinculantes” (ROSA, 2010, p. 47).

Com a devida vênia, acredita-se não ser apropriado tratar a decisão proferida em sede do incidente ea súmula vinculante como eivadas de natureza jurídica equivalente, por dois motivos. O primeiro é ofato de ter a súmula vinculante capacidade de vincular decisões futuras, o que ainda é discutível nocaso do instituto que se estuda e, caso o projeto seja aprovado sem alteração dos dispositivos que sereferem ao tema, isso realmente não ocorrerá. O segundo motivo é que, em sede de incidente de reso-lução de demandas repetitivas, pelo menos uma demanda é resolvida no mérito, qual seja a demandapiloto, o que não acontece no âmbito do processo de formação de súmula vinculante, que se fundamentaem precedentes judiciais, mas não surgem de uma sentença ou acórdão proferido em uma demandapropriamente dita.

A natureza jurídica que mais parece se adequar ao incidente de resolução de demandas repetitivas seriao de precedente judicial com o “bônus” de vincular as decisões dos processos que foram suspensos na

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origem em sua ratio decidendi. Entretanto, não se sabe ao certo se a vinculação também se estenderáa processos instaurados posteriormente. O mais provável é que não (e se o projeto for aprovado comoestá, certo será) não vinculará processos posteriores. Assim, como o procedimento do incidente seaproxima consideravelmente do procedimento da súmula vinculante expedida pelo STF, acredita-seque a melhor forma de descrever o resultado de seu julgamento seria como um precedente judicialvinculante limitado aos processos suspensos. Caso o projeto seja aprovado com a redação anterior,conforme o PLS 166/2010, que permite a prospecção dos efeitos para o futuro, poder-se-ia simplificara descrição da natureza jurídica da decisão proveniente do seu julgamento como sendo simplesmenteum precedente vinculante.

IV. CONCLUSÕES

A justiça lenta e incapaz de atender às demandas que lhe são trazidas provoca sentimentos de injustiça,indignação e revoltas declaradas ou sublimadas. Assim sendo, a Justiça que se presta a ser de fato justadepende de sua eficiência, e para tanto, precisa tornar-se, tanto quanto possível, célere a fim de evitarperecimento de direitos.

A preocupação com as demandas repetitivas surge na realidade jurídica brasileira, que se revela exi-gente por respostas céleres aos problemas que se apresentam. O mundo contemporâneo, pautado noestressante estilo de vida profissional, traz desafio também ao Poder Judiciário, que busca formas dese adaptar a nova realidade. Sendo assim, como é da natureza de seu propósito também de pacificaçãosocial, não poderia ser ele indiferente ao incômodo trazido pela delonga processual. Dessa forma, ojulgamento das ações repetitivas bem como a proposição de criação do incidente em estudo, se apre-sentam como importantes propostas de instrumentos para atender a esse intento.

Nesse contexto, surgem críticas advindas da preocupação dos juristas em defender princípios consa-grados pelo ordenamento e que não raras vezes entram em conflito. Nesse sentido, a celeridade se re-vela também como importante princípio entre os demais, e não escapa à discussão engendrada, vistoque dela emergem dilemas na ponderação valorativa entre eles. O incidente tem ainda sofrido outrascríticas em razão da existência dos já estabelecidos institutos de resolução de demandas em massa noordenamento, como as ações coletivas, razão pela qual se avalia a qualidade dos referidos institutos,bem como a necessidade de criação de um novo.

O presente estudo buscou analisar especificamente o procedimento previsto no projeto do Novo CPCem trâmite no Congresso Nacional, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Tal incidentegera grande expectativa de solução para a massificação de ações levadas ao Poder Judiciário, princi-palmente sob os aspectos da segurança jurídica e celeridade. Ao compulsar o texto da nova lei, des-taca- se a parte que se refere ao incidente, o qual é apresentado como novidade e avanço para o processocivil brasileiro.

Diante disso, algumas conclusões se fazem pertinentes, as quais se apresentam suscintamente nos pró-ximos parágrafos. Primeiramente, no que se refere ao incidente e os demais institutos do direito com-parado, foi possível concluir o seguinte:

1. Um dos pontos que difere o incidente das class actions norte- americanas é o fato de não exigirligação fática ou jurídica entre os demandantes, o que poderia significar relativo obstáculo aoacesso à justiça, uma vez que tal exigência poderia servir como desestímulo, ou mesmo impedi-mento, à parte de pleitear seu direito em juízo. Assim, merece reconhecimento positivo de talcaracterística como valor absorvido pelo incidente.

2. Por outro lado, a possibilidade de se aplicar os efeitos da coisa julgada à parte que sequer se ma-nifestou no processo e não teve oportunidade direta de ser ouvida provoca incômodo, quando se

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preza pelo princípio do contraditório e da ampla defesa. As class actions estadunidenses buscamsolução para esse problema por meio do instituto da representatividade adequada, a qual dotadeterminado demandante de legitimidade positiva para defender os interesses da classe. Acre-dita-se, assim, pertinente prever semelhante figura para o incidente brasileiro, conferindo aos-demandantes a oportunidade de eleger seu representante adequado ou retirar seu processo datratativa coletiva, caso verifique dissidências nos processos que lhe possam prejudicar.

3. O procedimento inglês, denominado Group Litigation Order, possui notáveis semelhanças como incidente, o que leva a dedução que também lhe serviu de inspiração, ainda que implicitamente.A existência de um registro de grupo, ao qual deverá ser dada ampla publicidade serve comomodelo a ser seguido pelo procedimento brasileiro. Dessa forma, seria possível o ingresso ouegresso da parte que desejasse ou não ter seu processo abrangido pelos efeitos da coisa julgadaproveniente da decisão colegiada.

4. Quanto ao procedimento da Corte Europeia de Direitos Humanos, destaca-se a possibilidade deum demandante individual pleitear a análise de seu processo quando houver risco emergente deperecimento do seu direito material. Verifica-se não haver semelhante previsão para o incidentebrasileiro. Assim, advoga-se pela previsão de dispositivo no projeto a fim de que seja oportuni-zado ao particular demonstrar sua necessidade emergencial em juízo e verificar a retomada datramitação de ação individual.

5. Com relação ao procedimento-piloto alemão, Musterverfahren, explícita é a motivação da co-missão de juristas brasileiros de absorver seus fundamentos para o incidente. Em ambos, ocorrea fragmentação da fase cognitiva processual em duas instâncias distintas, podendo-se cogitarverdadeira inversão de instâncias, uma vez que a manifestação do órgão colegiado precede a dojuízo singular. Destaca-se, portanto, o procedimento alemão como sendo, pela característica apre-sentada, o principal inspirador do incidente proposto.

6. Como se verificou, o Musterverfahren trata tanto de questões fáticas quanto jurídicas. Mani-festa-se a doutrina consultada sobre a importância de tal característica a fim de não se quebrar anecessária relação processual entre os fatos e sua tutela jurídica. Assim, concorda-se com tal po-sição, defendendo-se que o incidente trate também de questões fáticas nas instâncias ordinárias,deixando a limitação de se analisar apenas questões de direito para as Cortes de Superposição,o STF e o STJ, tal qual ocorre no ordenamento atual.

Feitas as considerações referentes ao cotejamento do incidente com os institutos do direito comparado,passa-se a realizar sua análise em face dos demais institutos já presentes no direito brasileiro, diantedo qual é possível concluir o que se segue:

1. O incidente, embora novo, não reflete uma inovação propriamente dita. Seus fundamentos e dis-positivos são reflexos de institutos já existentes no ordenamento brasileiro e que vêm sendo apri-morados nas ações coletivas, nas súmulas vinculantes, no requisito da repercussão geral do STFe nos recursos repetitivos no âmbito dos tribunais de superposição. Assim, conclui-se que o in-cidente absorve características e fundamentos dos principais mecanismos brasileiros de resoluçãode demandas massificadas.

2. Absorve a força obrigatória própria das súmulas vinculantes editadas pelo STF, bem como suaabrangência sobre controvérsias capazes de gerar multiplicação de processos com idêntica ques-tão jurídica, estabelecendo situação de grave insegurança jurídica. Assimila daquelas a possibi-lidade de modulação, revisão e cancelamento, a fim de evitar engessamento do ordenamentobrasileiro, prestigiando a evolução social, econômica e cultural e, ainda, prevê cabimento de re-clamação para o tribunal competente, caso o julgamento do caso concreto oponha-se à tese vin-culativa proveniente da instância superior.

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3. Limita-se a debater questões jurídicas, semelhantemente ao que ocorre ao indeferimento PrimaFacie, revelando a diferença, contudo, de se poder suscitá-lo tanto para a tese de deferimentoquanto de indeferimento.

4. Assimila o caráter ultra partes ou erga omnes exigido como requisito de admissibilidade parainterposição de Recurso Extraordinário, em sede de repercussão geral, que, no bojo do incidenteproposto, faz-se presumido. Possui também a semelhança de possibilitar a participação de quais-quer terceiros interessados na qualidade de amicus curiae.

5. Assemelha-se aos recursos repetitivos no âmbito das cortes de superposição, quanto a impossi-bilidade de examinar elementos fáticos e probatórios, conforme respectivas enunciados sumulares279 do STF e 7 do STJ. Acolhe ainda o mecanismo de retomada da tramitação dos processos so-brestados na origem.

6. Por fim, inspira-se nas ações coletivas brasileiras no que tange à obrigatoriedade de intimaçãodo Ministério Público na condição de fiscal da lei e sua possibilidade de assumir a titularidadeda ação em caso de desistência da parte interessada. O incidente também prevê ampla publicaçãoem órgão oficial, qual seja o Conselho Nacional de Justiça, à semelhança do que ocorre nas açõescoletivas, possibilitando a intervenção daqueles que possuírem interesse na demanda, a bem daformação da convicção dos magistrados.

O ordenamento brasileiro, em situações, como a da súmula vinculante, elabora leis específicas paratratar com profundidade do procedimento que apresenta certa complexidade. No mesmo diapasão, de-fende-se a elaboração posterior de uma norma legal que discorra em detalhes sobre os procedimentosenvolvidos e características peculiares do incidente, absorvendo e adaptando aspectos pontuais e prin-cípios particulares dos demais institutos do direito comparado e da legislação sedimentada brasileira.Assim sendo, cumpre, neste momento, tecer algumas considerações a respeito do incidente propostoem face dos princípios gerais de direito, tanto pelos aspectos constitucionais quanto pelos processuais.

1. O incidente parece ser uma eficiente solução, no que se refere à uniformização de jurisprudência,uma vez que se espera que um Estado Constitucional zele pela segurança jurídica daqueles quea ele se submetem. Dessa forma, decisões díspares para situações idênticas não podem persistir.Para esse fim, o poder vinculativo do incidente para as demandas repetitivas se apresenta comoresposta satisfatória para a referida necessidade, trazendo maior exigência sobre a uniformidadede julgamentos, bem como prestigiando a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões ju-rídicas.

2. Entretanto, discute-se a pretensão de o incidente revelar-se como evolução para a celeridade dosprocessos levados a juízo. Isso porque, uma vez suspensos os processos, estes deverão ficar es-perando uma decisão por parte da instância ad quem, o que poderá (e deverá) atrasar o julgamentodas causas individuais. Esperava-se que, talvez o incidente pudesse trazer maior celeridade paraas decisões em longo prazo, se o seu resultado pudesse ser propagado para ações futuras, as quaiscertamente seriam resolvidas mais rapidamente. Contudo, as reformas apresentadas na Câmarados Deputados, ao zelar pela prudência no julgamento, parecem frustrar essa expectativa, limi-tando a abrangência do incidente apenas aos processos pendentes de julgamento, já ajuizados esuspensos por ocasião de sua instauração, o que não significa necessariamente que o julgamentodo incidente não possa ser utilizado como instrumento de retórica argumentativa nas peças le-vadas a conhecimento do judiciário posteriormente. Entretanto, seu poder vinculante não estaráali presente. Dessa forma, não parece ser o incidente uma razoável solução para o problema daceleridade processual. Ao contrário, da forma como se apresenta hoje, espera-se que resulte emmaior morosidade para que o caso individual obtenha uma solução. Cumpre verificar se o textoalterado vingará ou serão apresentadas alternativas para o problema.

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3. Como discutido, a alteração realizada pela emenda 181 na Câmara dos Deputados altera o textooriginal, orientando o incidente apenas para os processos já instaurados. Zela, assim, pelo ama-durecimento do julgamento do incidente a fim de que resulte em decisão justa para os envolvidose observa dispositivos criticáveis do texto do projeto. Cite-se o art. 936, § 1º, do PL 8046/2010,que confere prazo de trinta minutos para que o autor, réu e o Ministério Público sustentem suasrazões. Em seguida, o § 2º do mesmo artigo confere o mesmo prazo para os demais interessados,sendo este comum para todos. Não parece razoável o tempo de debates, pois muito pouco podeser amadurecido nesse ínterim. Processos de julgamento de agentes públicos por crime de res-ponsabilidade e casos levados a júri popular chegam a durar dias a fim de se evitar injustiças.Não há razão aparente para que uma discussão com potencial de gerar demandas repetitivas nãomereça semelhante atenção, até mesmo porque se espera que o incidente seja utilizado excep-cionalmente.

4. Percebe-se que a proposta do incidente deve ponderar, com maior zelo, sobre o equilíbrio deprincípios constitucionais, quais sejam, a uniformidade de decisões e a celeridade. Como o pro-jeto se apresenta atualmente, o incidente significa evolução no quesito de decisões equânimes,porém, no ímpeto de decidir rapidamente, corre um grande risco de não encontrar a de soluçãomais justa para as demandas.

Por fim, acredita-se que o incidente representa promessa de aprimoramento dos mecanismos de reso-lução das demandas massificadas que se apresentam como situação problema para o Poder Judiciário.Entretanto, sua previsão parece exigir melhoramentos que podem ser realizadas de imediato por alte-rações no atual texto ou posteriormente por meio de novos processos legislativos.

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COMENTARIOJURISPRUDENCIA




Declaración de abusividad de la Cláusula de Vencimiento Anticipado y sobreseimiento del Procedimiento de Ejecución Hipotecaria. Comentario a la Sentencia Nº 705/2015, de 23 de diciembre,

del Tribunal Supremo

DR. JESÚS CONDE FUENTES PROFESOR AYUDANTE DE DERECHO PROCESAL.

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (ESPAÑA)




RESUMEN

La sentencia trae causa del ejercicio de una acción colectiva por la que se solicitaba que se declarase lanulidad, por abusivas, de una serie de cláusulas insertas en contratos bancarios celebrados con consu-midores. El fallo de la sentencia confirma su carácter abusivo y las declara nulas. La sentencia contieneuna serie de cuestiones controvertidas de indudable trascendencia, si bien nuestro trabajo se centra enanalizar la determinación de las consecuencias de la declaración de nulidad por abusividad. Al respecto,adquiere especial relevancia el pronunciamiento de la sentencia sobre la abusividad de la cláusula devencimiento anticipado y el sobreseimiento o no del procedimiento de ejecución hipotecaria.

PALABRAS CLAVE:

Cláusulas abusivas; cláusula de vencimiento anticipado; sobreseimiento del procedimiento de ejecuciónhipotecaria.

ABSTRACT

The judgment derives from the exercise of a collective action by requesting that the nullity for abusesof a number of clauses in consumer contracts bank was declared. The judgment confirms its unfairnessand declared void. The judgment contains a number of controversial issues of undoubted importance,but our work is to analyze the determination of the consequences of the declaration of invalidity abu-siveness. In this regard, it is particularly relevant the delivery of the judgment on the abusiveness ofthe clause for early termination and dismissal or not foreclosure proceedings.

KEYWORDS:

Unfair terms; early termination clause; dismissal of the foreclosure proceedings.

I. INTRODUCCIÓN

La sentencia objeto de este comentario –dictada por el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo,de 23 de diciembre de 2015 (RJ 2015/5714) –, pone fin a los recursos extraordinarios por infracciónprocesal y de casación que interpusieron las entidades financieras Banco Bilbao Vizcaya Argentaria(en adelante BBVA) y Banco Popular Español (en adelante Banco Popular) frente a la Sentencia de laAudiencia Provincial de Madrid de 26 de julio de 2013 (JUR 2013/297024).

El litigio trae causa de la acción colectiva que en su día interpuso la Organización de Consumidores yUsuarios (en adelante OCU) frente a las entidades financieras antedichas. En la demanda se solicitabaque se declarase la nulidad, por abusivas, de una serie de cláusulas insertas en contratos bancarios ce-lebrados con consumidores1. El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid dictó sentencia, de 29 de

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1 Las cláusulas eran del tipo siguiente: a) cláusulas de vencimiento anticipado de los contratos por falta de pago dealguna cuota por el prestatario; b) cláusulas que imponen al consumidor todos los costes derivados de la concertacióndel contrato como consecuencia de la intervención notarial y registral y el pago de los tributos en los que el sujetopasivo es el banco; c) las cláusulas que imponen al consumidor el pago de los gastos preprocesales, procesales o dehonorarios de abogado y procurador contratados por la entidad prestamista, en casos de incumplimiento de su obliga-ción de pago; d) Las cláusulas que impiden al prestatario variar el destino del inmueble sin la autorización expresa delbanco; e) las cláusulas que equiparan la aceptación por el cliente de una oferta telefónica a su firma manuscrita y a laasunción de las condiciones particulares del contrato; y f) las cláusulas en materia de intereses de demora.

marzo de 2011, por la que estimaba parcialmente la demanda y declaraba la nulidad de algunas de dichascláusulas. Frente a esta resolución, tanto la OCU como las entidades financieras demandadas interpu-sieron recurso de apelación, en virtud del cual la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmenteel recurso de la OCU y desestimó en su integridad los recursos de BBVA y de Banco Popular. Frente aesta última sentencia, de 26 de julio de 2013, las entidades financieras demandadas interpusieron sendosrecursos extraordinarios por infracción procesal y de casación que, tras ser admitidos a trámite, fuerondesestimados, con la consiguiente confirmación de la sentencia de la Audiencia Provincial.

La sentencia del Tribunal Supremo que analizamos se pronuncia sobre las cláusulas que el BBVA y elBanco Popular incluyeron en sus contratos celebrados con consumidores, confirmando su carácterabusivo y declarándolas nulas. Dada la extensión de los pronunciamientos de la sentencia y las dife-rentes controversias suscitadas, nuestro comentario se va a limitar a abordar la siguiente problemática:la posible integración del contrato cuando una cláusula es declarada abusiva o, dicho de otro modo, ladeterminación de las consecuencias de la declaración de nulidad por abusividad. Al respecto, adquiereespecial relevancia el pronunciamiento de la sentencia sobre la abusividad de la cláusula de venci-miento anticipado y el sobreseimiento o no del procedimiento de ejecución hipotecaria.

II. EL CARÁCTER ABUSIVO DE LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO INSERTAEN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO

La sentencia aprecia la nulidad, por abusiva, de la cláusula de vencimiento anticipado inserta en loscontratos de préstamo hipotecario del BBVA, en virtud de la cual la entidad financiera podía exigiranticipadamente la devolución de la totalidad del préstamo por la falta de pago de una parte de cual-quiera de las cuotas. No obstante, la sentencia no niega la validez general de las cláusulas de venci-miento anticipado “siempre que esté claramente determinado en el contrato en qué supuestos se podrádar lugar a dicho vencimiento, sin que ello pueda quedar al arbitrio del prestamista” (Fundamentode Derecho Quinto, núm. 1).

Atendiendo a las circunstancias del caso, la sentencia considera abusiva la cláusula por no superar losestándares exigibles establecidos en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14de marzo de 2013 (caso Aziz contra Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa –TJCE2013/89–). Sobre esta base, la sentencia aduce que la cláusula controvertida predispuesta por el BBVAno supera tales estándares porque “ni modula la gravedad del incumplimiento en función de la duracióny cuantía del préstamo, ni permite al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligentede reparación (aunque con posterioridad lo haya permitido la legislación cuando el bien hipotecadoes la vivienda habitual –art. 693.3, párrafo 2, LEC, en redacción actual dada por Ley 19/2015). Y encualquier caso, parece evidente que una cláusula de vencimiento anticipado que permite la resolucióncon el incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial y respecto de una obligación accesoria, debeser reputada como abusiva, dado que no se vincula a parámetros cuantitativa o temporalmente graves”(Fundamento de Derecho Quinto, núm. 3).

En base a las consideraciones anteriores, la nulidad de esta cláusula conllevaría su inaplicación, de modoque la entidad financiera quedaría imposibilitada para solicitar la ejecución por la totalidad de la deudaen caso de impago parcial. De este modo, la ejecución sólo podría pretenderse por la parte impagada,por lo que habría que esperar al impago de todo el capital, una vez vencido el plazo pactado, para poderpretender la ejecución total2. Sin embargo, el Tribunal Supremo es consciente de las importantes con-

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2 En este sentido, PÉREZ HEREZA, J. (2016). El carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado por impagoparcial y su posible integración por el artículo 693.2 LEC. El Notario del Siglo XXI, 65. Disponible en internet:http://www.elnotario.es (consulta de 25 de febrero de 2016).

http://www.elnotario.es/

secuencias que las anteriores afirmaciones provocarían en el mercado crediticio y en la continuidad dela figura del préstamo hipotecario. Por esta razón, la sentencia intenta justificar que la nulidad de lacláusula no impide que pueda producirse un vencimiento anticipado en caso de impago parcial, puestoque esta previsión no es per se ilícita, tan sólo es ilícita en la concreta redacción en la que está formuladala cláusula objeto de enjuiciamiento (cfr. Fundamento de Derecho Quinto, núm. 4).

Por lo tanto, aunque no se diga expresamente, los razonamientos de la sentencia conducen a la inte-gración de la cláusula, por lo que se transforma en una cláusula genérica de vencimiento anticipadopor impago parcial, resultando de aplicación el artículo 693.2 de la LEC, en la redacción dada por laLey 19/2015, de 13 de julio. No obstante, la sentencia advierte de que tres impagos pueden no ser su-ficientes ya que “ante el pacto de vencimiento anticipado…y siempre que se cumplan las condicionesmínimas establecidas en el art. 693.2 LEC, los tribunales deben valorar, además, en el caso concreto,si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor está justificado, en fun-ción de los criterios antes expuestos: esencialidad de la obligación incumplida, gravedad del incum-plimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo y posibilidad real delconsumidor de evitar esta consecuencia” (Fundamento de Derecho Quinto, núm. 4).

III. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE ABUSIVIDAD Y POSIBLE SOBRESEIMIENTO DELPROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA

La sentencia suaviza los efectos de la declaración de abusividad en el sentido de que la nulidad de lacláusula no siempre conllevará el sobreseimiento del procedimiento de ejecución hipotecaria. De estemodo, para reforzar su decisión de integración la sentencia recurre al argumento de que “la tutela delos consumidores aconseja evitar interpretaciones maximalistas, que bajo una apariencia de máximaprotección, tengan como consecuencia paradójica la restricción del acceso al crédito hipotecario y,derivadamente, a la adquisición de vivienda en propiedad” (Fundamento de Derecho Quinto, núm.5). La sentencia prosigue su argumentación afirmando que el mismo principio de equilibrio en lasprestaciones que ha de presidir la interpretación de la cláusula de vencimiento anticipado, “revela loinadecuado de obligar a las entidades prestamistas, ante comportamientos de flagrante morosidad, aacudir en exclusiva a la vía declarativa para obtener la resolución contractual (art. 1124 CC), concierre a la vía ejecutiva especial legalmente prevista y correlativa obstaculización de la efectividadde la garantía real” (Fundamento de Derecho Quinto, núm. 5).

Al hilo de lo anterior, la sentencia argumenta que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de laUnión Europea, el juez nacional puede sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria deDerecho nacional (en este caso, el artículo 693.2 LEC), para restablecer el equilibrio entre los derechosy las obligaciones de las partes, en aquellos casos “en los que la declaración de nulidad de la cláusulaabusiva obligue al juez a anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto el consumidor de esemodo a consecuencias de tal índole que representan para éste una penalización” (Fundamento de De-recho Quinto, núm. 6). Según la sentencia, esto es lo que sucedería “si la declaración de abusividad dela cláusula de vencimiento anticipado, por razón de la levedad del incumplimiento previsto para suaplicación, cerrara el acceso al proceso de ejecución hipotecaria incluso en los casos en que el incum-plimiento efectivamente producido haya tenido una gravedad adecuada a la consecuencia del venci-miento anticipado; ya que no puede considerarse que el sobreseimiento de la vía ejecutiva hipotecariasea en todo caso más favorable al consumidor” (Fundamento de Derecho Quinto, núm. 6). A mayorabundamiento, la sentencia considera que remitir a las partes a un proceso declarativo puede privar atodos los compradores de viviendas mediante préstamo hipotecario, que contengan cláusulas abusivasde vencimiento anticipado, de las ventajas que ofrece la regulación legal aplicable: liberación del bienhipotecado y rehabilitación del contrato (cfr. Fundamento de Derecho Quinto, núm. 7).

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Por último, la sentencia recoge un voto particular concurrente del Magistrado D. Francisco Javier Or-duña Moreno, que, sin cuestionar el fallo, discrepa sobre las consecuencias de la abusividad de la cláu-sula de vencimiento anticipado y sus efectos sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria que, asu juicio, debería ser siempre sobreseído. Para sostener esta postura, el voto particular recalca que“una vez declarada abusiva la cláusula en cuestión no cabe moderar o integrar los efectos de la misma,que en el presente caso no son otros, dada la específica configuración de la cláusula de vencimientoanticipado en el título de ejecución, referida a “cualquier incumplimiento del deudor”, que el sobre-seimiento de la ejecución instada conforme a esta cláusula declarada abusiva” (Voto Particular Se-gundo, núm. 4). Los razonamientos esgrimidos en el voto particular insisten en que no cabe laaplicación supletoria del artículo 693.2 de la LEC que sostiene la sentencia, puesto que “la integracióndel vacío que deja la cláusula declarada abusiva sólo puede, excepcionalmente, realizarse a travésde una aplicación supletoria cuando dicha nulidad afecte a un elemento esencial de contrato principal,sin que éste puede seguir subsistiendo, y además se realice sólo en atención de los intereses y derechosdel consumidor. En el presente caso, no se dan ninguno de los presupuestos citados, ni la declaraciónde abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado afecta, per se, a la nulidad del contrato prin-cipal del préstamo, sino a la ejecución de la garantía hipotecaria” (Voto Particular Segundo, núm. 6).

Como colofón, el voto particular considera que los pronunciamientos de la sentencia relativos a lacláusula de vencimiento anticipado “infringen el principio de efectividad del artículo 6.1, en relacióncon el artículo 7 de la Directiva 93/13, y su consideración de norma integrante del orden público eco-nómico, vulnerando la doctrina jurisprudencial que el propio TJUE desarrolla en este ámbito de sucompetencia. Por lo que la aplicación del artículo 693.2 LEC, tras la declaración de abusividad dela cláusula de vencimiento anticipado que figura en la constitución de la garantía hipotecaria, resultafrontalmente contraria a la citada Directiva 93/13, debiéndose proceder a la declaración del sobre-seimiento del procedimiento de ejecución instado con base a una cláusula declarada abusiva” (VotoParticular Cuarto).

Finalmente, desde nuestro punto de vista, los pronunciamientos contenidos en la sentencia han sumidoen el desconcierto a buena parte de los tribunales. De modo concreto, consideramos que los razona-mientos sobre la cláusula de vencimiento anticipado son erróneos, compartiendo el parecer del votoparticular formulado. En cualquier caso, dichos razonamientos están esgrimidos a modo de “obiterdicta”, y por tanto, técnicamente no vinculan a los jueces ejecutores.*

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* Estudio realizado en el marco del Proyecto de Investigación “Tratamiento procesal de las cláusulas abusivas y de losinstrumentos financieros complejos” (DER2014-51957-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad(Gobierno de España).

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